Monos en democracia

 

Erick Yonatan Flores Serrano*

Instituto Amagi - Huánuco

De cara a las elecciones generales del próximo año, según los resultados de la XIII Encuesta Nacional sobre Percepciones de la Corrupción, estudio que evalúa la preferencia de las personas en temas como poder ciudadano, partidos políticos y las elecciones; el perfil del candidato ideal para los comicios electorales de abril del 2026, gira en torno a valores como la integridad y la honestidad, dejando de lado aspectos como la experiencia, la preparación académica, el equipo y plan de gobierno. Incluso la opción de un candidato nuevo, ajeno al establishment político tradicional, el famoso outsider, ya no parece ser una opción con posibilidades como era hace algún tiempo.

¿Qué lleva a la gente a seguir creyendo que el político, incluso teniendo las cualidades más populares y reclamadas, es un ser ajeno al plano común del resto de mortales?, ¿Acaso una persona “honesta” es garantía de algo en la política? ¿Lo son la preparación, la formación académica, la experiencia? ¿Acaso no es el Perú el único país que ha tenido a uno de los presidentes más preparados de la historia reciente (PPK), en contraste con Castillo, un docente de provincia de quien existen muchas más dudas que certezas sobre su formación y desempeño profesional? Ahora, si bien es cierto que en el aspecto formativo podemos identificar diferencias abismales, ambos expresidentes tienen un grave problema con la justicia del país y no es una simple casualidad.

Con la experiencia de dos periodos como presidente del Perú, Alan García tampoco es un personaje de quien se pueda presumir; el origen “humilde” de Alejandro Toledo, el perfil de “luchador social” del Humala más cuerdo; ninguno de estos elementos les ha servido para poder “caminar derecho”, tal y como decía cierto personaje que -dicho sea de paso- tampoco se lleva muy bien que digamos con la justicia peruana. La casuística es variada y si vamos un poco más a fondo, aterrizando en gobiernos regionales y locales, encontraremos una larga lista de políticos que fueron elegidos por motivos bastante peculiares; pero el denominador común se repite, un drástico y marcado divorcio entre las acciones y el deber ser.

Pero este no es el problema esencial, al fin y al cabo, termina siendo mera anécdota la razón por la que el electorado entrega su confianza. Los resultados tienden a ser los mismos en cada gestión y aquí nada tiene que ver el perfil del político, la raíz del problema está en otro lado. Un mono con un palo hace menos daño que un mono con una metralleta, y más allá de entender el peligro que representa un mono armado, el asunto importante pasa por asumir conciencia sobre los límites que se le puede poner al animal. Sobre la democracia, el tamaño del Estado y la clase política, el razonamiento es el mismo. Mientras más grande sea el tamaño del Estado, la democracia no sirve para otra cosa que para darle más poder al político.

Al fin y al cabo, el dilema de la clase política y su tormentosa relación con la justicia peruana, pareciera ser un problema de valores; sin embargo, antes de discutir sobre qué candidato se ajusta más a nuestras preferencias, lo urgente es analizar si la estructura del Estado peruano permite establecer los límites necesarios al poder de turno. Aquí poco importa si el próximo presidente es Judas Iscariote o el Arcángel Miguel, mientras más pequeña sea el arma del mono, menos daño potencial es al que nos arriesgamos. Es lógica elemental y debiera ser lo primero que el votante debería considerar antes de elegir. Ahora bien, la pregunta de fondo es: ¿hay algún candidato que represente una propuesta relativa a la reducción progresiva del aparato del Estado y el gasto público? La respuesta seguramente nos permitirá evaluar qué tan atrasados estamos en la carrera por vivir en una sociedad libre y de bienestar.

(*) Sociólogo sobreviviente a la sociología tradicional. Conservador entre libertarios y libertario entre conservadores. Políticamente incorrecto y de derecha mientras no haya mejor opción, jamás de izquierda

Derechos humanos para los humanos derechos

 

Erick Yonatan Flores Serrano*

Instituto Amagi - Huánuco

De cara a los comicios de abril del 2026, uno de los aspectos más tratados en campaña seguramente será el de la seguridad; y no sólo por el hecho de que fue uno de los temas para pedir la cabeza de la ex presidente Dina Boluarte y varios ministros, sino que en las últimas horas, Rafael Belaunde, pre-candidato por Libertad Popular, sufrió un atentado mientras realizaba una rutina de supervisión en un negocio; por otro lado, el último fin de semana, en Piura, un candidato a diputado por el Partido Juntos por el Perú, fue acribillado mientras circulaba por las afueras de la ciudad.

Los detalles importan y seguramente definirán el futuro de las investigaciones. Lo que sí es una preocupación latente, es el hecho de que ningún esfuerzo por parte del gobierno, ni siquiera al mando de Jeri que había comenzado con la mejor actitud, parece surtir efecto en la realidad. Los comerciantes, los transportistas y ahora los políticos; se trata de un problema que viene creciendo sin freno. Incluso pareciera que mientras más se esfuerza el gobierno por contener la criminalidad, esta recrudece y aumenta su grado de violencia.

Si bien es cierto que no estamos hablando -necesariamente- de una relación de causalidad, sí existe un contexto que podría explicar que toda acción del gobierno está destinada a fracasar. Y es que no se puede poner la carreta delante de los caballos. Toda reforma en materia de seguridad en nuestro país no tendrá jamás buen puerto porque es el sistema de administración de justicia el que termina tirando por la borda cualquier intención. Se pueden invertir millones en logística, tecnología operativa, equipamiento e inteligencia; podemos tener las mejores fuerzas del orden del mundo, pero esto no sirve de nada si es que quien juzga el delito, no tiene la firmeza necesaria.

Se puede hablar de corrupción de funcionarios en el sistema de administración de justicia, claro que sí; pero existe un problema mucho mayor y es la absoluta sumisión de nuestra justicia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, organismo internacional encargado de proteger y promover los Derechos Humanos entre los países miembros pero que no ha hecho otra cosa que servir como punta de lanza de las ONG´s que viven por y para defender a terroristas y delincuentes, enjuiciando al Estado peruano en cada oportunidad que se presente. Mientras que la justicia peruana esté bajo la sombra de la CIDH, toda iniciativa será inútil.

¿Qué es lo que se necesita para resolver el problema? Pues sólo decisión política. Por muy impopular que sea para el consenso social-demócrata, el ejemplo de El Salvador es aleccionador en este tema. Bukele puede caer mal por muchas cosas, pero la efectividad que ha tenido para frenar a las maras y la delincuencia doméstica, es incuestionable. El presidente se muestra firme y poco le importa seguir en tensiones con la Corte mientras que la gente en las calles le da su respaldo total.

Luchar en contra de la criminalidad, en primer lugar y antes que nada, pasa por tener las cosas claras. Una persona que decide atentar en contra de la vida, la libertad o la propiedad de otra persona, está renunciando a sus derechos y no puede ser tratado entre algodones. Y aquí no debería de existir ninguna media tinta, el robo no deja de ser robo porque lo cometa Jesús, o porque se haga en nombre del señor. La naturaleza de la acción no cambia según la persona que actúa, tampoco en función de la motivación.

Y este es el razonamiento medular detrás del éxito de Bukele. Reconocer y distinguir a víctimas de victimarios, llevar hasta sus consecuencias naturales la idea de que los derechos humanos sólo son para los humanos derechos, aquellos que incluso teniendo la posibilidad de actuar como salvajes y usar la fuerza para atentar contra la vida, la libertad y la propiedad de sus semejantes, no lo hacen; es a estos a los que el gobierno debe de proteger del crimen, y no ceder ante las presiones de los “defensores” de los Derechos Humanos. Como bien dice el presidente salvadoreño, la sociedad debe entender que tanto la Corte y el lobby de los derechos humanos, tienen un objetivo y una agenda muy bien marcados, y que el bienestar y la seguridad de las personas de bien, no está dentro de ellos.

(*) Sociólogo sobreviviente a la sociología tradicional. Conservador entre libertarios y libertario entre conservadores. Políticamente incorrecto y de derecha mientras no haya mejor opción, jamás de izquierda

El Estado creador de contenidos

 

Erick Yonatan Flores Serrano

Instituto Amagi - Huánuco

El parlamentario Wilson Soto, perteneciente a la bancada de Acción Popular, uno de los partidos más longevos de nuestra historia, ha presentado un proyecto de ley con el que busca regular la actividad de los creadores de contenido. Específicamente, a través del Proyecto de Ley N° 13313, les exigen a los famosos “influencers”, que deben contar con un título profesional que certifique su conocimiento cuando hablan de temas relacionados a la salud, la educación, la seguridad o el patrimonio.

Entre sanciones que van desde multas que superan los 20 mil soles, hasta la suspensión definitiva de su actividad, esta iniciativa legislativa termina siendo -como la gran mayoría de propuestas que buscan “proteger” de alguna manera a las personas- no sólo siendo un atentado contra la libertad que tienen las personas de decir lo que quieran en cualquier plataforma, sino que genera muchos más problemas de los que pretende resolver.

Con la excusa de evitar la “desinformación”, el aparato del Estado pretende perseguir a cualquier persona que difunda contenidos distintos a los que el Estado defina como verificados, oficiales, verídicos. El problema con esto es que el Estado no es una entelequia que está por encima del ser humano y tenga la capacidad de resolver los principales problemas de la raza humana, son un grupo de personas tan imperfectas y falibles como los somos todos. Incluso presumiendo que este grupo de personas sí tengan la sana intención de hacer el bien, no olvidemos que el camino hacia el infierno está empedrado de buenas intenciones.

Se trata de la arrogancia del legislador que se cree con potestad de exigirle un título profesional a una persona cuando habla de un tema en específico, cuando a este nadie le exige ningún conocimiento especializado en materia legislativa, en filosofía política, en derecho; ni siquiera un título profesional técnico, tampoco haber culminado estudios primarios ni secundarios. En otras palabras, tanto el legislador como el creador de contenido, parecen tener muchas más cosas en común que lo que aparentan a simple vista.

El internet y las redes sociales en general, pueden ser una valiosa herramienta para cualquier fin. De la misma forma en que la hoja afilada de un cuchillo puede servir para hacer un corte perfecto en 400 gramos de lomo fino, también puede ser un arma para arrebatar la vida de una persona en un asalto en la calle; un camión es un medio para trasladar carga en una mudanza, pero en 2016, en Niza, se usó para perpetrar un atentado terrorista cortesía del Estado Islámico; el hacha le sirve al leñador de la misma forma en que le sirve a un asesino serial. En todos estos ejemplos, lo último que uno esperaría ver es una ley que prohíba el uso de cuchillos, camiones o hachas.

Por más desagradable que sea el contenido que ofrece el Diario de Curwen, sería inmoral celebrar su censura; y pese a que quizá Víctor Caballero no tendría esa consideración con los que estamos en las antípodas de su pensamiento, eso no significa que su libertad de expresarse sea negociable. Luchar contra la desinformación va más por el lado de ofrecer alternativas para contrastar los contenidos, que por el de usar la maquinaria represiva del Estado para perseguir y castigar al disidente.

Por último, no es sólo la defensa de la libertad de expresión lo que debe motivar el rechazo a esta ley, sino también el hecho de que sería el Estado a través de sus “brillantes” representantes, los únicos que definan lo que debe de circular en las redes. Ya no basta con que el Estado defina lo que es la educación en los colegios (porque define la currícula y los contenidos de la misma), ahora pretende colonizar un espacio donde todavía tenemos la libertad de escoger de qué fuente queremos beber.

Es el famoso Estado terapéutico en su más básica expresión. Esa idea insana que considera al individuo como un ser sin voluntad, sin capacidad de discernir; una criatura indefensa que hay que proteger de las maldades del mundo; del pecado, del deseo, o como bien se dice en esta ocasión, de la “desinformación”. Y si algunos congresistas consideran peligrosos los contenidos que los influencers le ofrecen a su público; con mucha más razón y preocupación debemos decir que hay mucho más peligro en los contenidos que estos congresistas le ofrecen a los peruanos.

La Generación Z y el cálculo de la izquierda

 

Erick Yonatan Flores Serrano
Instituto Amagi - Huánuco

Es evidente que en nuestra sociedad hay algo podrido desde hace mucho tiempo. La experiencia no ha dejado de enseñarnos las lecciones políticas que deberían de bastar para comenzar a hacer las cosas bien o -por lo menos- no seguir tomando malas decisiones; pero la realidad supera cualquier relato.

Las marchas de la tristemente célebre “Generación Z”, por ejemplo, se siguen convocando y por más que algunas de sus voces más sensatas han tratado de marcar distancia de algunos personajes cuestionables lamentablemente no han tenido éxito. Uno debe de preguntarse por qué los jóvenes siguen marchando al lado de gente como Verónica Mendoza, Sigrid Bazán, acompañados del grupete de actores amigos íntimos de la corrupción de la ex alcaldesa de Lima Susana Villarán, gente sin la más básica noción de lo que significa la moral y principios. Porque no puedes pegar el grito al cielo contra la corrupción y caminar al lado de Mónica Sánchez, quien salió en los medios lavando la bandera al lado de Susana Villarán.

No puedes secuestrar las calles de la ciudad para exigirle al Estado que haga algo contra la criminalidad y simpatizar con Susel Paredes, personaje que votó en contra de la ley contra la extorsión y el sicariato, propuesta presentada por el ejecutivo y finalmente aprobada por el congreso a fines del mes pasado. No te puede indignar la muerte de más de un centenar de peruanos en lo que va del año y caminar de la mano de la congresista que votó en contra de declarar al Tren de Aragua como una organización criminal. Sencillamente no es coherente.

En la misma línea, Rosa María Palacios no puede ser tu vaca sagrada cuando hoy se indigna por Betsy Chávez y advierte calamidades si es que el Estado peruano no entrega el salvoconducto de su asilo, cuando ayer levantaba su voz en contra cuando Alan García solicitaba el mismo beneficio al Estado uruguayo. Y en este punto nadie está hablando de la legitimidad del mecanismo sino de su instrumentalización política para darle forma a un relato donde el Estado mafioso persigue a los luchadores sociales que sólo buscan el “bienestar del pueblo”.

Por otro lado, durante las manifestaciones, también vemos que los jóvenes gritan ardorosos: “¡Cambio de constitución!”, “¡Fujimori nunca más!”, etc.; sin comprender en lo más mínimo que si en la historia no hubiera existido un Alberto Fujimori (con aciertos y desaciertos), seguramente estos muchachos no estarían usando su hashtag para publicar su desacuerdo con el gobierno, sus estrés porque la vida no es justa, sus crisis existenciales posmodernas, etc.; mucho menos estarían en las calles porque no hay que ser adivinos para entender lo que hubiera pasado con el país si Sendero y la izquierda hubieran tomado el poder en los 90´s.

Y así como estos casos, ejemplos de la hipocresía y doble moral de la clase dirigente de izquierda, hay muchos. Es una pena que -una vez más- la juventud de nuestro país termine siendo usada como carne cañón y meros instrumentos de gente de la peor calaña. Los jóvenes pueden tener la intención de generar cambios a partir de su lucha, nadie podría cuestionar la indignación que se ha generalizado producto de la inutilidad del gobierno para resguardar la vida, la libertad y la propiedad de las personas de bien frente al crimen; pero no nos engañemos, los vicios inherentes de la izquierda hacen que se pierda todo el sentido.

A gente como Raúl Noblecilla o Guido Bellido no les duele que un manifestante haya fallecido producto de los enfrentamientos con la policía, les duele que haya sido sólo uno. Es un imperativo moral dejar en evidencia las formas en las que procede esta clase de gente. Ellos no calculan el éxito de una protesta en la medida en que su voz llegue o no a los espacios de decisión, sino en función de la cantidad de violencia necesaria para desestabilizar al enemigo. Su lucha de contrarios está por encima de la vida de las personas, agudizar las contradicciones es más importante que la sangre de los peruanos; el buen salvaje que marcha termina siendo el alimento del revolucionario ideal, ese que no tira una piedras ni carga carteles.