El Poder Judicial y las ONG marxistas en el Perú

Por: Jorge Serrano Torres

Mientras el Poder Judicial peruano atraviesa por una grave crisis y anuncia una nueva reorganización tras descubrirse un caso de corrupción cometido por un Vocal Supremo Provisional que terminó en la cárcel, es necesario conocer las redes de influencia y a sus operadores que acaparan una ingente cooperación internacional destinada al fortalecimiento de la vapuleada justicia peruana. Entonces, saldrá a la luz un entramado de ONGs neomarxistas o de “izquierda caviar”, que buscan hacer prevalecer su sesgada visión ideológica en áreas tan sensibles como la administración de justicia, derechos humanos, defensa nacional y seguridad ciudadana.

Los orígenes y mutaciones

Para comprender los hechos del presente hay que adentrarse en la historia que nos ayudará a desentrañar el accionar de un sector izquierdista metamorfoseado en las instituciones democráticas de la actualidad, con el fin de alcanzar sus objetivos estratégicos en función de su orientación ideológica y política, que incluye la desarticulación de organismos claves para la estabilidad y gobernabilidad del Perú.

Una comunidad ideológica neomarxista fue acogida por el gobierno de transición de Valentín Paniagua en el 2001, tras la caída de la administración Fujimori. Este grupo se caracteriza por haber militado en tres agrupaciones de extrema izquierda en los años sesenta y setenta: Vanguardia Revolucionaria (VR), el Partido Comunista Revolucionario (PCR) y el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). A ellos se han sumado algunos ex dirigentes del Partido Comunista pro moscovita.

La mayoría de estos personajes se identifican por que en sus años de formación universitaria fueron fervorosos propulsores de la lucha armada para destruir el orden establecido, incluso los tres primeros grupos (VR, PCR y MIR), abrazaron públicamente el maoísmo clásico de la República Popular China, durante los años de la cruenta revolución cultural de Mao Tse Tung.

Por consiguiente, han sido enemigos de la democracia representativa, a la que tildaban de “democracia formal” y radicales antagonistas de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, a las que denostaban como “guardianes reaccionarios del orden establecido” y mera “prolongación represiva de los intereses del imperialismo estadounidense y de sus amaestradas burguesías criollas”.

Aquella Vanguardia Revolucionaria (VR), tuvo como primer secretario general a Ricardo Napurí y los demás líderes fundadores fueron Ricardo Letts Colmenares, César Benavides, Edmundo Murrugarra Florián y Jorge Villarán. Una de las iniciales tareas de su proyecto fue captar a estudiantes de la Pontificia Universidad Católica, la Universidad Mayor de San Marcos, la Universidad Nacional de Ingeniería y la Universidad Agraria de La Molina principalmente, usando en muchos casos como cantera de reclutamiento a la Unión Nacional de Estudiantes Católicos (UNEC), un movimiento universitario católico fundado en 1941, afiliado al Movimiento Internacional de Estudiantes Católicos (MIEC), ambos reconocidos por la Santa Sede, pero que en aquellos tiempos era aprovechado como centro de congregación de algunos que se consideraban futuros “brazos intelectuales de la revolución”.

En ese contexto serían ganados Javier Diez Canseco, Oscar Dancourt Masías, Agustín Haya de la Torre, Eduardo Figari, Juan Sánchez Barba, Víctor Torres, Alfredo Stecher, Alberto Gonzáles, Sinesio López y Julio César Mezzich, quien años más tarde se integraría a las huestes terroristas de Sendero Luminoso, a la cabeza de la facción Vanguardia Revolucionaria - Político Militar (VR- PM).

Gran parte de ellos apoyaron las guerrillas iniciadas durante 1965 en el Perú, por el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN). VR respaldó a los sediciosos y tuvo contacto con los dirigentes del MIR y del ELN. A tal punto llegaron sus lazos con la subversión marxista guevarista, que uno de los dirigentes de VR fue invitado por Luis de la Puente Uceda a “conferenciar” sobre la lucha armada a la base guerrillera de Mesa Pelada (Cusco).

Las esquirlas de los grupos marxistas

Para tener una idea más clara sobre las coordenadas ideológicas y la estratagema violentista de estos grupos, basta recordar que ante el fracaso del proceso subversivo del MIR, VR sentenció lo siguiente: “Las guerrillas del MIR parecen no haber explotado correctamente el instrumento fundamental con el cual deben enfrentarse a las Fuerzas Armadas del poder burgués: el arma subjetiva, desmoralizarlos, cansarlos, no presentar frente, darles tiempo para que se corroan, ganarles la moral, descomponerlos internamente, esperar a que se pudran desde adentro”.

Antes de continuar, una referencia importante: años más tarde, cuando estos grupos marxistas ya habían mutado, el periodista peruano Herbert Mujica Rojas, los calificó con acierto, aunque solitariamente al principio, como “izquierda caviar” en el Perú, recordando la expresión formulada por el periodista francés Daniel Benoits, respecto al sinuoso proceder de la clase política izquierdista en Francia, hace unos 20 años.

Siguiendo el relato, de VR-PM se desprendió el Partido Comunista Revolucionario (PCR), liderado por Manuel Dammert Ego-Aguirre. A fines de los años setenta, en VR (y por extensión el PCR y el MIR) se fijan como objetivo “ante la crisis política de situación pre-insurreccional”, formar varios frentes que los diferencien de Sendero Luminoso y posteriormente del MRTA que empezarían a comienzos de la década de los ochenta su accionar terrorista. El frente de la lucha legal, electoral, parlamentaria, municipal y en los medios de comunicación; el frente de la lucha de las masas populares organizadas y el frente de la lucha armada.

En los años setenta además, VR se integra al frente Unidad Democrática Popular (UDP) y publica el semanario Amauta, codirigido por Oscar Dancourt y Fernando Rospigliosi; después ante la inviabilidad de la lucha armada de SL, participan en las elecciones de la Asamblea Constituyente que redactará la Carta Magna de 1979, aunque VR luego la negó. Mientras, otros buscaron reciclarse en el régimen democrático, como el PCR de Manuel Dammert y la vertiente del MIR, base de operaciones de los futuros componentes de la denominada Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR): Carlos Tapia y Javier Ciurlizza, y del ex ministro de Justicia del Gobierno de transición de Paniagua, Diego García-Sayán.

La danza con lobos

En 1986, las páginas de la revista “Cambio”, vocero del grupo terrorista MRTA, acoge la siguiente propuesta de Francisco Soberón a favor de un diálogo con los senderistas: “Hay violencia por parte de Sendero, pero se deben buscar los canales necesarios de diálogo para que haya la paz con justicia social que todos deseamos”.

Se trata del mismo Soberón de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh) y que antes fuera miembro del comité central de Vanguardia Revolucionaria (VR), así como agitador de movimientos campesinos en la época de la reforma agraria del gobierno militar izquierdista del general Juan Velasco Alvarado en los años setenta, ubicándosele luego en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados en el gobierno de Belaunde.

En realidad, desde 1983 el sociólogo Francisco Soberón empezó a trabajar con Aprodeh, junto a un equipo de su misma tendencia ideológica marxista, compuesto por Martha Giraldo, Fernando Rospigliosi (a quien conocía desde la universidad), Manuel Piqueras y Liliana Panizo.

A tal punto llega la confianza y empatía entre ellos, que incluso durante el gobierno de Toledo en el 2001, la Revista Ideele de la ONG Instituto de Defensa Legal (IDL) se preguntaba: ¿Pero por qué si está Diego García Sayán de ministro de Relaciones Exteriores y Fernando Rospigliosi en el Ministerio del Interior, deben haber organismos de derechos humanos?

Pero la mutación no se detuvo: en la temática de los derechos humanos del mismo modo aterrizaron otros neomarxistas como Sofía Macher Batanero (llegó a ser Directora de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos e integrante de la CVR) y su esposo Hans Landolt Pardo, ex integrante del Partido Comunista Revolucionario y actual conductor de un programa de entrevistas y reportajes en Televisión por Cable, financiado por la ONG IDL, donde él mismo es director.

Recapitulemos: a inicios de los ochenta, los camaradas de Vanguardia Revolucionaria (VR), del Partido Comunista Revolucionario (PCR) y del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) ya no veían a Sendero Luminoso (SL) como el aliado del “campo popular”, sino que empezaban a tomar distancia, sobre todo cuando en la década crítica de los ochenta y principios de los noventa el violento accionar terrorista mediante coches-bomba, asesinatos selectivos de militares y civiles, destrucción de infraestructura y apagones, alcanzaron a varios dirigentes de la izquierda.

Pese a que muchos tomaron distancia de la crueldad criminal de SL dirigido por Abimael Guzmán, no lo enfrentaron como era debido y tuvieron un discurso ambiguo respecto al fenómeno terrorista, posiblemente debido a que les provocaba sentimientos encontrados, ya que SL, en parte llevaba a la práctica lo que ex camaradas como Diego García-Sayán y Carlos Tapia (ambos del MIR) o Ronald Gamarra, entre otros, habrían proclamado en los claustros universitarios y las movilizaciones callejeras.

ONGs: Caballo de Troya en el Poder Judicial

Mas bien estos dirigentes y militantes de izquierda afianzaron su visión y actitud negativa respecto a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, luego de haber sido cómodos y vacilantes espectadores de la batalla que se dio en el terreno de las armas entre el Estado peruano y las hordas senderistas.

Este es el momento del recodo y viraje estratégico. En efecto, un grupo se introducirá en el tema de los derechos humanos, con la misión de enfrentar a las Fuerzas Armadas en el nuevo escenario de conflicto (el terreno legal), para lo cual controlarán la Defensoría del Pueblo, en especial durante la precaria (no fue ratificado por el Congreso, ni renunció), pero extensa etapa de Walter Albán, también de procedencia marxista.

Completando la tenaza, operadores políticos vinculados a la ahora, izquierda neomarxista o izquierda caviar, que venían actuando desde ONGs dedicadas a la promoción de los derechos humanos, asumieron posiciones de poder en el Gobierno de Transición 2000-2001 y paralelamente, lograron copar la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR).

A consecuencia de estos hechos, el Estado peruano se allanó al mandato de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de realizar nuevos juicios penales a los cabecillas y militantes terroristas previamente sentenciados y ya en prisión, al tiempo que representantes de la CVR realizaban discretas conversaciones (que luego fueron conocidas por la opinión pública) con la cúpula de Sendero Luminoso encarcelada en el penal de la Base Naval del Callao (Lima), concertando facilidades para materializar el nuevo escenario judicial.

Esto fue posible gracias a que durante la gestión transitoria del presidente Valentín Paniagua Corazao, lograron el manejo del Ministerio de Justicia con Diego García-Sayán (Noviembre 2000-julio 2001), el cual después extendió su poder al llegar a ser Ministro de Relaciones Exteriores en el régimen de Toledo (Julio 2001-julio 2002) con el secreto pero decisivo apoyo de Eliane Karp de Toledo y el contexto generado para sostener la feroz persecución política y la justicia jacobina contra los adversarios del toledismo, militares y policías que combatieron a SL y el MRTA, junto a ex integrantes del gobierno de Fujimori, tanto culpables como inocentes.

Desde esta posición de fuerza política, García-Sayán forjó sólidos nexos con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos de San José de Costa Rica, facilitando el allanamiento del Estado peruano frente a los numerosos casos abiertos ante dichos foros internacionales en base a pruebas contradictorias y endebles, por presuntas violaciones de los derechos humanos, a cargo del mismo Estado peruano o “sus agentes” en las Fuerzas Armadas y policiales. Aunque se debe reconocer que varios casos llevados ante esa instancia supranacional eran verdaderos abusos contra ciudadanos peruanos.

Resalta un hecho escandaloso: el de la ex agente de inteligencia peruana, Leonor La Rosa Bustamante, que fue indemnizada con 120 mil dólares por el presidente Toledo, en base a supuestas torturas que denunció haber sufrido en el Servicio de Inteligencia del Ejército, no obstante que luego surgieron evidencias que la desmintieron a nivel judicial. Miguel Jugo Vieira y Heriberto Benítez Rivas, en representación de la Asociación Pro Derechos Humanos, presentaron el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el cual luego fue avalado por los ministros Diego García-Sayán y Fernando Olivera.

A continuación, como era de esperarse, una vez alejado de sus funciones gubernamentales, García-Sayán fue nombrado Juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para el período 2004-2009, sin dejar su cargo como Director General de la Comisión Andina de Juristas (CAJ).

En este panorama, los neomarxistas de la izquierda caviar no dejaron de reforzar ONGs como el Instituto de Defensa Legal (IDL), de donde procede Ronald Gamarra; la misma Comisión Andina de Juristas, de García-Sayán (MIR) y Enrique Bernales Ballesteros (ex Partido Socialista Revolucionario). Luego aparecerá, para completar el círculo, una extensión del IDL: el consorcio Justicia Viva, y un tercer grupo se situará en el tema de la descentralización, a la cabeza de Manuel Dammert Ego-Aguirre, Carlos Barnechea Lercari y Rudecindo Vega Zavaleta (quien después fue ministro de Vivienda y Construcción en el gobierno de Toledo).

Otros primos hermanos ideológicos se instalarán en los temas de la seguridad ciudadana y defensa nacional, tras ser nombrados para dirigir el Ministerio del Interior y el Consejo Nacional de Inteligencia en el gobierno de Toledo (Fernando Rospigliosi, Carlos Basombrío, Gino Costa y Wilfredo Pedraza, como jefe del INPE, entre otros). Pero varias de sus ONGs fueron muy “pragmáticas”. Por ejemplo, la Comisión Andina de Juristas de Diego García-Sayán, trabajó con el gobierno de Alberto Fujimori, particularmente en el ámbito de la reforma de la administración de justicia y la Academia de la Magistratura, como parte de un convenio con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) suscrito en 1998.

A su turno, Abraham Siles Vallejos, de IDL-Justicia Viva, ha sido un funcionario en el PNUD y laboró en el llamado proceso de Modernización y Reforma del Poder Judicial los años 1997, 1998 y 1999. Pero tras el derrumbe del régimen de Fujimori y la instauración del gobierno de transición visualizó junto a sus pares, un nuevo campo de acción: el control del Ministerio de Justicia y del aparato judicial, a través de procuradores Ad Hoc y una red de fiscales y jueces, aunado al copamiento de la millonaria cooperación internacional.

¿Tontos útiles o cómplices?

Como se mencionó, el entramado judicial dominado por estas redes de neomarxistas reciclados, empieza allí. Coincidiendo con el liderazgo de Diego García-Sayán, quien al asumir el cargo de Ministro de Justicia en noviembre del 2000, firma dos resoluciones con carácter de “estrictamente secreto” (no publicadas en el diario oficial El Peruano), sobre conmutación de penas y rebajas de sentencias para liberar a dos terroristas de la cárcel.

Una semana después firmará otras once resoluciones supremas, éstas sí publicadas el 2 de diciembre del 2000 en la gaceta oficial, para beneficio de indultos y a los tres días, se publicarían otras 8 resoluciones otorgando perdón a igual número de terroristas sentenciados. Y el 10 de diciembre del 2000 salen a luz otras 10 normas de indulto a condenados por “traición a la patria”. Es decir, en 15 días Diego García-Sayán indultó a 31 sentenciados por terrorismo. Este fue apenas el inicio de su política de “humanización” de los establecimientos penales, de flexibilización carcelaria, es decir, de liberación de cientos de terroristas sentenciados.

Al respecto, según cifras publicadas sobre los últimos tres años del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) por el diario Peru 21 en octubre de 2006, hasta el año 2003 había en las cárceles peruanas 1.064 subversivos, pero hoy sólo permanecen 290, ya que el Poder Judicial sigue liberando masivamente a terroristas de SL y del MRTA, al declararles fundados sus pedidos de semilibertad o de liberación por exceso de carcelería.

Es más, a la fecha existe un grupo de 547 personas acusadas de terrorismo pero que no han sido sentenciadas, es decir, que sus procesos continúan en la Sala Nacional para Casos de Terrorismo, que preside el vocal superior Pablo Talavera, quien ha sido denunciado por una fiscal y el procurador para casos de terrorismo Guillermo Cabala, de ser muy “condescendiente” con los acusados.

¿Y los terroristas libres donde están? Nadie lo sabe con certeza, por que favoreciendo la estratagema pro-terrorista, durante el gobierno de Toledo destruyeron lo que quedaba del sistema de inteligencia nacional con el falaz argumento de que estaba totalmente contaminado por la corrupción de la década pasada y recortaron drásticamente el presupuesto del sector militar y policial.

Según inteligencia policial, una parte significativa, si no mayoritaria, de los senderistas excarcelados no había abandonado sus convicciones ideológicas ni su sujeción a Sendero Luminoso al momento de salir de los establecimientos penales; por lo que se infiere que estarían en posición de reintegrarse a dicha organización criminal a fin de contribuir decisivamente a restaurar las estructuras y los aparatos partidarios a nivel nacional.

Por otra parte, cuando fuera titular de Justicia, García-Sayán mantuvo a los procuradores Ad Hoc del caso Montesinos contratados por Alberto Fujimori, es decir, José Ugaz de la ONG Proética y a su socio Luis Vargas Valdivia. Pero antes de incorporar a Ronald Gamarra (de la ONG Instituto de Defensa Legal) a la procuraduría en asuntos de derechos humanos, convocó a Javier Ciurlizza Contreras como jefe del gabinete de asesores del Ministerio de Justicia y el 16 de enero del 2001, lo nombró presidente de la Comisión de Indultos, Derecho de Gracia y Conmutación de Penas para los casos de terrorismo.

Quienes conocen el pasado de Ciurlizza afirman que militó en la filas del Partido Comunista Revolucionario y hace poco se hizo tristemente célebre cuando se difundieron unos audios donde se escucha a Ciurlizza, intercambiar ideas en la Base Naval con los cabecillas de Sendero Luminoso y del MRTA, sobre varios puntos de agenda, como la irresponsable flexibilización carcelaria y la misma composición de la Comisión de la Verdad (CV), mientras Abimael Guzmán exigía que lo trataran como “preso político”.

Acto seguido, Ciurlizza habría de ser secretario ejecutivo de la CV, para finalmente recalar en una dirección del Ministerio de Relaciones Exteriores. Por si fuera poco, en agosto de 2006, durante el gobierno de Alan García, se nombró como Vicepresidenta del INPE, a Susana Silva Hasembank, actual esposa de Javier Ciurlizza, quien ya se había desempeñado como Segunda Vicepresidenta del INPE entre marzo de 2004 y febrero de 2006; además, ha sido asesora jurídica del Comité Internacional de la Cruz Roja con sede en Lima, Perú.

Otro integrante del aparato neomarxista caviar en el sector justicia, ha sido Iván Bazán Chacón, de la ONG Fedepaz (Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz). Fue el primer secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos y Conmutación de Penas. En este esquema de infiltración, no llamó la atención que en la procuraduría Ad Hoc anticorrupción se incluyera a Ronald Gamarra, cuyo historial es bien conocido, no sólo en los claustros de la Universidad Mayor de San Marcos, sino como activista de “Pueblo en Marcha” (fundado en 1983), que junto a la Unidad Democrática Popular de Cecilia Oviedo, hoy exiliada en México, fungían como brazo legal del MRTA.

Debido a estos antecedentes, no extraña el fundamentalismo de Gamarra y su actitud carcelaria para con los militares y policías acusados de presuntas violaciones de derechos humanos. A la luz de estos sucesos, resulta condenable la indolencia y en muchos casos complicidad abierta del gobierno de Alejandro Toledo, quien alertado del juego propio en que estaban inmersos estos personajes que usaban sus cargos y la política anticorrupción para sus venganzas político-ideológicas, no hizo nada para impedirlo y únicamente procedió a remover a un sector de ellos, cuando comenzaron a investigar denuncias de corrupción que salpicaban al propio Toledo y a sus familiares.

Peor aún, al designar a un nuevo procurador anticorrupción, Toledo y sus asesores siguieron la misma tendencia: el elegido fue Antonio Maldonado, también ex militante del Partido Comunista Revolucionario (PCR).

Circunstancias similares se produjeron en el Ministerio Público, donde se encumbró en el poder el fiscal supremo Pablo Sánchez Velarde, que igualmente fuera del PCR en la Universidad Mayor de San Marcos. En el Poder Judicial el máximo exponente de la red neomarxista sería el vocal supremo César San Martín Castro, socio entre el 2000 y el 2004, del Estudio Benites de Las Casas, Forno & Ugaz Abogados. César San Martín es señalado por muchos como el teórico de gran parte de la legislación antigarantista y jacobina en materia judicial anticorrupción, aplicada desde el 2001 hasta la fecha.

Siempre con el obsesivo respaldo político y confabulaciones del entonces poderoso ministro de Justicia Fernando Olivera Vega, líder del FIM aliado del gobierno toledista, el vocal supremo César San Martín Castro, sería el creador de la figura jurídica de “complicidad en peculado” que habría servido para encarcelar a corruptos pero también a muchos enemigos políticos de la izquierda caviar.

Claramente, esta red neomarxista promovió el talionaje político y judicial atropellando principios básicos del Derecho, como la no retroactividad de las leyes; la preexistencia jurídica del delito a los hechos materia de acusación; la presunción de inocencia y el plazo perentorio de la detención sin sentencia, entre otros más; panorama que configura una violación sistemática del debido proceso en contra de los inculpados por la presunta comisión de actos de corrupción o violación de los derechos humanos, que fueron juzgados durante las administraciones de los presidentes Paniagua y Toledo.

El grupo reciclado de los camaradas tiene además sus tontos útiles y ejecutores en la Judicatura. Para algunos podría estar en la segunda categoría Juan Jiménez Mayor, ex viceministro de Justicia y Secretario Técnico de la Comisión Especial para la Reforma Integral de la Administración de Justicia” (Ceriajus), donde la izquierda caviar no dejó pasar la oportunidad para ubicar como “representante de la sociedad civil” a David Lobatón Palacios, activo operador de Instituto de Defensa Legal (IDL).

En este marco, el IDL y su hijo el consorcio Justicia Viva, habrían beneficiado mediante respaldo académico, social y de promoción mediática a varios magistrados anticorrupción: Inés Felipa Villa Bonilla, Inés Tello Valcárcel de Ñecco, Hilda Cecilia Piedra Rojas, Araceli Baca Cabrera, Susana Inés Castañeda Otsu, Carlos Ventura Cueva y Saúl Peña Farfán, entre otros.

En el área administrativa, durante el período en que fuera presidente de la Corte Suprema de Justicia, Hugo Sivina Hurtado, estuvo en la secretaría técnica del Poder Judicial la abogada Rosa Mavila León (Universidad Mayor de San Marcos y ex militante del PCR). Mavila León no niega su pasado radical y ha reconocido en una entrevista al diario El Comercio en agosto de 2006, que siendo abogada defendió a un acusado de terrorismo que luego habría sido absuelto por la Corte Suprema.

Además, ella ha sido una pieza clave: en la gestión de Toledo fue procuradora pública en asuntos judiciales y de terrorismo del Ministerio del Interior, así como asesora en el Acuerdo Nacional por la Justicia.

Pero su influencia llegaría lejos, Rosa Mavila también ha ejercido como secretaria general del Ministerio de Educación y Coordinadora de la Comisión de Reestructuración del Poder Judicial; docente del Programa de Capacitación para Fiscales y Vocales aspirantes a la Corte Suprema de la Academia de la Magistratura y antes integró el equipo técnico de la Iniciativa Nacional Anticorrupción que fuera encabezada por Monseñor Miguel Irízar, durante el Gobierno de Paniagua en el 2001. Como si fuera poco, en agosto de 2006, el Ministerio de Justicia, designó a Rosa Mavila, como jefa del Instituto Nacional Penitenciario (INPE).

Igualmente, en setiembre de 2006, surge otra muestra del poder de los lobbies de la izquierda caviar: la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) encargada de supervisar a las ONGs, nombró a Mariella Pinto Rocha, en el puesto de asesora principal de este organismo. Mariella Pinto es una profesional especializada en educación inicial, que ha trabajado desde el 2001 en el ministerio de Justicia a cargo del proyecto de reforma de los centros carcelarios y además estaría vinculada sentimentalmente a Diego García-Sayán.

El consorcio Justicia Viva

Por su condición de institución operativa del engranaje construido por la red neomarxista en el sector Justicia, es necesario conocer a la entidad “Justicia Viva” (JV): es un proyecto autodenominado “de participación y fiscalización ciudadana en la reforma judicial”, a cargo de un consorcio integrado por el Instituto de Defensa Legal (IDL), la Facultad y el Departamento Académico de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú junto a la Asociación de Jueces por la Justicia y Democracia, aunque este último grupo luego se apartó.

Con este proyecto, JV ganó en el área de justicia un concurso convocado por la USAID estadounidense y su “Oficina de Iniciativas Democráticas”, mediante el cual JV recibe apoyo económico y académico durante tres años.

Confirmando la sólida influencia de los neomarxistas en el consorcio JV, dicha institución tiene como actuales directivos y operadores a los siguientes personajes: Hans Landolt Pardo (Director General del IDL); Ernesto De la Jara Basombrío (Director General de Justicia Viva); Alfredo Villavicencio Ríos (Coordinador General); David Lovatón Palacios; Antonio Salazar García; Beatriz Santiváñez Arias; Javier La Rosa Calle; Juan Carlos Ruiz Molleda y por supuesto Ronald Gamarra Herrera.

Otra pieza de este grupo, es el sociólogo e historiador, Nelson Manrique Gálvez, ex asesor de la denominada Comisión de la Verdad y Reconciliación, y ahora columnista de IDL, Manrique Gálvez fue integrante del marxista Partido Unificado Mariateguista (PUM) y del grupo ultrarradical Márgenes, que en tiempos pasados llamaba “liberales” (Diario Amauta No 46), a otros camaradas que recusaban la violencia revolucionaria. Resulta que en octubre de 2006, a Nelson Manrique le habría salido su entraña marxista, al afirmar que las condenas penales benévolas aplicadas a los cabecillas del grupo terrorista MRTA eran “desproporcionadas”.

Antimilitarismo y direccionalidad ideológica

Como no podría ser de otra manera, considerando los antecedentes políticos y la orientación ideológica de quienes integran JV; sus trabajos evidencian una fuerte animadversión y desprecio hacia las Fuerzas Armadas y policiales, actitud que por extensión la proyectan a los ex funcionarios del régimen de Fujimori (inocentes y culpables); cayendo en una generalización y prejuicios incompatibles con una institución que opera en el Poder Judicial y ejerce una influencia en la opinión pública debido a sus amplios recursos económicos y mediáticos, a través de páginas Web, programas de televisión por cable, seminarios, becas, programas en radios de Lima y provincias, así como en revistas y boletines.

Esta postura reñida con la objetividad y contraria a la institucionalidad de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, se basa en temas como los derechos humanos y lucha anticorrupción, a partir de los casos de corrupción y violación de derechos humanos que perpetraron algunos miembros de dichas fuerzas del orden. Frente a lo cual, JV se dedica a estigmatizar, deslegitimar y desarticular a las instituciones militares y policiales en general, promoviendo el enjuiciamiento masivo de sus integrantes que participaron en la lucha antiterrorista contra Sendero Luminoso y el MRTA.

Bajo ese enfoque sesgado, entre las publicaciones de los operadores de JV encontramos textos como: “30 razones por la inconstitucionalidad de la ley de organización y funciones de la justicia militar”, de David Lovatón Palacios; “¿Hasta cuándo la curiosa justicia militar?” de Ronald Gamarra Herrera; “El ministerio de Defensa y su urgente compromiso con el post CVR”, por Antonio Salazar García; “La judicialización de crímenes contra los derechos humanos presentados por la CVR y asumidos por el IDL” y “El desafío de la justicia militar”, entre otros.

En un artículo adicional publicado por Ernesto de la Jara Basombrío, a propósito del discurso del Presidente Alan García Pérez el 28 de julio del 2006, se expresa lo siguiente: “En resumen: hasta ahora no hay nada para decir que en materia de justicia, Alan García volvió a las andadas, pero tampoco para decir que hay señales de cambio. Más de lo mismo: parece que continuará existiendo un sistema de justicia precario, en crisis permanente y sin reforma”.

A continuación añade “¿Y cómo interpretar el nombramiento de una magistrada del perfil de María Zavala, como Ministra de Justicia? Si bien ella no se ha caracterizado por ser parte del cada vez más reducido número de jueces comprometidos con la autocrítica y el cambio, ella como Ministra de Justicia tiene la posibilidad de hacer lo que objetivamente no hizo como magistrada: impulsar contra viento y marea la reforma del sistema de Justicia”.

En una línea antimilitarista y parcializada respecto a la lucha del Estado peruano contra el terrorismo de SL y el MRTA y olvidando que este caso ya sigue un curso legal, la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh) y el Instituto de Defensa Legal (IDL) declararon, según la agencia Notimex el 3 de agosto de 2006: “Que se investigue de manera profunda la masacre de 200 presos acusados de terrorismo que fueron ejecutados en tres penales en 1986”.

Asimismo, en pronunciamientos por separado, la Aprodeh y el IDL solicitaron a la justicia que “determine las responsabilidades políticas y penales de los responsables de las ejecuciones realizadas en el primer gobierno (1985-1990) del presidente Alan García”; puntualizando: “Aún quedan cuentas por rendir con el pasado”, en alusión a lo ocurrido hace más de 20 años en los penales peruanos de San Juan de Lurigancho, El Frontón y Santa Bárbara.

En esta misma senda y buscando mantener latente el proceso judicial, uno de los abogados del IDL-Justicia Viva, Carlos Rivera Paz, presentó en setiembre de 2006, una “queja de derecho” contra el último dictamen del fiscal Mario González, vale decir el tercero que éste emite y que exonera de responsabilidad a Alan García y a miembros de su Consejo de Ministros de 1987, respecto a los presuntos crímenes ocurridos en las prisiones peruanas.

Acaparando la cooperación internacional

Sobre la cooperación internacional que financia a las redes neomarxistas, es necesario conocer que según datos publicados por el diario Expreso, de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional, (APCI), sólo en el año 2004, tres ONG neomarxistas recibieron de la cooperación externa cuatro millones 221,353 dólares para operar en el país: el Instituto de Defensa Legal recibió dos millones 798,585 dólares para realizar su plan de “Consolidación de la Transición Democrática y de los Derechos Humanos en el Perú”, este dinero también sirvió para financiar los trabajos que desarrollaba la Comisión de la Verdad (CVR). Entre las principales fuentes de financiamiento del IDL, figuran la Open Society Institute, USAID, Fundación Ford, British Council y la Comisión Europea.

La Comisión Andina de Juristas (CAJ), habría recibido 957,669 dólares para realizar su “Plan Trienal 2004-2006”, ubicado en la temática de gobernabilidad, teniendo como sus principales fuentes de financiamiento a la Oficina de Cooperación Canadiense, Save The Children, la Cooperación Alemana al Desarrollo, la poderosa National Endowment for Democracy de EE.UU., la Corporación Andina de Fomento y la Fundación Ford, entre otras.

A su turno, la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh) recibió el 2004 para su “Proyecto Aprodeh 2004”, un total de 465,099 dólares para trabajos en Apurímac, Ayacucho y Huancavelica relacionados con la CVR. Entre los donantes figuran The Oxford Comitee for Famine Relief, la Fundación John Merck, The Ford Foundation, la holandesa ICCO y la francesa Secours Catholique, entre otros.

Un informe del Consejo por la Paz, entidad presidida por Francisco Diez Canseco, es más puntual y revela que entre los años 2004 y 2005, doce ONGs de la izquierda caviar recibieron unos 43 millones de dólares, significando estos montos entre el 20 y 30 por ciento del total de dinero obtenido por las diferentes ONGs, sólo referente a la cooperación internacional entregada por organismos extranjeros independientes a sus gobiernos. De todas, la ONG Instituto de Defensa Legal se adjudicó más de 5.5 millones de dólares en dicho período y la ONG Comisión Andina de Juristas 1.9 millones de dólares.

En otro plano, Diez Canseco Távara, está convencido que el lobby de las ONGs de izquierda caviar, con el poder político que les dio Alejandro Toledo, impuso el informe de la Comisión de la Verdad, como si fuese de cumplimiento obligatorio en el Poder Judicial y en el Ministerio Público. Simultáneamente, Diez Canseco Távara (al igual que otros), denuncia que es víctima del abuso de poder de los neomarxistas en la administración de justicia, y por ello enfrenta tres juicios después de haber criticado al ex ministro de Justicia Diego García-Sayán: dos querellas y una denuncia penal.

Las conexiones con Argentina y Chile

Las instituciones de la izquierda judicial del Cono Sur mantienen relaciones principalmente con cuatro instituciones peruanas: el Instituto de Defensa Legal (IDL); la Comisión Andina de Juristas (CAJ); la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y la Comisión Episcopal de Acción Social (CEAS).

Con respecto al IDL, las relaciones con entidades chilenas y argentinas vienen de años atrás, cuando el eje de su labor estaba centrado en la defensa de los derechos humanos, siendo más fuerte con el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) de Argentina y con la Corporación Chilena de Derechos Humanos. Cabe agregar que estos vínculos se ven reforzados a su vez por la presencia de la Fundación Ford, en tanto las tres constituyen socios estratégicos de ésta en sus respectivos países.

Recientemente, el IDL ha establecido relaciones con otras entidades de estos países sobre la base de sus nuevas líneas de acción, como son las de seguridad ciudadana y administración de justicia, vinculándose en el primer caso con el Centro de Estudios para el Desarrollo (CED) de Chile, dirigida por Hugo Frühling, sobre la base de un proyecto regional financiado por la Fundación Ford, y en el segundo caso con el Centro de Estudios de Justicia de las Américas, formando parte de la Red de Organizaciones de la Sociedad Civil en Materia de Justicia (Red OSC).

Los intereses de IDL parecen estar puestos más bien en la región andina, donde ha promovido una Red Andina de Justicia de Paz y Justicia Comunitaria con organismos de Ecuador (CIDES), Colombia (CEJ) y Venezuela (Consorcio Justicia) para fortalecer su posición en el tema de justicia de paz, con el apoyo de la Unión Europea.

En el caso de la CAJ, ella mantiene aún fuertes vínculos institucionales con diferentes organizaciones del Cono Sur, especialmente con el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) y CELS en Argentina, y el Centro de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Diego Portales y la Corporación Forja en Chile, mediante la participación constante de expertos de estas instituciones en sus cursos internacionales de derechos humanos.

En definitiva, puede señalarse que salvo por los contactos que mantiene el IDL, las relaciones entre las instituciones de la izquierda judicial del Cono Sur con sus pares peruanas no son tan estrechas como aparentan ser. Ello explica porqué instituciones de larga experiencia en procesos de reforma procesal penal, como INECIP, la Universidad Diego Portales o CEJA, no hayan logrado aún una presencia significativa en el espacio nacional. En el caso de INECIP, ésta intentó crear una Oficina Regional a nivel de los países andinos, encabezada por un peruano, la que sin embargo no prosperó por la falta de apoyo económico a esta iniciativa.

Denuncian a JV y a IDL

“La propuesta de eliminar el fuero judicial castrense podría desestabilizar las Fuerzas Armadas y el estado democrático”, afirmó el presidente del Consejo Supremo de Justicia Militar (CSJM), general Juan Pablo Ramos, en agosto del 2006; en su opinión, esto es lo que buscan las ONGs conformadas por el consorcio Justicia Viva y el Instituto de Defensa Legal (IDL). Tras señalar que la existencia de justicia militar está amparada la Constitución, el general Ramos, sostiene que suprimirla forma parte de una campaña sistemática que se inició desde el 2004 y ojalá no llegue a trascender.

Sobre el tema, cabe acotar que el Colegio de Abogados de Lima tiene más de 40 mil asociados, pese a ello, quien sostuvo la desaparición del fuero castrense fue el ex director de IDL e integrante de Justicia Viva, David Lobatón Palacios, y la demanda de inconstitucionalidad del Código de Justicia Militar, la sustentó el ex procurador Ronald Gamarra, también de Justicia Viva. En consecuencia, genera demasiadas suspicacias el desmedido interés de dichas instituciones de la izquierda caviar por arremeter contra la institucionalidad de las Fuerzas Armadas y la justicia militar.

En tal sentido, el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Walter Vásquez Vejarano, denunció en setiembre de 2006, que el consorcio “Justicia Viva” tiene la intención de manejar el Poder Judicial, con una injerencia tal, que quiere participar de la conformación de los órganos jurisdiccionales, y aseveró que ONGs similares están incrustadas en el Poder Judicial y aprovecharían el voto universal para elegir al nuevo presidente de la Corte Suprema (planteado por la ministra de Justicia, María Zavala), a fin de promover mediante los cursos de capacitación que dictan, a los candidatos que quisieran poner en la administración de justicia.

Adicionalmente, el Presidente del Poder Judicial agregó que “Justicia Viva” se encarga de capacitar a los magistrados sin la autorización expresa del Consejo Ejecutivo de la Corte Suprema, lo que demuestra un extraño interés en posicionarse dentro de la justicia peruana.

En relación a este hecho, se sabe que en anteriores “cursos de capacitación” a los que hizo referencia el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, se habría condicionado a los magistrados para que sean duros con los militares y blandos con los terroristas, y para que hagan tabla rasa del derecho a la presunción de inocencia en los procesos anticorrupción.

Pero al abordar el tema, el Presidente de la Comisión de Defensa y Orden Interno del Congreso, el oficialista Luis Gonzáles Posada (APRA), piensa que las ONGs deben ceñirse a un marco regulatorio. “Ni siquiera el Parlamento puede solicitar información o inmiscuirse en los procesos de selección de autoridades en las Cortes Superiores y menos en la Corte Suprema”, recordó.

Siendo más categórico aún, el Secretario General y congresista del APRA, Mauricio Mulder, expresa su alarma por el peligro proveniente de los sectores de la izquierda caviar, al considerar que tienen mucho poder extrapartidario, gracias a su manejo de ONGs y sus sólidos nexos con algunos medios de comunicación, lobbies de estudios de abogados y dinero que proviene de la cooperación internacional, sobre todo de EEUU, Canadá y Francia.

A la vez, confirmando una preponderante visión crítica en las altas esferas de la administración García sobre las ONGs de la izquierda caviar, Mulder no duda que estas instituciones están alrededor de los derechos humanos sirviendo de tontos útiles al terrorismo y en torno a la reforma del Poder Judicial (PJ), favoreciendo a quienes están en contra del PJ, buscando menoscabar su autonomía, “como la ONG IDL, que pretende inmiscuirse en la elección del presidente de la Corte Suprema”.

En esa misma línea de cuestionamiento contra ONGs y organismos integrantes de la izquierda caviar, durante la IV Conferencia Interreligiosa Peruana, en la Pontificia Universidad Católica, del 15 de agosto de 2006, el presidente del Consejo de Ministros (PCM), Jorge Del Castillo Gálvez, denunció que “sectores de izquierda se apropiaron de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) y excluyeron al APRA para presentarla como enemigo de aquella”. Pese a estas expresiones y en un giro inesperado, el premier luego nombró a Sofía Macher, como presidenta del Consejo de Reparaciones para las víctimas de la violencia terrorista, instalado en la PCM.

A su turno, el ahora vicepresidente de la República del gobierno de Alan García, Vicealmirante AP, Luis Giampietri Rojas, escribió el artículo: “El Reposo del Guerrero”, con ocasión del fallecimiento del general Clemente Noel Moral en mayo de 2005, donde entre otras cosas expresa lo siguiente:

“Mas de veinte años después y basándose en acusaciones no vinculantes de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, con la ayuda de ONGs y consorcios como Justicia Viva, el Instituto de Defensa Legal, la Comisión Andina de Juristas, Aprodeh, la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, la Defensoría del Pueblo, jugando en pared con la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos de Costa Rica a través de sentencias a la medida, y contando con el preocupante e insólito apoyo de tres millones de dólares del USAID del gobierno norteamericano; se ha iniciado una implacable persecución judicial sobre todos aquellos oficiales y personal subalterno que, obedeciendo órdenes de los jefes Supremos de las Fuerzas Armadas que los comandaron, lucharon y en muchos casos dieron la vida para lograr la paz de que gozamos, luego de transitar por épocas de inseguridad y muerte, que parece habríamos ya olvidado”.

Definen política de gobierno

Sobre el particular, el día del aniversario de las Fuerzas Armadas del Perú en setiembre de 2006, el Presidente Alan García Pérez anunció que la defensa judicial de los efectivos militares y policiales (en actividad y retiro) que vienen siendo procesados por la supuesta violación de derechos humanos mientras luchaban contra el terrorismo, entre 1980 y el 2000, será asumida por los ministerios de Defensa y del Interior; con la finalidad de “no dejar abandonados a miles de soldados y oficiales sobre los que recae siempre la sospecha de los que no pusieron nada por defender a la patria contra el terrorismo”, enfatizó el mandatario.

Según cálculos preliminares, serían unos 950 los militares enjuiciados, aunque las cifras continúan en estudio. Antes de este anuncio presidencial, el ministro de Defensa había declarado, que las recomendaciones y conclusiones del informe de la Comisión de la Verdad sobre la presunta culpabilidad de militares y policías en la lucha antisubversiva, no tienen carácter vinculante.

Reflexión final

Un análisis objetivo e integral sobre la actuación y el entramado de las ONGs neomarxistas o de la izquierda caviar en el Poder Judicial peruano, revela que nada en el rol de los agentes de la cooperación internacional debe incluir el fortalecimiento de ONGs locales como actores monopólicos que imponen sus puntos de vista y prejuicios ideológicos, sobre temas tan sensibles como la administración de justicia, las fuerzas armadas, la defensa nacional y la seguridad ciudadana.

Por último, nada justifica tampoco que se utilicen los fondos internacionales que son para la sociedad peruana, como recursos que alimentan el poder de ONGs, integrantes de una especie de logia mutante que busca enquistarse en el ámbito judicial y seguir entrometiéndose de manera hostil en el funcionamiento de las fuerzas armadas y policiales.

Frente a lo cual hay dos objetivos pendientes, uno: lograr que la cooperación internacional se pluralice y descentralice, y dos: afianzar una activa vigilancia ciudadana e institucional sobre el accionar pernicioso e infiltración de redes neomarxistas a través de ONGs que funcionan con ingentes cantidades de dinero que deberían destinarse a políticas públicas estatales en beneficio de los sectores más desposeídos de la población.

Lima, 1 de noviembre del 2006