La izquierda teflón

La izquierda municipal nos está mostrando un nuevo estilo de liderazgo y gestión que podríamos llamar "gerencia teflón", la cual consiste en asumir responsabilidades retóricas, como todo lo que hace la izquierda, mientras se sigue sentado en el puesto como si nada hubiera ocurrido. La señora alcaldesa de Lima, que para muchos ya ha pasado a llamarse Susana Villanarán, le ha dado un nuevo matiz al modelo de gestión instaurado por Poncio Pilatos, pues además de lavarse las manos se ha lavado la conciencia al declarar que ella no sabía nada. ¿Eso la exime de culpa o empeora su responsabilidad?

Sin duda la alcaldesa no tiene ningún espíritu gerencial y carece de una filosofía de liderazgo, pues su misión y responsabilidad es saber lo que ocurre y lo que ocurrirá en la ciudad a su cargo, sobre todo si ella misma ha solicitado un operativo policial junto a una tarea tan riesgosa como bloquear La Parada. Ella no puede dejar semejante encargo y montarse en un avión el mismo día del operativo sin interesarse de lo que vendrá. Ayer en la sesión del Concejo de Lima se reveló que en el Municipio se sabía que ese día se haría el operativo. Por ello incluso se destinaron los cuerpos de serenazgo a dicha operación. Esta información trató de ser acallada por los concejales de izquierda y hasta llegaron a sacar a la prensa del local, dejando en claro cuál es su sentido de respeto por la verdad y la libertad de prensa.

Al final no importa si Susana Villanarán sabía o no sabía. Ella es la responsable. Es la que pidió el operativo y su obligación era estar al pendiente y conducirlo. No tirarle la papa caliente a la policía y salir del país. Si no supo del operativo es porque no le dio la gana saberlo cuando esa es su responsabilidad como alcaldesa. Tenía que estar pendiente del asunto, como corresponde a cualquier gestor responsable y eficiente. Decir que ella no sabía del operativo no la exculpa sino que empeora su responsabilidad por negligente. En su caso la ignorancia no es un atenuante sino un agravante. Y esta actitud pinta de cuerpo entero lo que ha sido desde el principio esta gestión edilicia: improvisación y retórica.

Paralelamente resulta penoso leer a tanto mermelero mediático y sobón caviar aclamando a la alcaldesa con mentiras mundanas como "tuvo el coraje de imponer el orden? ¿What? ¿Que hizo qué? ¿En dónde viven estos mermeleros? Lo que hizo Villarán fue el desastre del día jueves contra el mercado mayorista de La Parada. Lo que hizo la policia el sábado fue el operativo contra la delincuencia del sector que rodea a La Parada. Son dos cosas bien distintas. Lo que hizo Susana Villarán fue pasarle una papa caliente a la policía y luego desentenderse del asunto para irse de vacaciones. La prensa mermelera pretende robarse el crédito del operativo policial del sábado para lavarle la cara a la alcaldesa. ¡Qué desfachatez!

¿Alguien ha visto en la prensa un análisis sobre si convenía bloquear La Parada con un muro de concreto? ¿Alguien ha señalado el evidente fracaso del diálogo con los comerciantes? ¿Alguien puede ser tan ingenuo para creer que eligieron ese jueves por pura casualidad y no por la revocatoria? La misma izquierda que nos mecía durante meses con el cuento del diálogo en Cajamarca hoy no dice nada sobre un operativo que tiene todo el estilo de Oscar Valdés pero sin gestión. ¿Acaso era necesario cercar La Parada? ¿No bastaba con apostar camionetas del serenazgo que impidieran el paso de los camiones con una Resolución de Alcaldía en mano? ¡Ah, claro! Es que ni siquiera habían publicado la Resolución! Brillante gestión. Ahora somos un país bananero con una capital bananera.

Más hipocresía caviar

La oportunidad histórica que ha tenido la izquierda para llegar al poder de múltiples formas en el presente siglo, incluyendo las electorales, los ha enfrentado por primera vez con la realidad. Acostumbrados como están a la retórica de sus textos sagrados, a sus íconos ideológicos y consignas de batalla, hoy han tenido que dejar la palabrería y los gestos inútiles con que han llenado sus vidas para empezar a resolver problemas reales en el mundo real. Semejante experiencia ha significado, para la mayoría de los progresistas y caviares, un traumático shock mental que en muchos casos ha derivado en una verdadera esquizofrenia. No es raro descubrir progres y caviares atascados en un hoyo de contradicciones y patinando en el fango del absurdo.

Recientemente pudimos asistir al show de hipocresía caviar montado por los jerarcas de la ex PUCP, para quienes la ley y el ordenamiento jurídico entero solo existen y valen cuando los beneficia. Se han zurrado en todo, desde el Poder Judicial hasta el Tribunal Constitucional. Más aún: han llegado a desconocer incluso las atribuciones del Vaticano y los acuerdos vigentes entre el Estado y la Santa Sede. Es decir, ya ni el orden jurídico internacional vale para la caviarada PUCP. Gran ejemplo para sus estudiantes.

Ahora tenemos un nuevo y vergonzoso espectáculo de hipocresía y demagogia caviar frente a los eventos que ha provocado el Municipio de Lima, en manos de un equipo de incompetentes arribados en una variopinta combi electoral que llevó lo más selecto de la fauna de izquierda, incluyendo Patria Roja. Para empezar, tenemos a la propia alcaldesa Susana Villarán expresándose con desprecio de los ciudadanos que firmaron por la revocatoria, quienes, según ella, se habrían vendido por una bolsa de fideos. Es el mismo discurso que repite toda su corte llamando "vendidos" a los ciudadanos.

Por otro lado recusan la decisión del JNE por haber ordenado el conteo de las firmas ante un mañosos error del RENIEC que dejó fuera de fecha a los revocadores. Marisa Glave ha salido a los medios con la espada desenvainada afirmando con énfasis que "el error no genera derecho". Lo que pide a gritos la infanta de Susana es que el JNE se convierta en una máquina binaria que aplique el dogma sin más análisis. Olvida que un juez, tribunal o jurado existe para analizar la naturaleza de las cosas. Hay que ver de qué error se trata y qué afecta con miras a restablecer el derecho y la justicia. Eso es lo que hizo el JNE. No hay nada que reprocharle, solo aplaudir su accionar.

Pero sin duda lo más paradójico ha sido la novedosa actitud de la izquierda que hoy defiende el imperio de la ley y el orden ante los penosos sucesos de la semana pasada en La Parada. ¿Desde cuándo la izquierda, generadora permanente de perturbación social, se interesa por el oden y el imperio de la ley? Esto es algo completamente nuevo. Ahora hasta quieren declarar el Estado de Emergencia, piden capturar y condenar a los revoltosos. ¿Qué pasó con su defensa de la agitación social y su protección de los agitadores? ¿Dónde quedó su rechazo a los estados de excepción? ¿En dónde dejaron olvidada su permanente oposición a penalizar el vandalismo? En esta ocasión los revoltosos han merecido el palo de progres y caviares quienes han evitado juzgar la prepotencia abusiva de la patronal, que en este caso es la Municipalida de Lima.

Por último, las ONGs de DDHH que se acumulan como ruma de estiércol en la CNDDHH presidida por la ilustre caviar Rocío Silva Santisteban, defensora incansable de terroristas, no han dicho absolutamente nada de los DDHH de nadie. La poetiza de los DDHH solo ha salido hoy a llorar por la muerte en prisión de un terrorista que no fue indultado a tiempo. Ni siquiera han protestado por el asalto policial del sábado en que llegaron a irrumpir con violencia en barrios y domicilios sin amparo legal alguno. Los arrestos se hicieron al azar y a ojo de buen cubero, según la posición y facha de los sujetos que iban hallando los policías a su paso, sean hombres o mujeres. Todo un despliegue de guerra tardío cuyo único objetivo fue cobrarse la revancha y demostrar que son capaces de contrarrestar el vandalismo cuando quieren y hacen bien las cosas. Lo cual no siempre es el caso.

Por supuesto, en esta ocasión las lacras oenegientas de DDHH no han sido capaces de condenar la brutalidad policial ni el uso desmedido e inútil de la fuerza. Nadie ha ido a interesarse por la suerte de los más de cien detenidos, tal como lo hicieron formando fila cuando detuvieron a la inmundicia de Wilfredo Saavedra. En esta ocasión silencio absoluto. 

Todo eso pinta de cuerpo entero a la izquierda peruana, un sector compuesto por delirantes confusos y dogmáticos que han permanecido toda su vida en el limbo de las utopías socialistas. Hoy que tienen que enfrentar la verdad del mundo real no les queda más que tragarse sus discursos y cambiar sus poses tradicionales. Una vez más la historia y la realidad les da una lección y nos demuestra que la izquierda no es más que una secta de fanáticos extraviados y equivocados que han causado mucho daño en el Perú y el mundo.

El lobby Diez Canseco - Berkemeyer

El origen del proyecto de Diez Canseco

Lunes 29 de octubre del 2012 | 07:46

Hay un nuevo elemento a tomar en cuenta en el caso del legislador. Óscar Berckemeyer, su exasesor, es titular del fondo que controla 3’390,992 acciones de inversión de Backus.

NO ES CASUALIDAD. El interés de Javier Diez Canseco por las acciones de Backus tiene su historia. (Martín Pauca)

Un nuevo elemento a tomar en cuenta surge en el caso del proyecto de ley presentado por el congresista Javier Diez Canseco que beneficia –según lo admitió– a su exesposa e hija con un pretendido canje de acciones de inversión por comunes y que ha motivado que la Comisión de Ética Parlamentaria recomiende que se le sancione con una suspensión de 90 días: Óscar Berckemeyer Prado, exasesor del legislador, controla 3’390,992 acciones de inversión de Backus.

Berckemeyer es el titular del 97% del capital social del Fondo Popular 1 – Renta Mixta, donde se encuentran estacionadas las más de tres millones de acciones de inversión de Backus. Este fondo es administrado por Popular S.A. Sociedad Administradora de Fondos de Inversión (Popular SAFI), constituida en enero de 2006 por el propio especialista.

El exasesor fue, durante muchos años, directa e indirectamente, accionista minoritario de la principal empresa cervecera del país.

En agosto de 2001, Berckemeyer ingresó a trabajar como asesor en la comisión investigadora de delitos económicos y financieros perpetrados de 1990 a 2001, presidida por Diez Canseco.

En la sesión reservada del 27 de agosto de 2001, el parlamentario informó a los otros miembros sobre la colaboración de Berckemeyer, destacando “que tiene a su cargo un programa económico y es un especialista en el tema de bolsa”. En la memoria de la comisión –concluyó en junio de 2002– también se resaltó su participación.

PRIMER PROYECTO

A fines de febrero de 2005, Javier Diez Canseco presenta el proyecto 12422/2004 que propone el canje de acciones de inversión por acciones comunes o redimirlas por su valor nominal en dinero. Según ha admitido el legislador,dicha iniciativa fue elaborada por su exasesor Berckemeyer.

Pocos días después, Carmen Montero Checa, exesposa del legislador, adquiere 90,049 acciones de inversiones. En los registros contables de la empresa, en 2006, Berckemeyer figuraba como poseedor de 1’356,973 acciones de inversión, que luego aumentaron hasta que llegó a controlar 3’390,992 de estos títulos. El proyecto aprobado en la Comisión Permanente, en febrero de 2006, fue observado por el Ejecutivo.

El resto es historia. La hija de Diez Canseco compró 12 mil acciones de inversión en 2009 y en 2011, tras retornar al Congreso, el parlamentario presenta una nueva iniciativa que reactivó su propuesta del canje de acciones. Según reconoció, el proyecto 564-2011 es una copia del que hace seis años elaboró su exasesor financiero Óscar Berckemeyer.

SABÍA QUE

- En el libro El faenón cervecero, Diez Canseco acusa a Pedro Pablo Kuczynski de haber vetado su primer proyecto.

- En dicha obra, el legislador dice que la decisión del gobierno toledista per-mitió la venta a bajo precio de las acciones de Backus.

- Diez Canseco tiene como antecedente la autoría del proyecto de ley que favoreció al padre de su asesor Javier Mujica Petit.

Fuente: Perú21

Mentiras mediáticas a favor de Villarán

Por increible que parezca, hay periodistas y medios apoyando a la alcaldesa Susana Villarán como si el desastre ocurrido el jueves no hubiese existido y como si el famoso "traslado" al nuevo mercado de Santa Anita no fuera hasta hoy un trabajo inconcluso que ya ha empezado a improvisar "soluciones" al paso. Peor aun, se le atribuye a Susana Villarán el éxito del operativo policial del sábado. Acá revisamos algunas de las melosas afirmaciones que hemos escuchado y leido en la prensa mermelera de izquierda, y nos tomamos el trabajo de aclarar la verdad. Siempre es importante la verdad antes que la melosería.

Se ha recuperado el orden 

Falso. Lo que ha hecho la policía el sábado pasado es recuperar su imagen y su honor, mellados el jueves mediante un operativo de la peor factura, y por la que hasta ahora nadie ha ofrecido una explicación razonable ni mucho menos ha presentado su renuncia o ha sido “renunciado”. Por lo visto, acá se puede enviar a la policía a las fauces del hampa sin ninguna previsión, hacer el ridículo a nivel mundial y todo sigue igual, todos siguen en sus puestos. 

Lo que ha hecho la policía el sábado fue cobrarse la revancha desplegando un mar de efectivos bien equipados, haciendo las cosas con el profesionalismo que siempre debió mostrar, pero más allá del espectáculo de persecución de elementos de mal vivir, en una zona donde no hay otra forma de vivir, no existe ningún plan de recuperar la zona. Luego del repliegue policial las cosas retomarán su triste nivel de existencia en medio del abandono y la degradación humana. 

No hay pues ninguna recuperación del orden. En esa zona seguirá reinando el caos, el desorden, la marginalidad y la delincuencia. Probablemente el 80% de la población masculina joven de esa zona esté requisitoriada o tenga antecedentes. Está visto que un tiro al azar probablemente pegará en un requisitoriado. Con la desactivación de La Parada lo que puede suceder es que el lumpen decida extender sus dominios y accionar hacia otras zonas. Es evidente que nadie ha considerado el tremendo efecto social que causará la desactivación de La Parada, núcleo y corazón de la vida en ese sector. No hay plan alguno para recuperar la zona, a pesar de que la caviarada está compuesta por una plaga indómita de sociólogos marxistoides. 

Villarán se ha atrevido a hacer lo que nadie quiso enfrentar 

Mentira. Villarán se ha visto obligada a hacer el traslado porque ya le habían dejado todo listo en la administración anterior. Y debía haberlo hecho desde el inicio de su gestión hace casi dos años pero no lo hizo, primero para impedir que Castañeda reciba el crédito. Al contrario se dedicaron a desprestigiar la obra asegurando que estaba incompleta, que iban a construir diez pabellones más porque los existentes eran inadecuados, etc. Al final no construyeron un solo pabellón y solo han gastado plata en estudios insulsos. El traslado se ha hecho sobre lo que heredaron de la gestión anterior. 

Tampoco es cierto que nadie quisiera enfrentar el traslado de La Parada. Lo cierto es que Santa Anita fue invadida y el Poder Judicial amparó la invasión iniciando un proceso de 20 años. Fue Castañeda quien tuvo el coraje de recuperar finalmente el mercado mediante un operativo policial impecable, muy diferente del desastre ocasionado por Villarán la semana pasada. 

Ha quedado al descubierto quiénes eran los verdaderos dueños de La Parada 

El verdadero dueño de La Parada ha sido siempre el Municipio de Lima a través de la Empresa Municipal de Mercados Mayoristas. Así que si se hallaba en la situación de absoluto abandono en medio de la mugre y el caos es responsabilidad exclusiva del Municipio de Lima y EMMSA. Los cobros millonarios que realizaban en ese mercado gracias al trabajo de los comerciantes solo han servido para mantener a una costra de parásitos que fungían como administradores del caos. 

Se han roto las mafias que dominaban La Parada 

No se ha roto ninguna mafia. Los comerciantes no son ninguna mafia. En todo caso los únicos que califican como mafia son los parásitos del municipio que siempre se limitaron a chupar la sangre y el sudor de los comerciantes sin ofrecerles ninguna contraprestación digna. Así es como actúan las mafias: cobran cupos para dejar trabajar pero no proporcionan nada a cambio. Y esto es lo que ha hecho el Municipio de Lima por décadas. 

Las reticencias de un sector de comerciantes eran muy lógicas debido a la desconfianza que inspiran los burócratas del Municipio y a los estándares que se imponían para ir al nuevo mercado de Santa Anita, como vender 15 toneladas de papa como mínimo, además de los altos costos del alquiler. Está claro que el diálogo no funcionó. Menos pudieron hacer realidad su ofrecimiento de un traslado gradual y sin violencia. 

CAVIARES MARXISTAS INFILTRARON PODER JUDICIAL! tercera parte

...CONTINUA

Esta amplisima investigacion fue publicada el 2006 y ya los caviares marxistas habian tomado parte del PJ y MINJUS, imaginense uds. cuánto habrán avanzado estos cómplices del terrorismo. A continuación la tercera y ultima parte de una serie de tres artículos. Lean y díganme si no es necesaria una Nueva Derecha para desparasitar el Estado.

Por: Jorge Serrano Torres / Voltairenet.

Antimilitarismo y direccionalidad ideológica

Como no podría ser de otra manera, considerando los antecedentes políticos y la orientación ideológica de quienes integran JV; sus trabajos evidencian una fuerte animadversión y desprecio hacia las Fuerzas Armadas y policiales, actitud que por extensión la proyectan a los ex funcionarios del régimen de Fujimori (inocentes y culpables); cayendo en una generalización y prejuicios incompatibles con una institución que opera en el Poder Judicial y ejerce una influencia en la opinión pública debido a sus amplios recursos económicos y mediáticos, a través de páginas Web, programas de televisión por cable, seminarios, becas, programas en radios de Lima y provincias, así como en revistas y boletines.

Esta postura reñida con la objetividad y contraria a la institucionalidad de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, se basa en temas como los derechos humanos y lucha anticorrupción, a partir de los casos de corrupción y violación de derechos humanos que perpetraron algunos miembros de dichas fuerzas del orden. Frente a lo cual, JV se dedica a estigmatizar, deslegitimar y desarticular a las instituciones militares y policiales en general, promoviendo el enjuiciamiento masivo de sus integrantes que participaron en la lucha antiterrorista contra Sendero Luminoso y el MRTA. Bajo ese enfoque sesgado, entre las publicaciones de los operadores de JV encontramos textos como: “30 razones por la inconstitucionalidad de la ley de organización y funciones de la justicia militar”, de David Lovatón Palacios; “¿Hasta cuándo la curiosa justicia militar?” de Ronald Gamarra Herrera; “El ministerio de Defensa y su urgente compromiso con el post CVR”, por Antonio Salazar García; “La judicialización de crímenes contra los derechos humanos presentados por la CVR y asumidos por el IDL” y “El desafío de la justicia militar”, entre otros.

En un artículo adicional publicado por Ernesto de la Jara Basombrío, a propósito del discurso del Presidente Alan García Pérez el 28 de julio del 2006, se expresa lo siguiente: “En resumen: hasta ahora no hay nada para decir que en materia de justicia, Alan García volvió a las andadas, pero tampoco para decir que hay señales de cambio. Más de lo mismo: parece que continuará existiendo un sistema de justicia precario, en crisis permanente y sin reforma”. A continuación añade “¿Y cómo interpretar el nombramiento de una magistrada del perfil de María Zavala, como Ministra de Justicia? Si bien ella no se ha caracterizado por ser parte del cada vez más reducido número de jueces comprometidos con la autocrítica y el cambio, ella como Ministra de Justicia tiene la posibilidad de hacer lo que objetivamente no hizo como magistrada: impulsar contra viento y marea la reforma del sistema de Justicia”.

En una línea antimilitarista y parcializada respecto a la lucha del Estado peruano contra el terrorismo de SL y el MRTA y olvidando que este caso ya sigue un curso legal, la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh) y el Instituto de Defensa Legal (IDL) declararon, según la agencia Notimex el 3 de agosto de 2006: “Que se investigue de manera profunda la masacre de 200 presos acusados de terrorismo que fueron ejecutados en tres penales en 1986”. Asimismo, en pronunciamientos por separado, la Aprodeh y el IDL solicitaron a la justicia que “determine las responsabilidades políticas y penales de los responsables de las ejecuciones realizadas en el primer gobierno (1985-1990) del presidente Alan García”; puntualizando: “Aún quedan cuentas por rendir con el pasado”, en alusión a lo ocurrido hace más de 20 años en los penales peruanos de San Juan de Lurigancho, El Frontón y Santa Bárbara. En esta misma senda y buscando mantener latente el proceso judicial, uno de los abogados del IDL-Justicia Viva, Carlos Rivera Paz, presentó en setiembre de 2006, una “queja de derecho” contra el último dictamen del fiscal Mario González, vale decir el tercero que éste emite y que exonera de responsabilidad a Alan García y a miembros de su Consejo de Ministros de 1987, respecto a los presuntos crímenes ocurridos en las prisiones peruanas.

Acaparando la cooperación internacional

Sobre la cooperación internacional que financia a las redes neomarxistas, es necesario conocer que según datos publicados por el diario Expreso, de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional, (APCI), sólo en el año 2004, tres ONG neomarxistas recibieron de la cooperación externa cuatro millones 221,353 dólares para operar en el país: el Instituto de Defensa Legal recibió dos millones 798,585 dólares para realizar su plan de “Consolidación de la Transición Democrática y de los Derechos Humanos en el Perú”, este dinero también sirvió para financiar los trabajos que desarrollaba la Comisión de la Verdad (CVR). Entre las principales fuentes de financiamiento del IDL, figuran la Open Society Institute, USAID, Fundación Ford, British Council y la Comisión Europea. La Comisión Andina de Juristas (CAJ), habría recibido 957,669 dólares para realizar su “Plan Trienal 2004-2006”, ubicado en la temática de gobernabilidad, teniendo como sus principales fuentes de financiamiento a la Oficina de Cooperación Canadiense, Save The Children, la Cooperación Alemana al Desarrollo, la poderosa National Endowment for Democracy de EE.UU., la Corporación Andina de Fomento y la Fundación Ford, entre otras.

A su turno, la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh) recibió el 2004 para su “Proyecto Aprodeh 2004”, un total de 465,099 dólares para trabajos en Apurímac, Ayacucho y Huancavelica relacionados con la CVR. Entre los donantes figuran The Oxford Comitee for Famine Relief, la Fundación John Merck, The Ford Foundation, la holandesa ICCO y la francesa Secours Catholique, entre otros. Un informe del Consejo por la Paz, entidad presidida por Francisco Diez Canseco, es más puntual y revela que entre los años 2004 y 2005, doce ONGs de la izquierda caviar recibieron unos 43 millones de dólares, significando estos montos entre el 20 y 30 por ciento del total de dinero obtenido por las diferentes ONGs, sólo referente a la cooperación internacional entregada por organismos extranjeros independientes a sus gobiernos. De todas, la ONG Instituto de Defensa Legal se adjudicó más de 5.5 millones de dólares en dicho período y la ONG Comisión Andina de Juristas 1.9 millones de dólares.

En otro plano, Diez Canseco Távara, está convencido que el lobby de las ONGs de izquierda caviar, con el poder político que les dio Alejandro Toledo, impuso el informe de la Comisión de la Verdad, como si fuese de cumplimiento obligatorio en el Poder Judicial y en el Ministerio Público. Simultáneamente, Diez Canseco Távara (al igual que otros), denuncia que es víctima del abuso de poder de los neomarxistas en la administración de justicia, y por ello enfrenta tres juicios después de haber criticado al ex ministro de Justicia Diego García-Sayán: dos querellas y una denuncia penal.

Las conexiones con Argentina y Chile

Las instituciones de la izquierda judicial del Cono Sur mantienen relaciones principalmente con cuatro instituciones peruanas: el Instituto de Defensa Legal (IDL); la Comisión Andina de Juristas (CAJ); la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y la Comisión Episcopal de Acción Social (CEAS).
Con respecto al IDL, las relaciones con entidades chilenas y argentinas vienen de años atrás, cuando el eje de su labor estaba centrado en la defensa de los derechos humanos, siendo más fuerte con el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) de Argentina y con la Corporación Chilena de Derechos Humanos. Cabe agregar que estos vínculos se ven reforzados a su vez por la presencia de la Fundación Ford, en tanto las tres constituyen socios estratégicos de ésta en sus respectivos países. Recientemente, el IDL ha establecido relaciones con otras entidades de estos países sobre la base de sus nuevas líneas de acción, como son las de seguridad ciudadana y administración de justicia, vinculándose en el primer caso con el Centro de Estudios para el Desarrollo (CED) de Chile, dirigida por Hugo Frühling, sobre la base de un proyecto regional financiado por la Fundación Ford, y en el segundo caso con el Centro de Estudios de Justicia de las Américas, formando parte de la Red de Organizaciones de la Sociedad Civil en Materia de Justicia (Red OSC).

Los intereses de IDL parecen estar puestos más bien en la región andina, donde ha promovido una Red Andina de Justicia de Paz y Justicia Comunitaria con organismos de Ecuador (CIDES), Colombia (CEJ) y Venezuela (Consorcio Justicia) para fortalecer su posición en el tema de justicia de paz, con el apoyo de la Unión Europea. En el caso de la CAJ, ella mantiene aún fuertes vínculos institucionales con diferentes organizaciones del Cono Sur, especialmente con el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) y CELS en Argentina, y el Centro de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Diego Portales y la Corporación Forja en Chile, mediante la participación constante de expertos de estas instituciones en sus cursos internacionales de derechos humanos. En definitiva, puede señalarse que salvo por los contactos que mantiene el IDL, las relaciones entre las instituciones de la izquierda judicial del Cono Sur con sus pares peruanas no son tan estrechas como aparentan ser. Ello explica porqué instituciones de larga experiencia en procesos de reforma procesal penal, como INECIP, la Universidad Diego Portales o CEJA, no hayan logrado aún una presencia significativa en el espacio nacional. En el caso de INECIP, ésta intentó crear una Oficina Regional a nivel de los países andinos, encabezada por un peruano, la que sin embargo no prosperó por la falta de apoyo económico a esta iniciativa.

Denuncian a JV y a IDL

“La propuesta de eliminar el fuero judicial castrense podría desestabilizar las Fuerzas Armadas y el estado democrático”, afirmó el presidente del Consejo Supremo de Justicia Militar (CSJM), general Juan Pablo Ramos, en agosto del 2006; en su opinión, esto es lo que buscan las ONGs conformadas por el consorcio Justicia Viva y el Instituto de Defensa Legal (IDL). Tras señalar que la existencia de justicia militar está amparada la Constitución, el general Ramos, sostiene que suprimirla forma parte de una campaña sistemática que se inició desde el 2004 y ojalá no llegue a trascender. Sobre el tema, cabe acotar que el Colegio de Abogados de Lima tiene más de 40 mil asociados, pese a ello, quien sostuvo la desaparición del fuero castrense fue el ex director de IDL e integrante de Justicia Viva, David Lobatón Palacios, y la demanda de inconstitucionalidad del Código de Justicia Militar, la sustentó el ex procurador Ronald Gamarra, también de Justicia Viva. En consecuencia, genera demasiadas suspicacias el desmedido interés de dichas instituciones de la izquierda caviar por arremeter contra la institucionalidad de las Fuerzas Armadas y la justicia militar.

En tal sentido, el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Walter Vásquez Vejarano, denunció en setiembre de 2006, que el consorcio “Justicia Viva” tiene la intención de manejar el Poder Judicial, con una injerencia tal, que quiere participar de la conformación de los órganos jurisdiccionales, y aseveró que ONGs similares están incrustadas en el Poder Judicial y aprovecharían el voto universal para elegir al nuevo presidente de la Corte Suprema (planteado por la ministra de Justicia, María Zavala), a fin de promover mediante los cursos de capacitación que dictan, a los candidatos que quisieran poner en la administración de justicia. Adicionalmente, el Presidente del Poder Judicial agregó que “Justicia Viva” se encarga de capacitar a los magistrados sin la autorización expresa del Consejo Ejecutivo de la Corte Suprema, lo que demuestra un extraño interés en posicionarse dentro de la justicia peruana.

En relación a este hecho, se sabe que en anteriores “cursos de capacitación” a los que hizo referencia el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, se habría condicionado a los magistrados para que sean duros con los militares y blandos con los terroristas, y para que hagan tabla rasa del derecho a la presunción de inocencia en los procesos anticorrupción. Pero al abordar el tema, el Presidente de la Comisión de Defensa y Orden Interno del Congreso, el oficialista Luis Gonzáles Posada (APRA), piensa que las ONGs deben ceñirse a un marco regulatorio. “Ni siquiera el Parlamento puede solicitar información o inmiscuirse en los procesos de selección de autoridades en las Cortes Superiores y menos en la Corte Suprema”, recordó.
Siendo más categórico aún, el Secretario General y congresista del APRA, Mauricio Mulder, expresa su alarma por el peligro proveniente de los sectores de la izquierda caviar, al considerar que tienen mucho poder extrapartidario, gracias a su manejo de ONGs y sus sólidos nexos con algunos medios de comunicación, lobbies de estudios de abogados y dinero que proviene de la cooperación internacional, sobre todo de EEUU, Canadá y Francia.

A la vez, confirmando una preponderante visión crítica en las altas esferas de la administración García sobre las ONGs de la izquierda caviar, Mulder no duda que estas instituciones están alrededor de los derechos humanos sirviendo de tontos útiles al terrorismo y en torno a la reforma del Poder Judicial (PJ), favoreciendo a quienes están en contra del PJ, buscando menoscabar su autonomía, “como la ONG IDL, que pretende inmiscuirse en la elección del presidente de la Corte Suprema”. En esa misma línea de cuestionamiento contra ONGs y organismos integrantes de la izquierda caviar, durante la IV Conferencia Interreligiosa Peruana, en la Pontificia Universidad Católica, del 15 de agosto de 2006, el presidente del Consejo de Ministros (PCM), Jorge Del Castillo Gálvez, denunció que “sectores de izquierda se apropiaron de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) y excluyeron al APRA para presentarla como enemigo de aquella”. Pese a estas expresiones y en un giro inesperado, el premier luego nombró a Sofía Macher, como presidenta del Consejo de Reparaciones para las víctimas de la violencia terrorista, instalado en la PCM.

A su turno, el ahora vicepresidente de la República del gobierno de Alan García, Vicealmirante AP, Luis Giampietri Rojas, escribió el artículo: “El Reposo del Guerrero”, con ocasión del fallecimiento del general Clemente Noel Moral en mayo de 2005, donde entre otras cosas expresa lo siguiente: “Mas de veinte años después y basándose en acusaciones no vinculantes de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, con la ayuda de ONGs y consorcios como Justicia Viva, el Instituto de Defensa Legal, la Comisión Andina de Juristas, Aprodeh, la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, la Defensoría del Pueblo, jugando en pared con la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos de Costa Rica a través de sentencias a la medida, y contando con el preocupante e insólito apoyo de tres millones de dólares del USAID del gobierno norteamericano; se ha iniciado una implacable persecución judicial sobre todos aquellos oficiales y personal subalterno que, obedeciendo órdenes de los jefes Supremos de las Fuerzas Armadas que los comandaron, lucharon y en muchos casos dieron la vida para lograr la paz de que gozamos, luego de transitar por épocas de inseguridad y muerte, que parece habríamos ya olvidado”.

Definen política de gobierno

Sobre el particular, el día del aniversario de las Fuerzas Armadas del Perú en setiembre de 2006, el Presidente Alan García Pérez anunció que la defensa judicial de los efectivos militares y policiales (en actividad y retiro) que vienen siendo procesados por la supuesta violación de derechos humanos mientras luchaban contra el terrorismo, entre 1980 y el 2000, será asumida por los ministerios de Defensa y del Interior; con la finalidad de “no dejar abandonados a miles de soldados y oficiales sobre los que recae siempre la sospecha de los que no pusieron nada por defender a la patria contra el terrorismo”, enfatizó el mandatario. Según cálculos preliminares, serían unos 950 los militares enjuiciados, aunque las cifras continúan en estudio. Antes de este anuncio presidencial, el ministro de Defensa había declarado, que las recomendaciones y conclusiones del informe de la Comisión de la Verdad sobre la presunta culpabilidad de militares y policías en la lucha antisubversiva, no tienen carácter vinculante.

Reflexión final
Un análisis objetivo e integral sobre la actuación y el entramado de las ONGs neomarxistas o de la izquierda caviar en el Poder Judicial peruano, revela que nada en el rol de los agentes de la cooperación internacional debe incluir el fortalecimiento de ONGs locales como actores monopólicos que imponen sus puntos de vista y prejuicios ideológicos, sobre temas tan sensibles como la administración de justicia, las fuerzas armadas, la defensa nacional y la seguridad ciudadana.

Por último, nada justifica tampoco que se utilicen los fondos internacionales que son para la sociedad peruana, como recursos que alimentan el poder de ONGs, integrantes de una especie de logia mutante que busca enquistarse en el ámbito judicial y seguir entrometiéndose de manera hostil en el funcionamiento de las fuerzas armadas y policiales.

Frente a lo cual hay dos objetivos pendientes, uno: lograr que la cooperación internacional se pluralice y descentralice, y dos: afianzar una activa vigilancia ciudadana e institucional sobre el accionar pernicioso e infiltración de redes neomarxistas a través de ONGs que funcionan con ingentes cantidades de dinero que deberían destinarse a políticas públicas estatales en beneficio de los sectores más desposeídos de la población.

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La Parada: crónica de un fracaso anunciado

Lo ocurrido en La Parada pinta de cuerpo entero la ineptitud del gobierno municipal y nacional. Eso en primer lugar y sin apelar a la retórica de los opinólogos que acaban siempre en temas como la falta de respeto a la autoridad y la ley, que no es ninguna novedad en el Perú. O sea, no podemos tratar de cubrir el espantoso espectáculo del fracaso de la autoridad visto en La Parada, con menciones a la informalidad, las mafias, los oscuros intereses y otros cuentos clásicos que siempre nos sacan como ases debajo de la manga para explicarlo todo. Los que gobiernan tienen el deber de saber esto como fundamento y actuar en consecuencia. 

Quienes defienden las burradas de Villarán siempre nos manipulan tratando de colocarnos en disyuntivas mañosas como: si no apoyas a Villarán entonces estás en contra de la reforma del transporte y a favor de las mafias. Ahora resulta algo más increíble: si no apoyas a Villarán estás a favor de la delincuencia, la mugre y el caos de La Parada. Ya estamos viejos para que nos manipulen de esa manera, señores RMP y AAR. 

Es importante darse cuenta de que en este asunto hay dos fenómenos contrapuestos pero diferentes. Por un lado está el tema mismo de La Parada como mercado mayorista, y por otro lado está el problema de la marginalidad social que existe en esa zona. Si los opinólogos no tienen cerebro suficiente para separar estos dos temas no deberían estar escribiendo. No deberían mezclarlos y acabar llamando delincuentes a los comerciantes. No se trata de apoyar la delincuencia sino de reconocer los hechos con objetividad y condenar la ineptitud de nuestras autoridades.

La Parada está en una de las peores zonas de la ciudad. Al pie del cerro San Cosme y a tres cuadras del cerro El Pino, sede del hampa más avezada de la ciudad. Además todo el conjunto está repleto de edificios multifamiliares donde la vida es muy precaria, la cultura escasea, y la gente ha hecho su vida alrededor de la actividad de La Parada. El orden que subsiste en esa zona siempre ha pendido de un fino hilo. Cualquier interrupción de la vida cotidiana tenía que desencadenar el caos porque el lugar es un polvorín social. Eso es algo que tenían que haberlo sabido los genios del municipio y/o de la Policía antes de actuar como tontos el día jueves. Lo que se ha visto en La Parada a nivel mundial es la ineptitud y la estupidez municipal y policial. 

Por otro lado, en el tema del mercado mayorista hemos asistido al fracaso anunciado y previsto luego de una larga lista de torpezas cometidas por la gestión de Villarán, signada por la improvisación más absoluta. Para empezar, no quisieron emprender de inmediato el traslado de La Parada a Santa Anita solo para no darle el crédito a Castañeda, quien lo dejó listo, tal como está hoy. Por el contrario, se dedicaron a investigar su gestión tratando de dañar su imagen en plena campaña presidencial. En tanto Santa Anita se empolvaba. 

Cuando Villarán y sus niños exploradores se animaron a abordar el asunto lo primero que hicieron fue verle problemas y denunciaron que faltaban "estudios". Es decir, el mercado de Santa Anita estaba listo pero para estos señoritos faltaban los benditos estudios. ¿Qué estudios? Pues estudios de toda clase, como el impacto vial y otras esquisiteses. En realidad no tenían la menor idea de cómo funciona un mercado mayorista y no sabían qué hacer. En esos famosos estudios se pasaron varios meses y gastaron la friolera de 7 millones. Al final lo único que tienen es un montón de papeles inservibles.

Aseguraron que la infraestructura de Santa Anita era inadecuada y anunciaron la construcción de diez pabellones más, mientras que desde su escritorio trataban de inventar un moderno sistema de mercadeo que desconocían en el mundo real. Al final no hicieron ni un solo pabellón y su sistema de mercadeo diseñado por ESAN solo funcionaba en el papel. Para colmo, apenas hace tres meses instalaron la mesa de diálogo, pero fieles a su estilo e ineptitud, centraron dos de los tres temas en aspectos que nada tenían que ver con la cuestión propia del mercado: el trabajo de los estibadores y sus derechos laborales, y el trabajo de los micro comerciantes ambulantes que venden alrededor de La Parada. La mesa de diálogo fracasó en menos de un mes porque los comerciantes son gente muy concreta y no se andan con vaguedades ni fantasías caviares.

Así fue como los reyes del diálogo y la concertación fueron incapaces de entenderse con los comerciantes y mandaron al tacho la licencia previa tratando de imponer el traslado a las patadas. Para colmo nombraron en la presidencia de la empresa de mercados mayoristas a un caviar ambietalista como Ricardo Giesecke, quien solo sabe caminar por los pasillos de Wong y La Bagette. Gieseke es un tipo que, a diferencia de su actitud pasmosa frente al caso Conga, esta vez mostró siempre una actitud muy beligerante frente a los comerciantes, a quienes incluso miraba con desprecio. Sin duda la gran idea de bloquear La Parada fue suya. Está ansioso por pasar de la Edad de Piedra a la Era Espacial de un solo salto.

Por último es obvio que la alcaldesa Villarán no tiene un plan para La Parada ni mucho menos para toda esa zona. Simplemente está improvisando cada día y siempre con ese insoportable estilo romanticón de adolescente soñadora o de reina de belleza que ansía la paz mundial. Primero habló de hacer allí el Parque del Inmigrante. ¡Qué lindo! Un parque en medio del muladar. Excelente idea. Ahora dice que se lo donará a la Policía por el apoyo que le han dado. Y también añade que se harán obras para la juventud, aunque nadie imagina qué es lo que tiene en su mente o aparecerá diciendo mañana. Esa es la alcaldesa Villarán.

Es evidente que la alcaldía no tiene la menor idea de lo que hará en esa zona. No tienen un plan. Lo más probable es que las cosas cobren un nuevo ritmo en medio de la infección social que hay en ese lugar, y que el resto de la ciudad -incluyendo las autoridades- le volverán a voltear la cara. En cuanto al mercado mayorista, pasaremos por una etapa inevitable de desabastecimiento hasta que las cosas se reorganicen de cualquier manera. No parece viable que el mercado de Santa Anita comience a operar pronto, y menos como lo han planeado los señoritos caviares.

Para nosotros lo inexplicable es que nadie haya tenido la simple idea de privatizar ese mercado y pasar a otra cosa. Los comerciantes hechos propietarios ya hubieran transformado ese mercado hace años, tal como lo hicieron los ambulantes en Polvos Azules. Ejemplos que los burócratas no ven porque lejos de inspirarse en el emprendimiento popular siguen prendidos de la mamadera estatal y municipal, dando pie para que cada improvisado que llega de paso empeore más el problema tratando de imponer su visión. Los únicos que saben cómo funciona el mundo real del comercio mayorista son los negociantes del mercado y no los burócratas que aterrizaron en el municipio por un milagro del destino.

La Parada y El Cartucho

En 1998 el Alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, inicia un proyecto denominado Tercer Milenio. El objetivo inmediato era desalojar a la población que en ese entonces vivía en el temible barrio llamado "El Cartucho", para demoler antiguas y desgastadas construcciones pero conservar algunas de origen republicano. El Cartucho era un barrio de recicladores y comerciantes pero más notorio aun por ser el centro de acopio, distribución y expendio de drogas establecidos en ese céntrico lugar 30 años atrás.

Desalojar a la población mayormente al margen de la ley de El Cartucho fue una proceso que tomó años y no se hizo de un día para otro. Una vez desalojados y siguiendo un plan serio, planificado y debidamente financiado, El Cartucho fue convertido en el hermoso parque Tercer Milenio, con ciclovias incluidas y los elementos de mal vivir fueron desalojados, indemnizados y reubicados, tal cual lo indicaba el proyecto.

Para nadie es un secreto que aparte de ser un centro de acopio de productos agrícolas  La Parada también está rodeada de un anillo lumpen que incluye ladronzuelos y vagabundos. Un eventual traslado de este viejo centro de acopio, afectaría las actividades ilegales de esa red criminal. No se trata pues tan solo de La Parada sino de todo lo que la rodea y es parte de ella, porque vive de ella. Todo eso tenía que hacer sentir su malestar en un intento de desalojo o de ahogamiento. Es lo mismo.

La Alcaldesa de Lima, Susana Villarán está totalmente desubicada. Esta inexperta señorona cree que trata con comerciantes del Centro Comercia El Suche de Miraflores. Pero no es asi! Craso error! La Parada está en un área de altisima criminalidad. Colocar bloques de cemento para asfixiar la vida en La Parada, a plena luz del día, en plena faena y con pocos policías mal equipados, sin armamento y temerosos de disparar, fue una estúpida provocación que solo produjo caos. Era tan previsible!

En Bogotá, desalojaron a mal vivientes y comerciantes del barrio El Cartucho para demoler y construir un hermoso parque. En Lima, la alcaldesa Villarán no tiene ningún plan para desalojar el amplio espacio comercial de La Parada, porque pretender impedir el paso de camiones no es ningún plan. Eso solo empeorará las cosas para toda la ciudad pues no tendrá dónde abastecerse. ¿Y qué hacer con todo el lumpen que vive y medra en ese emporio de la informalidad y la mugre? No lo saben!

¿Habrá algún día un hermoso parque en La Parada, el llamado "Parque del inmigrante", o Lima tendrá su versión peruana de El Cartucho? ¿Hay en verdad un plan serio o nuevamente estamos tan solo frente a declaraciones líricas, a las que ya nos tiene acostumbrados la alcaldesa Villarán? Todo apunta a que la derecha tendrá que enderezar este descalabro de los zurdos. Así que es mejor apurar la revocatoria. Mal negocio ese de poner marxistas en el gobierno de la ciudad.

www.elvisocc.org

Estalla la ineptitud municipal

Lo que se ha visto en Lima la tarde de ayer con el saldo de 2 muertos, un centenar de heridos, otro centenar de detenidos, incluyendo menores de edad, cientos de negocios saqueados, millones en pérdidas y una yegua sacrificada, es apenas una consecuencia de la tremenda ineptitud que reina en la Municipalidad de Lima, manejada por verdaderos incapaces. A lo anterior hay que sumarle la degradante imagen internacional que hemos dado con esas escenas en los noticieros del mundo entero. ¿Acaso todo eso era necesario? ¿No se podía evitar? Claro que se podía evitar y no era necesario en lo absoluto.

Es imposible imaginar en qué cerebro deteriorado puede caber la idea, por demás estúpida, de ir a cerrar los accesos al mercado mayorista a plena luz del día, cuando todo el mundo está trabajando, los locales comerciales están atendiendo, los colegios están en clase y en una zona de alta densidad, donde además abundan elementos de mal vivir. Hay que ser verdaderamente estúpido para actuar de esa manera. Era perfectamente previsible que se iba a desatar el caos.

Cualquier persona de la administración pública, y especialmente de la policía, debería saber como lección elemental que donde hay masas humanas se debe actuar con excesiva prudencia. Hacer algo que excite a las masas es sumamente peligroso porque las masas tienden a desbordarse. Por eso hay que ser muy cautos para actuar en estadios, conciertos, ferias y centros comerciales. Eso es algo tan elemental como saber que perturbar un panal de abejas resulta en la salida de un enjambre rabioso. ¿No saben eso nuestras autoridades? Si no lo saben, deberían contratar a alguien que les enseñe cómo actuar frente a las masas. 

La zona de La Parada es sumamente densa por la cantidad de negocios de todo tipo que se concentran en varias cuadras de calles y avenidas aledañas. Por eso está permanentemente llena de multitudes. Pero además es una zona donde existen edificios multifamiliares donde vive gente de escaso nivel cultural que apenas se ganan la vida como ambulantes, estibadores o ladrones al paso. Así que llegar allí un día de semana a las 4 de la tarde a cerrarle el paso al mercado mayorista de La Parada con bloques de concreto, es un acto que ya ha pasado al registro de acciones más estúpidas hechas en la historia de la humanidad.

Podrían haberlo hecho un día domingo y en la madrugada, cuando toda esa zona está despejada, tal como actuó el alcalde Alberto Andrade en los 90 para desalojar a los miles de ambulantes del centro de la ciudad que se habían apropiado de las calles con puestos fijos. Nunca hubo allí ni un solo herido. Pero lo que se ha visto ayer en La Parada es la obra de un personaje de tragicocomedia. Y dice la alcaldesa que todo fue "perfectamente planificado". Esto demuestra pues el nivel de incompetencia que domina la gestión de la alcaldesa Susana Villarán y toda su corte de niños exploradores como Eduardo Zegarra y Marisa Glave, a los que debemos añadir grandes improvisados en puestos claves: Maria Jara y Ricardo Giesecke. Este último, ya debería estar presentando su carta de renuncia si tiene algo de sangre en la cara.

No hace falta pues salir a mentirle a la gente, como están haciendo ahora los villaranistas. Allí no estuvo MOVADEF ni fue un macabro plan concertado por las mafias y la DBA, como afirma el inefable Augusto Alvarez Ródrich. Solo les falta decir que detrás estuvo la CIA y la embajada de los EEUU para desestabilizar a la gestión de izquierda. Vayan nomás a freír sus monos a otro lado. Son ineptos y esa es toda la explicación.

Susana Villarán en salmuera

Es muy probable que hoy se alcancen las firmas requeridas para convocar a un proceso revocatorio a la alcaldesa Susana Villarán. Su suerte pende de un hilo. De alcanzarse las 400 mil firmas lo más probable es que el proceso revocatorio se realice en el verano del próximo año, en el cual, si las cosas siguen como están, lo más probable es que sea revocada. ¿Pero cómo se llegó a esta situación?

Primero, es obvio que la revocatoria se hace posible gracias a una nefasta ley que lo permite. Nefasta porque en lugar de fortalecer la democracia la debilita al introducir un factor de inestabilidad que juega en contra de la ciudad y los ciudadanos. Ninguna autoridad puede sentirse segura si al ganar dejó en el camino a un enemigo poderoso, rencoroso o hábil. Y todos sabemos que la política es el ambiente más sucio y donde salen a relucir los odios y las pasiones más bajas del ser humano. Lo mejor es que la gente aprenda de sus errores. Si alguien se equivocó al elegir, pues que se aguante hasta la próxima. Pero la ley está dada y ya no sirve de nada esta reflexión.

La ley que permite la revocatoria de autoridades es una imposición de la izquierda retrógrada y de la politiquería demagoga, que vive convencida de que la democracia consiste en consultas permanentes al pueblo, y que este es el que tiene siempre la última palabra. Es un contrasentido total porque al ganar por mayoría simple, cualquier autoridad está en riesgo de ser revocada si los demás se organizan. Teóricamente suena bien que el pueblo tenga el poder de sacar de su cargo a un incompetente o corrupto. Pero si tal fuera el caso, deberían existir procedimientos técnicos y no electorales que permitan probar la ineptitud o la corrupción. Lo más lógico sería incorporar en la ley electoral requisitos especiales para el cargo. Además debería hacerse una selección más escrupulosa de candidatos antes de admitirlos en una contienda electoral. El electorerismo es siempre contraproducente en sociedades no institucionalizadas como las nuestras. 

No nos olvidemos que Ollanta Humala tenía entre sus propuestas electorales el de revocatoria del presidente como supuesta medida para luchar contra la corrupción. Ese ha sido pues siempre el discurso de la demagogia de izquierda que hoy está por jugar en su contra y darles una lección. La revocatoria a Susana Villarán está a un paso de ser concretada y, si bien su gestión ha sido lamentable, en adelante lo será peor.

Susana Villarán encarna al típico político de izquierda, rodeado de una nube de retórica grandilocuente y bella, dirigida al corazón y a la sensiblería de los cerebros más débiles. Desde sus inicios en el cargo hizo genuinos esfuerzos por convocar a todos los alcaldes distritales a una especie de asamblea metropolitana para que todos la ayuden a gestionar. Algo como lo que Ollanta pretendió hacer al principio organizando una Comisión Nacional de Seguridad Ciudadana y Lucha Contra el Crimen, donde juntó a todo el mundo alrededor de una mesa para que todos resolvieran el problema. Así es como funciona el cerebro de izquierda. Son burocráticos y colectivistas. 

Susana Villarán paralizó todas las obras de la ciudad. Desde luego esto generó inquietud y enojo en muchos porque eso significaba dejar de trabajar y de cobrar. Ante las lógicas críticas, Villarán y los idiotas que la rodean salieron a decir que las críticas eran porque había cortado las coimas y las prebendas. Lo cierto es que los limeños vieron otra realidad. Si antes nos molestaba encontrar obras por todos lados, hoy ya no se veía nada. Todo lo que se veía eran grandes anuncios: la culminación de la Vía Expresa hasta San Juán de Miraflores, la construcción de una "Costa Verde" en las playas de Villa El Salvador, la famosa reforma del transporte, etc. Todo eran palabras, palabras...

El floro convence. No hay duda de eso. Y mucha gente se entusiasmó con el cuento de la reforma del transporte. El hecho es que de la reforma solo hay discusiones y divisiones mientras las calles empeoran y la gente sufre más cada día. Como todo tonto de la política, Villarán aseguró que el nuevo reglamento del transporte arreglaría todos los problemas. Todo tenía una multa. Hasta quisieron multar al conductor que cambiaba de emisora su radio, como si tal cosa fuera materialmlente posible. Pero así de estúpido era  el famoso reglamento. Al final se puso en vigencia y al cabo de seis meses no vemos ningún cambio. Ni uno solo. Todo está peor.

Para colmo, la principal obra que encontró lista para ejecutarse, la Linea Amarilla, se detuvo para cambiarle algunas cosas como el nombre. Ahora es "Parque Rímac". Pero además se incrementó el costo. La Sra. Alcaldesa decidió ser magnánima con dinero ajeno y elevó los 5 mil dólares de compensación que se les daría a los afectados -invasores y moradores precarios de las riberas del río- a nada menos que 30 mil dólares. Si eso no es malversar los fondos del municipio, no sé qué puede ser.

La inauguración del nuevo mercado mayorista de Lima en Santa Anita ha sido hasta ahora un fracaso total. Solo a un imbécil se le puede ocurrir nombrar como presidente de la empresa de mercados mayoristas a un físico caviar ambientalista como Ricardo Giesecke, quien no sabe ni cómo llegan las paltas a su mesa. Una designación igual de idiota fue la de María Jara, una abogadilla de medio pelo que luego de ser empleada de último nivel en la Defensoría del Pueblo, acabó gerenciando el conflictivo mundo del transporte urbano de Lima. Como una muestra de su colosal ineptitud resolvió que la gran solución al problema de los taxis de la ciudad era una nueva reinscripción, una medida trillada que nunca sirvió para nada, salvo sacarles dinero a los taxistas.

Ese es pues el triste panorama de Susana Villarán. La alcaldesa se pasa los días de ceremonia en ceremonia, celebrando el día de la pulga y del mosquito, mientras en las calles crecen los conflictos y los paros. Algunos dicen que una revocatoria sería contraproducente para la ciudad. Eso es difícil de creer. Sería exactamente lo mismo que haya o no una persona en la alcaldía de Lima si no hace absolutamente nada y todo lo que hace lo hace mal, salvo palabrear y prometer. La revocatoria será una buena catarsis para los ciudadanos indignados porque nadie nos puede tomar el pelo de esta manera. Sacar a Susana Villarán de la alcaldía, aunque sea tarde, será un acto de justicia. Y justicia es lo que les encanta pedir a los caviares.

El cinismo totalitario de izquierda

En estos días hemos tenido ocasión de observar, una vez más, el cinismo de la izquierda caviar levantando la voz para defender la libertad de expresión y la tolerancia. Nada menos. Resulta ridículo leer a los caviares que andan siempre en busca de controlar la prensa con escusas como eliminar los oligopolios, otorgarle espacios a las grandes mayorías o limitar la injerencia extranjera en la prensa. Proyectos que se hallan en el mamotreto de la Gran Transformación. Ahora piden respeto por la libertad de expresión. ¿Por qué?

De hecho son estos sectores llamados de "izquierda progresista" o neosocialistas del siglo XXI quienes perpetran los mayores atentados contra la libertad de expresión en países donde tienen el poder como Venezuela, Ecuador, Argentina y Bolivia. En el Perú disfrutan de la libertad de expresión para mentir a sus anchas en sus medios, haciendo gala de intolerancia y totalitarismo al censurar los comentarios que no les gustan y eliminando columnistas incómodos, como ocurre en el portal rojo La Mula, donde simplemente se elimina a los muleros que resultan "incómodos". 

Por supuesto, yo puedo dar fe de ello porque mi blog "En busca del tiempo perdido" que abrí inocentemente en esa "plataforma bloguera" fue primero retirado de la vitrina de "muleros destacados" por criticar a la vaca sagrada Rocío Silva Santisteban, y luego bloqueado por defender a los comandos Chavín de Huantar de la histeria persecutoria de la CNDDHH, cuya cabeza es la mismísima vaca sagrada RSS.

Por eso nos ha causado gracia leer a esta noble caviarona en su columna de ayer, declamando a favor de la sacrosanta libertad de expresión y rasgándose las vestiduras por la tolerancia, a causa del rechazo público que ha merecido una nueva muestra de arte basura de la ya conocida artista psicótica Cristina Planas, quien padece de una obsesión enfermiza con los iconos religiosos, los que emplea constantemente para perpetrar groserías de mal gusto que ofenden a la comunidad católica.

No es la primera vez que Cristina Planas tiene problemas con las muestras de su arte basura. Ya en el 2008 su exposición "La migración de los santos" en la galería Vértice de San Isidro fue censurada por el municipio por ofender a la comunidad católica, aunque la razón ofrecida por el Municipio fue la falta de licencia. Quienes defienden estas atrocidades perpetradas por Crsitina Planas se ocultan en la siempre fácil y vaga justificación del "arte". Hay que dejar en claro que el "arte" es y ha sido siempre una ventana de expresión para toda clase de psicópatas y psicóticos. Hay artistas y "artistas". Es cierto que algunos psicóticos han logrado ser grandes artistas, como Van Gogh o Dali. Pero no se puede abrir la puerta del arte para permitir que cualquier expresión de demencia personal o vulgaridad exótica sea elevada a la categoría de "arte nuovo", revolucionario o vanguardista. A la basura hay que llamarla por su nombre.

Cristina Planas afirma que "el cuerpo desnudo no tiene nada de malo" para justificar una escultura de Cristo desnudo, con sus genitales expuestos. No importa cómo quiera justificar su arte. El hecho concreto es que utiliza iconos religiosos pertenecientes a una comunidad creyente a quien está ofendiendo. Nadie ha dicho nada por el cuerpo desnudo de la artista, pese a que tiene mucho de malo y feo. Pero utilizar personajes que tienen un gran significado para ciertas comunidades, grandes o pequeñas, es una ofensa que no se puede permitir. Y lo digo sin una pisca de cucufatería porque soy ateo. Igual rechazaría un supuesto arte que presenta a Miguel Grau calato. Eso es ofensivo.

Pero nada hay que estimule más el cerebro deteriorado de un progresista que todo aquello que signifique trasgresión y confrontación con los valores vigentes. Un demente de izquierda es alguien que solo piensa en confrontar y desvirtuar los valores del "sistema", valorando en cambio todos los contravalores como las extravagancias de la comunidad LGTB y el arte basura. Gritan y hacen marchas ruidosas cuando alguien toca sus contravalores sociales. Denuncian intolerancia y discriminación si afectan en lo más mínimo a los LGTB pero festejan y defienden el insulto si va dirigido a la Iglesia. Censuran cuando les viene en gana en sus medios bloqueando a los opinantes que no siguen su linea, pero chillan si sacan del aire a una entrevistadora histérica y malcriada, o reclaman tolerancia cuando se condena la falta de respeto a los valores de las comunidades creyentes.

Esta es pues la inmundicia de la izquierda con la que debemos aprender a tratar sin miedo. Ya es tiempo de confrontarlos en sus mismos espacios y con sus mismos modales.

DB

CAVIARES MARXISTAS INFILTRARON PODER JUDICIAL! segunda parte

...CONTINUA

Esta amplisima investigacion fue publicada el 2006 y ya los caviares marxistas habian tomado parte del PJ y MINJUS, imaginense uds. cuánto habrán avanzado estos cómplices del terrorismo. A continuación la segunda parte de una serie de tres artículos. Lean y díganme si no es necesaria una Nueva Derecha para desparasitar el Estado.

Por: Jorge Serrano Torres / Voltairenet.

Completando la tenaza, operadores políticos vinculados a la ahora izquierda neomarxista o izquierda caviar, que venían actuando desde ONGs dedicadas a la promoción de los DDHH, asumieron posiciones de poder en el Gobierno de Transición 2000-2001 y paralelamente, lograron copar la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR). A consecuencia de estos hechos, el Estado peruano se allanó al mandato de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de realizar nuevos juicios penales a los cabecillas y militantes terroristas previamente sentenciados y ya en prisión, al tiempo que representantes de la CVR realizaban discretas conversaciones (que luego fueron conocidas por la opinión pública) con la cúpula de Sendero Luminoso presa en el penal de la Base Naval del Callao (Lima), concertando facilidades para materializar el nuevo escenario judicial.

Esto fue posible gracias a que durante la gestión transitoria del presidente Valentín Paniagua Corazao, lograron el manejo del Ministerio de Justicia con Diego García-Sayán (Noviembre 2000-julio 2001), el cual después extendió su poder al llegar a ser Ministro de Relaciones Exteriores en el régimen de Toledo (Julio 2001-julio 2002) con el secreto pero decisivo apoyo de Eliane Karp y el contexto generado para sostener la feroz persecución política y la justicia jacobina contra los adversarios del toledismo, militares y policías que combatieron a SL y el MRTA, junto a ex integrantes del gobierno de Fujimori, tanto culpables como inocentes. Desde esta posición de fuerza política, García-Sayán forjó sólidos nexos con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos de San José de Costa Rica, facilitando el allanamiento del Estado peruano frente a los numerosos casos abiertos ante dichos foros internacionales en base a pruebas contradictorias y endebles, por presuntas violaciones de los derechos humanos, a cargo del mismo Estado peruano o “sus agentes” en las Fuerzas Armadas y policiales. Aunque se debe reconocer que varios casos llevados ante esa instancia supranacional eran verdaderos abusos contra ciudadanos peruanos.

Resalta un hecho escandaloso: el de la ex agente de inteligencia peruana Leonor La Rosa Bustamante, que fue indemnizada con 120 mil dólares por el presidente Toledo, en base a supuestas torturas que denunció haber sufrido en el Servicio de Inteligencia del Ejército, no obstante que luego surgieron evidencias que la desmintieron a nivel judicial. Miguel Jugo Vieira y Heriberto Benítez Rivas, en representación de la Asociación Pro Derechos Humanos, presentaron el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el cual luego fue avalado por los ministros Diego García-Sayán y Fernando Olivera.

A continuación, como era de esperarse, una vez alejado de sus funciones gubernamentales, García-Sayán fue nombrado Juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para el período 2004-2009, sin dejar su cargo como Director General de la Comisión Andina de Juristas (CAJ).

En este panorama, los marxistas de la izquierda caviar no dejaron de reforzar ONGs como el Instituto de Defensa Legal (IDL), de donde procede Ronald Gamarra; la misma Comisión Andina de Juristas, de García-Sayán (MIR) y Enrique Bernales Ballesteros (ex Partido Socialista Revolucionario). Luego aparecerá, para completar el círculo, una extensión del IDL: el consorcio Justicia Viva, y un tercer grupo se situará en el tema de la descentralización, a la cabeza de Manuel Dammert Ego-Aguirre, Carlos Barnechea Lercari y Rudecindo Vega Zavaleta (quien después fue ministro de Vivienda y Construcción en el gobierno de Toledo).

Otros primos hermanos ideológicos se instalarán en los temas de la seguridad ciudadana y defensa nacional, tras ser nombrados para dirigir el Ministerio del Interior y el Consejo Nacional de Inteligencia en el gobierno de Toledo (Fernando Rospigliosi, Carlos Basombrío, Gino Costa y Wilfredo Pedraza, como jefe del INPE, entre otros). Pero varias de sus ONGs fueron muy “pragmáticas”. Por ejemplo, la Comisión Andina de Juristas de Diego García-Sayán, trabajó con el gobierno de Alberto Fujimori, particularmente en el ámbito de la reforma de la administración de justicia y la Academia de la Magistratura, como parte de un convenio con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) suscrito en 1998.

A su turno, Abraham Siles Vallejos, de IDL-Justicia Viva, ha sido un funcionario en el PNUD y laboró en el llamado proceso de Modernización y Reforma del Poder Judicial los años 1997, 1998 y 1999. Pero tras el derrumbe del régimen de Fujimori y la instauración del gobierno de transición visualizó junto a sus pares, un nuevo campo de acción: el control del Ministerio de Justicia y del aparato judicial, a través de procuradores Ad Hoc y una red de fiscales y jueces, aunado al copamiento de la millonaria cooperación internacional.

¿Tontos útiles o cómplices?

Como se mencionó, el entramado judicial dominado por estas redes de marxistas reciclados, empieza allí. Coincidiendo con el liderazgo de Diego García-Sayán, quien al asumir el cargo de Ministro de Justicia en noviembre del 2000, firma dos resoluciones con carácter de “estrictamente secreto” (no publicadas en el diario oficial El Peruano), sobre conmutación de penas y rebajas de sentencias para liberar a dos terroristas de la cárcel. Una semana después firmará otras once resoluciones supremas, éstas sí publicadas el 2 de diciembre del 2000 en la gaceta oficial, para beneficio de indultos y a los tres días, se publicarían otras 8 resoluciones otorgando perdón a igual número de terroristas sentenciados. Y el 10 de diciembre del 2000 salen a luz otras 10 normas de indulto a condenados por “traición a la patria”. Es decir, en 15 días Diego García-Sayán indultó a 31 sentenciados por terrorismo. Este fue apenas el inicio de su política de “humanización” de los establecimientos penales, de flexibilización carcelaria, es decir, de liberación de cientos de terroristas sentenciados.

Al respecto, según cifras publicadas sobre los últimos tres años del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) por el diario Perú21 en octubre de 2006, hasta el año 2003 había en las cárceles peruanas 1.064 subversivos, pero hoy sólo permanecen 290, ya que el Poder Judicial sigue liberando masivamente a terroristas de SL y del MRTA, al declararles fundados sus pedidos de semilibertad o de liberación por exceso de carcelería. Es más, a la fecha existe un grupo de 547 personas acusadas de terrorismo pero que no han sido sentenciadas, es decir, que sus procesos continúan en la Sala Nacional para Casos de Terrorismo, que preside el vocal superior Pablo Talavera, quien ha sido denunciado por una fiscal y el procurador para casos de terrorismo Guillermo Cabala, de ser muy “condescendiente” con los acusados.

¿Y los terroristas libres donde están? Nadie lo sabe con certeza, por que favoreciendo la estratagema pro-terrorista, durante el gobierno de Toledo destruyeron lo que quedaba del sistema de inteligencia nacional con el falaz argumento de que estaba totalmente contaminado por la corrupción de la década pasada y recortaron drásticamente el presupuesto del sector militar y policial.

Según inteligencia policial, una parte significativa, si no mayoritaria, de los senderistas excarcelados no había abandonado sus convicciones ideológicas ni su sujeción a Sendero Luminoso al momento de salir de los establecimientos penales; por lo que se infiere que estarían en posición de reintegrarse a dicha organización criminal a fin de contribuir decisivamente a restaurar las estructuras y los aparatos partidarios a nivel nacional. Por otra parte, cuando fuera titular de Justicia, García-Sayán mantuvo a los procuradores Ad Hoc del caso Montesinos contratados por Alberto Fujimori, es decir, José Ugaz de la ONG Proética y a su socio Luis Vargas Valdivia. Pero antes de incorporar a Ronald Gamarra (de la ONG Instituto de Defensa Legal) a la procuraduría en asuntos de derechos humanos, convocó a Javier Ciurlizza Contreras como jefe del gabinete de asesores del Ministerio de Justicia y el 16 de enero del 2001, lo nombró presidente de la Comisión de Indultos, Derecho de Gracia y Conmutación de Penas para los casos de terrorismo.

Quienes conocen el pasado de Ciurlizza afirman que militó en la filas del Partido Comunista Revolucionario y hace poco se hizo tristemente célebre cuando se difundieron unos audios donde se escucha a Ciurlizza, intercambiar ideas en la Base Naval con los cabecillas de Sendero Luminoso y del MRTA, sobre varios puntos de agenda, como la irresponsable flexibilización carcelaria y la misma composición de la Comisión de la Verdad (CV), mientras Abimael Guzmán exigía que lo trataran como “preso político”.

Acto seguido, Ciurlizza habría de ser secretario ejecutivo de la CVR, para finalmente recalar en una dirección del Ministerio de Relaciones Exteriores. Por si fuera poco, en agosto de 2006, durante el gobierno de Alan García, se nombró como Vicepresidenta del INPE, a Susana Silva Hasembank, actual esposa de Javier Ciurlizza, quien ya se había desempeñado como Segunda Vicepresidenta del INPE entre marzo de 2004 y febrero de 2006; además, ha sido asesora jurídica del Comité Internacional de la Cruz Roja con sede en Lima, Perú.

Otro integrante del aparato marxista caviar en el sector justicia ha sido Iván Bazán Chacón, de la ONG Fedepaz (Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz). Fue el primer secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos y Conmutación de Penas. En este esquema de infiltración, no llamó la atención que en la procuraduría Ad Hoc anticorrupción se incluyera a Ronald Gamarra, cuyo historial es bien conocido, no sólo en los claustros de la Universidad Mayor de San Marcos, sino como activista de “Pueblo en Marcha” (fundado en 1983), que junto a la Unidad Democrática Popular de Cecilia Oviedo, hoy exiliada en México, fungían como brazo legal del MRTA. Debido a estos antecedentes, no extraña el fundamentalismo de Gamarra y su actitud carcelaria para con los militares y policías acusados de presuntas violaciones de DDHH. A la luz de estos sucesos, resulta condenable la indolencia y en muchos casos complicidad abierta del gobierno de Alejandro Toledo, quien alertado del juego propio en que estaban inmersos estos personajes que usaban sus cargos y la política anticorrupción para sus venganzas político-ideológicas, no hizo nada para impedirlo y únicamente procedió a remover a un sector de ellos, cuando comenzaron a investigar denuncias de corrupción que salpicaban al propio Toledo y a sus familiares. Peor aún, al designar a un nuevo procurador anticorrupción, Toledo y sus asesores siguieron la misma tendencia: el elegido fue Antonio Maldonado, también ex militante del Partido Comunista Revolucionario (PCR).

Circunstancias similares se produjeron en el Ministerio Público, donde se encumbró en el poder el fiscal supremo Pablo Sánchez Velarde, que igualmente fuera del PCR en la Universidad Mayor de San Marcos. En el Poder Judicial el máximo exponente de la red marxista sería el vocal supremo César San Martín Castro, socio entre el 2000 y el 2004, del Estudio Benites de Las Casas, Forno & Ugaz Abogados. César San Martín es señalado por muchos como el teórico de gran parte de la legislación antigarantista y jacobina en materia judicial anticorrupción, aplicada desde el 2001 hasta la fecha. Siempre con el obsesivo respaldo político y confabulaciones del entonces poderoso ministro de Justicia Fernando Olivera Vega, líder del FIM aliado del gobierno toledista, el vocal supremo César San Martín Castro, sería el creador de la figura jurídica de “complicidad en peculado” que habría servido para encarcelar a corruptos pero también a muchos enemigos políticos de la izquierda caviar.

Claramente, esta red marxista promovió el talionaje político y judicial atropellando principios básicos del Derecho, como la no retroactividad de las leyes; la preexistencia jurídica del delito a los hechos materia de acusación; la presunción de inocencia y el plazo perentorio de la detención sin sentencia, entre otros más; panorama que configura una violación sistemática del debido proceso en contra de los inculpados por la presunta comisión de actos de corrupción o violación de los derechos humanos, que fueron juzgados durante las administraciones de los presidentes Paniagua y Toledo. El grupo reciclado de los camaradas tiene además sus tontos útiles y ejecutores en la judicatura. Para algunos podría estar en la segunda categoría Juan Jiménez Mayor, ex viceministro de Justicia y Secretario Técnico de la Comisión Especial para la Reforma Integral de la Administración de Justicia” (Ceriajus), donde la izquierda caviar no dejó pasar la oportunidad para ubicar como “representante de la sociedad civil” a David Lobatón Palacios, activo operador de Instituto de Defensa Legal (IDL).

En este marco, el IDL y su hijo el consorcio Justicia Viva, habrían beneficiado mediante respaldo académico, social y de promoción mediática a varios magistrados anticorrupción: Inés Felipa Villa Bonilla, Inés Tello Valcárcel de Ñecco, Hilda Cecilia Piedra Rojas, Araceli Baca Cabrera, Susana Inés Castañeda Otsu, Carlos Ventura Cueva y Saúl Peña Farfán, entre otros. En el área administrativa, durante el período en que fuera presidente de la Corte Suprema de Justicia, Hugo Sivina Hurtado, estuvo en la secretaría técnica del Poder Judicial la abogada Rosa Mavila León (Universidad Mayor de San Marcos y ex militante del PCR). Mavila León no niega su pasado radical y ha reconocido en una entrevista al diario El Comercio en agosto de 2006, que siendo abogada defendió a un acusado de terrorismo que luego habría sido absuelto por la Corte Suprema.

Además, ella ha sido una pieza clave: en la gestión de Toledo fue procuradora pública en asuntos judiciales y de terrorismo del Ministerio del Interior, así como asesora en el Acuerdo Nacional por la Justicia.

Pero su influencia llegaría lejos, Rosa Mavila también ha ejercido como secretaria general del Ministerio de Educación y Coordinadora de la Comisión de Reestructuración del Poder Judicial; docente del Programa de Capacitación para Fiscales y Vocales aspirantes a la Corte Suprema de la Academia de la Magistratura y antes integró el equipo técnico de la Iniciativa Nacional Anticorrupción que fuera encabezada por Monseñor Miguel Irízar, durante el Gobierno de Paniagua en el 2001. Como si fuera poco, en agosto de 2006, el Ministerio de Justicia, designó a Rosa Mavila, como jefa del Instituto Nacional Penitenciario (INPE). Igualmente, en setiembre de 2006, surge otra muestra del poder de los lobbies de la izquierda caviar: la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) encargada de supervisar a las ONGs, nombró a Mariella Pinto Rocha, en el puesto de asesora principal de este organismo. Mariella Pinto es una profesional especializada en educación inicial, que ha trabajado desde el 2001 en el ministerio de Justicia a cargo del proyecto de reforma de los centros carcelarios y además estaría vinculada sentimentalmente a Diego García-Sayán.

El consorcio Justicia Viva

Por su condición de institución operativa del engranaje construido por la red neomarxista en el sector Justicia, es necesario conocer a la entidad “Justicia Viva” (JV): es un proyecto autodenominado “de participación y fiscalización ciudadana en la reforma judicial”, a cargo de un consorcio integrado por el Instituto de Defensa Legal (IDL), la Facultad y el Departamento Académico de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú junto a la Asociación de Jueces por la Justicia y Democracia, aunque este último grupo luego se apartó. Con este proyecto, JV ganó en el área de justicia un concurso convocado por la USAID estadounidense y su “Oficina de Iniciativas Democráticas”, mediante el cual JV recibe apoyo económico y académico durante tres años.

Confirmando la sólida influencia de los neomarxistas en el consorcio JV, dicha institución tiene como actuales directivos y operadores a los siguientes personajes: Hans Landolt Pardo (Director General del IDL); Ernesto De la Jara Basombrío (Director General de Justicia Viva); Alfredo Villavicencio Ríos (Coordinador General); David Lovatón Palacios; Antonio Salazar García; Beatriz Santiváñez Arias; Javier La Rosa Calle; Juan Carlos Ruiz Molleda y por supuesto Ronald Gamarra Herrera.

Otra pieza de este grupo, es el sociólogo e historiador, Nelson Manrique Gálvez, ex asesor de la denominada Comisión de la Verdad y Reconciliación, y ahora columnista de IDL, Manrique Gálvez fue integrante del marxista Partido Unificado Mariateguista (PUM) y del grupo ultrarradical Márgenes, que en tiempos pasados llamaba “liberales” (Diario Amauta No 46), a otros camaradas que recusaban la violencia revolucionaria. Resulta que en octubre de 2006, a Nelson Manrique le habría salido su entraña marxista, al afirmar que las condenas penales benévolas aplicadas a los cabecillas del grupo terrorista MRTA eran “desproporcionadas”.

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