jueves, 11 de diciembre de 2025

Monos en democracia

 


Erick Yonatan Flores Serrano*

Instituto Amagi - Huánuco


De cara a las elecciones generales del próximo año, según los resultados de la XIII Encuesta Nacional sobre Percepciones de la Corrupción, estudio que evalúa la preferencia de las personas en temas como poder ciudadano, partidos políticos y las elecciones; el perfil del candidato ideal para los comicios electorales de abril del 2026, gira en torno a valores como la integridad y la honestidad, dejando de lado aspectos como la experiencia, la preparación académica, el equipo y plan de gobierno. Incluso la opción de un candidato nuevo, ajeno al establishment político tradicional, el famoso outsider, ya no parece ser una opción con posibilidades como era hace algún tiempo.

¿Qué lleva a la gente a seguir creyendo que el político, incluso teniendo las cualidades más populares y reclamadas, es un ser ajeno al plano común del resto de mortales?, ¿Acaso una persona “honesta” es garantía de algo en la política? ¿Lo son la preparación, la formación académica, la experiencia? ¿Acaso no es el Perú el único país que ha tenido a uno de los presidentes más preparados de la historia reciente (PPK), en contraste con Castillo, un docente de provincia de quien existen muchas más dudas que certezas sobre su formación y desempeño profesional? Ahora, si bien es cierto que en el aspecto formativo podemos identificar diferencias abismales, ambos expresidentes tienen un grave problema con la justicia del país y no es una simple casualidad.

Con la experiencia de dos periodos como presidente del Perú, Alan García tampoco es un personaje de quien se pueda presumir; el origen “humilde” de Alejandro Toledo, el perfil de “luchador social” del Humala más cuerdo; ninguno de estos elementos les ha servido para poder “caminar derecho”, tal y como decía cierto personaje que -dicho sea de paso- tampoco se lleva muy bien que digamos con la justicia peruana. La casuística es variada y si vamos un poco más a fondo, aterrizando en gobiernos regionales y locales, encontraremos una larga lista de políticos que fueron elegidos por motivos bastante peculiares; pero el denominador común se repite, un drástico y marcado divorcio entre las acciones y el deber ser.

Pero este no es el problema esencial, al fin y al cabo, termina siendo mera anécdota la razón por la que el electorado entrega su confianza. Los resultados tienden a ser los mismos en cada gestión y aquí nada tiene que ver el perfil del político, la raíz del problema está en otro lado. Un mono con un palo hace menos daño que un mono con una metralleta, y más allá de entender el peligro que representa un mono armado, el asunto importante pasa por asumir conciencia sobre los límites que se le puede poner al animal. Sobre la democracia, el tamaño del Estado y la clase política, el razonamiento es el mismo. Mientras más grande sea el tamaño del Estado, la democracia no sirve para otra cosa que para darle más poder al político.

Al fin y al cabo, el dilema de la clase política y su tormentosa relación con la justicia peruana, pareciera ser un problema de valores; sin embargo, antes de discutir sobre qué candidato se ajusta más a nuestras preferencias, lo urgente es analizar si la estructura del Estado peruano permite establecer los límites necesarios al poder de turno. Aquí poco importa si el próximo presidente es Judas Iscariote o el Arcángel Miguel, mientras más pequeña sea el arma del mono, menos daño potencial es al que nos arriesgamos. Es lógica elemental y debiera ser lo primero que el votante debería considerar antes de elegir. Ahora bien, la pregunta de fondo es: ¿hay algún candidato que represente una propuesta relativa a la reducción progresiva del aparato del Estado y el gasto público? La respuesta seguramente nos permitirá evaluar qué tan atrasados estamos en la carrera por vivir en una sociedad libre y de bienestar.

(*) Sociólogo sobreviviente a la sociología tradicional. Conservador entre libertarios y libertario entre conservadores. Políticamente incorrecto y de derecha mientras no haya mejor opción, jamás de izquierda

miércoles, 3 de diciembre de 2025

Derechos humanos para los humanos derechos

 

Erick Yonatan Flores Serrano*

Instituto Amagi - Huánuco


De cara a los comicios de abril del 2026, uno de los aspectos más tratados en campaña seguramente será el de la seguridad; y no sólo por el hecho de que fue uno de los temas para pedir la cabeza de la ex presidente Dina Boluarte y varios ministros, sino que en las últimas horas, Rafael Belaunde, pre-candidato por Libertad Popular, sufrió un atentado mientras realizaba una rutina de supervisión en un negocio; por otro lado, el último fin de semana, en Piura, un candidato a diputado por el Partido Juntos por el Perú, fue acribillado mientras circulaba por las afueras de la ciudad.

Los detalles importan y seguramente definirán el futuro de las investigaciones. Lo que sí es una preocupación latente, es el hecho de que ningún esfuerzo por parte del gobierno, ni siquiera al mando de Jeri que había comenzado con la mejor actitud, parece surtir efecto en la realidad. Los comerciantes, los transportistas y ahora los políticos; se trata de un problema que viene creciendo sin freno. Incluso pareciera que mientras más se esfuerza el gobierno por contener la criminalidad, esta recrudece y aumenta su grado de violencia.

Si bien es cierto que no estamos hablando -necesariamente- de una relación de causalidad, sí existe un contexto que podría explicar que toda acción del gobierno está destinada a fracasar. Y es que no se puede poner la carreta delante de los caballos. Toda reforma en materia de seguridad en nuestro país no tendrá jamás buen puerto porque es el sistema de administración de justicia el que termina tirando por la borda cualquier intención. Se pueden invertir millones en logística, tecnología operativa, equipamiento e inteligencia; podemos tener las mejores fuerzas del orden del mundo, pero esto no sirve de nada si es que quien juzga el delito, no tiene la firmeza necesaria.

Se puede hablar de corrupción de funcionarios en el sistema de administración de justicia, claro que sí; pero existe un problema mucho mayor y es la absoluta sumisión de nuestra justicia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, organismo internacional encargado de proteger y promover los Derechos Humanos entre los países miembros pero que no ha hecho otra cosa que servir como punta de lanza de las ONG´s que viven por y para defender a terroristas y delincuentes, enjuiciando al Estado peruano en cada oportunidad que se presente. Mientras que la justicia peruana esté bajo la sombra de la CIDH, toda iniciativa será inútil.

¿Qué es lo que se necesita para resolver el problema? Pues sólo decisión política. Por muy impopular que sea para el consenso social-demócrata, el ejemplo de El Salvador es aleccionador en este tema. Bukele puede caer mal por muchas cosas, pero la efectividad que ha tenido para frenar a las maras y la delincuencia doméstica, es incuestionable. El presidente se muestra firme y poco le importa seguir en tensiones con la Corte mientras que la gente en las calles le da su respaldo total.

Luchar en contra de la criminalidad, en primer lugar y antes que nada, pasa por tener las cosas claras. Una persona que decide atentar en contra de la vida, la libertad o la propiedad de otra persona, está renunciando a sus derechos y no puede ser tratado entre algodones. Y aquí no debería de existir ninguna media tinta, el robo no deja de ser robo porque lo cometa Jesús, o porque se haga en nombre del señor. La naturaleza de la acción no cambia según la persona que actúa, tampoco en función de la motivación.

Y este es el razonamiento medular detrás del éxito de Bukele. Reconocer y distinguir a víctimas de victimarios, llevar hasta sus consecuencias naturales la idea de que los derechos humanos sólo son para los humanos derechos, aquellos que incluso teniendo la posibilidad de actuar como salvajes y usar la fuerza para atentar contra la vida, la libertad y la propiedad de sus semejantes, no lo hacen; es a estos a los que el gobierno debe de proteger del crimen, y no ceder ante las presiones de los “defensores” de los Derechos Humanos. Como bien dice el presidente salvadoreño, la sociedad debe entender que tanto la Corte y el lobby de los derechos humanos, tienen un objetivo y una agenda muy bien marcados, y que el bienestar y la seguridad de las personas de bien, no está dentro de ellos.


(*) Sociólogo sobreviviente a la sociología tradicional. Conservador entre libertarios y libertario entre conservadores. Políticamente incorrecto y de derecha mientras no haya mejor opción, jamás de izquierda