lunes, 15 de octubre de 2012

Petroperú: un rebuzno del gobierno



Por Alfredo Bullard

¿Recuerdan a Tans? Era esa aerolínea estatal, creada para cumplir supuestamente un rol subsidiario, es decir volar a destinos donde no era rentable para las empresas privadas brindar el servicio. Pero terminó volando, en abierta competencia desleal, a todas partes, incluyen Cuzco y Arequipa, rutas cubiertas en abundancia por las aerolíneas particulares. Tans fue, como todas las empresas públicas, un verdadero desastre. No contenta con volar a donde no era necesario, se dedicó a estrellar aviones. En sus pocos años y con una flota pequeña, tuvo más accidentes que los que las empresas privadas han tenido en décadas.

¿Cómo se financiaron los costos de sus accidentes y sus ineficiencias? Pues con nuestros impuestos, incluyendo los impuestos de las aerolíneas privadas competidoras que eran forzadas por el sistema tributario a cubrir las pérdidas de su competidor estatal.

El sueño de la empresa pública eficiente es precisamente eso, un sueño. Pero los intentos de convertir el sueño en realidad ha sido siempre una pesadilla.

La actividad empresarial sin dueño es como un automóvil sin chofer. Lo puedes colocar cuesta abajo y puede recorrer unos metros, pero tarde o temprano se va estrellar. Y con la aerolínea se pusieron a volar aviones sin piloto. La empresa se estrelló, literalmente con sus aviones y metafóricamente con su gestión económica y operativa.

La “propiedad” del Estado de una empresa equivale a la propiedad de todos lo que significa propiedad de nadie. Estudios económicos demuestran que las empresas públicas reaccionan a los incentivos de manera distinta. El lugar de reducir costos y generar eficiencia, las empresas públicas maximizan gasto, contratan más personal de que necesitan, invierten en proyectos no viables o claramente ineconómicos, pretende desarrollar actividades de ejecución de políticas públicas o sociales, distorsionando sus resultados y con ello los resultados del mercado. Dejarlas entrar a mercado es como colocar un elefante, ciego y cojo, en una vidriería.

En otras palabras, una empresa pública es una contradicción en términos: Nada hay de emprendedor en la empresa del Estado. Nada hay de empresarialidad. Nada hay de una institución como la empresa que explica el desarrollo económico de la humanidad en los últimos 200 años.

A pesar de haberlo probado cien veces y haber fracasado en mil, el Estado insiste. Cree que hay una fórmula, que se puede encontrar la “piedra filosofal” que convierta las piedras en oro, desafiando la esencia de las cosas.

En la última ocurrencia se pretende forzar a los inversionistas en hidrocarburos a darle “participación empresarial” a Petroperú, un nuevo Tans que no matará pasajeros, pero que matará inversionistas, forzando a las empresas privadas a competir por los lotes dándole una mayor participación en los proyectos a la empresa pública.

La medida es una locura absurda, una rebuznada económica de proporciones, por varias razones. Solo voy a destacar dos particularmente sensibles.

La primera razón es pretender ampliar la participación del Estado en la economía, lo que por definición significa reducir la participación del sector privado. Ello tendrá, sin duda, un efecto nocivo en la eficiencia de las operaciones pues el inversionista (que cargara con todo el esfuerzo económico) tendrá que cargar con su “socio” ineficiente, sin visión empresarial y que perseguirá metas incompatibles con la que tendría cualquier socio razonable. Antes que un socio, lo que quiere crear es un lastre.

Pero además la medida es, en el fondo, crear un impuesto encubierto. Para nadie es su secreto que un proyecto con un socio como Petroperú significará hacer inversiones a costo del privado y en beneficio del Estado. Y se grava no la utilidad, sino la inversión misma, al forzarse a regalar participaciones en un proyecto a quien no aporta nada al mismo. No hay nada más antitécnico que gravar la inversión que es la fuente de la creación de riqueza. Se imagina si al constituir una empresa, por ese solo hecho uno tenga que pagar el 49% del aporte a la misma. Ese va a ser el efecto económico.

El resultado será mucho menos inversión, reducción de las regalías que se ofrecen, menor calidad en los proyectos. La idea se parece a si, en lugar de volar Tans sus aviones comprados con nuestros impuestos, el Estado asignara las rutas a las aerolíneas privadas haciéndolas competir por el número de asientos que le cedería a Tans. Para volar a Cuzco, LAN tendría que entregarle a Tans, por ejemplo, 80 asientos para que TANS reciba los beneficios de una inversión que no ha realizado. Una suerte de código compartido forzoso. Es un Tans sin aviones, pero con asientos recibidos gratuitamente y sin aportar un centavo. La idea es tan mala, que cuando el gobierno ha tratado de explicarla sus voceros suenan como Cantinflas. Argumentos como que Petroperú aportará su know howen el manejo de conflictos ambientales o sociales son chistes de muy mal gusto. Si tienen esas capacidades ¿por qué no han mandado a Petroperú a arreglar el problema de Conga?

Este tipo de ideas nos traerán una Gran Transformación. Pero será una Gran Transformación para peor.



Este artículo fue publicado originalmente en Semana Económica el 11 de octubre de 2012.





¿Perro muerto o Burbuja inmobiliaria?



Por: Elvis Occ



En el 2004, un departamento nuevo de menos de 70 m2 con 2 dormitorios en los linderos de Barranco y Surco costaba 28,000 dolares, hoy esa misma propiedad cuesta casi cinco veces mas. El precio promedio ahora mismo de un dpto para una familia chica en Lima pasa de 100 mil dolares, sin embargo por casi lo mismo Ud. puede adquirir un condominio de regulares dimensiones en las cercanías de Las Vegas-USA. ¿A qué se debe esta diferencia tan ridícula? ¿Burbuja Inmobiliaria?

Según los entendidos, es la demanda por vivienda y la falta de oferta el que ha disparado el precio de las propiedades. Otros arguyen que es la excesiva facilidad con que los bancos otorgan prestamos. Algo similar a lo que sucede con las tarjetas de crédito. Yo sostengo que es una muy peculiar combinación de ambos factores, demanda no satisfecha más crédito fácil estimulada por el Estado. Sin embargo es de tomarlo con pinzas.

Para que una vivienda se valore necesita tener una buena ubicación. Tome su Iphone o celular de plataforma Android y haga el siguiente ejercicio. Utilizando su app. de Geolocalizacion, trate de ubicar los servicios mas cercanos a su propiedad: bancos, colegios, universidades, restaurantes, hospitales, clínicas, malls, comisarias, clubes, cines, supermercados, avenidas principales, Metropolitano, tren... y lo más importante, su centro de trabajo. ¿Están a pocos minutos? ¡Magnifico! Ahora averigüe el indice de criminalidad, contaminación, servicios municipals etc... ¿Aceptables? ¡Excelente! Ud. tiene una casa con una ubicación que vale oro. Sin embargo hay un factor determinante que Ud. y yo no controlamos: ¡La situación politica y económica del pais!

Si el sistema económico se deteriora (Europa quiebra, China se frena o EEUU sufre una segunda recesión) las exportaciones caen, la minería se retrae, el Ing, López se queda sin trabajo, las tarjetas de crédito se pasan del limite y la cartera pesada de los bancos empieza a crecer porque las deudas no se pueden pagar, entre ellas la del departamento que ud. compró. Si a esto le sumamos que el préstamo es de interés reajustable y la tasa del BCR -que solo sabe subir- continua en subida, tendremos la receta perfecta para un "crash" inmobiliario. Sin plata para pagar préstamos ni para hacer prestamos, adios a las ventas del nuevo conjunto residencial de 300 Depts. en Carabayllo. La industria constructora entraria en panico.

La demanda de vivienda en los distritos de élite hoy es casi inexistente, solo hay que ver los edificios vacíos en Miraflores o La Molina para comprobarlo. Las constructoras ahora han puesto los ojos en los conos, especialmente aquellas áreas donde hay fácil disposición de agua y terrenos. Grandes complejos habitacionales ofertan mini-casas con una exigua cuota inicial y prestamos fáciles de adquirir porque en su mayoría son otorgados por los mismos bancos que financian los proyectos con un alto interés, o sea comen a dos cachetes, y por si eso no fuera poco, el mismo Estado le entró al negocio financiando construcciónes y compras a través de Mi Vivienda, el cual va camino a terminar como un escándalo marca "Banco de Materiales". Lo que no saben las constructoras (porque aun no ha pasado) es que si el Ing. López no pudiera pagar las cuotas de la casa y la perdiera, él se iría a vivir con sus padres o rentaría algo más barato. En Perú -en su mayoría- no tenemos esa cultura de compromiso y respeto para con lo acordado.

Me lamento no haber comprado ese departamento en los linderos de Barranco y Surco por 28 mil dolares. Hoy lo hubiera vendido por cinco veces su valor inicial, superando largamente esa maxima inmobiliaria que dice que si en 10 años has recuperado la inversión, entonces la propiedad tenia un precio justo; si en menos tiempo, estaba subvalorada o en más tiempo, estaba sobrevalorada. Así las cosas, a los que tienen una propiedad quiero decirles que es un magnifico momento para vender y a los que no tienen casa, quizás no sea el mejor momento para comprar, a no ser que consigan un préstamo de alguna entidad del gobierno (programa social con "inclusión") y que cuando no puedan pagarlo, el partdido de gobierno les condone la deuda, para ganar mas votos.

¿Burbuja inmobiliaria? SI! ¿Cuando? No se sabe con certeza pero las señales ya comienzan a darse: sobreprecio, créditos fáciles, departamentos que no se venden, construcciones apresuradas fuera de Lima etc. y si el gobierno no apura una suerte de reglamentación nacional en cuanto a las finanzas, ventas y construcciones en la industria inmobiliaria se viene un desastre económico de dimensiones escandalosas y consecuencias nunca antes vistas. Hablando optimistamente, claro.

Asi mienten y comen las ONGes pro-Terroristas!




WALL STREET JOURNAL reporta el descubrimiento de una millonaria estafa en Colombia, perpetrada por una ONG defensora de los DDHH en perjuicio del Estado y las supuestas "victimas". En el Perú tenemos 78 ONGs defensoras de los DDHH más una Coordinadora Nacional y nunca se ha hecho una auditoria contable independiente de sus libros ni de sus acciones. Es harto sabido que además de las jugosas donaciones también reciben una comision por caso ganado contra el Estado. ¿Quién recibe cuánto y cómo? ¿Existe la voluntad de revisar los números y conclusiones del Informe CVR? A continuacion el artículo.

Por MARY ANASTASIA O'GRADY

Mientras el movimiento de los indignados en Wall Street causaba revuelo sobre las maldades de la avaricia corporativa, un escándalo internacional de miles de millones de dólares estallaba el mes pasado en Bogotá, dejando al descubierto toda la codicia y corrupción en el mundo de las "organizaciones no gubernamentales" (ONG) de derechos humanos.

La muerte por parte del ejército de Alfonso Cano, el comandante de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), podrá haber conseguido grandes titulares durante el fin de semana. Pero no espere que la historia sobre la ONG reciba mucha atención de la prensa. No encaja con la narrativa pre-aprobada sobre las virtuosas organizaciones, que supuestamente tienen una meta superior que obtener ganancias. Sin embargo, los registros mostrarán que Colombia ha sido estafada por un grupo de abogados de izquierda enmascarados como personas que hacen el bien en pos de los derechos humanos. Esto plantea preguntas serias sobre si las mismas tácticas podrían haberse usado en otros países.

Esta estafa se produjo en 2005, cuando la ONG colombiana Colectivo de Abogados de José Alvear Restrepo (CAJAR) llevó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en San José, Costa Rica, el caso de una "masacre" en 1997 en la población de Mapiripán. CAJAR sostuvo que 49 personas habían sido asesinadas por fuerzas paramilitares, y culpó a las Fuerzas Armadas colombianas. Afirmó que el ejército podría haber intervenido pero no lo hizo, y que las familias de las víctimas merecían una importante compensación del Estado. La corte estuvo de acuerdo. Los contribuyentes colombianos tuvieron que desembolsar unos 15.300 millones de pesos, o US$8 millones.

La semana pasada, un abogado de CAJAR admitió que la ONG se quedó con 7.000 millones pesos del dinero de ese arreglo. Casi la mitad. Nada mal para un trabajo de "caridad". Sin embargo, quedarse con la mitad de lo que les correspondía a los campesinos podría ser la menor de sus ofensas. Según la oficina del fiscal general de Colombia, una investigación reciente muestra que al menos 36 de las llamadas víctimas aún están vivas o, si murieron, no fallecieron en Mapiripán. El fiscal general sostiene que la cantidad conocida de muertos en Mapiripán es de seis personas, y siete están desaparecidos. Estos descubrimientos conllevan la fuerte implicación de que el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos se construyó sobre un fraude.

De ser así, el engaño no comenzó en San José. CAJAR previamente había sostenido lo mismo en cortes colombianas y había tenido éxito. Esto no tuvo como consecuencia grandes sumas para los abogados y demandantes, pero sirvió para condenar a un general del ejército que ni siquiera era comandante de la región en ese momento, y estableció, según la corte, la culpabilidad del Estado por una masacre de dimensiones considerables. Entonces CAJAR llevó esa sentencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde reclamó una compensación monetaria para las 49 víctimas.

Según informes de la prensa colombiana, Contreras, cuyo esposo fue asesinado por las guerrillas de las FARC, afirma que cuando fue contactada por CAJAR por primera vez no estaba enterada de una demanda judicial en busca de compensación. Según entendía, la organización buscaba personas desaparecidas y encontrar a sus dos hijos desaparecidos era lo único que quería en ese momento. "Yo nunca dije que mis hijos estuvieran muertos, yo les dije que estaban desaparecidos". La mujer afirma que en su momento le dijo lo mismo al fiscal general de Colombia pero fue ignorada.

Contreras sostiene que recibió 1.751 millones de pesos en compensación para víctimas y dice que cuando eventualmente encontró a uno de sus hijos, lo llevó a ver un abogado de CAJAR. El abogado, afirma Contreras, le dijo que lo dejara así. La revelación de que una supuesta masacre en Mapiripán fue inventada ha desatado indignación en Colombia. "Es una burla al Sistema Internacional de Derechos Humanos, que tanto hemos defendido", afirmó el presidente Juan Manuel Santos en los días posteriores a que se conociera la revelación. "Es triste que situaciones como estas, de avivatos que no pueden llamarse más que corruptos, minen la credibilidad del sistema", agregó.

Colombia ya ha pagado US$ 25 millones en 12 casos de ese tipo que perdió ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos ante varias ONGs. El ministro del Interior Germán Vargas Lleras advierte que el fraude en el caso de Mapiripán podría repetirse en otro lugar. "Si esto ocurrió en un caso tan sonado, no se descarta que comportamientos similares hayan tenido lugar en otras investigaciones". De hecho, comportamientos similares están documentados. Como informé en esta columna en junio de 2001, se sabe que simpatizantes de las FARC practican la "guerra judicial" al lanzar acusaciones sobre violaciones de DDHH contra los militares.