La libertad de Ollanta y Nadine

Escribe: Dante Bobadilla Ramírez

La sentencia del Tribunal Constitucional que deja sin efecto la prisión preventiva de Ollanta Humala y Nadine Heredia, ha demostrado que la gente confunde la justicia jurídica con la justicia popular, que es una forma de linchamiento o lapidación del acusado, sin que medie juicio alguno. 

Hace tiempo que en el Perú se viene abusando de la figura de la prisión preventiva, en especial desde que le otorgaron súper poderes a la Fiscalía. Han habido varios casos clamorosos de abuso fiscal y desidia judicial, de personas que han pasado años en cárcel sin un juicio, como fue el caso del general Walter Chacón, o acusados absurdamente durante la cacería de brujas montada por las oenegés caviares contra todos los que tuvieran algo que ver con Alberto Fujimori o Vladimiro Montesinos. Bastaba haber ejercido un cargo en los 90 para ser implicado a una acusación fiscal y pasarse 17 años en el Poder Judicial. 

En los últimos tiempos se pusieron de moda las prisiones preventivas, tanto por el abuso de poder de los fiscales que hoy en día se sienten dioses, como por la complicidad de jueces carceleros y figuretis, como el famoso Richard Concepción Carhuancho, que le dice "sí" a todo lo que le piden los fiscales. Hemos visto el circo de la "lucha anticorrupción" con la única función de ver a un fiscal prepotente pidiendo la prisión preventiva de alguien a quien quiere investigar, y a un juez mamerto accediendo sin cumplir su rol de proteger los derechos de los ciudadanos. También hemos visto la complacencia judicial para que ciertos fiscales, tan figuretis como histéricos, vayan a a montar el show mediático de los allanamientos de locales para meterse hasta a los baños, para luego filtrar videos y fotos a sus medios afines.

Hay que recordar el patético accionar de la fiscalía en el caso de Alejandro Toledo, a quien luego de investigar por casi tres años no fueron capaces de presentar un expediente decente al Poder Judicial, al punto en que les fue devuelto hasta dos veces por el juez Elio Concha, debido a que "no se había realizado las imputaciones necesarias contra cada uno de los denunciados". Luego el fiscal Hamilton Castro abre una investigación por el caso Odebrecht, y lo primero que hace es pedir la prisión preventiva de Alejandro Toledo sabiendo que vive y se encuentra en los EEUU. Y, para variar, el juez admitió la prisión preventiva iniciando un largo, engorroso y costoso trámite internacional que probablemente sea desestimado por los EEUU.

¿Pero acaso hace falta meter preso a Alejandro Toledo para que el fiscal lo investigue? ¿Es que luego de tantos años investigándolo por el caso Ecoteva no pueden abrirle ya un juicio y darle una citación formal para que asista a su defensa? Realmente es muy difícil entender el proceder de la Fiscalía y del Poder Judicial. Al parecer tratan de cubrir su incapacidad para procesar los delitos de corrupción con el circo de las prisiones preventivas, y mucha gente se compra el show creyendo que ya se hizo justicia. 

No hay que confundirnos. Las prisiones preventivas no son una medida de justicia sino de show, de impacto mediático y de prepotencia fiscal. Se ha llegado al extremo de meter a prisión a Jéssica Tejada por el hecho de ser pareja de un funcionario implicado en un caso de soborno. Y lo más grave de este caso es que ambos estaban en el extranjero cuando se conoció el caso pero de inmediato vinieron a ponerse a derecho. Sin embargo, lo primero que hizo el fiscal fue pedir prisión preventiva para ambos. Y el juez, una vez más, accedió. Y todavía siguen presos sin que haya una acusación. La fiscalía aun está en proceso de investigación mientras Jéssica Tejada sigue presa hace año y medio.

Por todo esto, me alegro de que el TC haya dictado una sentencia que trata de poner orden en este caos de las prisiones preventivas. No ha dicho que Ollanta y Nadine sean inocentes. No ha dicho que ya no se les juzgue. Lo que ha dicho es que no tienen por qué estar presos mientras la Fiscalía investiga y arma un caso. Si quieren hacer justicia de la buena, lo que debemos exigir es que el Ministerio Público haga bien su trabajo, que se aboque a investigar con prontitud y que arme un caso bien sustentado para presentar la acusación ante el Poder Judicial lo más rápido posible. Luego se tendrá que juzgar y, finalmente, sentenciar. Y, si son culpables, pues allí si tendrán que cumplir su sentencia en cárcel. Así es como funciona la justicia en un país decente, donde hay leyes, derechos y jueces probos.

El Perú debe ser el único país donde primiero te meten preso, luego te investigan para ver de qué te acusan, luego te juzgan para ver si eres culpable, y al final te sentencian. Y si resulta que eres inocente, igual ya pasaste tres años de cárcel o más. ¿Y quién te devuelve el tiempo perdido? Este no es un cuento inverosímil. Lo que acabo de describir es lo que le ha pasado a mucha gente, como por ejemplo al ex ministro Rómulo León, quien pasó tres años preso en "prisión preventiva" y luego en prisión domiciliaria, hasta que el Poder Judicial lo declaró inocente varios años después. Y como este hay muchos casos.

Por todo esto celebro que el TC haya dictado jurisprudencia para las prisiones preventivas y le haya llamado la atención, de paso, al Ministerio Público y al Poder Judicial. Basta ya del circo de las prisiones preventivas. ¿Quieren luchar contra la corrupción? Pues aceleren las investigaciones y no pierdan tiempo en tonterías, como andar resucitando refritos del pasado como El Frontón o las esterilizaciones. El Ministerio Público tiene amplios poderes para poder investigar sin que nadie perturbe su trabajo. No necesita andar metiendo presa a la gente. Pueden dictar impedimento de salida del país, inmovilizar cuentas bancarias, levantar secretos bancarios, allanar domicilios, etc. Con todos esos poderes a su disposición es realmente vergonzoso y abusivo que lo primero que haga siempre es pedir que metan presa a todos los que investiga. Es el colmo. Esto debe acabar.

La justicia y el feminicidio

Por: Erick Yonatan Flores Serrano

        Coordinador General del Instituto Amagi

El execrable delito contra Eyvi Agreda Marchena, una joven de 22 años, ha copado las portadas de la mayoría de medios escritos y no hay programa televisivo que no dedique su tiempo a comentar el hecho. El presunto agresor ha sido capturado pero la indignación que ha generado la agresión, pone de manifiesto que la oleada de violencia en nuestro país viene en aumento y que los esfuerzos por tratar de contenerla no vienen surtiendo efecto. Y como resultado conocido, un gran número de personas han salido a decir que nuestro país es una vergüenza, que nuestra sociedad cada vez está peor, que somos un país de “feminicidas” y “violadores”, y un largo etcétera que seguramente será la comidilla de los medios durante algunos días más.

Si revisamos las cifras, es evidente que existe razón suficiente para alarmarse por todo lo que viene ocurriendo; sin embargo, la generalización termina siendo un error porque sabemos que las culpas de unos pocos no las podemos cargar todos. Si una mujer mata a un hombre, no podríamos decir que nuestro país está lleno de asesinas. Pero lo más sorprendente de todo este asunto, es el hecho de que no se hable de otra cosa que no sea el sexo de la víctima, como si su condición de mujer terminase siendo un aspecto relevante para la justicia. De la misma forma en que se hace hincapié en el sexo de la víctima, que el agresor sea hombre tampoco escapa a las furibundas manifestaciones. Son detalles que no debemos perder de vista porque, aunque no lo quieran reconocer o lo desconozcan por completo, forman parte de un libreto político que viene esparciéndose por todos lados.

El feminicidio, en medio de este contexto, no es más que una de las conquistas que el feminismo ha conseguido en materia legal. Cualquier persona pensaría que se trata de un avance en la lucha contra el machismo, el patriarcado y todos los monstruos que hoy justifican este tipo de desvaríos jurídicos; sin embargo, su implementación no sólo no ha conseguido frenar las agresiones en contra de las mujeres, sino que la tendencia parece ir en alza. Incluso en la implementación de este tipo penal, existe un gran vacío que termina favoreciendo a los culpables por una sencilla razón, y es que para que un delito se configure como feminicidio, el móvil del mismo debe ser la condición de mujer de la víctima. En buen cristiano, un feminicida es aquella persona que asesina a una mujer por el solo hecho de ser mujer; y como todos entenderemos que esto es prácticamente imposible, jamás se encuentran los medios probatorios suficientes para condenar a alguien por feminicidio; lo que termina en la liberación de los agresores.

La administración de justicia, en nuestro país y en cualquier país del mundo, no debe obedecer ninguna agenda política como viene ocurriendo actualmente. Es una pena que la sociedad termine comprando este lamentable hecho como un crimen de odio contra las mujeres, el sexo es en lo último que deberíamos fijarnos al momento de manifestar nuestros juicios morales ante casos como estos. Todos estaremos de acuerdo en que el agresor debe ser procesado, juzgado y sentenciado por el delito que ha cometido; todos debemos rechazar este tipo de actos por el solo hecho de tratarse de una manifestación violenta de una persona contra otra. Tan culpable y miserable es el hombre que le quema el rostro a su pareja por celos, como la mujer que le mutila los genitales a su pareja por celos. No podemos juzgar los delitos en función del sexo de los protagonistas, hacerlo implicaría acabar con la igualdad ante la ley y con el mismo sentido de justicia.

El Estado y la corrupción

Por: Erick Yonatan Flores Serrano

Coordinador General Instituto Amagi - Huánuco

Odebrecht y el escándalo de corrupción más grande de América Latina en lo que va del siglo, nos ha permitido comprender que la corrupción es una enfermedad que no distingue derechas de izquierdas. En esta parte de la región, los abanderados de la lucha contra la corrupción, aquellos “indignados” que convocaban a movilizaciones y lavaban las banderas en las plazas, también han sido alcanzados por esta enfermedad; así que no se trata de un fenómeno exclusivo de un solo sector político, sino más bien de una práctica que se ha ido generalizando, al margen del espectro político que gobierne, en todo el sistema.

Como todos estaremos de acuerdo en que la corrupción es uno de los principales problemas que aqueja a nuestra región, creo que lo más importante es comprender cómo es que este tipo de males se desarrolla y cuál es la forma más efectiva para poder hacerle frente. Y lo primero que tenemos que entender sobre este tema, es que la corrupción no es otra cosa que el mal uso del poder político [Estado] para conseguir un beneficio particular, ya sea para uno mismo o para un tercero. De esta definición -que es clásica y compartida por la mayoría de entendidos en la materia- podemos inferir que el Estado termina siendo la condición de posibilidad para que la corrupción aflore en una sociedad; lo cual no es un detalle menor porque a partir de esta idea, es que podemos comenzar a pensar en las posibles soluciones que el problema requiere.

Lord Acton, famoso historiador y político inglés, decía que el poder tendía a corromper y que el poder absoluto corrompía absolutamente. Lo que nos trataba de advertir Acton era que a medida que el poder político -hoy materializado a través del Estado- crecía, las posibilidades de corrupción crecían también. Y en la sentencia no sólo encontramos una advertencia, sino que también el principio que debe regir la lucha contra la corrupción en cualquier parte del mundo. Cuando se tiene un Estado que concentra mucho poder político, los incentivos para la corrupción se incrementan en forma exponencial; por el contrario, si el Estado tiene un límite en su tamaño y en el poder que concentra, los incentivos para la corrupción disminuyen. No es una casualidad que Nueva Zelanda, un país con un Estado pequeño, lidere el ranking de países con menos percepción de la corrupción según el último informe de Transparencia Internacional; y Corea del Norte y Venezuela estén entre los últimos, sólo superando a los países de oriente medio donde las condiciones políticas son desastrosas.

Resulta evidente que el hilo conductor de la lucha contra la corrupción se encuentra en la disminución del tamaño del Estado, paradójicamente parece que en la región no existe claridad en este asunto porque todos los esfuerzos destinados para luchar contra la corrupción, están dedicados a fortalecer el aparato del Estado en todos los sentidos posibles. Todo esto puede reflejar dos cosas en nuestra sociedad: o no terminamos de entender la naturaleza del problema, o simplemente no tenemos la intención de solucionarlo. Y en cualquier caso, la sociedad civil es la que termina siendo la gran perjudicada en todo este asunto.

Mientras la clase política dirigente siga concentrando el poder que tiene para otorgar privilegios a sus amigos, la lucha contra la corrupción seguirá siendo sólo una bonita intención. El único horizonte posible en esta lucha es reducir el tamaño y el poder del Estado, mientras las reformas no apunten a esto, es difícil pensar en que nuestra sociedad pueda superar este problema. A final de cuentas, lo que todos debemos comprender es que el Estado no puede luchar contra la corrupción porque el Estado es la corrupción.

Esa tierna debilidad por la violencia

Escribe: Dante Bobadilla Ramírez

Una vez más nos toca ver el espectáculo patético de la violencia estudiantil en San Marcos. No me voy a detener a analizar las causas del vandalismo, ni las aparentes ni las verdaderas. Porque en todos estos casos siempre existen dos motivaciones: las que se presentan como excusa disfrazando las tropelías como defensa de "derechos", y las verdaderas razones de unos vándalos que defienden sus propios intereses gremiales. Ya han sido expuestas por docentes y conocedores del tema desde el interior de la universidad. Básicamente es gente que se resiste a perder el control y se opone a los cambios que la nueva ley universitaria exige. El resto es cuento para bobos.

No sé qué lado de toda esta situación es más patético: la violencia de unos salvajes que se creen con derecho a tomar una universidad para imponer sus puntos de vista, o los papanatas que desde los medios y redes sociales los apoyan para posar como padrinos de las causas justas. Es evidente que en este país existen demasiadas mentes confundidas, seres de pacotilla que prefieren guiarse por la pose correcta antes que por los principios que sustentan a cualquier sociedad civilizada. 

Para decirlo de forma clara, simple y directa: no hay manera de que podamos avanzar como país si no somos capaces de defender los principios de una sociedad civilizada que se sustenta en el respeto a la ley, el orden, la autoridad y la institucionalidad. Esto tiene que entrarles al cerebro a todos desde la escuela. Nadie puede arrogarse el "derecho" de pasar por encima de la ley y las autoridades para imponer sus puntos de vista por la violencia. Nadie. Y en esto no podemos claudicar.

De lo contrario no solo vamos a aplaudir tomas de locales universitarios sino cualquier acto de salvajismo, como las tomas de carreteras, que muchos defienden como "legitima protesta". De allí a justificar el terrorismo solo hay un paso. Y de hecho, la justificación del terrorismo ya es oficial, desde que la Comisión de la Verdad y Reconciliación planteó como explicación del "conflicto armado interno" la situación de pobreza y marginación de las zonas andinas. En buen romance, los terroristas eran luchadores sociales que buscaban un cambio a la situación de pobreza y que exageraron en su accionar llegando a niveles de terrorismo. Pero justificado está. 

Del mismo modo, la otra cara de esta estúpida postura es la crítica al accionar de las fuerzas del orden. Ahora resulta que pedir la intervención policial para recuperar el orden y la autoridad en la universidad es una "nefasta medida" que muchos han tenido el cuajo de criticar y condenar. ¿Pero dónde tienen el cerebro estos personajes de pacotilla que defienden a los vándalos y critican a los agentes del orden? ¿En qué sustentan su pobre raciocinio? ¿En qué mundo viven estos desubicados? 

En lugar de tantas boberías de género, en la escuela deberían enseñar los principios básicos que sustentan a una sociedad civilizada fundada en la ley, el orden y las instituciones. Deberían enseñarles a los niños que las ideas se discuten y se aceptan por consenso, no se imponen por la fuerza ni por las armas, como pretendían los criminales de la izquierda terrorista. Hay que enseñarles desde niños que el Estado tiene el deber de actuar en defensa del orden social y para imponer la ley mediante el uso legítimo de la fuerza pública, es decir, policías y fuerzas armadas si fuera el caso. Parece que todos estos papanatas no saben ni lo básico. ¿Qué podemos esperar de gente que ignora el ABC de la civilización? Siempre andan defendiendo las protestas como un "derecho", como si alguien tuviera el derecho de afectar a los demás por hacer prevalecer sus intereses. ¡Payasos!

Patético es leer a todos esos socialconfusos criticando el accionar policial en San Marcos y defendiendo las tropelías de los vándalos. ¿En qué país quieren vivir esos desadaptados? ¿En un país donde cada quien salga a imponer sus puntos de vista a balazos? ¿Donde los grupos políticos se declaren la guerra a ver quién queda vivo para establecer quién tiene la razón?  Qué patético realmente. Pero así estamos.

Y más allá de estas absurdas posturas a favor de la violencia y en contra de las fuerzas del orden, tan típicas de la izquierda pro terrorista, está la insufrible cháchara sobre los "derechos". Me canso de leer a larvas juveniles cacareando sobre sus supuestos "derechos" a reclamar educación gratuita, vivienda gratuita, comida gratuita y transporte gratuito. ¿Quién les ha enseñado a estos mamones que tienen el "derecho" a que la sociedad los mantenga? ¿De dónde sacan que tienen "derecho" a obtener una carrera gratis? Y encima el "derecho" a gestionar la universidad y opinar sobre el currículo. Ya es el colmo. Estos chicos necesitan una buena dosis de ubicaína.

Desgraciadamente en este país tenemos políticos ignorantes que apelan a la demagogia y al gasto público para ganar votos y permanecer en el poder. Todos estos supuestos "derechos" que reclaman a viva voz los pulpines les han sido prometidos por estos demagogos. Pero nunca es tarde para aclararle el cerebro a nuestra juventud extraviada en la politiquería de la izquierda parásita y chupasangre. Acá nadie tiene ningún derecho a nada, a menos que pague por ello. Los jóvenes que reciben educación gratuita del Estado, sin ningún tipo de filtro social para verificar sus necesidades económicas, ni compromiso de devolución futura del costo, no tienen ningún derecho a reclamarle nada a nadie. Como dice el dicho: a caballo regalado no se le mira el diente. Si no les gusta la educación que reciben pueden irse a otra universidad y dejar de sufrir. 

En todo caso, todos los reclamos se tramitan por la vía administrativa. Existen órganos de cogobierno donde los estudiantes están representados y es allí donde se escucha su voz. No hay pues ninguna forma racional de poder justificar el vandalismo estudiantil para reclamar un "derecho". Todos esos revoltosos que se atrevieron a saltarse la ley y violentar el orden tienen que ser expulsados sin miramientos y llevados ante la justicia. Se sabe que esos dirigentes estudiantiles que promovieron el vandalismo son típicos estudiantes eternos que llevan más de una década parasitando en la universidad y quitándole el puesto a un joven pobre, que puede aprovechar mejor la educación gratuita. Esos parásitos deben ser expulsados de la universidad sin más trámite. Es más, hace tiempo que deberían haber sido expulsados por incapaces. 

Para finalizar, es hora de hablar claro y sin miedo en este país. Es hora de poner la cara y decir las cosas como son, sin complejos ni poses. Ya tenemos bastante con los pobre diablos que prefieren la comodidad de la pose correcta y el disfraz de luchador social y defensor de causas justas. Al diablo con toda esa basura. Las cosas claras. Acá nadie tiene derecho a exigirle nada a la sociedad. Nadie tiene el derecho de violentar la ley y pasar por encima de las autoridades y las instituciones para imponer sus puntos de vista. Nadie. Si esto no está claro, pues entonces no lloremos cuando regrese el senderismo que ya está listo para volver a actuar. 

Cayó el cabecilla de la izquierda corrupta

Escribe: Dante Bobadilla Ramírez

A Lula se le acabaron los recursos dilatorios. La Corte Suprema del Brasil rechazó su última triquiñuela legal. Ha corrido como rata asustada y ahora está al final del callejón, sin un agujero adónde escapar. Todo indica que pasará sus últimos años no en la gloria de un retiro digno sino en la soledad de una prisión. Pero sobre todo, quedará en la historia como el más grande mafioso de la política que se haya visto jamás.

El final de Lula es la consecuencia lógica de una ideología que antepone todo a su fin supremo que es la conquista del poder. Esa es la ideología que ha marcado a la izquierda continental desde mediados del siglo pasado, cuando, financiada por los comunistas de la URSS y de la China de Mao, se prepararon para asaltar el poder por las armas. Entonces nada les importó, mucho menos la vida de las personas. Cualquier precio era poco para alcanzar el poder. La metodología del terror y la lucha armada no dio resultados pero dejó un reguero de muertos en toda Latinoamérica, incluyendo unos 35 mil muertos en el Perú.

En el nuevo milenio, tras la caída de la URSS y Mao en la China, y el fracaso de las guerrillas en casi toda Latinoamérica, solo quedaron los narcoterroristas de las FARC y el ELN en Colombia sin mucho apoyo, pues Cuba estaba en la ruina tras perder el financiamiento de la URSS. Fue entonces cuando los comunistas de Latinoamérica se agruparon en el famoso Foro de Sao Paulo, donde planificaron su nueva estrategia para seguir en la lucha. Por suerte para ellos, ya Hugo Chávez había logrado ganar la presidencia de Venezuela por la vía electoral. Entonces se dieron cuenta que no hacía falta acudir a las armas cuando la verborrea era suficiente.

Para mayor suerte del comunismo latinoamericano, el precio de los minerales empezó a subir gracias al capitalismo implantado en China, convertida ya en la gran fábrica del mundo. El dinero empezó a fluir a todos los países exportadores de materias primas, y principalmente a Venezuela, cuya riqueza petrolera se multiplicó por diez. Hugo Chávez enloqueció con tanto poder y no tuvo mejor idea que crear su propio imperio socialista. Su mentor Fidel Castro no había podido lograrlo mediante la exportación de guerrillas durante los 60 y 70, sus años más fuertes. Pero Hugo Chávez no usaría guerrillas sino que tenía suficiente dinero para comprar países enteros. Así empezó a comprar políticos, manipular elecciones y colocar títeres en varios países de la región, incluyendo Brasil, donde Lula fue el gran beneficiario. 

Pero a Lula no le parecía bien ser el segundón de Chávez. La economía de Brasil era más fuerte que la de Venezuela, que solo dependía del petróleo y de la empresa estatal PDVSA, ya estatizada por Hugo Chávez para utilizarla como su caja chica. Así que Lula empezó a maquinar su propia estrategia para arrebatarle a Chávez la supremacía del poder continental. Fue una guerra de poder que los llevaría a convertirse en los más grandes corruptos y corruptores de la historia política latinoamericana. Chávez y Lula se arrebataban los países y subastaban las conciencias de los políticos y empresarios.

Tal como Hugo Chávez utilizó a la empresa petrolera PDVSA como su fuente de financiamiento personal, Lula da Silva hizo lo mismo con Petrobras, la empresa estatal petrolera que manejaba los recursos más grandes jamás habidos gracias al alza de los precios. En ambos casos fue la empresa estatal petrolera la caja chica de la corrupción. Es hora de reírnos de los economistas progres que siempre ponían esas empresas como ejemplo de buena gestión estatal. Ya es tiempo de que aprendan la lección: las empresas estatales no funcionan. Solo son antros de corrupción política y de ineficiencia a costa del pueblo. Chávez y Lula se encargaron de darnos esa lección.

La enfermedad de Hugo Chávez permitió a Lula tomar la delantera en la carrera de corrupción. En el Perú esto se pudo observar claramente cuando Ollanta Humala pasó de ser el candidato de Hugo Chávez en el 2006, a ser el candidato de Lula en el 2011. Ollanta Humala nunca pasó de ser un monigote al servicio de la megacorrupción del socialismo continental. Gracias a su gobierno, la corrupción brasilera liderada por Lula se estableció en el Perú legalmente y con gran descaro. Ni siquiera disimulaban la compra de periodistas. El apoyo a la campaña del NO para salvar a la alcaldesa de Lima, Susana Villarán, fue la cereza del pastel. Perú se convirtió en una provincia de Brasil donde reinaban los operadores de Lula mediante sus empresas OAS, Odebrecht, Camargo y Correa, etc. 

Mientras tanto, en Brasil, Lula aseguraba su poder turnándose con su socia Dilma Rousseff, ex guerrillera setentera y miembro del PT, y ampliando sus redes de corrupción a casi toda la clase política. La serie “El Mecanismo” difundida por Netflix narra con precisión el macabro entramado de corrupción que había tejido el socialismo brasileño durante 10 años de poder. Las 13 empresas más grandes del Brasil se sentaban con Lula y Dilma, como en un gabinete de la corrupción, para distribuirse las megaobras con sus respectivas comisiones. Hasta tenían un reglamento de adjudicaciones rotativas con porcentajes de coimas. Todo muy bien organizado. La podredumbre era tan grande que se sentían a salvo de cualquier sospecha.

El final de Lula deja mal parada a la izquierda que por tanto tiempo se ufanaba de ser la representación de la moral, pese a la mortandad que provocaron, con los cerros de cadáveres y los ríos de sangre que dejaron atrás. Siempre se lavaron las manos tomando distancia de esos hechos. Pero hoy no tienen excusa. Tanto Chávez como Lula son los líderes que todos ellos aplaudieron y sustentaron, con los modelos políticos que pusieron de ejemplo. Todo lo que queda detrás de las aventuras del socialismo del siglo XXI es una legión de políticos mediocres y corruptos pagando cárcel o fugitivos, sin contar con los adefesios que aun sobreviven en el poder de Venezuela y Bolivia.  Esperemos no volver a oír de socialismos por un buen tiempo.

La solidaridad. Una lección para Lescano.

Por: Erick Yonatan Flores Serrano

       Coordinador General - Instituto Amagi

La solidaridad con el prójimo siempre ha sido considerada una de las virtudes más elevadas que el ser humano puede llegar a desarrollar en su vida social. Al menos a priori y sin ánimos de polémica en términos de filosofía moral, creo que nadie podría estar en contra de la solidaridad. ¿O podemos pensar en alguna circunstancia en la que la solidaridad deje de ser una virtud y se convierta en un vicio? Pues como no podría ser de otro modo, nuestra “muy ilustre” clase dirigente se ha encargado de demostrarnos que las virtudes de la humanidad siempre se pervierten en la política.

El parlamentario de Acción Popular, Yonhy Lescano, ha presentado un proyecto de ley que -de aprobarse en el Congreso- significaría que el trabajo que realizan las amas de casa sería remunerado con el 70% del salario mínimo, siendo S/. 651.00, el monto que cobraría cada ama de casa que no tenga vínculo laboral con alguna entidad pública y/o privada. Además de esto, dicha medida también contempla una “compensación solidaria de jubilación”, que equivale al 50% de la pensión mínima establecida según el sistema nacional de pensiones. Detalles más, detalles menos, esta iniciativa legislativa se ha ganado el respaldo de una gran cantidad de personas por considerarlo una muestra de “solidaridad” con las amas de casa.

Dicho esto, son dos las razones por las que cualquier persona sensata tendría que oponerse a este proyecto de ley. En primer lugar debemos comprender que queremos ser solidarios y ayudar a los que menos tienen, sólo tenemos dos opciones: o ayudamos con nuestro dinero o -a través del Estado- con el dinero de los demás. En segundo lugar y siguiendo la idea anterior, de la misma forma en que no consideramos solidario y virtuoso al ladrón que asalta un banco y dona parte del dinero robado a la caridad, no podemos considerar solidario y virtuoso al congresista que, usando el monopolio de la violencia [Estado], le quita el dinero a unos para dárselo a otros.

La solidaridad no puede nacer de un acto violento, la solidaridad sólo puede ser una virtud si aflora en forma natural en el ser humano. Bastiat, uno de los pocos ilustrados que Francia le ha regalado al mundo, decía que la solidaridad es espontánea o no lo es, decretarla era aniquilarla; y lo que estamos presenciando con este proyecto de ley no sólo se trata de ignorancia en el sentido económico, porque se pasa por alto el costo que implica financiar todo esto; sino que estamos ante una manifestación de populismo y demagogia, la acción política en su más básica expresión.

Y por más que la clase política se esfuerce por vestir el traje de la justicia y trate de venderse como la encarnación de los ángeles en la tierra, la verdad es que existe una diferencia sustancial entre la solidaridad que nace en las personas de forma espontánea, y la “solidaridad” que recubre las intenciones de personajes como Lescano, que sabiendo bien que el costo de las locuras que se proponen en el congreso lo tiene que asumir el resto de la sociedad, se empeña en seguir en el camino más cómodo porque para estas personas, no hay nada más fácil y placentero que hacer “el bien” con billetera ajena. Lo que tenemos que comprender como sociedad, es que la acción política nada tiene que ver con la solidaridad, se trata de una contradicción en los términos porque una virtud jamás puede nacer en medio de la política, una virtud jamás puede nacer en medio de la inmoralidad.

Aprueben la ley antimermelada

Escribe: Dante Bobadilla Ramírez

No debemos dejarnos atarantar por la verborrea caviar que defiende sin descaro la mermelada para los medios. Es decir, toda esa gentita que posa como defensora de los derechos, para variar, porque esa es su pose predilecta y argumento preferido. Cada vez que un caviar quiere debatir algo se coloca su disfraz de defensor de un derecho. En este caso se trata del supuesto derecho del Estado (fíjense nomás, el Estado tenía derechos) y el derecho de las personas a estar informadas sobre las actividades del Estado. Cada día nos inventan más derechos los progres.

Bueno, en primer lugar hay que quitarle la careta a estos farsantes. Ellos no defienden derechos sino la mermelada. Acá no existe ningún derecho en peligro. El Estado no tiene derecho alguno. El sentido del Estado y su obligación intrínseca es preservar los derechos de los ciudadanos. Así que es absolutamente ridículo hablar de un supuesto “derecho del Estado”. A otro perro con ese hueso. El Estado tiene la obligación de informar sus actos, es verdad. Y tiene que hacerlo por sus propios medios de información, que para eso los tiene. Tanto el Ejecutivo como el Congreso y el Poder Judicial tienen sus propios canales de televisión y otros medios de difusión a los que cualquier ciudadano interesado puede acceder libremente. 

Por otro lado, el derecho de los ciudadanos a estar informados de los actos del Estado es una figura básicamente retórica, porque la realidad es que el Estado es vasto. Ni la edición entera de todos los diarios alcanzaría para informar de todo lo que hace el Estado día a día. Son los ciudadanos interesados los que deben preocuparse por acceder a la información que requieren o solicitar la información puntualmente por escrito, como faculta la ley. No es pues a través de los medios privados y comerciales que tenemos que informarnos de los actos del Estado. Eso es una falacia ridícula. 

Hay que hacer notar que el Estado no tiene la obligación de llevar necesariamente la información a cada uno de los ciudadanos a la mala, como se pretende hacer creer. Es al revés. El Estado debe garantizar que los ciudadanos puedan acceder a la información del Estado y para eso el Estado tienen sus propios medios. Así es como son las cosas. Que no nos ataranten con falacias. Y eso de que no todos tienen internet es otra falacia. No hace falta que lo tengan como tampoco tienen diarios ni radios sino es que los compran o los encienden. Si quieren usar Internet tienen cabinas o celular. Y es más fácil que la Internet llegue a los pueblos a que lleguen los diarios. Muchos pueblos de la sierra y selva solo tienen Internet.

Por último, dejemos de hablar de información, porque esta ley antimermelada no se trata de información sino de propaganda y publicidad inútil. Esa es la verdad de las cosas. Los demagogos y farsantes defensores de la mermelada nos desvían el debate hablando de información cuando se trata de propaganda. La ley impide la publicidad. Eso no es información. Sacar un aviso a página entera para publicitar a la Sunedu, a la que llaman “la tía brava de los universitario”, no es información por ningún lado. Los universitarios no tienen nada que hacer con la Sunedu. Eso es propaganda inicua.

El Estado no vende nada. No es necesario que un ministerio haga publicidad acerca de su existencia. Decirle al ciudadano que el Ministerio de Salud vela por la salud de todos los peruanos, no es información, es propaganda ociosa y costosa que no sirve para nada. Y no son solo ministerios sino todos los organismos del Estado que se dedican a malgastar el dinero público para publicitar su existencia y labor. ¿Hace falta que la Sunat le recuerde a los ciudadanos que existe? Pero lo hace.

Cada ministerio tiene que conocer su público objetivo y llevar la información a esos sectores. Por ejemplo, no se puede hacer publicidad en un canal de cable para que la gente almacene agua en depósitos cerrados y clore el agua, porque esa información está dirigida básicamente a la gente de los cerros y arenales sin agua y, obviamente, sin TV de cable. De hecho tampoco leen diarios de 3 soles porque eso es lo que tienen presupuestado para comer en el día. 

De modo que las campañas de cada ministerio tienen que estar bien focalizadadas y la información tiene que llegar por otros medios y no necesariamente por la prensa o los medios tradicionales. Pueden usar mensajes de texto, que son mucho más efectivos para llegar a todos.

En resumen, ya basta de engañamuchachos en defensa de la mermelada. Basta de falsas poses y máscaras de defensores de derechos. Debemos detener el despilfarro de los fondos públicos y evitar que sean usados para la compra de medios, como ha venido ocurriendo en los últimos seis años, como es evidente y comprobable.