Sabotaje de la mafia caviar al Congreso

 

Escribe: Dante Bobadilla Ramírez

Una vez más el país sufre la arremetida de la mafia caviar que lucha por mantener el control de las instituciones. En este caso se trata del Tribunal Constitucional. Nuevamente la elección de nuevos magistrados se ve frustrada por una maniobra burda, una leguleyada perpetrada por una jueza que en tiempo récord acogió una cautelar presentada por un siniestro abogadillo, y ordenó al Congreso de la República paralizar el proceso de elección de nuevos magistrados del Tribunal Constitucional. Así como lo leen. Esto solo puede ocurrir en una república bananera controlada por una mafia.

Como lo han expresado destacados constitucionalistas del nivel de Víctor García Toma, ex presidente del Tribunal Constitucional, el recurso empleado para detener el accionar del Congreso es una burda leguleyada sin sustento ni sentido, habida cuenta que una acción de amparo solo se usa para cautelar un derecho individual que se ha visto afectado. ¿Cuál es el derecho afectado del abogado que presentó la demanda? Ninguno, ya que él no es parte del proceso. Pero se ha usado la extravagante figura de que la elección de magistrados del TC vulnera su derecho a tener "una justicia justa".  En base a esta burda farsa legal, una jueza sin criterio o con intereses subalternos, ha intentado paralilzar una tarea que es un mandato constitucional del Congreso. 

Por supuesto que de inmediato las sectas de izquieda salieron a pedir respeto por la resolución judicial y por el estado de derecho y por la democracia y patatín patatán. Una penosa exhibición de hipocresía y doble moral de un sector que carece de valores democráticos. No es raro que la izquierda se oponga tenazmente a que el TC sea renovado porque pretenden mantener allí a su banda de los cuatro, liderados por la comunista Ledesma. El rojerío no va a permitir que los muevan de sus cargos por lo menos hasta que ellos tengan mayoría en el Congreso y puedan colocar a su gente, como lo hicieron en los días de Humala. Estos magistrados ya excedieron su período y tienen dos años de tiempo vencido. Pero mientras la izquierda siga con sus maniobras será imposible renovarlos.

No olvidemos que fue precisamente para impedir que se elijan a nuevos miembros del TC que Vizcarra cerró apresuradamente el Congreso. La mafia caviar no dudó en dar un golpe de Estado para defender a sus camaradas en el TC. Allí no les interesó el estado de derecho ni el respeto por la democracia, como ahora alegan pidiendo respeto por la resolución de una jueza prevaricadora y corrupta que busca, una vez más, paralizar la elección de nuevos miembros del TC. Está claro pues que la izquierda no va a permitir que se cambie el TC hasta que ellos lo decidan. 

De este modo se consolida la captura fáctica de las principales instituciones por parte de la izquierda. No nos olvidemos la manera gansteril en que capturaron el Ministerio Público, luego de sacar toda la artillería pesada de los medios mermeleros para destruir al Fiscal de la Nación Pedro Chávarry, con la ayuda del siniestro fiscal José Domingo Pérez que tuvo el desparpajo de lacrar sus oficinas. A esto se sumó el circo del Congreso donde se presentaban extravagantes acusaciones constitucionales contra Chávarry, que luego de ser rechazadas por absurdas, eran motivo de escándalo mediático repitiendo el cliché de "blindaje a la corrupción". Así fue como la mafia caviar capturó el Ministerio Público y luego se deshizo del Congreso incómodo "fujiaprista".

El Poder Judicial también está en manos de la mafia caviar. Todo fue maquinado por Martín Vizcarra desde la creación de la Junta Nacional de Justicia, que hoy es incluso más turbia que el viejo Consejo Nacional de la Magistratura. Vean nomás con la celeridad que procesan a los enemigos de la mafia. No tardaron nada para destituir a los fiscales adversos a la mafia, Pedro Chávarry y Tomás Galvez. Y todo con el apoyo de las oenegés, especialmente IDL, quien proporciona audios a conveniencia. 

Frente a todo este penoso panorama es obvio que no vamos a poder liberarnos de las garras de la mafia caviar y sus agentes del comunismo por los procedimientos legales. La izquierda carece de moral. A ellos no les importa dar un golpe de estado para defender sus intereses. Lo han hecho dos veces en estos últimos dos años. Primero cerrando el Congreso mediante la leguleyada de la "negación fáctica". Luego lanzando a sus hordas salvajes a las calles para impedir que Merino asuma el poder. No solo hicieron que renuncie Merino, sino que doblegaron al Congreso para que se elija a la minoría de izquierda al mando de la mesa directiva. Por poco no tuvimos de presidenta a la rojaza Rocío Silva Santisteban.

¿Cómo enfrentarse a estos maleantes de la política? ¿Cómo recuperar las instituciones de las garras de la izquierda? Tarea difícil porque ya los hemos dejado avanzar demasiado. Están a punto de tomar el poder total con Pedro Castillo, luego de un proceso electoral fraudulento, avalado por un Jurado Nacional de Elecciones incompleto y liderado por un comunista pro terruco. ¿Se pueden seguir usando y confiando en los mecanismos legales y democráticos frente a una mafia que carece de valores y principios? Esa es la pregunta que debemos empezar a hacernos.  

El escándalo de actas fraguadas por Perú Libre

Escribe: Dante Bobadilla Ramírez

El Perú está a punto de caer en manos del comunismo y sumarse al triste club de países latinoamericanos fracasados, gobernados por dictaduras de izquierda disfrazadas de democracia. Estamos solo a un paso de que Pedro Castillo sea consagrado ganador de un proceso electoral que ha revelado graves irregularidades. Al parecer estamos frente al acto de fraude electoral más escandaloso de la historia, perpetrado por los militantes de Perú Libre -y seguramente también por maestros del Sutep-Conare (Movadef), quienes se dedicaron a fraguar actas electorales en las mesas de los lugares más alejados del país, donde ellos suelen actuar a sus anchas.

Este accionar no es nuevo. Recordemos que Sendero Luminoso apareció precisamente dominando las zonas más alejadas y abandonadas del país, allí adonde el Estado no llegaba. Aprovechando la lejanía y soledad de esos apacibles pueblos andinos, los senderistas impusieron su feroz presencia mediante un régimen de terror para organizar lo que llamaban "guerra popular del campo a la ciudad". Su estrategia era adoctrinar a los campesinos hasta volverlos militantes revolucionarios capaces de empuñar un arma y marchar a la capital para capturar el poder. Para estos fines intimidaban a la población, secuestraban niños, ejecutaban soplones, abusaban de las mujeres y no tenían reparos en masacrar pueblos enteros. 

Por el terrorismo de Sendero Luminoso nos fuimos enterando de la existencia de varios pueblos remotos de los que jamás habíamos oído mencionar. El primero de ellos fue Chuschi, donde Sendero Luminoso empezó su trayecto mortal quemando ánforas de las elecciones generales de 1980. Pero los tiempos han cambiado y hoy el neosenderismo tiene otros planes. Pretenden usar las elecciones para ganarlas a través del fraude perpetrado en esos remotos lugares donde todavía tienen presencia y actúan a sus anchas. Lugares que son áreas de trabajo de maestros rurales y narcoterroristas. Pero gracias a la tecnología y al trabajo de investigación de numerosas personas, se ha descubierto el plan. 

Son cientos (por ahora) de actas fraguadas en esas zonas remotas donde Pedro Castillo tiene votaciones que superan el 80% (como Ayacucho, por ejemplo, cuna de Sendero Luminoso) donde se notan toda clase de vicios, desde firmas que no coinciden con el registro del RENIEC hasta personas fallecidas que han estado a cargo de mesas electorales. Y lo más escadaloso ya es ver la gran cantidad de actas donde Fuerza Popular no tiene ni un solo voto, frente a 180 ó 250 votos para Perú Libre en numerosas mesas. Es decir, estos sujetos no han tenido reparos para rellenar actas, y firmarlas sin siquiera tomarse la molestia de imitar la firma real de la persona suplantada. Se creyeron que nunca nadie se daría cuenta del fraude que estaban perpetrando amparados en la lejanía de la sierra o la selva.

¿Qué hacer ahora frente a estos hechos, cuando el acelerado conteo del ONPE ya está a más del 99% y se muestran ansiosos por declarar al ganador, que pese a todo apenas tiene un diferencia de 77 mil votos? Fuerza Popular ha impugnado estas actas y exige que se anule el proceso en esas mesas. Es lo mínimo que se puede exigir. ¿O es que van a validar actas fraguadas con firmas falsas y personas muertas? Todo puede suceder en este país donde las instituciones ya están capturadas por la izquierda desde hace buen tiempo. Ellos tienen la sartén por el mango. Están a un paso de coronar su hazaña tomando el poder mediante el fraude electoral. ¿Se atreverán?

Y como corolario de la farsa en que vivimos, el Poder Judicial acaba de anular la sentencia por corrupción que pesaba sobre Vladimir Cerrón, dueño de Perú Libre, y ya está expedito para asumir funciones en el gobierno comunista de Pedro Castillo. Acto seguido, el fiscal José Domingo Pérez, sicario político al servicio de la mafia caviar digitado desde IDL, acaba de soliticar al juez la inmediata prisión preventiva de Keiko Fujimori. Es decir, se cierra el círculo planificado por la izquierda para tomar el poder, por un lado, desaparecer del escenario político a Keiko Fujimori y al fujimorismo, y liberar al sangunario líder de Sendero Luminoso para que le tome juramento a Pedro Castillo. Lo que le espera al Perú hoy es un horizonte negro y tenebroso.

Veremos si la ciudadanía tiene el coraje de defender su país, sus votos y su libertad. De lo contrario, puede que el Perú se convierta formalmente en una república socialista más del montón, gobernada por una dictadura comunista que se perpetuará en el poder fraguando elecciones, como hacen Maduro, Ortega, Evo y los Castro.  

Por memoria y dignidad, izquierda nunca más

Escribe: Dante Bobadilla Ramírez

Toda esa manchita juvenil que salió a manifestarse contra el fujimorismo el 22 de mayo pasado, coreando consignas y portando pancartas con lemas como "ni olvido ni perdón" y "por memoria y dignidad" apenas bordean los 25 años y muchos son incluso menores. Es decir, apenas estaban en el nido cuando acabó el fujimorismo. ¿Qué saben del fujimorismo? ¿Qué recuerdan de los noventas? ¿De dónde les sale tanto odio, ira, rencor y rabia? ¿Sabrán lo qué están gritando? No. Obviamente no saben nada. Los han arriado como borregos a armar el tradicional corso anti Keiko, organizado por todas las ONG de izquierda que aparecieron para defender a los terroristas, y que hoy mantienen bajo sueldo una planilla de periodistas y docentes universitarios encargados de envenenar el cerebro de los jóvenes, y alentarlos a ir a las marchas, incluso con beneficios académicos. 

En el 2004 se aprobó un "plan nacional de ddhh" junto a otros planes muy similares, como el de "salud mental y cultura de paz", ideados por la burocracia caviar encaramada en el poder. Todos estos planes tenían la misma orientación. Decían por ejemplo, que era parte de la moderna educación formar ciudadanos activos capaces de salir en defensa de los derechos civiles y de la democracia. Es decir, era parte del currículo adiestrar jóvenes para que vayan como borregos a las marchas. Incluso se decía que era signo de buena salud mental tener una actitud vigilante y actuar en defensa de los intereses de la sociedad, formando organizaciones activas en la comunidad. Creo que fui el único que denunció esos planes oficiales de manipulación social dados en el gobierno de Toledo, con una clara orientación comunista, tal como ocurre en Cuba. Pero así fue como los caviares transformaron la sociedad y la educación. Luego vino la idolatría de la verdad contada por la CVR, y el antifujimorismo quedó convertido en doctrina oficial del Estado peruano y pose predilecta de la prensa. 

Pero nadie se puso al frente de todos estos intentos de la izquierda para cambiar la historia, manipular a la sociedad y envilecer las instituciones con el veneno del antifujimorismo. Al contrario. Se puso de moda salir a hacerle ascos al fujimorismo. Todo aquel que quisiera posar como un cabal luchador anti corrupción y defensor insobornable de la democracia, tenía que denostar al fujimorismo y condenar los noventas. Así fue como el fujimorismo fue convertido en el sector apestado de la nación, a pesar de que la política peruana nunca dejó de arrastrarse por el fango de la corrupción.

¿Pero es acaso cierto todo lo que dicen los declarados enemigos del fujimorismo? ¿De qué memoria y de qué dignidad nos hablan? Si tuviesen memoria, tendrían que recordar en primer lugar cómo era el Perú en 1990, un país quebrado, sumido en la ruina total, en la miseria más absoluta, bajo el ataque de dos grupos terroristas de izquierda, uno maoista y otro castrista, que con sus acciones de sabotaje y crimen habían sembrado el terror y el miedo en la población. Sería difícil, largo y tedioso describir cómo era el Perú de 1990, pero mencionemos solo algunas pocas cosas para que estos babosos que tanto hablan de "memoria y dignidad" se enteren. 

En 1990 en el Perú la moneda no valía nada. Las cosas subían el mismo día: tenían un precio en la mañana y en la tarde ya estaba más caro. Las empresas decidieron pagar semanal porque era imposible esperar a fin de mes, ya que el dinero se devaluaba todos los días. Ya le habíamos quitado seis ceros a las cifras monetarias porque los montos no cabían en las máquinas ni en los papeles. En consecuencia no había forma de hacer presupuestos, no había créditos. El Banco de la Nación no tenía dinero para pagarle a los maestros ni a nadie. Mi madre que era maestra pasaba apuros indecibles cada fin de mes para poder hacer efectivo su cheque del Ministerio de Educación. Había que ir de agencia en agencia esperando encontrar una que tuviera algo de efectivo. 

Las colas para comprar productos de primera necesidad eran normales. Colas enormes para comprar solo tres tarros de leche o dos kilos de arroz porque todo estaba racionado, como en los países comunistas. En Lima faltaba agua. El agua llegaba por horas cada día. Todos tuvimos que poner tanques en la azotea o comprar bidones de ochenta y cien litros. Un día salió agua de desagüe por los caños. Así de mal estaba la administración de Sedapal. No había plata para hacer mantenimiento. Tampoco había energía eléctrica por los constantes apagones que provocaba la voladura de torres de alta tensión de Sendero Luminoso. Las calles de la ciudad estaban repletas de generadores eléctricos o grupos electrógenos para que los negocios pudieran funcionar. 

Salir a provincias era imposible. Las carreteras estaban en ruinas por la falta de mantenimiento. El viaje a Huaraz que hoy me toma cinco horas en eos días tomaba el doble, porque había que ir sorteando los tramos destruidos. Cómo estarías de mal las vías que a veces se invadían los campos de cultivo para poder vanzar. En el interior había que tener suerte para no toparse con una banda armada que pedía cupos para dejarte pasar. No existía la policía en toda la ruta. Lo mismo era transitar por la ciudad. Toda Lima estaba repleta de tranqueras. Los primeros en poner tranqueras eran las comisarías, luego las empresas que se creían importantes. El hecho es que no se podía transitar por la ciudad. 

Para no hacerla larga, debo mencionar el miedo en que se vivía. Los coches bomba se oían en toda la ciudad. Yo escuché el coche bomba de Tarata estando en San Borja. Una madrugada le pusieron un coche bomba a un vecino de la siguente cuadra. Le destrozaron la cochera y media casa. Según el dueño de casa fue un error de Sendero Luminoso, pero en menos de una semana toda la familia emigró a EEUU como refugiados. Así fue como perdí a uno de mis mejores amigos. No fue el único. Más de la mitad de mis amigos se fueron del país. Ese fue el Perú que recibió Alberto Fujimori en 1990.

Hay que mencionar que Fujimori no la tuvo fácil. Todos los partidos políticos tradicionales a los que derrotó se aliaron para hacerle la vida imposible. Bastaría mencionar la "Ley de Control Parlamentario sobre los actos normativos del Presidente de la República". LEY Nº 25397, que pretendía atar de manos a Fujimori y pasar todos sus actos por la aprobación del Congreso. No había pues manera de que Fujimori pudiera gobernar y tomar las medidas urgentes que el país necesitaba sin tener que esperar la aprobación de sus enemigos en el Congreso que solo querían verlo fracasar. En tales circunstancias, a Fujimori no le quedó más remedio que disolver el Congreso.

Para ser honestos, Alberto Fujimori dirigió el mejor gobierno de toda la historia de la República. Esta es una afirmación sustentada en la situación en que Fujimori encontró el país y cómo lo dejó. Allí están además las estadísticas que demuestran el crecimiento del PBI y del empleo, así como el inicio de la reducción de la pobreza. Controlada la hiperinflación y el terrorismo, lo que hizo Fujimori fue resolver los principales problemas del país, empezando por reconstruir toda la red vial nacional. Inició la privatización de las empresas públicas que solo habían arrojado pérdidas durante veinte años. Algunas hubo que cerrarlas porque nadie las quería. Se cerraron los bancos de fomento que estaban todos quebrados. Se redujo el aparato público dando incentivos para que la gente renuncie.

Toda esa operación de saneamiento del Estado y rescate de la economía es hoy denigrado por la izquierda y el sindicalismo, pues acusan a Fujimori de haber despedido trabajadores. Claro que se despidieron trabajadores del Estado y con muchos beneficios para ellos, porque no se podía seguir manteniendio tanta burocracia dorada e inútil. Pero durante el toledismo y el alanismo se reintegraron decenas de miles de trabajadores al Estado engrosando la burocracia inepta y parásita.

Después de Fujimori tuvimos al fin un país de verdad, con una economía saneada donde se podían hacer presupuestos y donde todos podían tener una tarjeta de crédito. Los terroristas estaban presos o muertos. El país vivía una era de crecimiento y prosperidad. Muchas empresas llegaron a invertir en el Perú y los empleos empezaron a crecer. Pero por desgracia, los enemigos del fujimorismo iniciaron el bloqueo de todas esas reformas, paralizaron las inversiones mineras que nos permitieron crecer, modificaron las leyes laborales para incrementar absurdamente los derechos laborales y reducir la empleabilidad, se dedicaron a atacar a las AFP, la Constitución del 93 y todo lo que sea un "rezago del fujimorismo". 

Los últimos 20 años han sido una época de adoctrinamiento antifujimorista. Se han ocultado sus logros y se han exagerado sus defectos, se le ha cargado absurdamente crímenes que no cometió, como los de Barrios Altos y La Cantuta; se le han inventado mitos absurdos como los US$ 6,000 millones robados o las 300 mil esterilizaciones forzadas. Se le ha atacado de todas las formas sin opción a la defensa. Todo el progresismo y la caviarada se apoderaron de los medios para denigrar a Fujimori. Nadie jamás quiso ocuparse contar la verdad y hacer un balance real de los hechos en los 90. 

En lo que a mí respecta, sí tengo memoria y dignidad. Doy gracias a Alberto Fujimori porque nos devolvió la dignidad de ser un país libre, una sociedad que puede vivir en paz y tranquilidad, que puede salir de sus casas sin miedo a ser asesinado o volar en un atentado, que puede tener agua y luz en sus casas sin temor, que puede hacer planes y tener esperanza en el futuro. Esa es la dignidad que nos devolvió Alberto Fujimori. No es la misma falsa dignidad que los progres dicen que Velasco le dio a los campesinos. Mentira. Velasco empobreció a los campesinos al extremo que tuvieron que invadir los arenales de Lima para sobrevivir. De esa época de crisis velasquista es que salieron Villa el Salvador y todo el cono norte. ¿Cuál es la dignidad? 

Si hablamos de memoria y dignidad solo queda reconocer cómo cambió el Perú para bien gracias a Alberto Fujimori. Fue él quien nos devolvió la dignidad para vivir como ciudadanos de un país que va rumbo al progreso. Lo ridículo es que los progres se dedicaran a condenar al fujimorismo por los actos de corrupción política, pero haciéndolo desde las cloacas en que se movían en medio de gobiernos como el de Toledo, Ollanta o Vizcarra. No debemos olvidar que los años 2000 han sido los de mayor corrupción de toda nuestra historia. Pero estos falsos profetas de la moral solo se dedicaron a escupir sobre la memoria de Alberto Fujimori patra quedar bien con sus patrones de la mafia cviar, pero muy mal ante la historia.

La masacre de Barrios Altos

Por: Víctor Robles Sosa

Casi 18 años después de la matanza de Barrios Altos, acaecida en la calle Huanta de Lima el 3 de noviembre de 1991, los entretelones ocultos de aquel episodio trágico salen a la luz pública por primera vez, en este informe especial, para que el mundo entero sepa la verdad.

Durante ese tiempo, se afirmó que las 15 personas ejecutadas extrajudicialmente aquella vez eran inocentes, y que se les ejecutó como parte de una represión indiscriminada con la que el estado quiso aterrar a la población. Según este testimonio clave, todos los ejecutados, excepto el niño fallecido accidentalmente, eran terroristas o cómplices de estos.

En otro caso parecido (La Cantuta, diez muertos), los periodistas Álvaro Vargas Llosa, Efraín Rua y Ricardo Uceda descubrieron años después que las víctimas eran activistas de Sendero Luminoso, pero en lo que respecta a Barrios Altos nadie indagó a fondo lo ocurrido.

En el año 2005 se supo que un agente del servicio secreto arrestado había sido testigo directo de lo sucedido en el famoso solar del jirón Huanta, pero nadie se atrevió a buscarlo y entrevistarlo por razones que no vienen al caso abordar ahora.

Aquel testigo es el ex agente de inteligencia del ejército Douglas Arteaga Pascual, quien lo contó todo ante el tribunal que lo juzga injustamente, acusado de presunto violador de derechos humanos. La Fiscalía ha reconocido que Arteaga jamás integró el Grupo Colina, pero igual lo acusa absurdamente de “complicidad”, por razones políticas.

Este periodista logró acceder a las actas judiciales que registran el testimonio que brindó Arteaga a la 1ª Sala Penal Especial de Lima que preside la vocal Inés Villa Bonilla, y a partir de ella hemos conocido los hechos ocultos que hoy salen a la luz en este informe.

Como consta en las actas respectivas, el agente Arteaga declaró al tribunal que vivió tres años (1989-1991) en el solar del jirón Huanta donde se produjeron los hechos, como infiltrado en una célula de Sendero Luminoso que tenía su base en esa quinta.

Arteaga rindió su testimonial en tres audiencias consecutivas de la sala Villa Bonilla realizadas los días 15, 22 y 29 de marzo del 2006. Su declaración había sido mantenida en secreto total, hasta ahora.

Infiltrado

En la primera acta, consta que Arteaga se infiltró en Sendero Luminoso en 1989 cumpliendo un plan del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE) llamado “Telaraña”, que tenía por objetivo original recoger información sobre la penetración terrorista en las ONG y en los partidos políticos de izquierda marxista.

El agente fue “sembrado” primero en un asentamiento humano de Villa El Salvador, simulando ser un vendedor ambulante que trabajaba de noche y de día era un activista de la organización vecinal de su sector, en la que después logró hacerse elegir dirigente.

Dicho cargo le permitió asistir a las asambleas de la Comunidad Autogestionaria de Villa El Salvador (Cuaves), donde fue contactado por una ONG izquierdista que le sirvió para infiltrarse en los partidos Patria Roja y Partido Unificado Mariateguista (PUM), marxistas.

Después de un trabajo paciente, y con ayuda de un supuesto militante del PUM, fue contactado por Sendero Luminoso.

Un senderista, según el testimonio de Arteaga, lo buscó en su puesto ambulante y le pidió que lo acompañara a recoger latas vacías (usadas para hacer granadas artesanales) en los basurales de Pampas San Juan. Poco tiempo después lo invitó a un “bingo” que resultó ser una reunión clandestina en la que le obsequiaron ejemplares del vocero terrorista El Diario.

“Empiezo en La Rinconada, me llevan a un local en la noche, era de esteras y allí estaban reunidos jóvenes, y dicen hay un nuevo compañero, bienvenido seas… recibí clases de entrenamiento político, ideológico, como 15 días… los instructores nos hablaban de Marx, Lenin, pensamiento Gonzalo, había documentos…Lo primero que aprendí fue la regla de oro (nunca admitas que eres del partido)…”.

El SIE le ordenó entonces que trabajara exclusivamente dentro de Sendero, para lo cual le dio una identidad falsa junto con el nombre clave de “Abadía”, y le prohibió visitar las instalaciones militares. Un tiempo después, el agente llegó a ser “mando político” de la célula de Sendero Luminoso que actuaba en Barrios Altos.

Las “polladas”

Sobre su paso por la “escuela popular” de terroristas, Arteaga declaró a los jueces que aquella estaba a cargo de personas jóvenes de carácter endurecido por el fanatismo, algunas de los cuales venían de provincias.

“Eran duros, me estudiaban psicológicamente para ver si estaba mintiendo. Tuve varias citas con ellos, me hicieron preguntas muy duras… pero aprobé esos exámenes, lo supe hacer porque yo sabía de interrogatorios…después me dijeron te vas compañero a tal sitio, me destacaban a varios destacamentos de células, acá en Lima”, relató.

El agente también les contó a los jueces como enviaba sus informes al Puesto de Inteligencia de Lima (PIL): “Normalmente mandaba mis informes cada 15 días, 20 días, de acuerdo a como se presentaba la oportunidad… informes, directivas, nombres, relaciones, croquis, locales donde se estaban realizando actividades… todo con lujo de detalles… me cuidaba después que los aniquilamientos fallaban… yo daba cuenta a mi comando advirtiendo que iba a haber un atentado a esa autoridad, contra ese puesto, etc…”.

En ese mismo testimonio, confirmó que en 1991 Sendero Luminoso realizaba polladas libremente en varios distintos puntos de Lima, sin que nadie molestara a su gente.

“En el año 91 todo estaba normal… las polladas que se realizaban eran normal… no solo en la zona de Barrios Altos, en diferentes lugares: en San Fernando (facultad de Medicina de San Marcos), también en el mercado de Lince, en Villa El Salvador, etc.”

“Cuando había ceremonias por el cumpleaños del camarada Gonzalo siempre se realizaban eventos… y en nuestros cumpleaños hacíamos velas con la forma de la hoz y el martillo… no había por qué temer entonces”.

Arteaga reveló luego que después de haber pasado por la “escuela popular” de formación de terroristas fue enviado a integrarse en un destacamento integrado por siete personas, encargado de realizar atentados en diferentes zonas de Lima.

Barrios Altos

Al testificar sobre lo sucedido en Barrios Altos, declaró a la sala que el solar del jirón Huanta donde se produjeron las ejecuciones judiciales del 1 de noviembre de 1991 era una base de operaciones de Sendero Luminoso.

Precisó que cada vez que Sendero ordenaba que su destacamento ejecutara un ataque, él y los demás terroristas del grupo eran encerrados tres días antes en un cuarto de dicho solar, y de allí salían directamente a cumplir su misión criminal, a las 7 u 8 de la noche.

Con respecto a la pollada cruenta del 1 de noviembre, Arteaga contó de manera detallada como fue organizada aquella reunión fatídica: “La actividad, la pollada que estaba prevista, la hemos hecho nosotros, el partido (Sendero Luminoso)…”

“…Los vecinos sabían y no decían nada, sabían que éramos compañeros…Yo trabajé dos años en esa casa, me conocen todos los vecinos, me conocen como de ahí, pero no sabían que me llamaba Arteaga…”

El agente precisó que durante los dos años vivió en una habitación del primer piso, que compartió con la familia del “compañero” Filomeno León León, uno de los ejecutados extrajudicialmente.

“El compañero León era mi amigo, no lo niego… vivía con él en ese cuartito que él alquilaba. León arreglaba cocinas, había un televisor grande y sobre el televisor había siempre un gato grande, le decíamos Pirincho, era nuestra mascota…”, afirmó.

En otro momento, declaró al tribunal que Sendero Luminoso tenía dos locales en la quinta del jirón Huanta, y los ocupó en principio con el objeto de asesinar al entonces primer vicepresidente de la república y presidente del Congreso Máximo San Román.

“¿Por qué creen que (los senderistas) tomaron ese local de Barrios Altos?. Les voy a decir la verdad, para que sepa todo el mundo, es sorpresa quizá para ustedes: Cuando en ese tiempo estaba el ingeniero (Máximo) San Román de vicepresidente, por ese lado pasaba todos los días con su carro negro, por el jirón Huanta; entonces ¿Cuál era el objetivo? Era accionar, a través de un control remoto (una bomba), para volarlo con su carro. No se llevó a cabo eso porque peleó, hubo problemas, pero ese era el objetivo…”, narró Arteaga Pascual.

También reveló que el grupo terrorista del solar del jirón Huanta utilizaba triciclos y carros de heladeros para transportar dinamita, anfo y armas.

“En esos triciclos, que vendían aparentemente macetas y abono para plantas, en Miraflores y San Isidro, llevábamos el anfo, en los maceteros vacíos llevábamos los medios…, también en las carretillas de Donofrio, de heladero…”, declaró.

Guarida terrorista

En la audiencia del 22 de marzo, preguntado por la presidente del tribunal para que haga algunas precisiones a su anterior declaración, Douglas Arteaga reveló que en el departamento que ocupaba junto con Filomeno León, había una base y una “escuela popular” que tenían como cubierta un supuesto taller de reparación de cocinas:

“En ese ambiente había una escalera de madera sobre el piso, pegada a la pared, (por la que) nosotros, de rato en rato, cada hora o media hora, subíamos al segundo piso (altillo), donde había siete u ocho camarotes, ahí dormíamos. Y no solo yo, venía gente de provincia y se alojaba allí… hacían un trabajo (atentado) en Lima y se regresaban”

“Tapábamos ese recuadro (entrada) del techo raso y quedaba como si no hubiese nada… cuando alguien llegaba, no se veía ninguna escalera y el techo raso estaba normal… se ponía un radio o un televisor encendido a volumen, y arriba, en la pizarra acrílica, se daba instrucciones… la escuela funcionaba normalmente”.

“En la puerta (del solar) había un letrero ‘se arreglan cocinas Surge’, y ahí estaban las herramientas, ahí estaba el señor arreglando, el compañero…”, pero todo era aparente, para encubrir las verdaderas actividades que realizaban los terroristas en el lugar.

Después de la matanza

En la audiencia del 15 de marzo, Arteaga contó otro hecho inédito: los terroristas que sobrevivieron a la incursión con ejecuciones extrajudiciales en el viejo solar de Barrios Altos se reunieron al día siguiente de esos hechos, para hacer un balance de lo sucedido:

“Después de este problema que hubo (la matanza) hemos hecho un arqueo, un balance, al día siguiente que pasó esto. Nos hemos reunido en Acho, donde un compañero de nosotros… hemos hecho como que hemos ganado… A mi me ha sorprendido que en el segundo piso (del solar) también se realizó una pollada… eso no estaba previsto”

Arteaga dio a conocer después que la dirigencia limeña de Sendero Luminoso había ordenado que se cancele la pollada fatídica del jirón Huanta, pero aquella orden se incumplió porque las invitaciones ya habían sido repartidas y confirmadas. Además, según reiteró, las polladas de terroristas eran frecuentes y nunca había ocurrido nada:

“El Comité (Sendero) nos dijo la actividad se va a suspender, ya no vayan compañeros, ya no vayan. Pero fue muy tarde, porque ya se habían repartido las tarjetas, 15, 20 tarjetas en cada una de las diferentes bases… para que vayan y colaboren con el partido…”.

Arteaga dijo que él mismo vendió tarjetas de la pollada a varios terroristas y miembros de base de Sendero Luminoso que asistieron a la reunión y murieron en ella.

En la misma audiencia, el agente de inteligencia relató al tribunal que durante el tiempo que permaneció infiltrado en la banda armada maoísta se esforzó por demostrar que era un buen agente del servicio de inteligencia del ejército:

“Quería esmerarme, quería demostrar que podía combatir solo… las claves y señas que aprendí adentro las mandaba por escrito (al SIE). Aprendí un montón de claves dentro del partido… las daba (al SIE) y ellos las empleaban. Entonces yo desbaraté, rompí esa clave para poder capturarlos. Por eso me siendo orgulloso, siento que he cumplido mi misión…”.

“Lo he hecho porque tenía ese coraje, tenía esa valentía, digamos esa argucia, ese arte de uno que le gusta trabajar sin ser descubierto. No me han descubierto en tres años que he trabajado con ellos, ni siquiera he dejado que salga una sospecha… yo me siento como un héroe… he combatido al enemigo…”, agregó Douglas Arteaga.

Masacre de Húsares

En las actas judiciales consta además que Arteaga narró que la célula senderista de Barrios Altos perpetró el ataque terrorista contra el ómnibus de la escolta presidencial Húsares de Junín, acaecido el 3 de junio de 1989, en el que murieron seis soldados y un policía. Este hecho continúa aún en la impunidad, sin haberse esclarecido judicialmente.

Con lujo de detalles precisó que los terroristas que asesinaron a los Húsares de Junín se disfrazaron de basureros con ayuda de infiltrados en el sindicato de obreros de la municipalidad de Lima que les dieron los uniformes y carros recolectores. Aquel día los criminales colocaron una bomba debajo del bus militar y lo hicieron volar en pedazos.

En el atentado también fue asesinado un policía que repelió a los terroristas con su pistola, y quedaron heridas once personas entre militares y civiles. La onda expansiva de la potente bomba destruyó además 11 casas modestas.

La versión del agente indica igualmente que en aquel ataque resultaron heridos algunos terroristas. En el acta está registrado así:

“En (la plaza) 2 de Mayo nos juntamos en la noche (anterior) para repartir los cochecitos de hacer la limpieza en la madrugada…  inclusive tengo ex camaradas que están heridos de ahí, se han quedado lisiados…”

¿Libias senderista?

En la audiencia judicial del 29 de marzo del 2006, el agente Arteaga hizo una revelación importante que tampoco mereció la atención de las autoridades judiciales, ni del representante  del Ministerio Público, al testificar que el sobreviviente de la matanza de Barrios Altos Tomás Libias Ortega es al parecer miembro de Sendero Luminoso.

La abogada Milagritos Malpica Risco le preguntó así a Arteaga: “La sesión pasada usted nos mencionó de que había una persona sobreviviente que era miembro de su partido (Sendero), no recordaba el nombre, pero ¿si yo se lo digo puede usted reconocer a esta persona por el nombre de Tomás Libias Ortega?”

El agente respondió lo siguiente: “Así es, doctora… exacto doctora, con él he ido varias veces a La Parada, a La Victoria, al comité (senderista) de La Victoria, doctora”

Libias ha sido presentado por algunas ONG de derechos humanos como víctima inocente, ajena al terrorismo, y en esta misma condición participó como testigo de cargo de la parte civil en el juicio a Alberto Fujimori por los casos Barrios Altos y La Cantuta.

Es cierto que un solo testimonio es insuficiente para llegar a una conclusión, pero si se realizara una investigación independiente y objetiva sobre lo revelado por “Abadía”, se corroboraría su autenticidad o falsedad. No obstante, nadie ha querido investigar.

Proclamados inocentes

No obstante todo lo mencionado, la sala penal suprema que integran los vocales César San Martín, Víctor Prado y Hugo Príncipe, absolvió de toda sospecha de terrorismo a los de Barrios Altos.

Esta decisión es sospechosa ya que dicha sala conoció el testimonio de Arteaga, según consta en la sentencia a Fujimori, en la que citan textualmente pasajes de dicha testimonial. Todo indica que el tribunal tomó solo la parte de la declaración que le convenía.

El 5 de mayo pasado fue presentada al Congreso de la República una denuncia constitucional contra los vocales San Martín, Prado y Príncipe, por haber exculpado indebidamente del delito de terrorismo a los de Barrios Altos y La Cantuta.

Han pasado más de cuatro meses y la denuncia “duerme” en alguna comisión parlamentaria.

Los graves crímenes atribuidos por Arteaga a la célula terrorista que tenía su base en la vieja quinta del jirón Huanta han sido ignorados por las autoridades jurisdiccionales que tienen la obligación de hacer justicia a las personas que fueron asesinadas por ese grupo senderista.

“Abadía” ha identificado plenamente a los autores de la matanza de los Húsares de Junín, también a los que intentaron asesinar a Máximo San Román y cometieron otros atentados, pero ninguna autoridad fiscal o judicial ha hecho algo para esclarecer tales crímenes.

Según consta en las actas, el testimonio del agente fue escuchado por las vocales Inés Villa Bonilla, Inés Tello de Ñecco e Hilda Piedra, y ninguna de ellas le demandó al fiscal que cumpliera con su deber de denunciar a los presuntos terroristas.

También lo escuchó el fiscal superior Jorge Cortez Pineda, quien estaba obligado a investigar de oficio los hechos denunciados por Arteaga, pero tampoco lo hizo.

La misma actitud asumió el entonces Procurador Público (abogado del gobierno) para el caso Barrios Altos, Pedro Gamarra Johnson, actual máximo procurador anticorrupción.

Estuvieron presentes igualmente los abogados Gloria Cano Legua, David Velasco Rondón y Gustavo Campos Peralta, de las ONG Aprodeh, Fedepaz y Comisedh, quienes tampoco han defendido los derechos humanos de las víctimas de los terroristas de Barrios Altos, más bien han ocultado este tema, cubriéndolo con un manto de silencio cómplice e injusto.

Esta actitud asumida por las autoridades señaladas es al parecer delictiva. Y en el caso de las ONG, no sería ilegal, pero sí es politizada, inmoral y repugnante.

La nefasta dictadura de Velasco y sus secuelas

 

En 1968, más del 50% de los hogares aún eran pobres, la inversión pública se había reducido en 30%, el Producto Bruto Interno (PBI) se encaminaba a caer 0.4%. Previamente, en 1967, se había producido una severa devaluación de la moneda peruana por un reajuste en la economía. Este tuvo como finalidad dar solución al desequilibro en la balanza de pagos del país y los problemas con los ingresos fiscales, los cuales generaban desconfianza en la economía.

En setiembre, una alta y anormal demanda de divisas generó que el Banco Central de Reserva se retirara temporalmente del mercado cambiario para desincentivar la especulación. Por ello la moneda mostró una marcada devaluación y esto pudo observarse en el tipo de cambio, pues mientras en enero un dólar equivalía a 26.82 soles de ese entonces, en setiembre llegó a costar 40.5 soles. El accionar del BCR y otras medidas permitieron reducir el tipo de cambio a S/38.7 por dólar. Varios meses después, en junio de 1968, el presidente Fernando Belaunde Terry nombró a Manuel Ulloa Elías como ministro de Economía, quien armó un conjunto de medidas para sanear las finanzas públicas y lograr el equilibro de la balanza de pagos. Destacaron la priorización de capitales nacionales en proyectos o actividades estratégicas, y el anuncio de una reforma tributaria. En esta se dispuso el Impuesto a la Renta Global, que permitió captar una contribución sobre todas las rentas del contribuyente, el establecimiento de un impuesto al patrimonio accionario, y la diferenciación entre la tributación de personas naturales y jurídicas. En ese contexto, surgió el escándalo respecto a la entrega del complejo petrolero de La Brea y Pariñas de la International Petroleum Company (IPC) al Estado y la supuesta desaparición de una página del contrato con esa empresa.

Ello provocó una crisis política y malestar en la población. Para algunos sectores, representaba una oportunidad que el APRA iba a usar para ganar las elecciones generales de 1969. Las Fuerzas Armadas, con el general Juan Velasco Alvarado a la cabeza, aprovecharon esa situación para dar el infame golpe de Estado del 3 de octubre de 1968, sacando al presidente Belaunde.

El gobierno de Velasco, que también se conoce como la primera fase, duró hasta agosto de 1975, cuando fue derrocado por otro militar que incluso fue su ministro de Economía, el general Francisco Morales Bermúdez Cerruti, quien inició la segunda fase del Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas.

Velasco actuó con respaldo total de los institutos armados. Su intención era hacer un gobierno de largo plazo para modificar la estructura productiva y social del país, aspirando a imponer una propiedad social y buscando afectar la propiedad privada. Entre sus políticas sobresalen por nefastas la reforma agraria y la creación de 175 empresas públicas, en su mayor parte estatizando empresas privadas que venían funcionando con éxito. Se nacionalizaron actividades extranjeras lo que terminó afectando la llegada de capital externo al Perú en comparación con otros países de América Latina. Su carrera estatista causó graves problemas económicos y pérdidas, de las cuales el Perú aún no se recupera por completo. El pretexto que los militares dieron para el golpe fue que supuestamente el gobierno de Belaunde había incurrido en una “pseudo solución entreguista, dada al problema de La Brea y Pariñas” y por la supuesta desaparición de la página 11 del contrato, que existía una “descomposición moral en el país” que había llegado a extremos. Con seis días en el poder, el 9 de octubre, el Gobierno anunció la expropiación de la IPC y la ocupación de la Refinería de Talara. La aún existente PetroPerú se hizo con la nacionalización y estatización de la International Petroleum Company. Empresas eléctricas fueron reemplazadas por la estatal Electrolima. En el sector pesquero 84 empresas fueron afectadas y se creó Pesca Perú. Y en transporte aéreo, con Aerolíneas Peruanas se hizo AeroPerú. En minería, la Cerro de Pasco Copper Corporation pasó a ser Centromín Perú y la Marcona Mining Company se convirtió en Hierro Perú. Cabe anotar que con la estatización estas empresas se alejaron de la modernización de las tecnologías de explotación y procesamiento del mineral, por lo que muchos de los pasivos ambientales que hay en el Perú se han arrastrado desde el velascato.

Pérdidas, deuda e inflación tremendas

La aventura empresarial del Estado entre 1968 y 1979 acarreó pérdidas acumuladas de US$ 2500 millones, un monto que proyectado a valores actuales supera los 18,840 millones de dólares. El aparato público creció de tal manera que la planilla estatal había aumentado 83%. Los gastos superaban los ingresos del Estado y hubo que cubrirlos con préstamos. Por ejemplo, el gasto aumentaba 8.62%, mientras que el ingreso solo creció en 4.51%. Para financiar este gasto, la deuda pública pasó del 15% del PBI al 48%; esto significó que la deuda por cada peruano se multiplicaba por cinco. La deuda externa pactada a tasas variables, además, se incrementó mucho. Mientras tanto, el déficit fiscal era cada vez mayor conforme avanzaba el gobierno militar.

En 1968, cuando se dio el golpe a Belaunde, la inflación era de 9.8%; en 1969 fue de 5.7% y en 1976, luego de la salida de Velasco, la cifra fue de 44.6%. Con Morales Bermúdez, la inflación llegó increíblemente a 73.9% en 1978.

Aunque el ingreso per cápita real entre 1950 y 1968 había mostrado una tendencia creciente, con las medidas del gobierno militar, la cifra se estancó y decayó. El promedio de una década entre 1968 y 1978 fue solo de 0.7%.

Otra cosa que no puede olvidarse es que el deterioro económico en que cayeron importantes sectores de la población se inició con las medidas de ese régimen. A partir de 1974 se observa una caída en los salarios reales en el sector privado, mientras que el salario mínimo mostró una tendencia a la baja a partir de 1972. Los niveles de pobreza y pobreza extrema crecieron y revertir esa condición resultó muy difícil. Para 1970, la población en pobreza era el 35% y en pobreza extrema, 15%, según las estimaciones hechas por el economista Adolfo Figueroa. Mucha gente pasó a estar desempleada y aumentó el subempleo. Según las cifras del INEI, a partir de 1974 la tasa de desempleo pasó de 4% de la población económicamente activa (PEA) a más de 7% en 1978. Mientras que el mayor indicador de subempleo se registró en 1977 con 48% de la PEA. Muchos aún no han podido salir de ese deterioro, señala un análisis del Instituto Peruano de Economía.

Para lograr sus objetivos el gobierno de Velasco optó por ir en contra del enfoque de un mercado libre y abierto, es decir, contra el fomento del comercio exterior y la captación de inversión extranjera necesaria para la generación de empleo. De esta manera aplicó políticas proteccionistas que implicaron una nociva intervención del Estado en la economía y el fomento de un crecimiento orientado hacia adentro. La política comercial impedía la libre importación lo que perjudicaba al consumidor. Revisar los niveles arancelarios efectivos nos da una idea. Entre 1948 y 1959 solo llegaron al 16%, mientras que entre 1968 y 1975 llegaron al 105%.

“Al acentuar la política de sustitución de importaciones, el Gobierno convirtió al sector manufacturero en el líder de la economía, aunque sin llegar a desarrollar una industria local de alta intensidad tecnológica, productora de bienes de capital e insumos, y sin articular la economía ni el mercado interno, con lo cual no pudo modificar la composición del comercio exterior. (…) un modelo de capitalismo de Estado depende de un alto nivel de inversión privada, (…) hoy en día estos años son recordados como el punto de inflexión de la inversión privada; es decir, cuando el sector privado disminuyó su participación en la inversión agregada. De esa manera, el aumento de la demanda por productos industriales pasó a depender del gasto público, con lo cual el déficit fiscal aumentó a niveles críticos e insostenibles”, señala el historiador económico Luis Ponce citando a Carlos Paredes y Alberto Pasco-Font.

Todo era inversión pública

Ello se ve al analizar estas cifras: mientras en 1968 la inversión pública representaba el 29.5% de la inversión total (pública y privada), en 1974 llegó a ser el 52.3%. Se ve un total alejamiento de la inversión privada que hoy en día, en una economía más saludable, representa casi el 80% del total. Para compensar la ausencia de la empresa privada, entre 1968 y 1974 (inicio y fin del régimen de Velasco), la inversión pública pasó de ser el 12% del PBI al 18.6%. El alto gasto del Estado se mantuvo incluso con Morales Bermúdez, pero sin modificarse su distribución entre costa, sierra y selva. A pesar del supuesto enfoque reformista del gobierno militar, la costa siguió siendo el principal destino de la inversión pública (56.1%), seguida por la selva (15.9%) y dejando rezagada a la sierra (11%). Pese a ello, no superó la de los veinte años anteriores al golpe. Una de las inversiones públicas que no tuvo rentabilidad, que generó mucha deuda externa y que, además, tiene contingencias ambientales fue la construcción del Oleoducto Nor Peruano, con 1,106 kilómetros de largo, para transportar petróleo desde San José de Saramuro, en Loreto, hasta Bayóvar, en Piura. Fue encargado en 1972, un año después la firma Bechtel asumió la obra y en 1977 entró en operaciones. Costó US$800 millones de la época (hoy serían casi US$4,739 millones).

Respecto al dólar, había un control estatal para su circulación y su libre posesión estaba penada. Solo el Estado podía vender la moneda norteamericana y había un límite que debía ser sustentado, para un viaje, por ejemplo.

La reforma agraria

La reforma agraria consistió en la expropiación y distribución de casi 11 millones de hectáreas entre 340 mil familias con el supuesto objetivo de transformar la estructura de titularidad de la tierra. La medida, además de trasgredir el derecho de la propiedad privada, tampoco tuvo un impacto generalizado entre la población campesina, aunque así lo recuerden algunos. Cuando se inició el gobierno de Velasco, las 340 mil familias mencionadas solo representaban el 28% de las familias campesinas del Perú. La consigna era “la tierra para quien la trabaja”; se iba a dar en propiedad a cada familia campesina un área de tierra para cultivarla, mantener la economía familiar y producir para ingresar en el circuito de mercados. Sin embargo, esto no sucedió pues la productividad fue seriamente afectada.

El 24 de junio de 1969, se promulgó el Decreto Ley Nº 17716 para eliminar el latifundio, el minifundio y toda “forma antisocial” de tenencia de la tierra. El esquema se centraba en estatizar las tierras más ricas o aprovechables o las empresas más tecnificadas, expropiar, repartir y cooperativizar las tierras de importancia secundaria.

Si bien la reforma eliminó temporalmente algunas causas de conflictos sociales del campo que venían desde tiempos previos a la República, no logró que estas empresas de carácter asociativo lograran el desarrollo deseado. Sobrevino un proceso masivo de parcelación individual y minifundismo, lo cual restó eficiencia a la explotación de las tierras y la producción agraria, pues se trataba de reducidas extensiones que no alcanzaban altos niveles de calidad ni cantidad en las cosechas.

Con la liquidación del latifundismo, el Perú desactivó su sistema productivo. Alrededor de 11 millones de hectáreas fueron adjudicadas a cooperativas y comunidades campesinas. Se formaron cooperativas agrarias de producción (CAP) en las haciendas agrícolas de la costa como propiedad colectiva de los trabajadores agrícolas; y las sociedades agrícolas de interés social (SAIS) en las haciendas ganaderas de los Andes como combinación de cooperativa de trabajo asalariado y comunidades campesinas tradicionales. Para 1979 habían sido expropiados 15,826 fundos, es decir, un total de 9′065,772 hectáreas de tierra cultivable. Haciendas tradicionales como Cartavio (W. R. Grace & Co.), Casa Grande (familia Gildemeister), Roma (familia Larco), Cayaltí (familia Aspíllaga), Sociedad Viuda de Virgilio Dall’Orso (distrito de Pucalá), Pomalca (familia De la Piedra), Tumán (familia Pardo) y Laredo (familia Chopitea), pasaron a ser cooperativas administradas por los trabajadores.

El efecto negativo de las medidas se observó en las exportaciones peruanas. Entre 1969 y 1975, el Perú importaba más de lo que exportaba, por lo que los envíos al extranjero se redujeron 1.93% entre 1969 y 1975, mientras que las importaciones aumentaron 8.68%.

Malas políticas, graves consecuencias

El régimen militar dispuso en 1970 la creación de la comunidad industrial en las empresas privadas, figura con personería jurídica propia, por la que los trabajadores accedían hasta el 50% a la propiedad, gestión y utilidades de una empresa.

El gobierno de Velasco estuvo muy enfrentado con la Sociedad Nacional de Industrias (SNI). Tanto así que la obligó a eliminar la palabra nacional del nombre. Raymundo Duharte, su entonces presidente, fue un empresario de metalmecánica que, por defender al gremio empresarial y a la industria en general en 1973, acabó viviendo siete años en Ecuador, a donde su avión fue desviado por Velasco cuando regresaba de un viaje familiar a Japón. Se le prohibió entrar al Perú. George Schofield Bonello, expresidente de la SNI, se refiere así al gobierno de Velasco: “la reforma agraria desmanteló el latifundio que permitía una economía de escala para los cultivos industriales, y las malas políticas agrarias atentaron contra la competitividad, calidad y mejora del algodonero en el Perú”. Este efecto golpeó a todas las empresas productivas agrícolas. Las industrias algodonera y azucarera estuvieron entre las más afectadas.

La crisis y el ‘Tacnazo’

El final del gobierno de Velasco comenzó en 1973, cuando en febrero fue hospitalizado de emergencia por un aneurisma que le generó una gangrena en la pierna derecha. En marzo sufrió la amputación de la pierna y unas semanas después volvió a tomar el mando que temporalmente había estado en manos del premier, general Edgardo Mercado Jarrín.

Velasco tomó medios de comunicación en julio de 1974 y ello originó protestas. El tenso clima se prolongó. En febrero de 1975 se inició una huelga de la Policía que el día 5 terminó con una fuerte represión que dejó decenas de muertos, más de 150 heridos y más de mil detenidos. La imagen de Velasco quedó muy afectada. Ello sumado a casos de corrupción dentro del régimen fueron el contexto para sacarlo del poder el 29 de agosto de 1975, cosa que hizo, desde Tacna, su ex ministro de Economía general EP Francisco Morales Bermúdez Cerruti. Este no era parte de su círculo más allegado al momento del golpe de 1968; sin embargo, a los siete meses lo convocó para la cartera de Hacienda, como se le llamaba entonces a ese ministerio, que ya había ocupado antes por dos meses en el primer gobierno de Belaunde.

Morales Bermúdez se había mostrado incómodo con decisiones de Velasco, por ejemplo, respecto al presupuesto del SINAMOS, que promovía campañas de concientización y movilización, y que eliminó en 1978. Semejante posición tuvo con el Plan Inca y con la propiedad social.

La segunda etapa del gobierno militar se extendió hasta el 28 de julio de 1980 y deshizo parte de las políticas velasquistas. Tras una crisis, convocó a una Asamblea Constituyente, que presidió el fundador del APRA, Víctor Raúl Haya de la Torre, la que redactó la Constitución de 1979 que rigió hasta 1993. Finalmente, convocó a elecciones para mayo de 1980 y en las que Fernando Belaunde Terry fue elegido para un segundo mandato.

Fuertes compras militares y subsidios

Los altos gastos en compras militares fueron uno de los principales motivos del endeudamiento externo durante este gobierno. La partida llegó a ser una de las más altas durante el gobierno militar y esto se dio en sus dos fases, es decir, tanto con el general Juan Velasco Alvarado como con el general Francisco Morales Bermúdez. El 25% de la deuda pública externa que se contrajo entre 1970 y 1979 fue destinado a gastos militares.

Velasco hacía fuertes compras militares pensando en el centenario de la Guerra del Pacífico que se cumplía en 1979. Pensaba que el Perú no podía estar tan poco preparado como lo estuvo ante Chile en 1879. Así, el Perú distanciado del modelo liberal y de los Estados Unidos, le compró armamento a la hoy desaparecida Unión Soviética (URSS): tanques, aviones de combate Sukhoi y de transporte Antonov, helicópteros y distintos de tipos de armas. También se adquirió en 1973 un crucero lanzamisiles a Holanda, el cual se convirtió en el BAP Almirante Grau que se dio de baja en 2017.

Entre 1970 y 1977, el gasto en defensa se incrementó en 15.5%, mientras que los recursos destinados al pago de intereses aumentaron 16.5%. En ese periodo, el sector Defensa captó el 18.3% de todo el gasto del gobierno central. Fue el segundo concepto por gastos corrientes que recibía más recursos, solo superado por las remuneraciones del colosal sector público (25.6%). Las compras militares se pusieron más fuertes a partir de 1974, luego de que en 1973 el general Augusto Pinochet dio un golpe de Estado en Chile.

De otro lado, los subsidios excesivos también llevaron a engrosar el endeudamiento externo. El gobierno militar subvencionó las importaciones de gasolina y de alimentos, mientras mantenía el control sobre los precios de los productos agrícolas nacionales. Todo esto aceleró el crecimiento del déficit fiscal. En 1974, el 45% de los gastos corrientes se financiaban con deuda externa.

Por todo ello el déficit fiscal iba en aumento durante el gobierno de Velasco y no hizo más que empeorar hasta 1977, cuando en el segundo año de Morales Bermúdez, el déficit fue el 7.5% del PBI. Esta realidad recién comenzó a cambiar en 1978, cuando se redujeron los gastos de capital en la inversión pública en 10% y los subsidios en casi 60%.

El condenable despojo de los medios de comunicación

La libertad de prensa y de información son derechos estrechamente relacionados a la democracia. El régimen de Velasco no los respetó.

En marzo de 1970 comenzaron a sentirse los fuertes pasos de la dictadura militar del general Juan Velasco contra los medios de comunicación. Los diarios Expreso y Extra de Editora Nacional, propiedad de Manuel Ulloa, fueron expropiados. Entre protestas y tensiones se llegó a julio de 1974, cuando en vísperas de las fiestas patrias, se confiscaron otros medios, atentando contra la libertad de expresión y contra el derecho de  la ciudadanía de elegir cómo se informaba y qué medios consumía. Sufrieron ese despropósito El Comercio, La Prensa, Última Hora y Ojo, y a la lista se sumó la clausura de la revista Caretas y las radioemisoras Radio Noticias y Radio Continente. Antes, los canales de televisión también habían sufrido la presión del gobierno velasquista para que vendieran el 51% de sus acciones al Estado, el que finalmente controlaría el contenido que dichos medios propalarían.

América, Panamericana y el canal del Estado (actual TV Perú) estaban controlados por Telecentro, entidad similar a la OCI para regular el contenido transmitido por televisión en favor del régimen militar.

Las protestas de dueños y directores de medios ante la dictadura les valieron a algunos ser deportados. Enrique Zileri, de Caretas, fue deportado en 1969 a Portugal (de ahí pasó a Madrid unos meses) y en 1974 pudo refugiarse en Argentina. Francisco Igartua, de Oiga, vivió tres años de exilio en México hasta 1977. Otras figuras fueron Arturo Salazar Larraín, de La Prensa; Luis Rey de Castro y el chispeante humorista Luis Felipe Angell de Lama ‘Sofocleto’.

La libertad de prensa, así como libre información y opinión son derechos inherentes a la persona y están estrechamente relacionados a la democracia y a su fortalecimiento. Obviamente Velasco no los iba a respetar, pues su pretensión era usar los medios como vías de propaganda.

El Plan Inca resumía el pensamiento de la revolución sobre la prensa de gran circulación. Sin libertad de prensa, la dirección de los diarios fue asignada a la OCI (Oficina Central de Información), ente estatal que se encargaría de filtrar el contenido que fuera posteriormente publicado por los periódicos, creando una sola opinión propagada por todos los medios escritos.

Una sospecha razonable

Dirigía El Comercio en esos tiempos don Luis Miró Quesada de la Guerra. Meses antes de producirse la confiscación, se reunió con el general Velasco en Palacio de Gobierno. Fue en correspondencia al saludo que le había hecho llegar con un edecán de la Presidencia por un homenaje a su trayectoria. El Dr. Miró Quesada de la Guerra acudió en compañía de uno de sus nietos, Álvaro Roca Rey, quien inicialmente se quedó en la sala de espera, pero a los pocos minutos fue invitado a pasar al despacho de Velasco.

Roca Rey nos cuenta que el general, quien ya había sufrido la amputación de la pierna, quiso mostrarse cordial “y hasta dijo que era una reunión amical, familiar”. Sin embargo, la cita que se pensó iba a ser muy breve se fue alargando y, al mismo tiempo, adquiriendo cierta tensión. Velasco expresó que su gobierno quería tender puentes, pero que solo recibían ataques. “Mi abuelo le dijo entonces que se sentían sumamente inseguros frente a las acciones que venían dándose. Comentó la reforma agraria e incluso le llegó a decir ‘no tome el periódico, creo que lo piensan hacer’, a lo que el general respondió que no lo habían contemplado. Al salir de Palacio le pregunté su impresión y mi abuelo me respondió ‘muy mala, no me parece sincero. Nos vamos al diario’”.

Su voz había sido la más severa a la hora de condenar los abusos y exigir el respeto a la libertad de prensa, por lo que fue sometido a un arresto domiciliario el 22 de julio de 1974. Dos días después, se produjo la toma y confiscación de El Comercio.

Testimonios de tiempos duros de dictadura

Desde extremos opuestos, Roncagliolo y De Althaus nos dan su visión de lo que fue el régimen militar de Juan Velasco.

Rafael Roncagliolo respaldó al gobierno de Velasco y trabajó para este. Transcurridas varias décadas, lo analiza. “La reforma de la prensa fue un fracaso porque se formuló como el proyecto para que a la hora de comunicar llegara a los grandes lectores sociales. Eso era en teoría, pero en la práctica los medios continuaron todo el tiempo gestionados por el Estado, eso fue un lamentable fracaso. En general, el gobierno de Juan Velasco se movió en una gran contradicción entre un discurso de participación y una práctica militar de gobierno vertical. Me parece que la característica principal del régimen es esta contradicción entre este discurso participacionista mientras se ejerce un gobierno autoritario. Eso se vio reflejado en algunas reformas económicas que pudieron haber sido importantes, como por ejemplo la forma de empresa, la propiedad social, eran proyectos que pudieron haber sido importantes pero que quedaron desvirtuados por el régimen militar y que por su propia naturaleza no podía cumplir el discurso que daba”.

Según Roncagliolo, “queríamos impulsar las transformaciones sociales para que pudieran continuar cuando terminara el gobierno militar. Estábamos de acuerdo por la reforma pero, obviamente, no con que fueran hechas bajo un régimen militar, buscábamos dar paso a un gobierno civil, pero no funcionó porque al poco tiempo hubo el golpe de Morales Bermúdez y todos terminamos perseguidos o en el exilio”.

Acerca de la reforma agraria opina que era indispensable: “Todos los partidos políticos la habían planteado aunque no la habían podido realizar. La reforma agraria proponía acabar con el Perú oligárquico y crear una propiedad de la tierra menos concentrada. Yo creo que sin reforma agraria, posiblemente Sendero Luminoso hubiera avanzado mucho más, porque lo que encontraron es que los campesinos eran propietarios de las tierras y por eso las defendían. Ahora bien, se hizo con una multitud de errores y mucha burocracia, pero era un clamor al igual que la nacionalización del petróleo”.

Jaime de Althaus resalta que los principales errores del gobierno militar de Juan Velasco fueron básicamente cerrar la economía, poner unos aranceles altísimos a todo aquello que se produjera fuera del Perú, imponer el proteccionismo industrial y estatizar un conjunto de empresas privadas en casi todos los sectores, como la minería, la industria, la pesca y la banca. “Solo en el año 2006 recuperamos el PBI per cápita de 1976. Perdimos 30 años de crecimiento”, remarca.

Recuerda que con Morales Bermúdez comenzó la alta inflación como consecuencia de que el Estado tenía más gastos, pero no suficientes ingresos porque la economía no crecía. “Empezaron a pedir préstamos al BCR, que tenía que emitir dinero para prestarle al gobierno central, para cerrar sus déficits. Fue surgiendo la inflación, que ya era cerca de 60% o 70% al año y esto fue subiendo en los 80 porque Belaunde no modificó las principales líneas de las políticas de Velasco”.

El gobierno de Belaunde había comenzado la reforma agraria, pero tenía la oposición del Congreso. Este era controlado por la coalición apristaodriísta, que no le permitía llevar adelante la reforma. Avanzó poco. “Sin embargo, esta reforma de Belaunde estaba mucho mejor enfocada porque buscaba expropiar los latifundios improductivos, que estaban básicamente en la sierra y tenían una economía casi feudal sin asalariados, donde el patrón tenía una pequeña área para él y lo demás estaba entregado a los peones que producían y le entregaban, digamos, la mitad de la cosecha al patrón. Era un sistema semi servil. Eso es lo que se comenzó a expropiar en el gobierno de Belaunde y la reforma debió consistir en eso, no en expropiar las haciendas productivas de la costa, que eran las exportadoras. Ese fue el gran error”.

De Althaus también recuerda que se expropiaron los fundos modernos de la costa y estos colapsaron por un segundo gran error: “En lugar de repartir las tierras se estableció unas cooperativas de producción que no funcionaron nunca”.

Historias y vida común de los años setenta

Fueron casi doce años de gobierno militar en los que la vida de la gente de a pie continuaba. Aquí unas pinceladas a la vida diaria de entonces.

En 1961 el Perú contaba con 10 millones de habitantes, mientras que en 1972 la cifra era de 13.5 millones. Hubo un crecimiento del 35% en una década. Hubo grandes migraciones internas, principalmente de la sierra a la costa. Aunque también se migró de la sierra hacia la selva. Parte del plan de la Reforma Agraria era dar a los campesinos posibilidades de quedarse en la sierra con sus tierras, pero ello no ocurrió.

Las olas migratorias provocaron invasiones ilegales de tierras, desempleo e informalidad; al mismo tiempo se acentuó la estratificación social en la que las clases sociales estaban marcadas por la etnicidad. Velasco pensó que una forma de estandarizar la apariencia de los escolares era imponiendo el uniforme único de color plomo para todos. En educación se dispuso una amplia reforma que en el papel podía sonar bien, pero a la larga generó conflictos en la educación pública, iniciando su deterioro y los problemas con el sindicato de maestros SUTEP.

El contrabando

El Gobierno suspendió las importaciones que podían competir con la producción local y buscó tomar distancia de lo “alienante”. Pero los productos hechos en el país no tenían la misma calidad y podían costar hasta cinco veces el precio de un producto importado, como los electrodomésticos. Cerrar las fronteras comerciales trajo el contrabando, el mercado negro. Los más refinados productos podían venderse a muy alto precio.

Algunos productos no se fabricaban acá, pero sí se ensamblaban. Los automóviles eran traídos en piezas para ser armados en suelo nacional. Por la falta de capacidad, solo se podía ensamblar pocos modelos de algunas marcas: Volkswagen, Hillman, Dodge, Toyota y Datsun. Lo mismo sucedió con la marca Volvo en camiones.

Gastronomía y entretenimiento

Hubo un cambio en el patrón de las comidas en la mesa peruana. Había restricciones para la compra de carne que solo podía hacerse quince días al mes. La promoción de productos locales tuvo muy buena acogida en el sector gastronómico. Así se impulsó más el consumo del pescado, la papa y el maíz. En paralelo, el pollo se instalaba cada vez mejor en la canasta familiar porque su costo se abarataba ante la creciente industria avícola y el uso de la harina de pescado como alimento.

El cine era un pasatiempo muy popular. Había grandes salas que podían recibir hasta 1,200 personas por función, como el cine Metro, de Lima. Velasco, por cierto, creó una junta calificadora que decidía qué películas podían ser exhibidas y definía los cortes de escenas románticas o eróticas.

La censura se dio también en la música. Fue el caso de la estrella de Woodstock Carlos Santana. Su concierto en el Estadio de San Marcos, en 1971, fue prohibido. Organizar ese espectáculo le valió una deportación al empresario Pedro Koechlin.

Velasco era un admirador de la música criolla y recurrió a este género para difundir mensajes que quería promover su gobierno. Encargó al compositor Augusto Polo Campos y a las figuras Óscar Avilés y Arturo ‘Zambo’ Cavero preparar un tema que resultó en ‘Y se llama Perú’. La experiencia se repitió con Francisco Morales Bermúdez en 1977 y así nació ‘Contigo, Perú’, con el que se festejó la clasificación a Argentina 78 y aún se mantiene como un himno popular.

Fuente: Peru21

No existe identidad de género

Escribe: Dante Bobadilla Ramírez

Como ocurrió en Constantinopla, cuando los sacerdotes se pusieron a discutir sobre el sexo de los ángeles mientras las tropas turcas sitiaban la ciudad, ahora en el Perú los congresistas se han puesto a discutir sobre la “identidad de género” en medio de una pavorosa pandemia en su pico más alto de mortandad. Esas son las prioridades del progresismo nacional. Una vez más se alborota el gallinero de izquierda con un proyecto de ley sobre el “género”, una de las causas más obsesivas del progresismo mundial. 

Los fundamentos que suelen esgrimir los defensores de la “equidad de género” pasan por tautologías retóricas que apelan a la autoridad incuestionable de tratados e instituciones internacionales, erigidas como los oráculos de la verdad en el mundo, ante los cuales solo queda agachar la cabeza. Pero lo cierto es que no existe ningún fundamento racional en el ardid de ampararse en un tratado, acuerdo, sentencia o encíclica, para que una nación deba ordenar su existencia bajo tales parámetros universales, acogiendo modismos ajenos a su propio sentir, modos de vida, tradiciones y cultura. Una nación debe regirse por sus propias normas surgidas desde su realidad sociocultural, tradiciones y costumbres, así como sus propias concepciones. Imponerle otras perspectivas es violentarla.

Podríamos decir, en este mismo orden de ideas, que se debe respetar la identidad cultural de cada pueblo y no someterlas a la imposición  de doctrinas extrañas, elaboradas en laboratorios ideológicos de entidades de carácter global creadas para otros fines. El Derecho no puede ser impuesto desde entidades globalistas exigiendo el acatamiento de concepciones extrañas al sentir y vivir de cada nación. Lo mismo que se exige para las comunidades nativas, vale para toda una nación: respeto a su identidad cultural.

Eso en cuanto a los argumentos jurídicos que se alegan como fundamento para imponer lo que se llama la “identidad de género”. Lo otro es el relamido argumento de la igualdad, convertido en dogma de fe del progresismo. Una aberrante pretensión ideológica que quiere pasar por encima de la realidad. No existe ninguna clase de igualdad en la realidad social humana. Cada persona es única. Cada familia es única. Cada pueblo y nación es único. No existe igualdad. Lo más que se puede pretender es que todos seamos tratados iguales por el Estado, pero ni eso es correcto porque el Estado debe hacer diferencias entre menores y mayores de edad, entre gestantes y madres, entre adultos mayores, etc. 

Es alucinante cómo se le ha impuesto a la gente el dogma de la igualdad. A tal punto que en muchas ocasiones ya es un delito hacer algún tipo de discriminación. Es decir, debemos anular una facultad mental, contener la risa, evitar un comentario, abstenernos de un silbido o un piropo para no caer en el delito. Nos obligan bajo leyes totalitarias a no hacer ningún tipo de discriminación bajo amenaza de ser castigados por la Santa Inquisición del progresismo. ¿Qué clase de dictadura de la bondad es esta? Es todo un atentado a la libertad. Hemos vuelto a la Edad Media en que cualquier idea contraria al dogma de fe se castigaba.

Y ahora resulta que un disfraz, un sentimiento y hasta una tara biológica determinarán lo que es una “identidad de género”. Vaya disparate. Una identidad es algo que identifica a alguien, y por lo tanto debe estar fundado en caracteres naturales permanentes, los cuales ya se anotan desde el nacimiento. Es absolutamente ridículo sostener que son parte de una identidad los elementos ideológicos y conductuales de una persona. ¿Qué clase de doctrina es esa? Es un absurdo jurídico elaborado expresamente para dar cabida a las diferentes versiones de conducta sexual o “de género”. El género no es nada más que una manera de designar a las diferentes formas de ejercer la sexualidad, pero eso no cambia el sexo que es lo constante. Sin embargo, el proyecto de ley que pretende aprobar el Congreso peruano permite que cualquiera pueda alterar y falsear su sexo en un documento de identidad. Claro que eso es solo el comienzo. Aprobado esto ya puede venir cualquier otra barbaridad semejante, como declarar ya no el sexo sino el “género”. Es abrir la puerta al delirio. 

De aprobarse esta ley, se estaría consagrando una gran variedad de trastornos de la sexualidad como elementos de identidad personal. Y si eso vale para el sexo ¿por qué no para otros trastornos? Hasta podrían añadir características de conducta sexual como ser voyerista, fetichista, pedófilo o exhibicionista, dentro de una “identidad de género”. ¿Qué tal? 

La sexualidad es una parte muy compleja del individuo que depende no solo de un par de cromosomas, sino de una serie de procesos delicados, precisos y complejos que se producen durante el desarrollo embrionario. Una falla en cualquier parte de esta cadena de procesos da lugar a un trastorno específico de la sexualidad que se presentará en cualquier momento de la vida del individuo. Pueden ser trastornos en la producción hormonal o en el procesamiento cerebral de las señales sexuales, etc. Son muchas variables que no tienen nada que ver con el “desarrollo de la personalidad” ni con la “construcción social del género”, como afirman los teóricos charlatanes de la ideología de género. 

Es cierto que las personas pueden desarrollar su sexualidad de mil formas. ¿Y eso qué? Del mismo modo pueden desarrollar sus afectos sociales, sus ideas políticas, sus preferencias laborales, etc. Así es el desarrollo personal. ¿Por qué otorgarle un carácter especial a las formas en que manifiestan su sexualidad? Después de todo, la sexualidad es algo íntimo más que social. Las características externas de apariencia y comportamiento sexual forman parte de muchas otras expresiones de la personalidad. No hay por qué desligarlas, y menos para usarlo como elemento de identidad. Es absurdo. 

Antiguamente se consignaba la raza en los documentos de identidad. Eso diferenciaba a un Juan Pérez de raza blanca, de un Juan Pérez de raza negra. Era un elemento natural, útil y permanente que servía como rasgo de identidad. Pero a la cucufatería progresista le pareció indignante usar la raza y la eliminaron. Ahora pretenden emplear una fantasía sexual como rasgo de identidad. ¿Tiene eso algún sentido racional?

Las personas son libres de ejercer su sexualidad como les plazca, sin que eso sea un rasgo de identidad. Las que sufren un trastorno de la sexualidad deben ser tratadas con respeto, como corresponde, pero ellos no están en condiciones de exigir que se les haga leyes especiales para que su “identidad” dependa del trastorno específico que padecen. Un hombre que se mutila los genitales, que se acuesta con otros hombres o que se viste de mujer sigue siendo un hombre. Un “trans” es cualquier cosa que se sienta ser, pero eso no puede determinar su identidad legal, porque eso abre puertas que dan acceso al caos. Si alguien quiere cambiar su nombre de Guillermo a Gahela, nadie se lo impide. Puede hacerlo. No hace falta ninguna ley de “identidad de género” para hacerle un favorcito a los amigos.

La ensalada provida de Agustín Laje

 

Escribe: Dante Bobadilla Ramírez

“¿Cuándo empieza la vida?” pregunta el agudo polemista Agustín Laje. “Dime: ¿cuándo empieza la vida?” insiste y arrincona a su oponente, la libertaria Gloria Alvarez. “¿Acaso no empieza en la concepción?” inquiere impetuoso el defensor de la vida. “¡Quiero que me respondas a eso!” gruñe Agustín y luego añade con total convicción: “toda mi argumentación girará en torno a la ciencia, la biología, la embriología y la genética, además de la filosofía y la metafísica”. Luego espera ansioso y con aires de triunfo asegurado la respuesta de su oponente.

Aunque lo parezca, obviamente esto no es un debate científico. No existen esta clase de debates en la ciencia. Y aunque muchas disciplinas científicas parecen estar comprometidas en la polémica, ninguna tiene nada que decir sobre el tema real del debate que es el aborto. ¿A qué viene entonces toda esta ensalada argumentativa? Es un artificio retórico para confundir al oponente y al auditorio apelando a la falacia de autoridad mediante la manipulación de la ciencia. Pero lo cierto es que ninguna de las ciencias aludidas dice absolutamente nada sobre el aborto.

El polemista provida argumenta a su manera tratando de hacer escarnio y burla de su oponente. Es un ilusionista del verso que mediante artimañas retóricas es capaz de transfigurar un cigoto en un "ser humano autónomo", luego en "persona humana" y enseguida en "sujeto de derechos", afirmando finalmente que "el aborto es un asesinato". Más aún: "el asesinato de un ser inocente". Ha saltado como un grillo desde la embriología a la genética, para dar un triple mortal girando en el aire hacia la filosofía, y en maniobra veloz llegar hasta la política y deslizarse rápidamente al Derecho y terminar en la esquina de la moral. Maniobra impresionante para convencer al auditorio de su trascendental verdad.

Sus seguidores aplauden extasiados afirmando que el filósofo provida venció sustentado nada más que en la ciencia, sin apelar a la religión en ningún instante. Aclaración necesaria habida cuenta de que el susodicho, Agustín Laje, es miembro de una cofradía de fe, y que la causa provida es -en su esencia pura- una causa de fe, promovida y financiada por la iglesia católica y otras confesiones cristianas, y sustentada básicamente en la Biblia y encíclicas papales. No obstante, semejante proeza retórica del filósofo provida apeló a una arrogante “argumentación científica, filosófica y metafísica” para determinar que las niñas violadas deben parir a sus hijos, y para despojar a la mujer de toda capacidad de decisión sobre su propio cuerpo, vida y destino como mujer y persona humana. Hasta un cigoto tiene más derechos y prerrogativas que una mujer, según la visión provida. Pero vayamos a la verdad.

No es la primera vez que se invoca a la ciencia para justificar proyectos totalitarios. Hasta la segregación racial se justificó mediante argumentación científica. Está de moda en estos días, pero en otros tiempos se invocaba la Biblia para defender la esclavitud y hasta los abusos contra los negros. No son pocos los que aun desglosan versículos bíblicos para amparar la segregación de los homosexuales y la sumisión de la mujer ante el hombre. Sin embargo, nada es más efectivo hoy que invocar a la ciencia. Aunque sea de cualquier manera. ¿Quién lo va a notar? ¿Dice la embriología que la mujer no puede interrumpir su gestación? ¿Asegura la genética que el ADN otorga derechos de ciudadanía? ¿Afirma la Biología que el embrión es persona humana? No. Nada de eso dice.

Todo ese artificio discursivo es solo fanfarronada y charlatanería destinada a ocultar las originales razones de la causa provida, que no tiene nada que ver con la vida sino con la mujer. Es la mujer el verdadero objetivo del acoso y persecución moral del cristianismo por ser la pecadora, la culpable de la desgracia de la humanidad al desobedecer al Creador en el Paraíso. Es la incitadora del pecado de la carne y la lujuria. Es la tentación demoniaca que lleva a los hombres a la perdición, pues obnubila su pensamiento haciéndole perder su santidad y su devoción por Dios. La única mujer digna es la mujer virgen. Si fue mancillada por el sucio pecado del sexo, lo único que puede devolverla a la gracia del Señor es la maternidad. La única razón bíblica de la mujer es acompañar y servir al hombre y procrear sus hijos. Es la voluntad de Dios y el sentido de su gloriosa creación. Nadie puede osar cambiar ese designio divino. Así es como piensa toda la cofradía provida. Su causa es una misión de fe: hacer que la mujer cumpla el designio divino: parir con dolor.

Pero es más prudente en estos días intentar una argumentación científica para negarle a la mujer su independencia y autonomía, para impedir que haga de su vida lo que quiera, para evitar que pueda controlar su maternidad y -más aun- su sexualidad. Y nada mejor que disfrazar esta cruzada de fe y toda esta misoginia histérica como un noble interés por la vida. Aunque los únicos embriones que le preocupan a los provida son los que están en el útero de la mujer, no los miles de embriones congelados en laboratorios y que son eventualmente desechados. La moderna idolatría del “no nacido” devuelve a la mujer a su segundo plano, a su rol accesorio. Incluso la invisibiliza totalmente. No existe. No tiene derecho a nada, salvo a parir y cumplir con su misión divina. 

No es casual ni gratuito que las feministas hayan identificado a la iglesia católica como el principal símbolo de la opresión cultural de la mujer. Los conservadores creen que se trata de una “guerra cultural”. Puede ser, pero lo cierto es que no todos los aspectos anacrónicos de nuestra cultura son defendibles, ni apelando a la Biblia ni comprometiendo falazmente a la ciencia.