Sabotaje de la mafia caviar al Congreso

 

Escribe: Dante Bobadilla Ramírez

Una vez más el país sufre la arremetida de la mafia caviar que lucha por mantener el control de las instituciones. En este caso se trata del Tribunal Constitucional. Nuevamente la elección de nuevos magistrados se ve frustrada por una maniobra burda, una leguleyada perpetrada por una jueza que en tiempo récord acogió una cautelar presentada por un siniestro abogadillo, y ordenó al Congreso de la República paralizar el proceso de elección de nuevos magistrados del Tribunal Constitucional. Así como lo leen. Esto solo puede ocurrir en una república bananera controlada por una mafia.

Como lo han expresado destacados constitucionalistas del nivel de Víctor García Toma, ex presidente del Tribunal Constitucional, el recurso empleado para detener el accionar del Congreso es una burda leguleyada sin sustento ni sentido, habida cuenta que una acción de amparo solo se usa para cautelar un derecho individual que se ha visto afectado. ¿Cuál es el derecho afectado del abogado que presentó la demanda? Ninguno, ya que él no es parte del proceso. Pero se ha usado la extravagante figura de que la elección de magistrados del TC vulnera su derecho a tener "una justicia justa".  En base a esta burda farsa legal, una jueza sin criterio o con intereses subalternos, ha intentado paralilzar una tarea que es un mandato constitucional del Congreso. 

Por supuesto que de inmediato las sectas de izquieda salieron a pedir respeto por la resolución judicial y por el estado de derecho y por la democracia y patatín patatán. Una penosa exhibición de hipocresía y doble moral de un sector que carece de valores democráticos. No es raro que la izquierda se oponga tenazmente a que el TC sea renovado porque pretenden mantener allí a su banda de los cuatro, liderados por la comunista Ledesma. El rojerío no va a permitir que los muevan de sus cargos por lo menos hasta que ellos tengan mayoría en el Congreso y puedan colocar a su gente, como lo hicieron en los días de Humala. Estos magistrados ya excedieron su período y tienen dos años de tiempo vencido. Pero mientras la izquierda siga con sus maniobras será imposible renovarlos.

No olvidemos que fue precisamente para impedir que se elijan a nuevos miembros del TC que Vizcarra cerró apresuradamente el Congreso. La mafia caviar no dudó en dar un golpe de Estado para defender a sus camaradas en el TC. Allí no les interesó el estado de derecho ni el respeto por la democracia, como ahora alegan pidiendo respeto por la resolución de una jueza prevaricadora y corrupta que busca, una vez más, paralizar la elección de nuevos miembros del TC. Está claro pues que la izquierda no va a permitir que se cambie el TC hasta que ellos lo decidan. 

De este modo se consolida la captura fáctica de las principales instituciones por parte de la izquierda. No nos olvidemos la manera gansteril en que capturaron el Ministerio Público, luego de sacar toda la artillería pesada de los medios mermeleros para destruir al Fiscal de la Nación Pedro Chávarry, con la ayuda del siniestro fiscal José Domingo Pérez que tuvo el desparpajo de lacrar sus oficinas. A esto se sumó el circo del Congreso donde se presentaban extravagantes acusaciones constitucionales contra Chávarry, que luego de ser rechazadas por absurdas, eran motivo de escándalo mediático repitiendo el cliché de "blindaje a la corrupción". Así fue como la mafia caviar capturó el Ministerio Público y luego se deshizo del Congreso incómodo "fujiaprista".

El Poder Judicial también está en manos de la mafia caviar. Todo fue maquinado por Martín Vizcarra desde la creación de la Junta Nacional de Justicia, que hoy es incluso más turbia que el viejo Consejo Nacional de la Magistratura. Vean nomás con la celeridad que procesan a los enemigos de la mafia. No tardaron nada para destituir a los fiscales adversos a la mafia, Pedro Chávarry y Tomás Galvez. Y todo con el apoyo de las oenegés, especialmente IDL, quien proporciona audios a conveniencia. 

Frente a todo este penoso panorama es obvio que no vamos a poder liberarnos de las garras de la mafia caviar y sus agentes del comunismo por los procedimientos legales. La izquierda carece de moral. A ellos no les importa dar un golpe de estado para defender sus intereses. Lo han hecho dos veces en estos últimos dos años. Primero cerrando el Congreso mediante la leguleyada de la "negación fáctica". Luego lanzando a sus hordas salvajes a las calles para impedir que Merino asuma el poder. No solo hicieron que renuncie Merino, sino que doblegaron al Congreso para que se elija a la minoría de izquierda al mando de la mesa directiva. Por poco no tuvimos de presidenta a la rojaza Rocío Silva Santisteban.

¿Cómo enfrentarse a estos maleantes de la política? ¿Cómo recuperar las instituciones de las garras de la izquierda? Tarea difícil porque ya los hemos dejado avanzar demasiado. Están a punto de tomar el poder total con Pedro Castillo, luego de un proceso electoral fraudulento, avalado por un Jurado Nacional de Elecciones incompleto y liderado por un comunista pro terruco. ¿Se pueden seguir usando y confiando en los mecanismos legales y democráticos frente a una mafia que carece de valores y principios? Esa es la pregunta que debemos empezar a hacernos.  

La libertad de Ollanta y Nadine

Escribe: Dante Bobadilla Ramírez

La sentencia del Tribunal Constitucional que deja sin efecto la prisión preventiva de Ollanta Humala y Nadine Heredia, ha demostrado que la gente confunde la justicia jurídica con la justicia popular, que es una forma de linchamiento o lapidación del acusado, sin que medie juicio alguno. 

Hace tiempo que en el Perú se viene abusando de la figura de la prisión preventiva, en especial desde que le otorgaron súper poderes a la Fiscalía. Han habido varios casos clamorosos de abuso fiscal y desidia judicial, de personas que han pasado años en cárcel sin un juicio, como fue el caso del general Walter Chacón, o acusados absurdamente durante la cacería de brujas montada por las oenegés caviares contra todos los que tuvieran algo que ver con Alberto Fujimori o Vladimiro Montesinos. Bastaba haber ejercido un cargo en los 90 para ser implicado a una acusación fiscal y pasarse 17 años en el Poder Judicial. 

En los últimos tiempos se pusieron de moda las prisiones preventivas, tanto por el abuso de poder de los fiscales que hoy en día se sienten dioses, como por la complicidad de jueces carceleros y figuretis, como el famoso Richard Concepción Carhuancho, que le dice "sí" a todo lo que le piden los fiscales. Hemos visto el circo de la "lucha anticorrupción" con la única función de ver a un fiscal prepotente pidiendo la prisión preventiva de alguien a quien quiere investigar, y a un juez mamerto accediendo sin cumplir su rol de proteger los derechos de los ciudadanos. También hemos visto la complacencia judicial para que ciertos fiscales, tan figuretis como histéricos, vayan a a montar el show mediático de los allanamientos de locales para meterse hasta a los baños, para luego filtrar videos y fotos a sus medios afines.

Hay que recordar el patético accionar de la fiscalía en el caso de Alejandro Toledo, a quien luego de investigar por casi tres años no fueron capaces de presentar un expediente decente al Poder Judicial, al punto en que les fue devuelto hasta dos veces por el juez Elio Concha, debido a que "no se había realizado las imputaciones necesarias contra cada uno de los denunciados". Luego el fiscal Hamilton Castro abre una investigación por el caso Odebrecht, y lo primero que hace es pedir la prisión preventiva de Alejandro Toledo sabiendo que vive y se encuentra en los EEUU. Y, para variar, el juez admitió la prisión preventiva iniciando un largo, engorroso y costoso trámite internacional que probablemente sea desestimado por los EEUU.

¿Pero acaso hace falta meter preso a Alejandro Toledo para que el fiscal lo investigue? ¿Es que luego de tantos años investigándolo por el caso Ecoteva no pueden abrirle ya un juicio y darle una citación formal para que asista a su defensa? Realmente es muy difícil entender el proceder de la Fiscalía y del Poder Judicial. Al parecer tratan de cubrir su incapacidad para procesar los delitos de corrupción con el circo de las prisiones preventivas, y mucha gente se compra el show creyendo que ya se hizo justicia. 

No hay que confundirnos. Las prisiones preventivas no son una medida de justicia sino de show, de impacto mediático y de prepotencia fiscal. Se ha llegado al extremo de meter a prisión a Jéssica Tejada por el hecho de ser pareja de un funcionario implicado en un caso de soborno. Y lo más grave de este caso es que ambos estaban en el extranjero cuando se conoció el caso pero de inmediato vinieron a ponerse a derecho. Sin embargo, lo primero que hizo el fiscal fue pedir prisión preventiva para ambos. Y el juez, una vez más, accedió. Y todavía siguen presos sin que haya una acusación. La fiscalía aun está en proceso de investigación mientras Jéssica Tejada sigue presa hace año y medio.

Por todo esto, me alegro de que el TC haya dictado una sentencia que trata de poner orden en este caos de las prisiones preventivas. No ha dicho que Ollanta y Nadine sean inocentes. No ha dicho que ya no se les juzgue. Lo que ha dicho es que no tienen por qué estar presos mientras la Fiscalía investiga y arma un caso. Si quieren hacer justicia de la buena, lo que debemos exigir es que el Ministerio Público haga bien su trabajo, que se aboque a investigar con prontitud y que arme un caso bien sustentado para presentar la acusación ante el Poder Judicial lo más rápido posible. Luego se tendrá que juzgar y, finalmente, sentenciar. Y, si son culpables, pues allí si tendrán que cumplir su sentencia en cárcel. Así es como funciona la justicia en un país decente, donde hay leyes, derechos y jueces probos.

El Perú debe ser el único país donde primiero te meten preso, luego te investigan para ver de qué te acusan, luego te juzgan para ver si eres culpable, y al final te sentencian. Y si resulta que eres inocente, igual ya pasaste tres años de cárcel o más. ¿Y quién te devuelve el tiempo perdido? Este no es un cuento inverosímil. Lo que acabo de describir es lo que le ha pasado a mucha gente, como por ejemplo al ex ministro Rómulo León, quien pasó tres años preso en "prisión preventiva" y luego en prisión domiciliaria, hasta que el Poder Judicial lo declaró inocente varios años después. Y como este hay muchos casos.

Por todo esto celebro que el TC haya dictado jurisprudencia para las prisiones preventivas y le haya llamado la atención, de paso, al Ministerio Público y al Poder Judicial. Basta ya del circo de las prisiones preventivas. ¿Quieren luchar contra la corrupción? Pues aceleren las investigaciones y no pierdan tiempo en tonterías, como andar resucitando refritos del pasado como El Frontón o las esterilizaciones. El Ministerio Público tiene amplios poderes para poder investigar sin que nadie perturbe su trabajo. No necesita andar metiendo presa a la gente. Pueden dictar impedimento de salida del país, inmovilizar cuentas bancarias, levantar secretos bancarios, allanar domicilios, etc. Con todos esos poderes a su disposición es realmente vergonzoso y abusivo que lo primero que haga siempre es pedir que metan presa a todos los que investiga. Es el colmo. Esto debe acabar.

Defensores del "perro muerto"

Escribe Dante Bobadilla Ramírez

Cuando se carece de formación y de principios no queda más que opinar como cualquier hijo de vecino o pasajero de combi, presa de las pasiones, prejuicios o tendencias populares sin fundamento racional. Cualquiera con algo de habilidad puede montar una perorata para justificar sus bajas pasiones y hasta sus malas acciones. Solo los principios nos permiten diferenciar lo malo de lo bueno y sacudirnos de la palabrería engañosa.

En su columna de hoy titulada "¡A la caza del tesoro!" copia exactamente el pensamiento de los más radicales de la izquierda criolla, expresada ya varias veces en La Primera y La República. Así que no hay ninguna novedad en esos argumentos que, valgan verdades, son simples escusas para validar  el "perro muerto" del Estado, típico desde los días de Velasco Alvarado. El rojerío, y ahora esta señora de pensamiento claramente progre, se niegan al pago de los bonos de la reforma agraria con el cuento de que quienes lo tienen ahora son los bancos, y porque estos sería "especuladores". La misma letanía de Hugo Chávez y el progresismo anticapitalista. Lo que quieren es que el Estado siga con una estafa que ya lleva 40 años. Y esto es una vergüenza, en especial para alguien que se cree "liberal".

Dice esta señora: "Cuando el TC resuelve una causa, debe cuidar que el derecho de los ciudadanos y los objetivos constitucionales primen en sus decisiones con ... una visión de la problemática jurídico-social-económica del país". Lo que el TC debe cuidar es que la ley se cumpla. Y un principio elemental del derecho es el respeto por la propiedad y el cumplimiento de las obligaciones asumidas legalmente.

Me sorprende tanto rollo progre para justificar el "perro muerto". El Estado confiscó bienes y emitió unos bonos prometiendo pagarlos, y es su OBLIGACIÓN cumplir con pagarlos. Así de simple. Si los bonos cambiaron de manos eso es completamente intrascendente. Eso no le quita al Estado su obligación. La deuda del Estado no ha desaparecido. Por lo demás son miles los tenedores de esos bonos. Si un banco tuvo a bien comprar algunos bonos, lo hizo como una inversión. Para eso es que están los bancos: para invertir. Llamarlos "especuladores" por eso es caer en el peligroso juego retórico de la izquierda radical que conduce a los resultados desastrosos que ahora vemos en Venezuela, producto de esa típica pobreza mental y de los prejuicios anticapitalistas que no tienen asidero lógico en el mundo real. 

Agrega esta señora: "¿El Estado pagará 4000 millones de dólares, 80% de los cuales irán a manos de especuladores, a cambio de qué? A cambio de que uno de cada cinco niños siga estando desnutrido, de que el Perú sea el país con mayor índice de TBC, de seguir mandando a nuestras tropas al VRAEM sin rancho ni balas ni guantes, a cambio de que el Hospital Policial carezca de insumos, de que el Perú tenga la peor educación de los países de ingreso medio-alto. A cambio de ser incapaces de luchar contra el narcotráfico, la minería ilegal, el tráfico de personas y de que la brecha de infraestructura siga creciendo."

Olvida esta señora que esa plata NO ES del Estado sino de los peruanos que fueron confiscados! Olvida también que a pesar de haberse hecho ilegalmente de toda esa fortuna, el Estado nos ha dejado en la situación penosa que ella describe. O sea que toda esa fortuna en manos del Estado ¡no sirvió para nada! ¿Y ahora alega que ese dinero debe quedarse ilegalmente en manos del Estado porque tenemos malos hospitales? ¿Es esto una lógica válida y respetable? A mi me parece francamente un disparate, y hasta una muestra de estupidez y pobreza mental que no merece un espacio en ningún diario.

Hay que decir las cosas claramente, sin apasionamientos ni mentiras. Que el Estado se quede con toda esa plata ajena definitivamente no va a cambiar en nada la situación del país, ni para bien ni para mal, pues el pago que se le demanda en 8 años representa menos del 2% del presupuesto del Estado. Como nunca en toda nuestra historia, el Estado tiene además 67 mil millones de dólares acumulados en RINs. Así que cumplir con pagar esa deuda en 8 años (y no necesariamente en dinero) no significará ninguna tragedia nacional. Al contrario, será justicia, pues hay miles de peruanos que tienen esos bonos y que no tienen por qué seguir esperando y menos olvidarse de su plata porque una jauría de limitados mentales no quiere que se le pague al Banco de Crédito por ser "especulador". 

Ya es tiempo de acabar con esta política del "perro muerto" del Estado. La izquierda y los demagogos de toda clase han permitido que el Estado sea el mayor ladrón del Perú. Si alguna vez fue culpa de Velasco Alvarado y su cúpula de asesores comunistas, hoy la culpa es de todos estos peleles que siguen gritando en contra de un acto de justicia elemental.

La gran repartija del Perú

Escribe Dante Bobadilla Ramírez

Los luctuosos sucesos ocurridos en el Congreso la noche de ayer pasarán a la historia como una de las más tristes performances de la clase política peruana, junto a la noche larga en que aquella cámara de diputados dominada por el aprismo aprobaba a carpetaso limpio la ley de estatización del sistema financiero enviada por Alan García, o la noche en que el congreso fujimorista defenestraba a tres magistrados del TC por oponerse a la "interpretación auténtica" de la Constitución, que un comando de mamarrachos fujimoristas había perpetrado para permitir la rereelección de Alberto Fujimori contra todo sentido común. 

Ha sido una pena ver a gente que se presumía respetable, como Alberto Beingolea, tartamuedeando una protesta contra Cecilia Tait, para decirle que a él tampoco le gusta la elección pero que igual vota porque respeta un acuerdo hecho entre partidos, que ya más parecen bandas de delincuentes políticos, pues lo que ha hecho es simplemente repartirse el poder como si fuera un botín. Respetar acuerdos de pandillas por encima de principios democráticos significa haber perdido la brújula de la democracia. Una pena realmente.

Lástima también han dado aquellos que desde afuera aplaudían el sucio acuerdo porque sentían que aseguraban la presencia de sus facciones, tirando al suelo todo atisbo de decencia política y respeto por el país. Quienes estamos en política no por puestos sino por defensa de principios, no podemos más que lamentar esta repartija barata de cargos que pone en peligro la institucionalidad del país.

La democracia liberal se sustenta en la división del poder y en la independencia de las instituciones que comparten el poder político del Estado. Pero sobre todo, por la majestad que emanan. A partir de la repartija de anoche, todo esto ha quedado en el tacho de la basura. No solo se ha eliminado la independencia de los poderes sino que se ha llenado las más importantes instituciones del Estado con personajes del más bajo nivel profesional, ético y moral, como son los casos concretos de los señores Víctor Mayorga y Cayo Galindo, a los que cabe añadir el de la cuestionada señora Pilar Freitas. 

El espectáculo de vergüenza que han dado a todo el país los congresistas que se prestaron a esta maniobra, tendrán que cargar con el peso de las consecuencias que su nefasta decisión le traiga al país en el futuro. Hay que tomar sus nombres y sus rostros para ponerlos en la lista negra de la historia del Perú.

La mediocridad instalada

Escribe: El Comercio (editorial)

Mientras se escribe este editorial se escuchan, a unas pocas cuadras del edificio del Diario, las pifias al Congreso coreadas por la manifestación que se organizó con motivo de los nombramientos realizados ayer por el Parlamento.

Razones para estas pifias no faltaron. Para empezar, mientras que tres de los vocales nombrados para el Tribunal Constitucional (TC) –los señores Eguiguren, Blume y Sardón– son reputados constitucionalistas con una importante trayectoria académica, los otros tres parecen deberle su nombramiento solo al hecho de ser muy útiles para los partidos que los propusieron.

El señor Víctor Mayorga (popularmente conocido como el congresista ‘planchacamisas’) es un miembro del ala radical del Partido Nacionalista que en el 2011 permitió el acceso al Congreso al brazo político del MRTA para que lanzara una perorata en nombre de Néstor Cerpa Cartolini. ¿Podremos esperar la misma amabilidad de parte del señor Mayorga con los enemigos de la paz cuando le toque decidir sobre ellos desde el TC? Al Congreso, por lo menos, no le preocupa este tema.

Tampoco le preocupó al Parlamento designar como vocal al señor Rolando Sousa, un abogado que defendió el régimen fujimontesinista. Régimen que, entre otras cosas, atropelló sin asco al TC. ¿No debería ser requisito para ser vocal de esta importante institución haberle guardado respeto en el pasado? Por lo visto, no para el Congreso.

Los cuestionamientos al señor Sousa, además, no terminan ahí. Su estudio de abogados es conocido por haber defendido a diversos condenados por delitos de corrupción, violaciones de los derechos humanos; a acusados de narcotráfico y lavado de activos. Un currículo difícilmente compatible con un puesto que encarna la defensa de la Constitución y las libertades.

Asimismo, tenemos como nuevo vocal al ex congresista Cayo Galindo Sandoval, un señor que no tiene ninguna experiencia profesional en temas constitucionales que resaltar y que, lamentablemente, solo es conocido por dos hechos. Primero, porque en el 2009 fue suspendido 120 días del Congreso por realizar una protesta en sus instalaciones (lo que él cuestionó a través de una acción de amparo pendiente de verse, para su suerte, en el TC del que ahora él es parte). Segundo, por haber sido acusado de haber influido en la entrega ilegal de permisos de pesca por 1.440 toneladas mientras fue jefe del gabinete de asesores del Ministerio de la Producción.

Por otro lado, con la misma falta de seriedad con la que el Congreso realizó estas tres designaciones nombró además a la defensora del Pueblo. La señora Pilar Freitas ha sido cuestionada por su actuación como procuradora del gobierno de Fujimori, al haber defendido a los jueces que fallaron en contra de Susana Higuchi (caso que según Montesinos habría sido arreglado) y al haber perseguido al señor Baruch Ivcher. También ha sido cuestionada por haber sido destituida del cargo de superintendenta nacional de Registros Públicos, por haber tenido un aparente conflicto de intereses para ser designada presidenta de la Fundación Canevaro en el gobierno de Toledo, entre otras cosas. La señora Freitas se ha defendido de sus críticas con diversas explicaciones aún en discusión. No obstante, para no permitir que se debilite de partida una institución tan importante como la defensoría, bien pudo el Congreso buscar un candidato incuestionable, como lo fueron los antecesores de la señora Freitas.

Estas decisiones, además, se produjeron un día después de que se difundieran audios que mostraban a las bancadas, escandalosamente, repartiéndose por pedazos los nombramientos como quien se reparte una torta. Y todo esto a vista y paciencia del país entero, mostrando que si algo le falta al Congreso es sangre en la cara.

Pero nada de esto importó. Tanto así que Jaime Delgado, vocero de Gana Perú, no tuvo empacho en pedir que cesen los cuestionamientos porque fue “una votación complicada y difícil”. Alguien debería explicarle al congresista que más complicado y difícil es para los ciudadanos aceptar que tenemos que vivir con el Congreso del que él forma parte.

El asesinato de la decencia política

Escribe: Fritz Du Bois

Ayer murió la decencia política en el Perú al presenciar, por televisión, cuando se estaba planteando la reconsideración para la defensora, a un congresista de Gana Perú que tiene 30 denuncias penales –desde homicidio hasta robo agravado, pasando por falsificación– tratando de calmar a Pantaleón. Quedamos congelados. En ese momento nos quedó muy claro en manos de quién estamos, y todavía nos faltan tres largos años.

Ayer el PPC firmó su sentencia de extinción. Un partido que se consideraba un guardián de la legalidad se metió a la cama con violadores constitucionales –pasados y futuros– a cambio de colocar en el tribunal a un vocal allegado. Aquí no había gobernabilidad en juego ni riesgo alguno al proceso democrático. Simplemente vendieron su alma al diablo.

Ayer destruyeron la Defensoría del Pueblo y la convirtieron en un anexo de un partido desesperado por sobrevivir ante tanto escándalo. Considerando que hasta la Fundación Canevaro fue tomada al abordaje por Perú Posible para fines partidarios, ¿se imaginan cómo se aprovecharán de una institución con credibilidad y de alcance nacional, que cuenta con un abultado presupuesto pagado con el dinero de todos los peruanos?

Ayer arremetieron contra el Estado de derecho al otorgar un veto para impedir declarar la inconstitucionalidad de futuras leyes a un gobierno que le gustaría arrojar la actual Constitución al tacho. En realidad es ingenuo pensar que con argumentos legales convencerán a vocales colocados por un oficialismo que lo único que conoce es el carpetazo. Así que por un par de nombramientos están arriesgando el principal escudo que tenemos los peruanos para protegernos de la tendencia de los que actualmente nos gobiernan de ir a un chavismo desaforado.

Ayer fue un día negro para los ciudadanos, que quedamos desprotegidos frente a la demagogia y el Estado. Solo queda esperar que no hayan enterrado también nuestro futuro democrático.

El Perú como botín

Escribe Dante Bobadilla Ramírez

La diferencia entre Víctor Andrés García Belaúnde y su legendario tío Fernando Belaunde, es que mientras este propugnaba "El Perú como doctrina" como lema para enfrentarse a los dogmatismos del APRA y de las izquierdas marxistas de todo pelaje, Vitocho y la banda del Congreso han patentado la consigna "El Perú como botín". Esto es lo que deja en claro el audio difundido ayer, y que solo confirma lo que ya se sabe: el Perú está en manos de una banda que podríamos llamar "Los malditos de la Plaza Bolívar" y que están arranchándose las más importantes instituciones del país a mordiscones, cual hienas hambrientas.

Lejos de buscar personajes independientes y probos para que se hagan cargo de nuestras instituciones, lo que esta banda de maleantes politizados trata de hacer es coparlas, infectar nuestras instituciones con sus secuaces de partido. Nada les importa el país. Absolutamente nada. Tampoco les importa su prestigio como políticos y congresistas, pues ya están muy venidos a menos hace tiempo. Lo que hoy muestran al país estos miserables es que no solo son unos caraduras sino que le tienen un desprecio total a la opinión pública.

Lo que ocurre en estos días es una lamentable consecuencia de la degradación paulatina de nuestra política a causa de los supuestos grandes "logros sociales" que se impusieron desde la Constitución fallida de 1978, como el voto universal y obligatorio, incluyendo el voto de los analfabetos y el de los jóvenes. Una buena base social dominada por la ignorancia y obligada a elegir a candidatos a quienes tampoco se les exige ninguna calificación, excepto ser peruanos de nacimiento, como si eso sirviera para algo, es la que nos da como resultado la miasma que hoy tenemos en el Congreso Peruano y en Palacio de Gobierno. Con el delirio de supuestos "grandes logros sociales" lo que hemos hecho es colocar las bases del cadalso en donde se decapitará el futuro del Perú.

La gran pregunta ahora es ¿quién será capaz de cambiar esta situación? Evidentemente la escoria que hoy tenemos al mando del país será incapaz de hacerlo, como lo han venido demostrando en los últimos años. Mientras tanto en Chile, con un sistema electoral mucho más inteligente, el presidente Piñera acaba de enviar al Congreso una gran reforma electoral para mejorar aun más la clase política. Acá parece que nadie será capaz de ponerle el cascabel al otorongo.

EL TOPO COMUNISTA

Por Felipe Cortijo

¿Cuál es el interés inmediato de la izquierda sobre los candidatos al Tribunal Constitucional y la Defensoría del Pueblo?. Pensemos, en el bracero político están por un lado las denuncias sobre los ex presidentes García y Toledo, demasiado peso para dejarlo al azar, de ahí que eso tenga que resolverse por la fuerza, de ahí los jaloneos y el escándalo ridículos que diariamente muestran todos los políticos. De la elección de los miembros del TC dependerá en última instancia la suerte de García o Toledo, uno de los dos caerá en desgracia, todos los socialistas caviares lo tienen claro, Toledo no puede caer.

Ayer apareció un artículo en el diario El País de España de nuestro premio nobel, el marques Mario Vargas Llosa. Obviamente tocó un tema netamente internacional, pero si leemos con paciencia y detalle, adula a Evo Morales, critica a Estados Unidos, y termina coqueteando nuevamente con los ideales liberales. Hoy en Perú se habla de una carta en la que suscriben nuestro Nobel y algunas otras personas condenando la “repartija” de cuotas de poder en la elección de los candidatos que inicialmente aludimos, es decir, para el Tribunal Constitucional, Defensor del Pueblo, y además el BCR, este último quizás no importe tanto si mantenemos la misma política económica, cosa incierta. Lo ideal para la “progresía”, es petardear el modelo económico, conviene pues un mal manejo del BCR para ellos.

Pero en donde se juegan una carta importante es en la elección de los miembros del Tribunal Constitucional, ya vimos cómo le enmendaron la plana al mismo Humala. Entonces los caviares juegan con un gran peón, el de lujo, con título nobiliario, último ganador del premio literario más grande del mundo, que dicho sea de paso, es un premio caviar desde hace muchísimo tiempo.

Increíblemente dio resultados, el domingo 13 de julio aparecen por primera vez en que yo tenga memoria, dos portadas con una misma noticia: “Rechaza repartija”, eran de los diarios Expreso y La Primera. Es decir, la izquierda y la derecha del país se unen para informar sobre un mismo tema, el rechazo de la opinión pública a los cubileteos políticos, más precisamente, la condena a todo el escándalo que se ha armado por la posible elección de Pilar Freitas Y Rolando Sousa. ¡Qué bello espectáculo! ¿Acaso la reconciliación nacional estaría muy cerca? ¿Luis García Miro y Cesar Lévano se darán el abrazo fraternal tan esperado?.

Esto lo origino una sola persona, Mario Vargas Llosa, sus declaraciones confundieron a los conservadores. Este escritor es para mí, el intelectual más peligroso del Perú, por haber sido cómplice de la elección de Ollanta Humala, y ahora quiere ser cómplice de la desgracia que le pudiera ocurrir a Alan García. No, Vargas Llosa no es más un simple intelectual liberal, nunca más, es un infiltrado, es un alfil del “progresismo”, hablemos claro, es un topo comunista

La prostitución de las instituciones

Escribe Dante Bobadilla Ramírez

Todo peruano bien nacido debería sentir indignación y vergüenza en estos días, al ver el nivel de prostíbulo al que ha llegado la política peruana en el Congreso de la República, pues como triste corolario a la incapacidad mostrada durante los últimos años para nombrar a los titulares de nuestras instituciones más importantes como el Tribunal Constitucional, el Banco Central de Reserva y la Defensoría del Pueblo, ahora vemos el intento de prostituir además estas instituciones, colocando felones de medio pelo que solo están siendo enviados allí para acatar consignas partidarias.

Y lo más humillante es ver que a nuestros "representantes" les importa un comino la indignación popular expresada en todos los medios, desde un comunicado de la CNDDHH hasta un editorial de El Comercio, pasando por las declaraciones de los más connotados opinólogos. A nuestros congresistas simplemente les importa un rábano todo eso. Ellos están dispuestos a seguir adelante con su repartija. Esto sí que merece una marcha de indignados, pero a todo dar. 

Hemos llegado a un punto en que el Congreso de la República ya no tiene ningún valor. Los bajos índices de aceptación ciudadana que reflejan las encuestas no ha cambiado porque a estos sinvergüenzas no les interesa nada. Tienen la misma mentalidad de todo burócrata: mientras les llegue su pago puntual a fin de mes, nada les importa. El Congreso es el resultado de un sistema electoral perverso y absurdo que no ha querido ser cambiado. No es problema del voto preferencial sino del voto universal y obligatorio, además de la majadería de no querer exigir ninguna calificación para acceder al Congreso, así como la estupidez de permitir que cualquier combi de amigos, organizada seis meses antes de las elecciones, sea considerado un "partido político" y pueda presentar candidatos, incluso metiéndose a un "vientre de alquiler", como ocurrió con el Partido Nacionalista, madre nodriza de las peores escorias que han arribado al Congreso peruano.

Los intentos de meter a un incompetente comunista como Víctor Mayorga nada menos que al Tribunal Constitucional es algo que debe merecer el rechazo unánime. Y de hecho esto existe, pero la escoria congresal no se conmueve. Hay un rechazo unánime a personajes como Rolando Sousa y Pilar Freitas por no tener una trayectoria diáfana, que es lo que exigen estos importantes cargos. De concretarse esta maniobra política que ya tiene niveles de delincuencia política, las protestas estarán más que justificadas. El gran peligro para el Perú es que ya ninguna institución será respetable.

El mayor ladrón en la historia del Perú

Escribe: Dante Bobadilla Ramírez

El ambiente se ha movido desde que el presidente Ollanta Humala pidió al TC que se abstenga de emitir sentencias sobre temas sensibles. ¿A qué se refería con "temas sensibles"? Exactamente se refería al pago de la deuda agraria que el Estado peruano tiene desde hace más de 40 años, desde que el general Juan Velasco Alvarado robó, a nombre del Estado, millones de hectáreas de tierras y miles de haciendas, incluyendo la maquinaria agrícola, sin pagar un solo centavo. Eso no es expropiación en ninguna parte del mundo. Eso se llama simplemente robo. Y así es como hay que llamarlo. Gracias a sus resentimientos sociales y a la insanía mental de Velasco, el Estado peruano se convirtió en el mayor ladrón del Perú. Hay que decirlo así, claramente. 

La Constitución del 33 hacía posible las expropiaciones mediante bonos. Estos son hoy los famosos bonos de la deuda agraria que el Estado nunca pagó. Y no lo hizo porque gracias a esa y las demás "reformas profundas" que realizó Velasco Alvarado, con su logia de asesores comunistas, el Perú cayó en la más grave crisis económica de su historia, después de la Guerra del Pacífico. En resumidas cuentas, Velasco Alvarado y su corte socialista le causaron al Perú un desastre aun mayor que el ocasionado por los chilenos. Digamos solo unas cifras oficiales de ese desastre: se crearon 175 empresas públicas y la actividad empresarial del Estado acumuló pérdidas por más de US$ 18 mil millones en 20 años, la planilla pública creció en 100%, la deuda pública pasó al 50% del PBI, el déficit fiscal alcanzó niveles de -12.5 del PBI, etc. Como consecuencia de todo ese desastre socialista, el pago de los bonos de la deuda agraria se fue posponiendo por falta de fondos. O sea, el Estado no solo fue un ladrón sino un estafador.

Los desesperados ex hacendados estafados por el Estado, se habían quedado en el desamparo total junto a toda su familia y no tuvieron más remedio que dejarse estafar más a manos de especuladores que les compraron sus bonos al 20% o menos de su valor nominal. La crisis económica y el macro Estado heredados de la dictadura militar de Velasco y Morales Bermúdez, siguieron causando estragos a la economía nacional durante todos los años 80, a lo cual cabe añadir las enormes pérdidas que causó el accionar terrorista de la izquierda. Para coronar el infortunio peruano, el electarado eligió como presidente a un tonto mozalbete de 35 años con ínfulas antimperialistas, que acabó por destrozar lo que quedaba del país. En 1990 el Perú conoció en vivo lo que es el Apocalipsis.

Hoy que gracias a la recuperación de los 90 y los altos precios de los minerales en los 2000, el Perú tiene los fondos de sobra para cumplir con esa obligación, se discute aun si se pagará o no. La izquierda, por supuesto, se niega alegando que se le pagaría a los especuladores que compraron a precio de ganga esos bonos. Otros sugieren que se busque a los hacendados y se arregle con ellos. Pero muchos están ya muertos por vejez o inanición en la miseria. La izquierda se niega a pagar a los herederos. Pero esto, creo yo, sería lo único que se podría hacer en base a una ética política mínima. Pero no se puede seguir pateando el problema ad infinitum.