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Esta amplisima investigacion fue publicada el 2006 y ya los caviares marxistas habian tomado parte del PJ y MINJUS, imaginense uds. cuánto habrán avanzado estos cómplices del terrorismo. A continuación la tercera y ultima parte de una serie de tres artículos. Lean y díganme si no es necesaria una Nueva Derecha para desparasitar el Estado.
Por: Jorge Serrano Torres / Voltairenet.
Antimilitarismo y direccionalidad ideológica
Como no podría ser de otra manera, considerando los antecedentes políticos y la orientación ideológica de quienes integran JV; sus trabajos evidencian una fuerte animadversión y desprecio hacia las Fuerzas Armadas y policiales, actitud que por extensión la proyectan a los ex funcionarios del régimen de Fujimori (inocentes y culpables); cayendo en una generalización y prejuicios incompatibles con una institución que opera en el Poder Judicial y ejerce una influencia en la opinión pública debido a sus amplios recursos económicos y mediáticos, a través de páginas Web, programas de televisión por cable, seminarios, becas, programas en radios de Lima y provincias, así como en revistas y boletines.
Esta postura reñida con la objetividad y contraria a la institucionalidad de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, se basa en temas como los derechos humanos y lucha anticorrupción, a partir de los casos de corrupción y violación de derechos humanos que perpetraron algunos miembros de dichas fuerzas del orden. Frente a lo cual, JV se dedica a estigmatizar, deslegitimar y desarticular a las instituciones militares y policiales en general, promoviendo el enjuiciamiento masivo de sus integrantes que participaron en la lucha antiterrorista contra Sendero Luminoso y el MRTA. Bajo ese enfoque sesgado, entre las publicaciones de los operadores de JV encontramos textos como: “30 razones por la inconstitucionalidad de la ley de organización y funciones de la justicia militar”, de David Lovatón Palacios; “¿Hasta cuándo la curiosa justicia militar?” de Ronald Gamarra Herrera; “El ministerio de Defensa y su urgente compromiso con el post CVR”, por Antonio Salazar García; “La judicialización de crímenes contra los derechos humanos presentados por la CVR y asumidos por el IDL” y “El desafío de la justicia militar”, entre otros.
En un artículo adicional publicado por Ernesto de la Jara Basombrío, a propósito del discurso del Presidente Alan García Pérez el 28 de julio del 2006, se expresa lo siguiente: “En resumen: hasta ahora no hay nada para decir que en materia de justicia, Alan García volvió a las andadas, pero tampoco para decir que hay señales de cambio. Más de lo mismo: parece que continuará existiendo un sistema de justicia precario, en crisis permanente y sin reforma”. A continuación añade “¿Y cómo interpretar el nombramiento de una magistrada del perfil de María Zavala, como Ministra de Justicia? Si bien ella no se ha caracterizado por ser parte del cada vez más reducido número de jueces comprometidos con la autocrítica y el cambio, ella como Ministra de Justicia tiene la posibilidad de hacer lo que objetivamente no hizo como magistrada: impulsar contra viento y marea la reforma del sistema de Justicia”.
En una línea antimilitarista y parcializada respecto a la lucha del Estado peruano contra el terrorismo de SL y el MRTA y olvidando que este caso ya sigue un curso legal, la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh) y el Instituto de Defensa Legal (IDL) declararon, según la agencia Notimex el 3 de agosto de 2006: “Que se investigue de manera profunda la masacre de 200 presos acusados de terrorismo que fueron ejecutados en tres penales en 1986”. Asimismo, en pronunciamientos por separado, la Aprodeh y el IDL solicitaron a la justicia que “determine las responsabilidades políticas y penales de los responsables de las ejecuciones realizadas en el primer gobierno (1985-1990) del presidente Alan García”; puntualizando: “Aún quedan cuentas por rendir con el pasado”, en alusión a lo ocurrido hace más de 20 años en los penales peruanos de San Juan de Lurigancho, El Frontón y Santa Bárbara. En esta misma senda y buscando mantener latente el proceso judicial, uno de los abogados del IDL-Justicia Viva, Carlos Rivera Paz, presentó en setiembre de 2006, una “queja de derecho” contra el último dictamen del fiscal Mario González, vale decir el tercero que éste emite y que exonera de responsabilidad a Alan García y a miembros de su Consejo de Ministros de 1987, respecto a los presuntos crímenes ocurridos en las prisiones peruanas.
Acaparando la cooperación internacional
Sobre la cooperación internacional que financia a las redes neomarxistas, es necesario conocer que según datos publicados por el diario Expreso, de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional, (APCI), sólo en el año 2004, tres ONG neomarxistas recibieron de la cooperación externa cuatro millones 221,353 dólares para operar en el país: el Instituto de Defensa Legal recibió dos millones 798,585 dólares para realizar su plan de “Consolidación de la Transición Democrática y de los Derechos Humanos en el Perú”, este dinero también sirvió para financiar los trabajos que desarrollaba la Comisión de la Verdad (CVR). Entre las principales fuentes de financiamiento del IDL, figuran la Open Society Institute, USAID, Fundación Ford, British Council y la Comisión Europea. La Comisión Andina de Juristas (CAJ), habría recibido 957,669 dólares para realizar su “Plan Trienal 2004-2006”, ubicado en la temática de gobernabilidad, teniendo como sus principales fuentes de financiamiento a la Oficina de Cooperación Canadiense, Save The Children, la Cooperación Alemana al Desarrollo, la poderosa National Endowment for Democracy de EE.UU., la Corporación Andina de Fomento y la Fundación Ford, entre otras.
A su turno, la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh) recibió el 2004 para su “Proyecto Aprodeh 2004”, un total de 465,099 dólares para trabajos en Apurímac, Ayacucho y Huancavelica relacionados con la CVR. Entre los donantes figuran The Oxford Comitee for Famine Relief, la Fundación John Merck, The Ford Foundation, la holandesa ICCO y la francesa Secours Catholique, entre otros. Un informe del Consejo por la Paz, entidad presidida por Francisco Diez Canseco, es más puntual y revela que entre los años 2004 y 2005, doce ONGs de la izquierda caviar recibieron unos 43 millones de dólares, significando estos montos entre el 20 y 30 por ciento del total de dinero obtenido por las diferentes ONGs, sólo referente a la cooperación internacional entregada por organismos extranjeros independientes a sus gobiernos. De todas, la ONG Instituto de Defensa Legal se adjudicó más de 5.5 millones de dólares en dicho período y la ONG Comisión Andina de Juristas 1.9 millones de dólares.
En otro plano, Diez Canseco Távara, está convencido que el lobby de las ONGs de izquierda caviar, con el poder político que les dio Alejandro Toledo, impuso el informe de la Comisión de la Verdad, como si fuese de cumplimiento obligatorio en el Poder Judicial y en el Ministerio Público. Simultáneamente, Diez Canseco Távara (al igual que otros), denuncia que es víctima del abuso de poder de los neomarxistas en la administración de justicia, y por ello enfrenta tres juicios después de haber criticado al ex ministro de Justicia Diego García-Sayán: dos querellas y una denuncia penal.
Las conexiones con Argentina y Chile
Las instituciones de la izquierda judicial del Cono Sur mantienen relaciones principalmente con cuatro instituciones peruanas: el Instituto de Defensa Legal (IDL); la Comisión Andina de Juristas (CAJ); la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y la Comisión Episcopal de Acción Social (CEAS).
Con respecto al IDL, las relaciones con entidades chilenas y argentinas vienen de años atrás, cuando el eje de su labor estaba centrado en la defensa de los derechos humanos, siendo más fuerte con el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) de Argentina y con la Corporación Chilena de Derechos Humanos. Cabe agregar que estos vínculos se ven reforzados a su vez por la presencia de la Fundación Ford, en tanto las tres constituyen socios estratégicos de ésta en sus respectivos países. Recientemente, el IDL ha establecido relaciones con otras entidades de estos países sobre la base de sus nuevas líneas de acción, como son las de seguridad ciudadana y administración de justicia, vinculándose en el primer caso con el Centro de Estudios para el Desarrollo (CED) de Chile, dirigida por Hugo Frühling, sobre la base de un proyecto regional financiado por la Fundación Ford, y en el segundo caso con el Centro de Estudios de Justicia de las Américas, formando parte de la Red de Organizaciones de la Sociedad Civil en Materia de Justicia (Red OSC).
Los intereses de IDL parecen estar puestos más bien en la región andina, donde ha promovido una Red Andina de Justicia de Paz y Justicia Comunitaria con organismos de Ecuador (CIDES), Colombia (CEJ) y Venezuela (Consorcio Justicia) para fortalecer su posición en el tema de justicia de paz, con el apoyo de la Unión Europea. En el caso de la CAJ, ella mantiene aún fuertes vínculos institucionales con diferentes organizaciones del Cono Sur, especialmente con el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) y CELS en Argentina, y el Centro de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Diego Portales y la Corporación Forja en Chile, mediante la participación constante de expertos de estas instituciones en sus cursos internacionales de derechos humanos. En definitiva, puede señalarse que salvo por los contactos que mantiene el IDL, las relaciones entre las instituciones de la izquierda judicial del Cono Sur con sus pares peruanas no son tan estrechas como aparentan ser. Ello explica porqué instituciones de larga experiencia en procesos de reforma procesal penal, como INECIP, la Universidad Diego Portales o CEJA, no hayan logrado aún una presencia significativa en el espacio nacional. En el caso de INECIP, ésta intentó crear una Oficina Regional a nivel de los países andinos, encabezada por un peruano, la que sin embargo no prosperó por la falta de apoyo económico a esta iniciativa.
Denuncian a JV y a IDL
“La propuesta de eliminar el fuero judicial castrense podría desestabilizar las Fuerzas Armadas y el estado democrático”, afirmó el presidente del Consejo Supremo de Justicia Militar (CSJM), general Juan Pablo Ramos, en agosto del 2006; en su opinión, esto es lo que buscan las ONGs conformadas por el consorcio Justicia Viva y el Instituto de Defensa Legal (IDL). Tras señalar que la existencia de justicia militar está amparada la Constitución, el general Ramos, sostiene que suprimirla forma parte de una campaña sistemática que se inició desde el 2004 y ojalá no llegue a trascender. Sobre el tema, cabe acotar que el Colegio de Abogados de Lima tiene más de 40 mil asociados, pese a ello, quien sostuvo la desaparición del fuero castrense fue el ex director de IDL e integrante de Justicia Viva, David Lobatón Palacios, y la demanda de inconstitucionalidad del Código de Justicia Militar, la sustentó el ex procurador Ronald Gamarra, también de Justicia Viva. En consecuencia, genera demasiadas suspicacias el desmedido interés de dichas instituciones de la izquierda caviar por arremeter contra la institucionalidad de las Fuerzas Armadas y la justicia militar.
En tal sentido, el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Walter Vásquez Vejarano, denunció en setiembre de 2006, que el consorcio “Justicia Viva” tiene la intención de manejar el Poder Judicial, con una injerencia tal, que quiere participar de la conformación de los órganos jurisdiccionales, y aseveró que ONGs similares están incrustadas en el Poder Judicial y aprovecharían el voto universal para elegir al nuevo presidente de la Corte Suprema (planteado por la ministra de Justicia, María Zavala), a fin de promover mediante los cursos de capacitación que dictan, a los candidatos que quisieran poner en la administración de justicia. Adicionalmente, el Presidente del Poder Judicial agregó que “Justicia Viva” se encarga de capacitar a los magistrados sin la autorización expresa del Consejo Ejecutivo de la Corte Suprema, lo que demuestra un extraño interés en posicionarse dentro de la justicia peruana.
En relación a este hecho, se sabe que en anteriores “cursos de capacitación” a los que hizo referencia el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, se habría condicionado a los magistrados para que sean duros con los militares y blandos con los terroristas, y para que hagan tabla rasa del derecho a la presunción de inocencia en los procesos anticorrupción. Pero al abordar el tema, el Presidente de la Comisión de Defensa y Orden Interno del Congreso, el oficialista Luis Gonzáles Posada (APRA), piensa que las ONGs deben ceñirse a un marco regulatorio. “Ni siquiera el Parlamento puede solicitar información o inmiscuirse en los procesos de selección de autoridades en las Cortes Superiores y menos en la Corte Suprema”, recordó.
Siendo más categórico aún, el Secretario General y congresista del APRA, Mauricio Mulder, expresa su alarma por el peligro proveniente de los sectores de la izquierda caviar, al considerar que tienen mucho poder extrapartidario, gracias a su manejo de ONGs y sus sólidos nexos con algunos medios de comunicación, lobbies de estudios de abogados y dinero que proviene de la cooperación internacional, sobre todo de EEUU, Canadá y Francia.
A la vez, confirmando una preponderante visión crítica en las altas esferas de la administración García sobre las ONGs de la izquierda caviar, Mulder no duda que estas instituciones están alrededor de los derechos humanos sirviendo de tontos útiles al terrorismo y en torno a la reforma del Poder Judicial (PJ), favoreciendo a quienes están en contra del PJ, buscando menoscabar su autonomía, “como la ONG IDL, que pretende inmiscuirse en la elección del presidente de la Corte Suprema”. En esa misma línea de cuestionamiento contra ONGs y organismos integrantes de la izquierda caviar, durante la IV Conferencia Interreligiosa Peruana, en la Pontificia Universidad Católica, del 15 de agosto de 2006, el presidente del Consejo de Ministros (PCM), Jorge Del Castillo Gálvez, denunció que “sectores de izquierda se apropiaron de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) y excluyeron al APRA para presentarla como enemigo de aquella”. Pese a estas expresiones y en un giro inesperado, el premier luego nombró a Sofía Macher, como presidenta del Consejo de Reparaciones para las víctimas de la violencia terrorista, instalado en la PCM.
A su turno, el ahora vicepresidente de la República del gobierno de Alan García, Vicealmirante AP, Luis Giampietri Rojas, escribió el artículo: “El Reposo del Guerrero”, con ocasión del fallecimiento del general Clemente Noel Moral en mayo de 2005, donde entre otras cosas expresa lo siguiente: “Mas de veinte años después y basándose en acusaciones no vinculantes de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, con la ayuda de ONGs y consorcios como Justicia Viva, el Instituto de Defensa Legal, la Comisión Andina de Juristas, Aprodeh, la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, la Defensoría del Pueblo, jugando en pared con la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos de Costa Rica a través de sentencias a la medida, y contando con el preocupante e insólito apoyo de tres millones de dólares del USAID del gobierno norteamericano; se ha iniciado una implacable persecución judicial sobre todos aquellos oficiales y personal subalterno que, obedeciendo órdenes de los jefes Supremos de las Fuerzas Armadas que los comandaron, lucharon y en muchos casos dieron la vida para lograr la paz de que gozamos, luego de transitar por épocas de inseguridad y muerte, que parece habríamos ya olvidado”.
Definen política de gobierno
Sobre el particular, el día del aniversario de las Fuerzas Armadas del Perú en setiembre de 2006, el Presidente Alan García Pérez anunció que la defensa judicial de los efectivos militares y policiales (en actividad y retiro) que vienen siendo procesados por la supuesta violación de derechos humanos mientras luchaban contra el terrorismo, entre 1980 y el 2000, será asumida por los ministerios de Defensa y del Interior; con la finalidad de “no dejar abandonados a miles de soldados y oficiales sobre los que recae siempre la sospecha de los que no pusieron nada por defender a la patria contra el terrorismo”, enfatizó el mandatario. Según cálculos preliminares, serían unos 950 los militares enjuiciados, aunque las cifras continúan en estudio. Antes de este anuncio presidencial, el ministro de Defensa había declarado, que las recomendaciones y conclusiones del informe de la Comisión de la Verdad sobre la presunta culpabilidad de militares y policías en la lucha antisubversiva, no tienen carácter vinculante.
Reflexión final
Un análisis objetivo e integral sobre la actuación y el entramado de las ONGs neomarxistas o de la izquierda caviar en el Poder Judicial peruano, revela que nada en el rol de los agentes de la cooperación internacional debe incluir el fortalecimiento de ONGs locales como actores monopólicos que imponen sus puntos de vista y prejuicios ideológicos, sobre temas tan sensibles como la administración de justicia, las fuerzas armadas, la defensa nacional y la seguridad ciudadana.
Por último, nada justifica tampoco que se utilicen los fondos internacionales que son para la sociedad peruana, como recursos que alimentan el poder de ONGs, integrantes de una especie de logia mutante que busca enquistarse en el ámbito judicial y seguir entrometiéndose de manera hostil en el funcionamiento de las fuerzas armadas y policiales.
Frente a lo cual hay dos objetivos pendientes, uno: lograr que la cooperación internacional se pluralice y descentralice, y dos: afianzar una activa vigilancia ciudadana e institucional sobre el accionar pernicioso e infiltración de redes neomarxistas a través de ONGs que funcionan con ingentes cantidades de dinero que deberían destinarse a políticas públicas estatales en beneficio de los sectores más desposeídos de la población.
www.elvisocc.org
Como no podría ser de otra manera, considerando los antecedentes políticos y la orientación ideológica de quienes integran JV; sus trabajos evidencian una fuerte animadversión y desprecio hacia las Fuerzas Armadas y policiales, actitud que por extensión la proyectan a los ex funcionarios del régimen de Fujimori (inocentes y culpables); cayendo en una generalización y prejuicios incompatibles con una institución que opera en el Poder Judicial y ejerce una influencia en la opinión pública debido a sus amplios recursos económicos y mediáticos, a través de páginas Web, programas de televisión por cable, seminarios, becas, programas en radios de Lima y provincias, así como en revistas y boletines.
Esta postura reñida con la objetividad y contraria a la institucionalidad de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, se basa en temas como los derechos humanos y lucha anticorrupción, a partir de los casos de corrupción y violación de derechos humanos que perpetraron algunos miembros de dichas fuerzas del orden. Frente a lo cual, JV se dedica a estigmatizar, deslegitimar y desarticular a las instituciones militares y policiales en general, promoviendo el enjuiciamiento masivo de sus integrantes que participaron en la lucha antiterrorista contra Sendero Luminoso y el MRTA. Bajo ese enfoque sesgado, entre las publicaciones de los operadores de JV encontramos textos como: “30 razones por la inconstitucionalidad de la ley de organización y funciones de la justicia militar”, de David Lovatón Palacios; “¿Hasta cuándo la curiosa justicia militar?” de Ronald Gamarra Herrera; “El ministerio de Defensa y su urgente compromiso con el post CVR”, por Antonio Salazar García; “La judicialización de crímenes contra los derechos humanos presentados por la CVR y asumidos por el IDL” y “El desafío de la justicia militar”, entre otros.
En un artículo adicional publicado por Ernesto de la Jara Basombrío, a propósito del discurso del Presidente Alan García Pérez el 28 de julio del 2006, se expresa lo siguiente: “En resumen: hasta ahora no hay nada para decir que en materia de justicia, Alan García volvió a las andadas, pero tampoco para decir que hay señales de cambio. Más de lo mismo: parece que continuará existiendo un sistema de justicia precario, en crisis permanente y sin reforma”. A continuación añade “¿Y cómo interpretar el nombramiento de una magistrada del perfil de María Zavala, como Ministra de Justicia? Si bien ella no se ha caracterizado por ser parte del cada vez más reducido número de jueces comprometidos con la autocrítica y el cambio, ella como Ministra de Justicia tiene la posibilidad de hacer lo que objetivamente no hizo como magistrada: impulsar contra viento y marea la reforma del sistema de Justicia”.
En una línea antimilitarista y parcializada respecto a la lucha del Estado peruano contra el terrorismo de SL y el MRTA y olvidando que este caso ya sigue un curso legal, la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh) y el Instituto de Defensa Legal (IDL) declararon, según la agencia Notimex el 3 de agosto de 2006: “Que se investigue de manera profunda la masacre de 200 presos acusados de terrorismo que fueron ejecutados en tres penales en 1986”. Asimismo, en pronunciamientos por separado, la Aprodeh y el IDL solicitaron a la justicia que “determine las responsabilidades políticas y penales de los responsables de las ejecuciones realizadas en el primer gobierno (1985-1990) del presidente Alan García”; puntualizando: “Aún quedan cuentas por rendir con el pasado”, en alusión a lo ocurrido hace más de 20 años en los penales peruanos de San Juan de Lurigancho, El Frontón y Santa Bárbara. En esta misma senda y buscando mantener latente el proceso judicial, uno de los abogados del IDL-Justicia Viva, Carlos Rivera Paz, presentó en setiembre de 2006, una “queja de derecho” contra el último dictamen del fiscal Mario González, vale decir el tercero que éste emite y que exonera de responsabilidad a Alan García y a miembros de su Consejo de Ministros de 1987, respecto a los presuntos crímenes ocurridos en las prisiones peruanas.
Acaparando la cooperación internacional
Sobre la cooperación internacional que financia a las redes neomarxistas, es necesario conocer que según datos publicados por el diario Expreso, de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional, (APCI), sólo en el año 2004, tres ONG neomarxistas recibieron de la cooperación externa cuatro millones 221,353 dólares para operar en el país: el Instituto de Defensa Legal recibió dos millones 798,585 dólares para realizar su plan de “Consolidación de la Transición Democrática y de los Derechos Humanos en el Perú”, este dinero también sirvió para financiar los trabajos que desarrollaba la Comisión de la Verdad (CVR). Entre las principales fuentes de financiamiento del IDL, figuran la Open Society Institute, USAID, Fundación Ford, British Council y la Comisión Europea. La Comisión Andina de Juristas (CAJ), habría recibido 957,669 dólares para realizar su “Plan Trienal 2004-2006”, ubicado en la temática de gobernabilidad, teniendo como sus principales fuentes de financiamiento a la Oficina de Cooperación Canadiense, Save The Children, la Cooperación Alemana al Desarrollo, la poderosa National Endowment for Democracy de EE.UU., la Corporación Andina de Fomento y la Fundación Ford, entre otras.
A su turno, la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh) recibió el 2004 para su “Proyecto Aprodeh 2004”, un total de 465,099 dólares para trabajos en Apurímac, Ayacucho y Huancavelica relacionados con la CVR. Entre los donantes figuran The Oxford Comitee for Famine Relief, la Fundación John Merck, The Ford Foundation, la holandesa ICCO y la francesa Secours Catholique, entre otros. Un informe del Consejo por la Paz, entidad presidida por Francisco Diez Canseco, es más puntual y revela que entre los años 2004 y 2005, doce ONGs de la izquierda caviar recibieron unos 43 millones de dólares, significando estos montos entre el 20 y 30 por ciento del total de dinero obtenido por las diferentes ONGs, sólo referente a la cooperación internacional entregada por organismos extranjeros independientes a sus gobiernos. De todas, la ONG Instituto de Defensa Legal se adjudicó más de 5.5 millones de dólares en dicho período y la ONG Comisión Andina de Juristas 1.9 millones de dólares.
En otro plano, Diez Canseco Távara, está convencido que el lobby de las ONGs de izquierda caviar, con el poder político que les dio Alejandro Toledo, impuso el informe de la Comisión de la Verdad, como si fuese de cumplimiento obligatorio en el Poder Judicial y en el Ministerio Público. Simultáneamente, Diez Canseco Távara (al igual que otros), denuncia que es víctima del abuso de poder de los neomarxistas en la administración de justicia, y por ello enfrenta tres juicios después de haber criticado al ex ministro de Justicia Diego García-Sayán: dos querellas y una denuncia penal.
Las conexiones con Argentina y Chile
Las instituciones de la izquierda judicial del Cono Sur mantienen relaciones principalmente con cuatro instituciones peruanas: el Instituto de Defensa Legal (IDL); la Comisión Andina de Juristas (CAJ); la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y la Comisión Episcopal de Acción Social (CEAS).
Con respecto al IDL, las relaciones con entidades chilenas y argentinas vienen de años atrás, cuando el eje de su labor estaba centrado en la defensa de los derechos humanos, siendo más fuerte con el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) de Argentina y con la Corporación Chilena de Derechos Humanos. Cabe agregar que estos vínculos se ven reforzados a su vez por la presencia de la Fundación Ford, en tanto las tres constituyen socios estratégicos de ésta en sus respectivos países. Recientemente, el IDL ha establecido relaciones con otras entidades de estos países sobre la base de sus nuevas líneas de acción, como son las de seguridad ciudadana y administración de justicia, vinculándose en el primer caso con el Centro de Estudios para el Desarrollo (CED) de Chile, dirigida por Hugo Frühling, sobre la base de un proyecto regional financiado por la Fundación Ford, y en el segundo caso con el Centro de Estudios de Justicia de las Américas, formando parte de la Red de Organizaciones de la Sociedad Civil en Materia de Justicia (Red OSC).
Los intereses de IDL parecen estar puestos más bien en la región andina, donde ha promovido una Red Andina de Justicia de Paz y Justicia Comunitaria con organismos de Ecuador (CIDES), Colombia (CEJ) y Venezuela (Consorcio Justicia) para fortalecer su posición en el tema de justicia de paz, con el apoyo de la Unión Europea. En el caso de la CAJ, ella mantiene aún fuertes vínculos institucionales con diferentes organizaciones del Cono Sur, especialmente con el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) y CELS en Argentina, y el Centro de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Diego Portales y la Corporación Forja en Chile, mediante la participación constante de expertos de estas instituciones en sus cursos internacionales de derechos humanos. En definitiva, puede señalarse que salvo por los contactos que mantiene el IDL, las relaciones entre las instituciones de la izquierda judicial del Cono Sur con sus pares peruanas no son tan estrechas como aparentan ser. Ello explica porqué instituciones de larga experiencia en procesos de reforma procesal penal, como INECIP, la Universidad Diego Portales o CEJA, no hayan logrado aún una presencia significativa en el espacio nacional. En el caso de INECIP, ésta intentó crear una Oficina Regional a nivel de los países andinos, encabezada por un peruano, la que sin embargo no prosperó por la falta de apoyo económico a esta iniciativa.
Denuncian a JV y a IDL
“La propuesta de eliminar el fuero judicial castrense podría desestabilizar las Fuerzas Armadas y el estado democrático”, afirmó el presidente del Consejo Supremo de Justicia Militar (CSJM), general Juan Pablo Ramos, en agosto del 2006; en su opinión, esto es lo que buscan las ONGs conformadas por el consorcio Justicia Viva y el Instituto de Defensa Legal (IDL). Tras señalar que la existencia de justicia militar está amparada la Constitución, el general Ramos, sostiene que suprimirla forma parte de una campaña sistemática que se inició desde el 2004 y ojalá no llegue a trascender. Sobre el tema, cabe acotar que el Colegio de Abogados de Lima tiene más de 40 mil asociados, pese a ello, quien sostuvo la desaparición del fuero castrense fue el ex director de IDL e integrante de Justicia Viva, David Lobatón Palacios, y la demanda de inconstitucionalidad del Código de Justicia Militar, la sustentó el ex procurador Ronald Gamarra, también de Justicia Viva. En consecuencia, genera demasiadas suspicacias el desmedido interés de dichas instituciones de la izquierda caviar por arremeter contra la institucionalidad de las Fuerzas Armadas y la justicia militar.
En tal sentido, el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Walter Vásquez Vejarano, denunció en setiembre de 2006, que el consorcio “Justicia Viva” tiene la intención de manejar el Poder Judicial, con una injerencia tal, que quiere participar de la conformación de los órganos jurisdiccionales, y aseveró que ONGs similares están incrustadas en el Poder Judicial y aprovecharían el voto universal para elegir al nuevo presidente de la Corte Suprema (planteado por la ministra de Justicia, María Zavala), a fin de promover mediante los cursos de capacitación que dictan, a los candidatos que quisieran poner en la administración de justicia. Adicionalmente, el Presidente del Poder Judicial agregó que “Justicia Viva” se encarga de capacitar a los magistrados sin la autorización expresa del Consejo Ejecutivo de la Corte Suprema, lo que demuestra un extraño interés en posicionarse dentro de la justicia peruana.
En relación a este hecho, se sabe que en anteriores “cursos de capacitación” a los que hizo referencia el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, se habría condicionado a los magistrados para que sean duros con los militares y blandos con los terroristas, y para que hagan tabla rasa del derecho a la presunción de inocencia en los procesos anticorrupción. Pero al abordar el tema, el Presidente de la Comisión de Defensa y Orden Interno del Congreso, el oficialista Luis Gonzáles Posada (APRA), piensa que las ONGs deben ceñirse a un marco regulatorio. “Ni siquiera el Parlamento puede solicitar información o inmiscuirse en los procesos de selección de autoridades en las Cortes Superiores y menos en la Corte Suprema”, recordó.
Siendo más categórico aún, el Secretario General y congresista del APRA, Mauricio Mulder, expresa su alarma por el peligro proveniente de los sectores de la izquierda caviar, al considerar que tienen mucho poder extrapartidario, gracias a su manejo de ONGs y sus sólidos nexos con algunos medios de comunicación, lobbies de estudios de abogados y dinero que proviene de la cooperación internacional, sobre todo de EEUU, Canadá y Francia.
A la vez, confirmando una preponderante visión crítica en las altas esferas de la administración García sobre las ONGs de la izquierda caviar, Mulder no duda que estas instituciones están alrededor de los derechos humanos sirviendo de tontos útiles al terrorismo y en torno a la reforma del Poder Judicial (PJ), favoreciendo a quienes están en contra del PJ, buscando menoscabar su autonomía, “como la ONG IDL, que pretende inmiscuirse en la elección del presidente de la Corte Suprema”. En esa misma línea de cuestionamiento contra ONGs y organismos integrantes de la izquierda caviar, durante la IV Conferencia Interreligiosa Peruana, en la Pontificia Universidad Católica, del 15 de agosto de 2006, el presidente del Consejo de Ministros (PCM), Jorge Del Castillo Gálvez, denunció que “sectores de izquierda se apropiaron de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) y excluyeron al APRA para presentarla como enemigo de aquella”. Pese a estas expresiones y en un giro inesperado, el premier luego nombró a Sofía Macher, como presidenta del Consejo de Reparaciones para las víctimas de la violencia terrorista, instalado en la PCM.
A su turno, el ahora vicepresidente de la República del gobierno de Alan García, Vicealmirante AP, Luis Giampietri Rojas, escribió el artículo: “El Reposo del Guerrero”, con ocasión del fallecimiento del general Clemente Noel Moral en mayo de 2005, donde entre otras cosas expresa lo siguiente: “Mas de veinte años después y basándose en acusaciones no vinculantes de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, con la ayuda de ONGs y consorcios como Justicia Viva, el Instituto de Defensa Legal, la Comisión Andina de Juristas, Aprodeh, la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, la Defensoría del Pueblo, jugando en pared con la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos de Costa Rica a través de sentencias a la medida, y contando con el preocupante e insólito apoyo de tres millones de dólares del USAID del gobierno norteamericano; se ha iniciado una implacable persecución judicial sobre todos aquellos oficiales y personal subalterno que, obedeciendo órdenes de los jefes Supremos de las Fuerzas Armadas que los comandaron, lucharon y en muchos casos dieron la vida para lograr la paz de que gozamos, luego de transitar por épocas de inseguridad y muerte, que parece habríamos ya olvidado”.
Definen política de gobierno
Sobre el particular, el día del aniversario de las Fuerzas Armadas del Perú en setiembre de 2006, el Presidente Alan García Pérez anunció que la defensa judicial de los efectivos militares y policiales (en actividad y retiro) que vienen siendo procesados por la supuesta violación de derechos humanos mientras luchaban contra el terrorismo, entre 1980 y el 2000, será asumida por los ministerios de Defensa y del Interior; con la finalidad de “no dejar abandonados a miles de soldados y oficiales sobre los que recae siempre la sospecha de los que no pusieron nada por defender a la patria contra el terrorismo”, enfatizó el mandatario. Según cálculos preliminares, serían unos 950 los militares enjuiciados, aunque las cifras continúan en estudio. Antes de este anuncio presidencial, el ministro de Defensa había declarado, que las recomendaciones y conclusiones del informe de la Comisión de la Verdad sobre la presunta culpabilidad de militares y policías en la lucha antisubversiva, no tienen carácter vinculante.
Reflexión final
Un análisis objetivo e integral sobre la actuación y el entramado de las ONGs neomarxistas o de la izquierda caviar en el Poder Judicial peruano, revela que nada en el rol de los agentes de la cooperación internacional debe incluir el fortalecimiento de ONGs locales como actores monopólicos que imponen sus puntos de vista y prejuicios ideológicos, sobre temas tan sensibles como la administración de justicia, las fuerzas armadas, la defensa nacional y la seguridad ciudadana.
Por último, nada justifica tampoco que se utilicen los fondos internacionales que son para la sociedad peruana, como recursos que alimentan el poder de ONGs, integrantes de una especie de logia mutante que busca enquistarse en el ámbito judicial y seguir entrometiéndose de manera hostil en el funcionamiento de las fuerzas armadas y policiales.
Frente a lo cual hay dos objetivos pendientes, uno: lograr que la cooperación internacional se pluralice y descentralice, y dos: afianzar una activa vigilancia ciudadana e institucional sobre el accionar pernicioso e infiltración de redes neomarxistas a través de ONGs que funcionan con ingentes cantidades de dinero que deberían destinarse a políticas públicas estatales en beneficio de los sectores más desposeídos de la población.
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