Desde que el escenario de la economía peruana fue radicalmente reestructurado en los 90, con la venta de las numerosas y deficitarias empresas públicas heredadas de los militares (y que le significaron al país pérdidas mayores incluso al de toda su deuda externa), la reducción del aparato burocrático mediante la disminución de personal y de controles, la modernización de las leyes y la liberalización de la economía, el Perú tuvo las bases firmes para iniciar el despegue económico que se produjo en este siglo, sustentado en gran medida en las grandes inversiones mineras que se hicieron en los 90.
Es básicamente gracias a ese nuevo y moderno escenario que la economía peruana ha podido aprovechar el incremento de los precios de los metales y lograr las fabulosas reservas que hoy están por alcanzar los 70 mil millones de dólares. Hay que ser claros en señalar que este gobierno no ha hecho absolutamente nada por ampliar las ventajas competitivas de los sectores exportadores. Salir a pasear por Europa para invitar a los empresarios para luego viajar a Cuba a rendir pleitesía a la dictadura comunista y saludar al discapacitado líder del socialismo venezolano, no son señales claras para atraer capitales. Si bien el escenario económico se ha respetado y no tenemos problemas de caja, lo que hoy nos tiene agobiados como país es el retraso del Estado como institución y el pasmo total de esta gestión.
Ya desde los 90 se hablaba de la "reestructuración del Estado" pero nunca se emprendió este trabajo. Tan solo se gastaron millones en los consabidos estudios y asesorías, pero nunca se hizo nada. Peor aun, luego de la caída de Fujimori se retomó el mal camino de agrandar el aparato estatal con más ministerios, más oficinas públicas, más leyes y más intervencionismo estatal, hoy convertido en asistencialismo progresista.
Toledo fue pródigo en crear leyes inútiles y Comisiones Nacionales para cada problema o sector social. El gobierno aprista inventó los nuevos ministerios de cultura y medio ambiente, que causaron el deleite de todo el progresismo. El actual gobierno izquierdista de Ollanta Humala inventó el Ministerio de Inclusión Social y afortunadamente no ha seguido con más, pero ha creado una amplia gama de adefesios burocráticos como la misteriosa Oficina Nacional del Diálogo y Sostenibilidad, destinada tan solo a ceder con elegancia burocrática ante las extravagantes exigencias y majaderías de los agitadores antimineros ecocomunistas.
Así, mientras el Estado peruano era cebado por cada gobierno del presente siglo (no nos olvidemos que Toledo y García se dedicaron incluso a reponer a trabajadores estatales despedidos y cancelados durante el fujimorismo), los males del país han estado empeorando sin que el Estado se ocupe de ellos. Hoy los trámites para cualquier gran inversión demoran más de 2 años mientras los papeles se pasean por todos los ministerios. Y es que la clase política predominante en el Perú parece convencida de que más allá de crear un Ministerio o dar una ley, ya no es posible hacer nada más en el gobierno para resolver los problemas.
El más grave problema de hoy es la delincuencia, aunque no están lejos los de salud y educación. Pero dado a que ya existen ministerios para esos temas, los políticos se creen escusados de actuar. Solo atinan a cambiar de ministros, y ahora ni eso. Lo que caracteriza al actual gobierno es el pasmo, la parálisis. No saben qué hacer frente a los agitadores ecocomunistas ni ante los delincuentes. Ollanta Humala cree que con dedicarse a su labor de Primera Dama y andar cortando cintas de inauguración y regalando dinero en programas sociales, basta para seguir cosechando aplausos.
Como todo político tradicional y progresista, Ollanta Humala creyó que los problemas de corrupción y delincuencia se solucionaban creando una gran Comisión de Alto Nivel. Su comisión llegó a reunirse un par de veces ofreciendo un show televisivo, pero pronto se dieron cuenta que todo ese fasto no servía para nada en el mundo real. El asambleismo y la comisionitis es un mal de los políticos incompetentes e incapaces de tomar decisiones.
Hoy tenemos a la delincuencia y la agitación antiminera como los principales escollos para el desarrollo, porque sin seguridad nada se puede hacer. Los empresarios son extorsionados y asesinados, los ciudadanos se ven impedidos de realizar transacciones comerciales porque son asaltados y abaleados. Las grandes inversiones mineras se ven paralizadas y desvían sus capitales a otros países. Mientras tanto el Estado no se mira en el espejo para descubrir su rostro incompetente.
Tanto el presidente Ollanta Humala como su jefe de gabinete han tenido la desfachatez de culpar a la gente por andar con dinero en las calles, y a la prensa por mostrarle al publico los niveles de inseguridad que hay en nuestro país. Para variar, Jimenez ha ofrecido como gran solución una novedosa (y tal vez milagrosa) Ley Contra el Crimen. No sabemos qué cosa puede decir esa ley, pero si estamos segurísimos que no servirá para nada. Es previsible que amplíarán los años de condena para dar la sensación de dureza y con eso se darán por satisfechos, como siempre. Por su parte el ministro del Interior ya volvió a repetir la misma trillada gran "solución": sacar policías de las labores administrativas para ponerlos a patrullar en las calles. ¿Les suena conocido? ¡Si! ¡Lo han hecho todos los ministros del interior pasados! Es decir, nada, absolutamente nada nuevo nos ofrecen hoy. Estamos en el mismo punto de partida hace 30 años.
Lo que el Perú necesita son medidas concretas como triplicar el número de policías y de cárceles, dotar a la policía de equipamiento e infraestructura moderna, especialmente de comunicaciones, crear más salas penales que agilicen las condenas, eliminar los beneficios penitenciarios, endurecer las penas para los reincidentes para que no puedan estar entrando y saliendo de las cárceles. Hay que dar además medidas modernas como privatizar la gestión de las cárceles y promover la inversión privada en este sector. Ya no se puede seguir tolerando el nivel de corrupción que hay en el INPE. Que se contraten empresas extranjeras especializadas en la gestión de cárceles. Eso no significa que el Estado renuncie a sus funciones, como dicen los rojos, sino todo lo contrario: garantiza un cumplimiento eficaz de su misión.
El Estado no puede seguir creciendo inútilmente. Tiene que garantizar la seguridad, la salud y la educación, por lo menos y en primer lugar, antes de emprender otras aventuras "sociales". Dados los niveles de burocratismo, incompetencia y corrupción que se han apoderado del Estado, lo más sano es optar por privatizar la gestión de los colegios, hospitales y postas. Eso no significa eliminar la gratuidad, ya que para ello existen los seguros de salud y las becas de estudio. Seguir por el mismo rumbo, repitiendo las mismas fórmulas y las mismas trilladas "soluciones" que nunca han solucionado nada no tiene sentido. Cambiar las leyes, hacer nuevas y crear oficinas o comisiones es hacer más profundo el hoyo de nuestra tumba.
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