Nada es más rentable políticamente que ponerse del lado de "la gente más necesitada" y en contra de "los poderosos", siempre que este no sea el poderoso e inepto Estado peruano sino las empresas privadas. Tenemos verdaderos ejércitos de progresistas blandiendo sus lanzas y espadas en contra de las empresas privadas, y amenazando con toda clase de leyes y recursos para doblegarlas, mientras las inútiles tortugas estatales se les escapan por entre las piernas.
Acabamos de ver al congresista Jaime Delgado llegando a la desfachatez de amenazar con meter presos a los directivos de Telefónica y hasta cancelarles el contrato de concesión por la venta indiscriminada de chips de telefonía en los puestos de varias galerías comerciales, sin que las humildes vendedoras cumplan con el requisito burocrático de exigir el DNI al comprador. ¿No está exagerando un poco este arcángel de la justicia? Solo falta que quiera nacionalizar Telefónica. Pero entonces sin duda ya no se ocuparía de su lamentable servicio, porque acá a nuestros progresistas solo les preocupan las empresas privadas.
Es cierto que ha aparecido una nueva modalidad de estafa mediante llamadas por celular. Pero ese es tan solo un cambio de modalidad delictiva. Estafas, amenazas y extorsiones han existido siempre. Algunos creen que esto acaba de inventarse con el celular. ¡Falso! La culpa de estos delitos no la tiene ni el celular ni la empresa de telefonía. Es un problema que le compete a la policía y al público. La delincuencia usa todos los medios a su alcance y no podemos andar cargándole a las empresas que fabrican o venden motos, autos, armas, computadoras o lentes oscuros, la responsabilidad de controlar a los delincuentes que usan tales productos. Mucho menos si se trata de productos masivos como los celulares. Hay que recordar que existen más de 20 millones de celulares en el país. No se puede ser pues tan estúpido para pretender controlarlos exigiendo DNI, como si eso detendrá a los delincuentes. Esa clase de trámites solo sirve para molestar a la gente, no para detener a los delincuentes.
La seguridad ciudadana es competencia del Estado. Es su principal función. Y se concentra en entidades como la Policía Nacional, carente de equipamiento moderno, especialmente electrónico, el INPE y el Poder Judicial, donde los delincuentes gozan de privilegios escandalosos y donde la negligencia es total. No hay razón pues para que nuestros congresistas la emprenden contra los ciudadanos decentes o las empresas privadas tratando de arrimarles una responsabilidad que no les compete. Basta de exigir trámites burocráticos insulsos como si fueran la gran solución a la delincuencia.
Ya hace mucho tiempo que los ciudadanos debemos estar solicitando un estúpido permiso a la policía para tener lunas polarizadas en el auto. Una medida carente de sentido que no ha servido para nada en la lucha contra la delincuencia, como era fácil de advertir. Solo ha servido para fastidiar a decenas de miles de ciudadanos y montar un trámite oneroso y absurdo que alimenta más la corrupción policial. Ahora se pretende que los pobres vendedores de chips se hagan cargo de la seguridad ciudadana. ¡El colmo!
Claro que esto no es lo que dice nuestro congresista Delgado. No. El la emprende contra la poderosa Telefónica amenazando con cerrarles el negocio en el país y encarcelar a sus ejecutivos, como si ellos fueran los responsables de que la policía no haga nada frente a las denuncias, o que el INPE no controle el acceso de celulares y que además esté plagada de corrupción administrativa.
Las estafas han existido desde siempre. En nada cambia que hoy se realice mediante una llamada telefónica o un correo electrónico. Todo lo que hay que hacer es educar y advertir al público para que conozca las modalidades delictivas y esté atento. Lo peor que se puede hacer es montar una campaña histérica y un espectáculo político tratando de enfrentar la delincuencia con reglamentaciones ridículas, trámites absurdos y trasladando la responsabilidad a la gente y a las empresas privadas. Es el Estado el que debe mejorar sus entidades, su personal y su equipamiento para garantizar seguridad a la población sin fastidiarla.
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