CAVIARES MARXISTAS INFILTRARON PODER JUDICIAL! segunda parte

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Esta amplisima investigacion fue publicada el 2006 y ya los caviares marxistas habian tomado parte del PJ y MINJUS, imaginense uds. cuánto habrán avanzado estos cómplices del terrorismo. A continuación la segunda parte de una serie de tres artículos. Lean y díganme si no es necesaria una Nueva Derecha para desparasitar el Estado.

Por: Jorge Serrano Torres / Voltairenet.

Completando la tenaza, operadores políticos vinculados a la ahora izquierda neomarxista o izquierda caviar, que venían actuando desde ONGs dedicadas a la promoción de los DDHH, asumieron posiciones de poder en el Gobierno de Transición 2000-2001 y paralelamente, lograron copar la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR). A consecuencia de estos hechos, el Estado peruano se allanó al mandato de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de realizar nuevos juicios penales a los cabecillas y militantes terroristas previamente sentenciados y ya en prisión, al tiempo que representantes de la CVR realizaban discretas conversaciones (que luego fueron conocidas por la opinión pública) con la cúpula de Sendero Luminoso presa en el penal de la Base Naval del Callao (Lima), concertando facilidades para materializar el nuevo escenario judicial.

Esto fue posible gracias a que durante la gestión transitoria del presidente Valentín Paniagua Corazao, lograron el manejo del Ministerio de Justicia con Diego García-Sayán (Noviembre 2000-julio 2001), el cual después extendió su poder al llegar a ser Ministro de Relaciones Exteriores en el régimen de Toledo (Julio 2001-julio 2002) con el secreto pero decisivo apoyo de Eliane Karp y el contexto generado para sostener la feroz persecución política y la justicia jacobina contra los adversarios del toledismo, militares y policías que combatieron a SL y el MRTA, junto a ex integrantes del gobierno de Fujimori, tanto culpables como inocentes. Desde esta posición de fuerza política, García-Sayán forjó sólidos nexos con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos de San José de Costa Rica, facilitando el allanamiento del Estado peruano frente a los numerosos casos abiertos ante dichos foros internacionales en base a pruebas contradictorias y endebles, por presuntas violaciones de los derechos humanos, a cargo del mismo Estado peruano o “sus agentes” en las Fuerzas Armadas y policiales. Aunque se debe reconocer que varios casos llevados ante esa instancia supranacional eran verdaderos abusos contra ciudadanos peruanos.

Resalta un hecho escandaloso: el de la ex agente de inteligencia peruana Leonor La Rosa Bustamante, que fue indemnizada con 120 mil dólares por el presidente Toledo, en base a supuestas torturas que denunció haber sufrido en el Servicio de Inteligencia del Ejército, no obstante que luego surgieron evidencias que la desmintieron a nivel judicial. Miguel Jugo Vieira y Heriberto Benítez Rivas, en representación de la Asociación Pro Derechos Humanos, presentaron el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el cual luego fue avalado por los ministros Diego García-Sayán y Fernando Olivera.

A continuación, como era de esperarse, una vez alejado de sus funciones gubernamentales, García-Sayán fue nombrado Juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para el período 2004-2009, sin dejar su cargo como Director General de la Comisión Andina de Juristas (CAJ).

En este panorama, los marxistas de la izquierda caviar no dejaron de reforzar ONGs como el Instituto de Defensa Legal (IDL), de donde procede Ronald Gamarra; la misma Comisión Andina de Juristas, de García-Sayán (MIR) y Enrique Bernales Ballesteros (ex Partido Socialista Revolucionario). Luego aparecerá, para completar el círculo, una extensión del IDL: el consorcio Justicia Viva, y un tercer grupo se situará en el tema de la descentralización, a la cabeza de Manuel Dammert Ego-Aguirre, Carlos Barnechea Lercari y Rudecindo Vega Zavaleta (quien después fue ministro de Vivienda y Construcción en el gobierno de Toledo).

Otros primos hermanos ideológicos se instalarán en los temas de la seguridad ciudadana y defensa nacional, tras ser nombrados para dirigir el Ministerio del Interior y el Consejo Nacional de Inteligencia en el gobierno de Toledo (Fernando Rospigliosi, Carlos Basombrío, Gino Costa y Wilfredo Pedraza, como jefe del INPE, entre otros). Pero varias de sus ONGs fueron muy “pragmáticas”. Por ejemplo, la Comisión Andina de Juristas de Diego García-Sayán, trabajó con el gobierno de Alberto Fujimori, particularmente en el ámbito de la reforma de la administración de justicia y la Academia de la Magistratura, como parte de un convenio con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) suscrito en 1998.

A su turno, Abraham Siles Vallejos, de IDL-Justicia Viva, ha sido un funcionario en el PNUD y laboró en el llamado proceso de Modernización y Reforma del Poder Judicial los años 1997, 1998 y 1999. Pero tras el derrumbe del régimen de Fujimori y la instauración del gobierno de transición visualizó junto a sus pares, un nuevo campo de acción: el control del Ministerio de Justicia y del aparato judicial, a través de procuradores Ad Hoc y una red de fiscales y jueces, aunado al copamiento de la millonaria cooperación internacional.

¿Tontos útiles o cómplices?

Como se mencionó, el entramado judicial dominado por estas redes de marxistas reciclados, empieza allí. Coincidiendo con el liderazgo de Diego García-Sayán, quien al asumir el cargo de Ministro de Justicia en noviembre del 2000, firma dos resoluciones con carácter de “estrictamente secreto” (no publicadas en el diario oficial El Peruano), sobre conmutación de penas y rebajas de sentencias para liberar a dos terroristas de la cárcel. Una semana después firmará otras once resoluciones supremas, éstas sí publicadas el 2 de diciembre del 2000 en la gaceta oficial, para beneficio de indultos y a los tres días, se publicarían otras 8 resoluciones otorgando perdón a igual número de terroristas sentenciados. Y el 10 de diciembre del 2000 salen a luz otras 10 normas de indulto a condenados por “traición a la patria”. Es decir, en 15 días Diego García-Sayán indultó a 31 sentenciados por terrorismo. Este fue apenas el inicio de su política de “humanización” de los establecimientos penales, de flexibilización carcelaria, es decir, de liberación de cientos de terroristas sentenciados.

Al respecto, según cifras publicadas sobre los últimos tres años del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) por el diario Perú21 en octubre de 2006, hasta el año 2003 había en las cárceles peruanas 1.064 subversivos, pero hoy sólo permanecen 290, ya que el Poder Judicial sigue liberando masivamente a terroristas de SL y del MRTA, al declararles fundados sus pedidos de semilibertad o de liberación por exceso de carcelería. Es más, a la fecha existe un grupo de 547 personas acusadas de terrorismo pero que no han sido sentenciadas, es decir, que sus procesos continúan en la Sala Nacional para Casos de Terrorismo, que preside el vocal superior Pablo Talavera, quien ha sido denunciado por una fiscal y el procurador para casos de terrorismo Guillermo Cabala, de ser muy “condescendiente” con los acusados.

¿Y los terroristas libres donde están? Nadie lo sabe con certeza, por que favoreciendo la estratagema pro-terrorista, durante el gobierno de Toledo destruyeron lo que quedaba del sistema de inteligencia nacional con el falaz argumento de que estaba totalmente contaminado por la corrupción de la década pasada y recortaron drásticamente el presupuesto del sector militar y policial.

Según inteligencia policial, una parte significativa, si no mayoritaria, de los senderistas excarcelados no había abandonado sus convicciones ideológicas ni su sujeción a Sendero Luminoso al momento de salir de los establecimientos penales; por lo que se infiere que estarían en posición de reintegrarse a dicha organización criminal a fin de contribuir decisivamente a restaurar las estructuras y los aparatos partidarios a nivel nacional. Por otra parte, cuando fuera titular de Justicia, García-Sayán mantuvo a los procuradores Ad Hoc del caso Montesinos contratados por Alberto Fujimori, es decir, José Ugaz de la ONG Proética y a su socio Luis Vargas Valdivia. Pero antes de incorporar a Ronald Gamarra (de la ONG Instituto de Defensa Legal) a la procuraduría en asuntos de derechos humanos, convocó a Javier Ciurlizza Contreras como jefe del gabinete de asesores del Ministerio de Justicia y el 16 de enero del 2001, lo nombró presidente de la Comisión de Indultos, Derecho de Gracia y Conmutación de Penas para los casos de terrorismo.

Quienes conocen el pasado de Ciurlizza afirman que militó en la filas del Partido Comunista Revolucionario y hace poco se hizo tristemente célebre cuando se difundieron unos audios donde se escucha a Ciurlizza, intercambiar ideas en la Base Naval con los cabecillas de Sendero Luminoso y del MRTA, sobre varios puntos de agenda, como la irresponsable flexibilización carcelaria y la misma composición de la Comisión de la Verdad (CV), mientras Abimael Guzmán exigía que lo trataran como “preso político”.

Acto seguido, Ciurlizza habría de ser secretario ejecutivo de la CVR, para finalmente recalar en una dirección del Ministerio de Relaciones Exteriores. Por si fuera poco, en agosto de 2006, durante el gobierno de Alan García, se nombró como Vicepresidenta del INPE, a Susana Silva Hasembank, actual esposa de Javier Ciurlizza, quien ya se había desempeñado como Segunda Vicepresidenta del INPE entre marzo de 2004 y febrero de 2006; además, ha sido asesora jurídica del Comité Internacional de la Cruz Roja con sede en Lima, Perú.

Otro integrante del aparato marxista caviar en el sector justicia ha sido Iván Bazán Chacón, de la ONG Fedepaz (Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz). Fue el primer secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos y Conmutación de Penas. En este esquema de infiltración, no llamó la atención que en la procuraduría Ad Hoc anticorrupción se incluyera a Ronald Gamarra, cuyo historial es bien conocido, no sólo en los claustros de la Universidad Mayor de San Marcos, sino como activista de “Pueblo en Marcha” (fundado en 1983), que junto a la Unidad Democrática Popular de Cecilia Oviedo, hoy exiliada en México, fungían como brazo legal del MRTA. Debido a estos antecedentes, no extraña el fundamentalismo de Gamarra y su actitud carcelaria para con los militares y policías acusados de presuntas violaciones de DDHH. A la luz de estos sucesos, resulta condenable la indolencia y en muchos casos complicidad abierta del gobierno de Alejandro Toledo, quien alertado del juego propio en que estaban inmersos estos personajes que usaban sus cargos y la política anticorrupción para sus venganzas político-ideológicas, no hizo nada para impedirlo y únicamente procedió a remover a un sector de ellos, cuando comenzaron a investigar denuncias de corrupción que salpicaban al propio Toledo y a sus familiares. Peor aún, al designar a un nuevo procurador anticorrupción, Toledo y sus asesores siguieron la misma tendencia: el elegido fue Antonio Maldonado, también ex militante del Partido Comunista Revolucionario (PCR).

Circunstancias similares se produjeron en el Ministerio Público, donde se encumbró en el poder el fiscal supremo Pablo Sánchez Velarde, que igualmente fuera del PCR en la Universidad Mayor de San Marcos. En el Poder Judicial el máximo exponente de la red marxista sería el vocal supremo César San Martín Castro, socio entre el 2000 y el 2004, del Estudio Benites de Las Casas, Forno & Ugaz Abogados. César San Martín es señalado por muchos como el teórico de gran parte de la legislación antigarantista y jacobina en materia judicial anticorrupción, aplicada desde el 2001 hasta la fecha. Siempre con el obsesivo respaldo político y confabulaciones del entonces poderoso ministro de Justicia Fernando Olivera Vega, líder del FIM aliado del gobierno toledista, el vocal supremo César San Martín Castro, sería el creador de la figura jurídica de “complicidad en peculado” que habría servido para encarcelar a corruptos pero también a muchos enemigos políticos de la izquierda caviar.

Claramente, esta red marxista promovió el talionaje político y judicial atropellando principios básicos del Derecho, como la no retroactividad de las leyes; la preexistencia jurídica del delito a los hechos materia de acusación; la presunción de inocencia y el plazo perentorio de la detención sin sentencia, entre otros más; panorama que configura una violación sistemática del debido proceso en contra de los inculpados por la presunta comisión de actos de corrupción o violación de los derechos humanos, que fueron juzgados durante las administraciones de los presidentes Paniagua y Toledo. El grupo reciclado de los camaradas tiene además sus tontos útiles y ejecutores en la judicatura. Para algunos podría estar en la segunda categoría Juan Jiménez Mayor, ex viceministro de Justicia y Secretario Técnico de la Comisión Especial para la Reforma Integral de la Administración de Justicia” (Ceriajus), donde la izquierda caviar no dejó pasar la oportunidad para ubicar como “representante de la sociedad civil” a David Lobatón Palacios, activo operador de Instituto de Defensa Legal (IDL).

En este marco, el IDL y su hijo el consorcio Justicia Viva, habrían beneficiado mediante respaldo académico, social y de promoción mediática a varios magistrados anticorrupción: Inés Felipa Villa Bonilla, Inés Tello Valcárcel de Ñecco, Hilda Cecilia Piedra Rojas, Araceli Baca Cabrera, Susana Inés Castañeda Otsu, Carlos Ventura Cueva y Saúl Peña Farfán, entre otros. En el área administrativa, durante el período en que fuera presidente de la Corte Suprema de Justicia, Hugo Sivina Hurtado, estuvo en la secretaría técnica del Poder Judicial la abogada Rosa Mavila León (Universidad Mayor de San Marcos y ex militante del PCR). Mavila León no niega su pasado radical y ha reconocido en una entrevista al diario El Comercio en agosto de 2006, que siendo abogada defendió a un acusado de terrorismo que luego habría sido absuelto por la Corte Suprema.

Además, ella ha sido una pieza clave: en la gestión de Toledo fue procuradora pública en asuntos judiciales y de terrorismo del Ministerio del Interior, así como asesora en el Acuerdo Nacional por la Justicia.

Pero su influencia llegaría lejos, Rosa Mavila también ha ejercido como secretaria general del Ministerio de Educación y Coordinadora de la Comisión de Reestructuración del Poder Judicial; docente del Programa de Capacitación para Fiscales y Vocales aspirantes a la Corte Suprema de la Academia de la Magistratura y antes integró el equipo técnico de la Iniciativa Nacional Anticorrupción que fuera encabezada por Monseñor Miguel Irízar, durante el Gobierno de Paniagua en el 2001. Como si fuera poco, en agosto de 2006, el Ministerio de Justicia, designó a Rosa Mavila, como jefa del Instituto Nacional Penitenciario (INPE). Igualmente, en setiembre de 2006, surge otra muestra del poder de los lobbies de la izquierda caviar: la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) encargada de supervisar a las ONGs, nombró a Mariella Pinto Rocha, en el puesto de asesora principal de este organismo. Mariella Pinto es una profesional especializada en educación inicial, que ha trabajado desde el 2001 en el ministerio de Justicia a cargo del proyecto de reforma de los centros carcelarios y además estaría vinculada sentimentalmente a Diego García-Sayán.

El consorcio Justicia Viva

Por su condición de institución operativa del engranaje construido por la red neomarxista en el sector Justicia, es necesario conocer a la entidad “Justicia Viva” (JV): es un proyecto autodenominado “de participación y fiscalización ciudadana en la reforma judicial”, a cargo de un consorcio integrado por el Instituto de Defensa Legal (IDL), la Facultad y el Departamento Académico de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú junto a la Asociación de Jueces por la Justicia y Democracia, aunque este último grupo luego se apartó. Con este proyecto, JV ganó en el área de justicia un concurso convocado por la USAID estadounidense y su “Oficina de Iniciativas Democráticas”, mediante el cual JV recibe apoyo económico y académico durante tres años.

Confirmando la sólida influencia de los neomarxistas en el consorcio JV, dicha institución tiene como actuales directivos y operadores a los siguientes personajes: Hans Landolt Pardo (Director General del IDL); Ernesto De la Jara Basombrío (Director General de Justicia Viva); Alfredo Villavicencio Ríos (Coordinador General); David Lovatón Palacios; Antonio Salazar García; Beatriz Santiváñez Arias; Javier La Rosa Calle; Juan Carlos Ruiz Molleda y por supuesto Ronald Gamarra Herrera.

Otra pieza de este grupo, es el sociólogo e historiador, Nelson Manrique Gálvez, ex asesor de la denominada Comisión de la Verdad y Reconciliación, y ahora columnista de IDL, Manrique Gálvez fue integrante del marxista Partido Unificado Mariateguista (PUM) y del grupo ultrarradical Márgenes, que en tiempos pasados llamaba “liberales” (Diario Amauta No 46), a otros camaradas que recusaban la violencia revolucionaria. Resulta que en octubre de 2006, a Nelson Manrique le habría salido su entraña marxista, al afirmar que las condenas penales benévolas aplicadas a los cabecillas del grupo terrorista MRTA eran “desproporcionadas”.

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