WALL STREET JOURNAL reporta el descubrimiento de una millonaria estafa en Colombia, perpetrada por una ONG defensora de los DDHH en perjuicio del Estado y las supuestas "victimas". En el Perú tenemos 78 ONGs defensoras de los DDHH más una Coordinadora Nacional y nunca se ha hecho una auditoria contable independiente de sus libros ni de sus acciones. Es harto sabido que además de las jugosas donaciones también reciben una comision por caso ganado contra el Estado. ¿Quién recibe cuánto y cómo? ¿Existe la voluntad de revisar los números y conclusiones del Informe CVR? A continuacion el artículo.
Por MARY ANASTASIA O'GRADY
Mientras el movimiento de los indignados en Wall Street causaba revuelo sobre las maldades de la avaricia corporativa, un escándalo internacional de miles de millones de dólares estallaba el mes pasado en Bogotá, dejando al descubierto toda la codicia y corrupción en el mundo de las "organizaciones no gubernamentales" (ONG) de derechos humanos.
Mientras el movimiento de los indignados en Wall Street causaba revuelo sobre las maldades de la avaricia corporativa, un escándalo internacional de miles de millones de dólares estallaba el mes pasado en Bogotá, dejando al descubierto toda la codicia y corrupción en el mundo de las "organizaciones no gubernamentales" (ONG) de derechos humanos.
La muerte por parte del ejército de Alfonso Cano, el comandante de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), podrá haber conseguido grandes titulares durante el fin de semana. Pero no espere que la historia sobre la ONG reciba mucha atención de la prensa. No encaja con la narrativa pre-aprobada sobre las virtuosas organizaciones, que supuestamente tienen una meta superior que obtener ganancias. Sin embargo, los registros mostrarán que Colombia ha sido estafada por un grupo de abogados de izquierda enmascarados como personas que hacen el bien en pos de los derechos humanos. Esto plantea preguntas serias sobre si las mismas tácticas podrían haberse usado en otros países.
Esta estafa se produjo en 2005, cuando la ONG colombiana Colectivo de Abogados de José Alvear Restrepo (CAJAR) llevó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en San José, Costa Rica, el caso de una "masacre" en 1997 en la población de Mapiripán. CAJAR sostuvo que 49 personas habían sido asesinadas por fuerzas paramilitares, y culpó a las Fuerzas Armadas colombianas. Afirmó que el ejército podría haber intervenido pero no lo hizo, y que las familias de las víctimas merecían una importante compensación del Estado. La corte estuvo de acuerdo. Los contribuyentes colombianos tuvieron que desembolsar unos 15.300 millones de pesos, o US$8 millones.
La semana pasada, un abogado de CAJAR admitió que la ONG se quedó con 7.000 millones pesos del dinero de ese arreglo. Casi la mitad. Nada mal para un trabajo de "caridad". Sin embargo, quedarse con la mitad de lo que les correspondía a los campesinos podría ser la menor de sus ofensas. Según la oficina del fiscal general de Colombia, una investigación reciente muestra que al menos 36 de las llamadas víctimas aún están vivas o, si murieron, no fallecieron en Mapiripán. El fiscal general sostiene que la cantidad conocida de muertos en Mapiripán es de seis personas, y siete están desaparecidos. Estos descubrimientos conllevan la fuerte implicación de que el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos se construyó sobre un fraude.
De ser así, el engaño no comenzó en San José. CAJAR previamente había sostenido lo mismo en cortes colombianas y había tenido éxito. Esto no tuvo como consecuencia grandes sumas para los abogados y demandantes, pero sirvió para condenar a un general del ejército que ni siquiera era comandante de la región en ese momento, y estableció, según la corte, la culpabilidad del Estado por una masacre de dimensiones considerables. Entonces CAJAR llevó esa sentencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde reclamó una compensación monetaria para las 49 víctimas.
Según informes de la prensa colombiana, Contreras, cuyo esposo fue asesinado por las guerrillas de las FARC, afirma que cuando fue contactada por CAJAR por primera vez no estaba enterada de una demanda judicial en busca de compensación. Según entendía, la organización buscaba personas desaparecidas y encontrar a sus dos hijos desaparecidos era lo único que quería en ese momento. "Yo nunca dije que mis hijos estuvieran muertos, yo les dije que estaban desaparecidos". La mujer afirma que en su momento le dijo lo mismo al fiscal general de Colombia pero fue ignorada.
Contreras sostiene que recibió 1.751 millones de pesos en compensación para víctimas y dice que cuando eventualmente encontró a uno de sus hijos, lo llevó a ver un abogado de CAJAR. El abogado, afirma Contreras, le dijo que lo dejara así. La revelación de que una supuesta masacre en Mapiripán fue inventada ha desatado indignación en Colombia. "Es una burla al Sistema Internacional de Derechos Humanos, que tanto hemos defendido", afirmó el presidente Juan Manuel Santos en los días posteriores a que se conociera la revelación. "Es triste que situaciones como estas, de avivatos que no pueden llamarse más que corruptos, minen la credibilidad del sistema", agregó.
Colombia ya ha pagado US$ 25 millones en 12 casos de ese tipo que perdió ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos ante varias ONGs. El ministro del Interior Germán Vargas Lleras advierte que el fraude en el caso de Mapiripán podría repetirse en otro lugar. "Si esto ocurrió en un caso tan sonado, no se descarta que comportamientos similares hayan tenido lugar en otras investigaciones". De hecho, comportamientos similares están documentados. Como informé en esta columna en junio de 2001, se sabe que simpatizantes de las FARC practican la "guerra judicial" al lanzar acusaciones sobre violaciones de DDHH contra los militares.
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