Los partidos amenazados

Escribe: Dante Bobadilla Ramírez

Solo un profundo grado de confusión social puede hacer posible que exista una ley de partidos políticos. Supongo que se debe básicamente a la alianza del estatismo popular (esa oculta pasión por un socialismo regulador e intervencionista) y la inquina general hacia la clase política y, en especial, a los partidos políticos. De otro modo no me explico cómo se puede apoyar una ley que faculta al Estado a inmiscuirse en los asuntos internos de estas instituciones sociales y políticas, que son y deben ser el fundamento de la democracia y de las ideas. Por ello mismo, si hay algo en donde el Estado no debería meter sus narices es en los partidos políticos. 

Estamos en un país que sufre una enfermiza pasión por las leyes y la regulación estatal. Una lacra mental herencia del estatismo setentero y ochentero del siglo pasado. La Ley de Partidos Políticos se promulgó a fines del 2003, bajo el régimen de Toledo, en medio de otras leyes iguales de intervencionistas e inútiles, como la Ley de la Igualdad de Oportunidades o la Ley de Cuotas Electorales. Todas ellas diseñadas con una misma visión totalitarista e iluminada que cree en el diseño social mediante la coacción burocrática. Al cabo de más de una década podemos advertir claramente el fracaso de esta clase de leyes basura, muchas veces imposibles de cumplir en los hechos. Los partidos políticos no han mejorado pero si se han perjudicado con el surgimiento de los movimientos regionales que la misma ley cobija en su articulado.

Pero lejos de rendirse y derogar la inútil ley, los iluminados del JNE (y otros gurús que se ufanan de expertos en la materia cuando nunca han pisado un partido político) insisten en modificaciones, jurando que esta vez si funcionará. Todos ellos son meros teóricos que jamás han militado ni hecho vida partidaria. Lo único que tienen son lindas imágenes en la cabeza. Se han molestado porque el Congreso hizo caso omiso de sus recomendaciones y claman por la afrenta, como si hubieran cometido traición a la patria. No lo creo así.

Me parece bien lo hecho por el Congreso, o sea, elevar la valla para la formación de nuevos partidos. ¿Para qué queremos más partidos? ¿Para que cada loco tenga su propio partido? En los hechos cada loco puede tener su propio partido. No necesita inscribirlo en el JNE. ¿Para que inscribirse? Otra de las manías del pensamiento estatista es tener a todos registrados en un padrón. Solo el que quiera participar en elecciones debería inscribirse en el proceso. Más nada. La gente debe ser libre de organizar sus partidos y llevar la vida política según sus propios pareceres.

Ahora resulta que el Estado quiere meterse a determinar por ley los fines y objetivos de los partidos, como deben organizarse, pretenden vigilar su financiamiento, etc. El Estado quiere organizar sus elecciones internas, subvencionarlos y obligarlos a elegir sus candidatos. Es decir, es el totalitarismo intervencionista más abyecto que podamos soñar. Y lo más curioso es que la gente anda feliz con esta nefasta ley. Y los políticos no han tenido el valor para frenarla ni derogarla.

El Frente Amplio de izquierda ya demostró que no requiere del Estado para organizar elecciones internas cuando quiere. El APRA ha demostrado que puede mearse en la ley y nominar a Alan García como su candidato, aunque tenga que pasar por la ridiculez de un proceso interno para cumplir la estúpida ley. Y pese a que la ley establece que el Estado debe financiar a los partidos, ninguno ha sucumbido a la estulticia de estirar la mano. Lo cual me parece meritorio. Los partidos deben ser transparentes en su financiamiento por su propia cuenta y responsabilidad. Aunque luego sean estigmatizados, como hace la izquierda cada vez que encuentran una empresa financiando políticos. Hay que aplaudir que las empresas apoyen a los partidos y no criticarlos.

Prefiero las reformas del Congreso a la de los iluminados teóricos. Son los propios políticos los que saben como es un partido y no los burócratas y gurús mediáticos. Me parece bien que se eleve el porcentaje de invitados a las listas de candidatos del 20% al 25% aunque chille el Sr. Távara. Estamos en un país poco partidarizado y es justo y conveniente que los partidos amplíen la cobertura de sus listas hacía la sociedad no partidarizada. Pero claro, yo preferiría que no exista ninguna valla y que cada partido haga lo que se le canta en gana. Después de todo, es la gente la que tiene que elegir y juzgar. Y eso es lo que más vale en una democracia sustentada en la sociedad y no en la clase burocrática. La política debe ser democrática y no burocrática.