EL progresismo contraataca

Escribe: Dante Bobadilla Ramírez

Cuando muchos celebraban la derrota de las FARC en las urnas, que es donde el pueblo se expresa, llegó la sorpresiva noticia de que el Comité Nobel de Noruega le había concedido el premio Nobel de la Paz a Juan Manuel Santos, como artífice del vergonzoso pacto de impunidad y rendición ante las FARC que fue precisamente cocinado bajo el patrocinio de Noruega, conjuntamente con la nefasta dictadura cubana. Un acta de rendición del Estado colombiano ante las FARC llamado mañosamente "acuerdo de paz". A estas alturas de la historia francamente ya no sorprenden algunas absurdas decisiones del Comité Nobel de la Paz, dominados por el progresismo.

El Nobel de la Paz es, en la práctica, un instrumento político usado por el progresismo para fortalecer algunas de sus causas o aliados, como cuando se lo concedió a Obama a pocos meses de iniciada su gestión y no tenía logro alguno que mostrar, sino tan solo sus intenciones de acercarse a la dictadura comunista cubana y levantar el embargo. En esta ocasión, el progresismo noruego vuelve a emplear su comodín para posicionar a Juan Manuel Santos justo en un momento muy incómodo. Le ha arrojado un salvavidas que le permita seguir flotando para llegar a sellar el acuerdo de impunidad para los terroristas de las FARC y su incorporación forzada en la democracia colombiana.

El progresismo ha celebrado con antorchas y petardos el premio Nobel de la Paz de Juan Manuel Santos, y han salido a hacerle cachita a la derecha. Pero más allá de esa euforia por un premio la realidad es que los resultados del plebiscito no han cambiado. El no sigue siendo no. Timochenko sigue en off side. Alvaro Uribe ha recuperado su poder y es el principal protagonista de la nueva era post conflicto. Ahora es Uribe el llamado a conversar. Así es como están las cosas en realidad. Ese pacto de impunidad a favor de las FARC será arrojado al basurero y tendrán que iniciar otro tipo de diálogo, pero ya no con el patrocinio de los comunistas en Cuba. Apenas se les pase la resaca de la celebración, el progresismo tendrá que reconocer que la realidad no ha cambiado: las FARC no son parte de la democracia ni sus crímenes serán pasados por agua tibia. Eso es todo lo que cuenta.

Fracasó el chantaje de las FARC

Escribe: Dante Bobadilla Ramírez

Como dicen por allí: "solo Dios y los idiotas no cambian". Y lamentablemente el mundo está lleno de idiotas. Por eso vemos cometer una y otra vez los mismos errores sin aprender de las lecciones del pasado y de la sabiduría acumulada. Si hay algo que todos debemos aprender desde la escuela es que con la izquierda no se negocia. Y menos con la izquierda terrorista. Nunca hay nada que ganar en un diálogo con terroristas. En primer lugar porque ellos no tienen moral y nunca cumplen su palabra; en segundo lugar, porque cada vez que entran a dialogar lo hacen porque están débiles y ven que pueden ganar tiempo y fortalecerse. Ambas cosas las han hecho las FARC negociando con los sucesivos gobiernos colombianos en los últimos 25 años: han incumplido su palabra reiteradas veces y se han fortalecido ganado territorios ante la debilidad del Estado y su democracia boba. 

No se puede negociar con terroristas que secuestran civiles inocentes para usarlos como escudos humanos y objetos de chantaje y negociación. El Estado no puede sentarse a dialogar de igual a igual con delincuentes que no tienen respeto por la ley ni por el Estado de derecho. Cada vez que el Estado de Colombia se sentó a dialogar con las FARC acabó perdiendo y las FARC ganando. ¿Es o no es cierto esto? Todas las concesiones que el Estado de Colombia les concedió a las FARC no sirvieron para su arrepentimiento sino para su fortalecimiento. Y es que, entiéndanlo de una buena vez: con la izquierda no se negocia, cualquiera sea su pelaje. Ni siquiera con el cuento de "lograr la paz". La única paz que podemos ofrecerles a los terroristas es la paz de los sepulcros. Y nada más. 

Afortunadamente el pueblo de Colombia, mayoritariamente, le dijo que no al vergonzoso pacto de impunidad que el presidente Santos le extendió a Timochenko y su banda de terroristas de montaña, con la asesoría del decadente líder del comunismo cubano. Los acuerdos de Santos y las FARC pasarán a la historia de la estupidez política porque eran toda un acta de rendición total del Estado de Colombia ante los terroristas de las FARC, una de las más anacrónicas de Latinoamérica. Un pacto que no solo les ofrecía impunidad por sus crímenes sino que, además, les garantizaba presencia en el Congreso de la República. Así como lo leen: los terroristas estarían si o si en el Congreso, aunque la gente no los vote. ¿Se puede ser más imbécil otorgando gollerías a los terroristas?

Además de todo eso, el Estado de Colombia tenía que mantener a los terroristas de las FARC con dinero público y entregarles grandes extensiones de territorio para que sigan utilizándolos como sus feudos para el narcotráfico. En fin, cuesta mucho enumerar los disparates que Juan Manuel Santos les había concedido a estos terroristas que ni siquiera se habían arrepentido. Peor aun, estaban disminuidos. De lo contrario jamás se habrían sentado a negociar "la paz", como la llaman con cinismo. Lo cierto es que Alvaro Uribe fue el único presidente que tuvo pelotas para enfrentar a los terroristas de las FARC desde el primer día de su mandato. Esto lo supieron por anticipado los terroristas que hicieron lo posible por fastidiar esas elecciones amenazando a la población y quemando urnas. Pero el triunfo de Uribe fue tan arrollador que ganó en primera vuelta. 

El resultado de la política de Álvaro Uribe frente a los terroristas de las FARC y ELN significó la derrota de estos en varios frentes. Además sus principales líderes fueron eliminados, como Raúl Reyes, o se murieron de viejos, como Manuel Marulanda. Por desgracia no le permitieron a Alvaro Uribe ejercer un tercer período que, sin ninguna duda, habría significado la derrota total de las FARC sin condiciones. En su lugar asumió el mando el angelical Juan Manuel Santos, mamerto de finos modales y extraños vínculos, quien lejos de continuar la lucha frontal contra el terrorismo prefirió sentarse a negociar. Pero Santos hizo más que negociar: se entregó a las FARC con los pantalones abajo. Simplemente resulta inconcebible la cantidad de concesiones que le otorgó a las FARC. Para colmo, impuso un plebiscito con el curioso requisito del 13% para aprobar el acuerdo. Igual perdió.

Lo que hoy vemos es no solo la sorpresa absoluta de las FARC y sus seguidores dentro y fuera de Colombia, que asumían una victoria segura en el plebiscito, tras las manipulaciones descaradas de la publicidad y hasta de las encuestas a favor del acuerdo. Lo que vemos es lo mismo de siempre: el descaro de Timochenko declarando que no interesa el resultado del plebiscito. Según su entender el pacto de impunidad y gollerías a favor de las FARC está consolidado jurídicamente. A este terrorista no le interesa la voluntad del pueblo cuando se trata de un plebiscito, pero tiene el cuajo de llamarse "ejército del pueblo" y vender la tesis de que defienden al pueblo. ¿De quién es que defienden al pueblo de Colombia las FARC? Si los principales enemigos de la paz de los colombianos han sido estos delirantes y trasnochados terroristas de la izquierda anacrónica, que solo puede tener como padrinos a los comunistas fracasados de Cuba. Ya es hora de mandar al basurero de la historia a las FARC y a los comunistas de toda Latinoamérica. ¡Gracias Colombia!

El triunfo de las FARC

Escribe: Dante Bobadilla Ramírez

El triunfo electoral del presidente de Colombia Juan Manuel Santos debe interpretarse como un triunfo de las FARC, desde que esta banda delictiva hizo público su apoyo al presidente y pidió a la población que votara por su reelección, tal como ha ocurrido. Además de esto, la campaña reeleccionista estuvo centrada en el díalogo del gobierno de Santos con los delincuentes de las FARC, llamado candorosamente "proceso de paz". Esta es la sutil forma en que se ha enmascarado la política de distensión que el gobierno de Santos mantiene frente a esa banda de criminales de las FARC, quienes han sentado al Estado de Colombia en una mesa en La Habana, para dialogar de igual a igual, al amparo de la tiranía castrista.

Desde luego que son malas noticias para la democracia de la región. El panorama no puede ser más turbio. Por un lado tenemos a un presidente que ha sufrido una curiosa metamorfosis, muy cercana al lavado cerebral que practicaban los comunistas soviéticos, que lo ha llevado de ser lugarteniente de Alvaro Uribe en la lucha contraterrorista, a conciliador amigo de los delincuentes de las FARC. 

Las FARC no son otra cosa que una vieja y muy bien organizada banda de criminales que practica toda clase de delitos de los más salvajes, tales como el secuestro masivo de ciudadanos que son recluidos en campos de concentración por años, hacinados en condiciones infrahumanas para mantenerlos como escudo de protección y materia de chantaje y negociación con el gobierno; coches bomba que dejan decenas de muertos, incluso en pleno "proceso de paz", homicidios selectivos, extorsión, narcotráfico, etc. No hay nada en todo el Código Penal que les falte trasgredir, no una sino muchas veces, llegando incluso a delitos de lesa humanidad como moneda corriente. Esa es la clase de inmundicia humana que son las FARC.

Desde luego, las FARC carecen del más mínimo rastro de moral y ética, ignoran lo que es el respeto a la ley y al Estado de derecho, les importa un bledo la convivencia civilizada y pacífica y el respeto por la persona y la sociedad. Hay que decirlo con toda claridad y sin eufemismos: son basura en su máxima expresión. A esa inmundicia solo queda combatirla y desaparecerla. Diversas circunstancias han impedido que el Estado colombiano enfrente con rigor esa plaga de delincuentes, entre esas circunstancias está precisamente el chantaje humano que las FARC usan como estrategia.

Las FARC son expertas en diálogos de paz. Tienen más de treinta años dialogando con varios gobiernos, y siempre han usado ese diálogo para una sola cosa: hacer retroceder a las FFAA y al Estado, y para fortalecer sus cuadros. Las FARC, como buena escoria humana que son, carecen de palabra, son expertos en traicionar la palabra empeñada y en incumplir los compromisos adquiridos. Nunca han respetado nada. Es obvio: son delincuentes. Lo curioso es que ante semejante escenario y luego de tanta experiencia previa, el gobierno de Juan Manuel Santos levante nuevamente las banderas de la paz y del diálogo. ¿Es idiota?

Algo se pudre en Colombia. El gobierno de Alvaro Uribe tuvo los cojones para enfrentar sin miedo a esa caterva de delincuentes armados ocultos en la selva pero amenazando a todo el país. Al final del gobierno de Uribe las FARC quedaron muy maltrechas y en su punto más débil de su historia. Era cuestión de darles el tiro de gracia. Sus líderes principales habían muerto y las FFAA los tenían cercados, la punto en que se dieron el lujo de rescatar con vida a la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt al cabo de 5 años de infame secuestro y reclusión. 

En el plano internacional Alvaro Uribe tampoco flaqueó a la hora de encarar verbalmente a Hugo Chávez y Rafael Correa, cómplices y financistas de los delincuentes terroristas. Hugo Chávez se empeñaba en llamar "combatientes" a los delincuentes narcoterroristas y les ofreció cabida en Venezuela. Correa hizo lo mismo en Ecuador y se vio sorprendido y humillado cuando el ejército colombiano bombardeó el campamento de Raúl Reyes en territorio ecuatoriano. Correa protestó enérgicamente por la agresión de Uribe pero nunca dijo nada por la penetración de las FARC a su país. Por su parte, los gobiernos del ALBA comandados por Hugo Chávez no reconocen a las FARC como grupo terrorista, antes bien han solicitado en todos los foros que el gobierno de Colombia les otorgue el estatus político de "grupo beligerante". Por otro lado, Álvaro Uribe tuvo que hacer frente a la tremenda campaña de desprestigio que la prensa de izquierda de todo el continente emprendió contra él, llamándolo genocida y acusándolo, como siempre, de crímenes de lesa humanidad. 

Lo sorprendente es que Juan Manuel Santos, ex ministro de defensa de Alvaro Uribe y artífice de todas las operaciones contraterroristas hoy se siente a dialogar con ellos sabiendo que están a un paso de ser vencidos. ¿Qué gana Colombia con esto? Nada. De hecho no ganará la paz. Lo firmamos. No hay manera racional de dialogar con delincuentes de esa magnitud. No tienen ética, moral ni principios. Tal como lo han venido haciendo desde hace 30 años, los delincuentes de las FARC usarán el diálogo para fortalecerse. No van a renunciar al dominio del tremendo negocio del narcotráfico. Lo que quieren es legalidad e impunidad. Y por supuesto, el progresismo regional ya está trabajando para torcer las leyes y crear nuevos modelos de justicia que interpreten a su favor la circunstancia colombiana. Para eso es que sirven esos intelectuales de izquierda.

Como decíamos al inicio, la reelección de Juan Manuel Santos ha sido una muy mala noticia para la democracia de América Latina, tan venida a menos por regímenes totalitarios de izquierda. 

Asi mienten y comen las ONGes pro-Terroristas!

WALL STREET JOURNAL reporta el descubrimiento de una millonaria estafa en Colombia, perpetrada por una ONG defensora de los DDHH en perjuicio del Estado y las supuestas "victimas". En el Perú tenemos 78 ONGs defensoras de los DDHH más una Coordinadora Nacional y nunca se ha hecho una auditoria contable independiente de sus libros ni de sus acciones. Es harto sabido que además de las jugosas donaciones también reciben una comision por caso ganado contra el Estado. ¿Quién recibe cuánto y cómo? ¿Existe la voluntad de revisar los números y conclusiones del Informe CVR? A continuacion el artículo.

Por MARY ANASTASIA O'GRADY

Mientras el movimiento de los indignados en Wall Street causaba revuelo sobre las maldades de la avaricia corporativa, un escándalo internacional de miles de millones de dólares estallaba el mes pasado en Bogotá, dejando al descubierto toda la codicia y corrupción en el mundo de las "organizaciones no gubernamentales" (ONG) de derechos humanos.

La muerte por parte del ejército de Alfonso Cano, el comandante de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), podrá haber conseguido grandes titulares durante el fin de semana. Pero no espere que la historia sobre la ONG reciba mucha atención de la prensa. No encaja con la narrativa pre-aprobada sobre las virtuosas organizaciones, que supuestamente tienen una meta superior que obtener ganancias. Sin embargo, los registros mostrarán que Colombia ha sido estafada por un grupo de abogados de izquierda enmascarados como personas que hacen el bien en pos de los derechos humanos. Esto plantea preguntas serias sobre si las mismas tácticas podrían haberse usado en otros países.

Esta estafa se produjo en 2005, cuando la ONG colombiana Colectivo de Abogados de José Alvear Restrepo (CAJAR) llevó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en San José, Costa Rica, el caso de una "masacre" en 1997 en la población de Mapiripán. CAJAR sostuvo que 49 personas habían sido asesinadas por fuerzas paramilitares, y culpó a las Fuerzas Armadas colombianas. Afirmó que el ejército podría haber intervenido pero no lo hizo, y que las familias de las víctimas merecían una importante compensación del Estado. La corte estuvo de acuerdo. Los contribuyentes colombianos tuvieron que desembolsar unos 15.300 millones de pesos, o US$8 millones.

La semana pasada, un abogado de CAJAR admitió que la ONG se quedó con 7.000 millones pesos del dinero de ese arreglo. Casi la mitad. Nada mal para un trabajo de "caridad". Sin embargo, quedarse con la mitad de lo que les correspondía a los campesinos podría ser la menor de sus ofensas. Según la oficina del fiscal general de Colombia, una investigación reciente muestra que al menos 36 de las llamadas víctimas aún están vivas o, si murieron, no fallecieron en Mapiripán. El fiscal general sostiene que la cantidad conocida de muertos en Mapiripán es de seis personas, y siete están desaparecidos. Estos descubrimientos conllevan la fuerte implicación de que el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos se construyó sobre un fraude.

De ser así, el engaño no comenzó en San José. CAJAR previamente había sostenido lo mismo en cortes colombianas y había tenido éxito. Esto no tuvo como consecuencia grandes sumas para los abogados y demandantes, pero sirvió para condenar a un general del ejército que ni siquiera era comandante de la región en ese momento, y estableció, según la corte, la culpabilidad del Estado por una masacre de dimensiones considerables. Entonces CAJAR llevó esa sentencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde reclamó una compensación monetaria para las 49 víctimas.

Según informes de la prensa colombiana, Contreras, cuyo esposo fue asesinado por las guerrillas de las FARC, afirma que cuando fue contactada por CAJAR por primera vez no estaba enterada de una demanda judicial en busca de compensación. Según entendía, la organización buscaba personas desaparecidas y encontrar a sus dos hijos desaparecidos era lo único que quería en ese momento. "Yo nunca dije que mis hijos estuvieran muertos, yo les dije que estaban desaparecidos". La mujer afirma que en su momento le dijo lo mismo al fiscal general de Colombia pero fue ignorada.

Contreras sostiene que recibió 1.751 millones de pesos en compensación para víctimas y dice que cuando eventualmente encontró a uno de sus hijos, lo llevó a ver un abogado de CAJAR. El abogado, afirma Contreras, le dijo que lo dejara así. La revelación de que una supuesta masacre en Mapiripán fue inventada ha desatado indignación en Colombia. "Es una burla al Sistema Internacional de Derechos Humanos, que tanto hemos defendido", afirmó el presidente Juan Manuel Santos en los días posteriores a que se conociera la revelación. "Es triste que situaciones como estas, de avivatos que no pueden llamarse más que corruptos, minen la credibilidad del sistema", agregó.

Colombia ya ha pagado US$ 25 millones en 12 casos de ese tipo que perdió ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos ante varias ONGs. El ministro del Interior Germán Vargas Lleras advierte que el fraude en el caso de Mapiripán podría repetirse en otro lugar. "Si esto ocurrió en un caso tan sonado, no se descarta que comportamientos similares hayan tenido lugar en otras investigaciones". De hecho, comportamientos similares están documentados. Como informé en esta columna en junio de 2001, se sabe que simpatizantes de las FARC practican la "guerra judicial" al lanzar acusaciones sobre violaciones de DDHH contra los militares.

www.elvisocc.org