Escribe: Dante Bobadilla Ramírez
Al fin Alberto Fujimori se animó a pedir una revisión de su juicio. ¿Y por qué no? ¿O es que solo los terroristas tienen derecho a pedir nuevos juicios? Si la justicia puede equivocarse, pues tendría que equivocarse equitativamente. No solo con los terroristas. De hecho el juicio de Alberto Fujimori tuvo mucho de sospechoso, empezando por su celeridad en un país acostumbrado a los juicios de más de una década y de casos que se reabren cada ciertos años. ¿O acaso no siguen reabriendo el caso El Frontón que está por cumplir 30 años? Bajo este panorama, nada sería más atinado que reabrir el caso de Alberto Fujimori, y volver a juzgarlo al cabo de ciertos años, cuando los ánimos ya se han enfriado y los sicarios del progresismo han perdido fuerza.
El juicio a Alberto Fujimori fue un proceso grotesco por todos lados, lo más parecido que hubo jamás a un linchamiento, con un sicario disfrazado de juez. Empezó en diciembre del 2007 y concluyó de manera extremadamente sumaria en marzo del 2009. Es decir, uno de los casos más complejos de la historia del Perú fue despachado en 15 meses. Nunca la justicia fue tan eficiente. La verdad es que todo el proceso estuvo viciado. Aun se respiraba el odio de diversos sectores contra Alberto Fujimori, empezando por el mismísimo juez César San Martín, que presidía la sala, pues había sido destituido de su cargo por Fujimori años atrás. Aunque sea por decoro, este juez tendría que haberse inhibido. Pero estaba listo para actuar como verdugo. Y rápidamente.
Nadie duda de que Alberto Fujimori cometió delitos y que merecía ser juzgado y condenado. El mismo Fujimori se allanó ante una serie de acusaciones. Pero el plan maestro de la caviarada marxistoide filoterrorista era condenarlo por delitos de lesa humanidad y mandarlo a la cárcel por el plazo más largo posible. Para ello tenían que implicarlo necesariamente en los casos de Barrios Altos y La Cantuta. Cosa que lograron hacer sin el menor decoro, apelando a una sucia artimaña legal: la teoría del autor mediato. Con esa teoría podrían haber metido presos también a Fernando Belaunde y Alan García. Y aun pueden hacerlo con Alan García. No dudo que lo intentarán las hienas de la justicia caviar.
La recusación del juicio se basa precisamente en eliminar los cargos imputados a Fujimori por los casos de Barrios Altos y La Cantuta, y por la presencia del juez César San Martín, quien tenía buenas razones para buscar vengarse de Fujimori. Además su propia conducta lo delata. Ahora se conocen los correos que este juez intercambiaba con sus amigos en España buscando obsesivamente la forma de condenar sin pruebas a Fujimori. El agravante de esta conducta casi delictiva es que tales coordinaciones se realizaron apenas al inicio del proceso. Esto significa que antes de ver la causa, el juez César San Martín ya estaba firmemente decidido a condenar a Alberto Fujimori sin prueba alguna. De lo que si hay prueba es de esta felonía judicial. ¿Puede esto quedar impune?
Es bien conocido el arte de ciertos abogados para emplear el idioma y la lógica de formas tan retorcidas, que son capaces de fantásticos actos de ilusionismo legal. La caviarada es experta en el arte de maquillar la realidad, esconder montañas y fabricar héroes y villanos a su gusto. Allí tenemos el maquiavélico informe de la CVR donde los terroristas simplemente no existen. Solo mencionan al Partido Comunista del Perú - SL como principal responsable pero sin llamarlos terroristas jamás. Peor aun, dice que sus acciones se encuadran en una larga tradición autoritaria peruana y que estuvieron motivadas por las condiciones de exclusión y marginación. Es decir, para la CVR los terroristas no eran más que luchadores sociales. La obra magna de la CVR concluye en que el mayor responsable es el Estado y el gobierno de Fujimori, agradece la labor de las ONGs de DDHH y exige reconciliación. Faena completa.
El juicio a Fujimori fue parte de la estrategia caviar para cambiar el relato de la historia. Creyeron que con su informe de la CVR y las campañas de sus ONGs y agrupaciones de izquierda para dar cumplimiento estricto a sus recomendaciones lograrían el triunfo final. Tras la derrota del terrorismo la estrategia de la izquierda se trasladó al plano legal, mediante su frente de ONGs de DDHH, y al plano académico a través de la divulgación del informe de la CVR. En el frente legal se activaron las denuncias contra el Estado en la CIDH por todos los casos posibles e imposibles, es decir, incluso por aquellos que habían sido claramente perpetrados por los terroristas, haciéndolos pasar por crímenes del Estado. Son los casos de Uchuraccay y Pedro Huilca, entre otros en trámite.
La condena de Fujimori selló en parte la contraofensiva de la izquierda. Todavía quedan pendientes los actos simbólicos que siguen reclamando, como el "Museo de la Memoria", a un paso de ser una realidad gracias al apoyo de varios cucufatos inocentes y poseros. Pero la mayor esperanza de la caviarada oenegienta y vividora aun está depositada en el gran faenón de la búsqueda de fosas e identificación de cuerpos. La anulación del juicio a Fujimori sería un duro golpe para sus pretensiones. Los magos del derecho caviar consiguieron culpar a Fujimori de delitos ajenos solo como el mayor acto simbólico para sellar la tarea de la izquierda. Han alimentado la hoguera del antifujimorismo durante 15 años y con mucho éxito. Han montado mitos y colectivos para denigrar al fujimorismo en todas las formas. Pero Alberto Fujimori se resiste a morir.
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