Una nueva Constitución progresista

Escribe: Dante Bobadilla Ramírez

El cambio de Constitución es parte fundamental de la psicosis reformista que persigue y atormenta a todo progresista en Latinoamérica, sin excepción. Todos los países caídos en manos de la izquierda trasnochada han sido llevados por sus delirantes gobernantes a cambios de Constitución. Básicamente se trata de marcar el inicio de un nuevo orden universal, una nueva era histórica que nace de la gloria de su maravilloso mandato. Y desde luego, las constituciones progresistas son piezas magistrales de la más encendida e indigesta huachafería retórica, donde el verbo alcanza su máximo grado de estridencia, proclamando las más alucinadas bondades de un mundo maravilloso.

En estos días, la presidenta chilena Michelle Bachelet acaba de anunciar que va hacia el cambio de la Constitución alegando una escusa muy curiosa: la actual Constitución fue hecha en una dictadura. Es exactamente lo mismo que alegan acá los progresistas. Evidentemente se trata de una mera escusa, pues no hay razón para cuestionar una Constitución hecha, en el caso de Chile, por una comisión de notables y revisada luego por otros, aprobada por referendum y modificada más tarde por regímenes democráticos. Más aun cuando la Constitución ha servido como marco para el desarrollo más vertiginoso que haya experimentado Chile en su historia, dejando atrás incluso a sus vecinos. ¿Qué necesidad tendría Chile para cambiar su Constitución estando a un paso de alcanzar el estatus de país desarrollado precisamente gracias a su articulado? 

En Chile no hay más razones que el odio de la izquierda a una Constitución que nació del régimen del general Pinochet. Un odio irracional que se extiende incluso a todo lo que Chile ha logrado gracias al impulso surgido en esa dictadura. Por tanto, es hora de desmontar esos logros. Y es lo que el régimen de la señora Bachelet con sus aliados comunistas han emprendido con vigoroso empeño. Es obvio que la Constitución tiene que caer. Por ahora se estudia la forma más conveniente de manipular el asunto para lograr una Constitución ajustada al socialismo del siglo XXI.

En el Perú la izquierda parece estar muy lejos de alcanzar sus sueños. Al menos por ahora no son nada en el espectro electoral. La candidata Verónika Mendoza ya anunció su deseo de cambiar la Constitución por haber surgido de "la dictadura de Fujimori". Craso error. La Constitución actual surgió de un Congreso Constituyente que tuvo las mismas credenciales democráticas que el Congreso Constituyente de 1931 y de la Asamblea Constituyente de 1978, por cuanto surgió del voto popular. Y su necesidad histórica era indiscutible debido a la fractura social de nuestro país, que se desangraba en una crisis económica perniciosa y en el riesgo del totalitarismo iluminado y criminal de una izquierda terrorista y genocida. Los cambios de Constitución deben obedecer a la fuerza de las circunstancias históricas y no a los caprichos ideológicos o a los odios mezquinos de un grupo de iluminados en el poder temporal de un país.

20 años de la Constitución del 93

Por José Luis Sardón 

El próximo 29 de diciembre, conmemoraremos y celebraremos veinte años de la promulgación de la Constitución de 1993. De las doce Constituciones que el Perú ha tenido a lo largo de sus 192 años de vida republicana, solo dos la superan en longevidad: la de 1860 y la de 1933. Aunque dista mucho de ser perfecta, resulta indudable que la Constitución de 1993 ha contribuido fundamentalmente al despegue económico del Perúen estas últimas dos décadas. 

La parte más valiosa de la Constitución de 1993 es el Capítulo de Principios Generales del Régimen Económico. Éste salvó la reforma estructural de la economía peruana, que el gobierno del Presidente Alberto Fujimori había dado a fines de 1991, a través de Decretos Legislativos debidamente autorizados por el Congreso. Sin la Constitución de 1993, el Tribunal de Garantías Constitucionales habría terminado de declarar éstos inconstitucionales, puesto que contravenían las normas estatistas de la Constitución de 1979. 

La Constitución de 1993 establece que la libre iniciativa privada es el principio fundamental del régimen económico, el cual se sustenta en dos pilares: el derecho de propiedad y la competencia. Este derecho es inviolable y nadie puede ser privado del mismo, salvo por causa de seguridad nacional o necesidad pública, declarada por ley, y previo pago en efectivo de indemnización justipreciada que incluya compensación por el eventual perjuicio. 

Además, la Constitución de 1993 establece que el Estado facilita la libre competencia. Sin embargo, a diferencia de la Constitución de 1979, que prohibía a los monopolios en general, prohibe solo los monopolios legales, puesto que parte de una visión dinámica de los procesos de mercado. El régimen de acceso al mercado, contenido en la Ley del Procedimiento Administrativo General y demás normas de simplificación administrativa, derivan de esta norma constitucional. 

Asimismo, la Constitución de 1993 establece que los contratos no pueden ser modificados por leyes. Si han sido pactados válidamente, siguen siendo válidos en el tiempo, a pesar de que se reforme su marco legal. Los conflictos que derivan de la relación contractual, por demás, se pueden solucionar no sólo en la vía judicial sino también a través de arbitraje. No es casual, pues, el “boom” de este mecanismo alternativo de solución de controversias. 

También la Constitución de 1993 establece que el Estado no puede realizar actividad empresarial, puesto que es fuente de deseconomías de escala y, finalmente, de inflación. Solo puede hacerlo excepcionalmente, autorizado por ley expresa, cuando existen razones de interés público o manifiesta conveniencia nacional. La ley no puede reservar para el Estado actividades productivas, como establecía la Constitución de 1979, con el cuento de que son estratégicas. 

La Constitución de 1993 establece, finalmente, que la inversión nacional y la extranjera se sujetan a las mismas condiciones, y garantiza la libre tenencia de moneda extranjera, para que el ciudadano pueda refugiarse en ella ante la eventual inflación de la moneda nacional que pueda efectuar —digo, es un decir— el Banco Central. No existe restricción al comercio internacional, en base a consideraciones de interés social, desarrollo del país o cualquier otro pretexto. 

Evidentemente, el Perú pujante de nuestros días es inimaginable sin estas normas constitucionales. La estructura del Estado, establecida en la misma Constitución, requiere algunos ajustes puntuales. Sin embargo, estos principios deben perdurar en el tiempo, si aspiramos a que se realice la promesa de la vida peruana. 

Este artículo fue publicado originalmente en El Comercio (Perú) el 10 de octubre de 2013.

Rio revuelto, ganancia de izquierda

Fuente: Lampadia

El escándalo político nacional que desató la elección en el Congreso del Defensor del Pueblo y los miembros del Tribunal Constitucional (TC), causado, principalmente, por la voluntad obsesiva de Gana Perú y el oficialismo por controlar el TC, con la complicidad de Perú Posible, del fujimorismo y del devaluado PPC, de pronto, parecería ser parte de un juego maquiavélico que busca desprestigiar a la clase política, al Congreso y a las instituciones para generar el caos público e interrumpir el sistema democrático y la economía de mercado.

¿Alarmismo injustificado? De ninguna manera. Ya se conoce que sectores nacionalistas han comenzado a recolectar firmas para “cerrar el Congreso” en Chiclayo. En un reciente comunicado de Patria Roja en el que se convoca a una revuelta nacional para este 27 y 28 de julio, se sostiene que “frente a la crisis del Estado neoliberal se hace urgente y necesaria una nueva Constitución para refundar la república sobre nuevas bases”. Algo más. Nicolás Lynch de Ciudadanos por el Cambio, en un reciente artículoen La República, escribe lo siguiente: “una reforma política inmediata que la sociedad organizada le exija al Congreso y una Nueva Constitución, elaborada por una Asamblea Constituyente, que se elija el 2014…”.

Como se ve, por la boca muere el pez. Alguna mano negra o algún seguidor de Montesinos pretende sacarle partido al caos político desatado por el oficialismo palaciego y la torpe comparsa congresal. Al margen de la especulación de si todo esto fue causado adrede para interrumpir la democracia, es evidente que se quiere aplicar a pie juntillas el Manual Bolivariano que pasa, precisamente, por generar crisis políticas y de representación, convocar a una Asamblea Constituyente e instaurar un autoritarismo que se perpetúa en el poder mediante reelecciones indefinidas. Así pasó en Venezuela, Bolivia y Ecuador.

En el colmo del delirio, Lynch agrega: “Hay que regresar al último acuerdo de paz entre los peruanos que es la Constitución de 1979…” ¿Cuál acuerdo de paz? ¿El de esa constituyente regimentada por las botas militares? ¿Se refiere a la hiperinflación incontrolable, las colas y escaseces motivadas por el control de precios? O, quizá se refiera al hecho de que Sendero Luminoso controlaba una tercera parte del territorio nacional, asesinaba a autoridades locales, hacía volar edificios y casas en los pueblos más alejados y Tarata y Palacio de Gobierno. ¿A eso se refiere Lynch? Tanto delirio y tanta irresponsabilidad son difíciles de entender.

Los representantes del proyecto bolivariano usando el deterioro de la clase política (algo evidente y que nadie puede negar) pretende acabar con la democracia y la única institución que ha funcionado en el Perú: el mercado. Su enemigo real es la libertad económica consagrada en la Constitución de 1993, pero terminar con ella, solo es posible enterrando a la democracia. De allí la esencia autoritaria del proyecto bolivariano.

Tratar de comparar la Constitución del 93 con la de 1979 es como comparar el cielo con el infierno. Antes de los noventa no solo nos azotó la hiperinflación y el terrorismo, sino que nuestras reservas internacionales eran negativas, hoy suman US$ 68 mil millones. Otro dato para estremecernos: cerca del 60% de los peruanos era considerado pobre en tanto que hoy solo el 25%. La inflación promedio era de 1,187% mientras que ahora solo es de 2.5%. ¿Cuál acuerdo de paz? La maniobra bolivariana es más que evidente.

El modelo político y económico peruano se ha caracterizado por un impresionante crecimiento económico, reducción de la pobreza y la desigualdad, pero ese desarrollo no ha sido acompañado por una eficiente gestión pública de los políticos y de las instituciones. Se puede decir, entonces, que el mercado ha funcionado, pero los políticos han fallado.

Necesitamos, pues, una reforma política para que el espacio público acompañe y potencie todos los círculos virtuosos del desarrollo y del bienestar general. Pero de ninguna manera podemos dejar pasar la maniobra bolivariana. Queda claro, pues, que la indignación de los peruanos contra la clase política también tiene que ser contra los animadores del proyecto bolivariano que pretende resucitar el viejo velasquismo que convirtió a la mayoría de peruanos en mendigos.

Deberíamos aprovechar esta crisis para reflexionar sobre los ajustes que requieren nuestras instituciones públicas, empezando por los partidos políticos y la estructura del propio Parlamento. En un momento de dificultad, la gente de buena voluntad, tiene que saber sacra lo mejor de cada uno. ¡Ojalá estemos a la altura de las circunstancias!

¡Revoquemos el Congreso!

¿Hasta cuándo los congresistas van a abusar de la paciencia y la confianza del pueblo peruano? ¿Hasta cuándo vamos a seguir manteniendo a estos personajes de poca monta? ¿Cuándo se modificará la Constitución para poder revocarlos? ¿Acaso estaremos condenados a soportar y sufrir sus exabruptos de poder, sus latrocinios, sus corruptelas, su ignorancia y hasta su traición a la patria?

¡Revoquemos al Congreso! Lo que debemos hacer es juntar firmas suficientes para forzar un Referendo Constitucional que permita incluir en nuestra Carta Magna la figura de la revocatoria parlamentaria. Tal cual están las cosas, los congresistas tienen un lustro para hacer lo que les venga en gana, desde tráfico de influencias hasta violar a su ayudante. Y lo peor es que después se largan ¡con una pensión de por vida!

Lo que ocurre con los congresistas es más que indignante. Ellos han generado en el pueblo un sentimiento nuevo y especial de repulsión que antes no se conocía. El pueblo los elige y les paga para que atiendan sus negociados particulares, den empleo a sus queridas, satisfagan sus vicios personales. Se supone que ellos son los que representan a un sector de la población llevando sus inquietudes al Congreso y legislar o fiscalizar el poder, pero una vez juramentados se dedican a todos sus enjuagues menos a sus verdaderas funciones.

El colmo de la desfachatez y desvergüenza fue el aumento que se dieron, como "gastos de representación", como si fueran gerentes de una empresa. Inclusive la Ministra Jara cobró semejante bono cuando siendo ministra no se asoma por el Congreso ni para completar su bancada. ¿Quiere decir que la servidora de Dios está comiendo a dos cachetes? Es de vergüenza ajena ver cómo una ley para aumentarse el sueldo es resuelto en minutos por estos individuos, mientras otros proyectos son archivados sin siquiera darle una mirada al encabezado.

Decia Elbert Hubbard: "La democracia tiene al menos un merito y es que un miembro del Parlamento no puede ser más incompetente que aquellos que lo eligieron". Este señor no alcanzó a conocer el Congreso peruano. De lo contrario hubiera tenido que reescribir esa frase, comprobando que muchos de los congresistas peruanos son más ignorantes, incompetentes e inútiles que una tortuga boca arriba.

Cuando un peruano de a pie es haragán, zángano, trafero, corrupto o ladrón, no solo pierde el trabajo y el respeto de los suyos, puede hasta terminar en la cárcel. Nadie lo blinda. ¿Por qué los Congresistas no pueden ser despedidos de sus funciones o llevados a la cárcel por violar a una empleada, contratar como asesor a un chofer, falsificar un título o por simple incompetencia e ignorancia para el cargo? ¿Por qué tienen cheque en blanco para hacer lo que les de la gana? ¿Por qué tenemos que tragarnos sus aires de "me cago en tu indignacion"? Yo te digo por qué, pues porque están seguros que no los revocaremos. Al igual que los incompetentes maestros del SUTEP que viven tranquilos disfrutando de la estabilidad laboral, estos parásitos del Congreso no solo tienen estabilidad laboral sino una jugosa pensión de por vida sin hacer nada!

Hay un grupo de peruanos hartos de estos parásitos y están promoviendo un Referendo Constitucional para introducir la figura de la revocatoria y disolución del Congreso. Si te interesa y crees que es una causa justa y una medida necesaria, este es su pagina. Has sentir tu bien fundada ira.  http://www.facebook.com/pages/Revoquemos-El-Congreso/235668073233631

www.elvisocc.org

   

Congresistas desubicados

La situación del actual Congreso no podría ser peor, luego del anunciado aumento de sus gastos operativos que es una forma de enmascarar el sueldo. Además de esta muestra evidente de ambición subalterna, cuya celeridad para la aprobación no ha merecido el más mínimo debate, contrastando con la letargia que sufren otros temas fundamentales que el país espera, hay muchas otras razones que indignan con sobrada razón a los ciudadanos. Pasemos por alto el lamentable nivel cultural de la gran mayoría de estos congresistas que parecen recogidos de las calles en plena fiesta popular. Lo que no se puede pasar por alto el es el nivel ético que muchos ostentan y que paulatinamente se va revelando de pura casualidad. Algunos incluso llegan a la estupidez de mentir en sus hojas de vida agregándose niveles académicos falsos, cuando nadie les pide siquiera que sepan leer. Pero sin duda lo peor son los delincuentes, que también los hay.

A todo lo dicho debemos añadir que una aplastante mayoría de congresistas llega al Congreso sin tener una idea cabal de cuál será su función en el Congreso. La Constitución no es muy clara a este respecto. Solo dice que los congresistas representan a la nación, pero en ningún lado se explica como se ejerce este papel. Entonces cada quién lo entiende a su manera. Algunos, como Javier Diez Canseco, asumen que su función es servir de tramitadores. Afirma que al mes hace unos 5 mil trámites de ciudadanos ante diversas instancias del Ejecutivo. Otros sostienen que su misión es visitar sus provincias no se sabe bien para qué, pero nos consta que lo que hacen es su propia campaña política. 

No faltan los congresistas que asumen su función como agentes de caridad. Cecilia Tait ha sustentado el aumento asegurando que no le alcanza la plata para sus obras de caridad. A otros simplemente no les interesa nada sino cobrar. Se pasan los 5 años como parásitos para salir como dueños de negocios propios que nunca tuvieron. A algunos se les ha dado por ser dueños de hostales al paso. Y todavía nos falta mencionar a los pirañitas del Congreso, que ingresan a cometer fechorías cojudas como nombrar a su amante o a su empleada o su chofer como asesores para quitarles medio sueldo. Y claro, debemos recordar que cada congresista cuenta con cinco asesores más secretaria. No uno sino cinco asesores. Está bien que todo congresista sea una muestra de ignorancia supina pero dotarlo de tantos asesores es incomprensible. Si se presenta a una función siendo un perfecto ignorante al menos debería tener la decencia de contratar a sus asesores con su propio dinero y no con el de todos los peruanos. Al final nadie sabe exactamente cuánto nos cuesta cada congresista si sumamos todas las gollerías de que disponen para su ignota función. 

De acuerdo a las recientes declaraciones de los congresistas más mediáticos, como Yehude Simons, ellos cumplen con discutir sus proyectos y si el Ejecutivo los observa no es culpa suya. ¿De quién será la culpa de no coordinar adecuadamente un proyecto con el Ejecutivo? Muchos congresistas proponen proyectos sin la menor idea de sus proyecciones en el gasto público, sin preocuparse por su financiación y sin tener ideas claras sobre sus efectos en el ámbito general de la vida nacional. Todavía viven bajo la mentalidad de que el Estado es el gran dios que todo lo soluciona con una ley. Y cada congresista duerme con el sueño de la ley propia. Algunos son fanáticos de las mociones de saludo, otros de las celebraciones de los días de algo y otros más, de las premiaciones a cuanto artista o deportista destacado se les ocurra. 

El patético Congreso peruano merece ser reformulado desde sus orígenes. Debemos volver a las dos cámaras señalando con precisión las funciones que cada una cumple en la democracia. Hay que imponer requisitos más elevados para aspirar a congresista, incluyendo un examen de política pública, historia y Constitución. Si bien no se les puede exigir grados académicos al menos esto debería ser compensado con participación en la vida económica del país, mediante actividades empresariales o profesionales formales y de larga data. No se puede permitir el ingreso al Congreso de informales, parásitos ni ignorantes. Y algunos son todo eso. En suma ya es hora de poner en la agenda la discusión de la reforma de la Constitución para conformar un Congreso decente, que vaya acorde con el progreso que está experimentando el país. Basta de saltimbanquis. ¿Será necesario cerrar este Congreso para hacer eso? 

El Congreso en salsa de choros

Uno de los puntos más flacos de la Constitución del 93 es el diseño del Congreso, el cual fue reducido a una feria de saltimbanquis improvisados y angurrientos que, en su gran mayoría, solo aportan su ignorancia y desfachatez a la política nacional. La forma que tiene el Congreso peruano obedece tan solo al desprecio generalizado frente a esta institución, y cuyo primer signo visible fue el masivo respaldo popular que obtuvo el cierre del Congreso por parte del presidente Fujimori. Sin embargo, lejos de tomarse un tiempo para analizar el problema y discutir las soluciones a la falta de institucionalidad democrática en el país, los constituyentes de la CCD prefirieron institucionalizar el desprecio a la representación política. 

El resultado fue que el Congreso instaurado en la Constitución acabó siendo solo una copia del Congreso Constituyente que fue convocado bajo la premisa de su provisionalidad. Es decir, no obedece a teoría política alguna que sustente su forma y número. No hay detrás de esa institución creada, ningún sentido de representación. Es apenas un montón de gente convocada para montar el circo parlamentario y llenar un hemiciclo, con lo cual se pretende aparentar que tenemos instituciones democráticas. Pero lo cierto es que la institucionalidad democrática y la representación política se construye con mucho más que solo un montón de gente inculta reunida en un recinto. Lo más grave es que hemos entregado la discusión de los problemas más importantes del país a un montón de ignorantes. Con contadas excepciones. 

El resultado es que hoy ni los propios congresistas tienen la menor idea de lo que significa la representación que supuestamente ejercen ni cómo la tienen que ejercer. No se sabe cuál es exactamente el fundamento real de esa representación. Hemos visto experimentos patéticos tratando de llevar el Congreso en pleno de pueblo en pueblo, la Mesa Directiva se va en peregrinaje a sesionar a las provincias, se han abierto oficinas parlamentarias en cada región, y por último se han aumentado el sueldo mediante la figura de los "gastos de representación" para que cada congresista -supuestamente- viaje a los pueblos a mantenerse en contacto con la población. En resumidas cuentas, estamos en el limbo en cuanto se refiere a representación política. ¿No saben estos señores que la capital de la República es Lima, que la sede del gobierno está en Lima, que el edificio del Congreso está en Lima, y que nada de esto significa "centralismo"? En cualquier lugar del mundo civilizado el representante político tiene que viajar y constituirse en la sede del parlamento para ejercer su labor. Ese es el sentido de ser un "representante". Funciona igual que un organismo que debe llevar todas las señales al cerebro. Y en ese sentido, tal "centralismo" es una virtud del sistema.

Solo en un país repleto de confusos e idiotas políticos se les puede ocurrir llevar todo el Congreso de pueblo en pueblo, cual si fuera un circo. Y en medio de tanta ignorancia y confusión se escucha de todo en el debate. Por ejemplo, unos hablan de "descentralizar la representación congresal". Nadie sabe qué podría ser eso en el cerebro de estos congresistas. Lo cierto es que están empleando el desconcierto para montar sus propios argumentos tirados de los pelos, en aras de simplemente aprovecharse y llenar sus bolsillos tanto como puedan, que es para lo que entraron allí sin saber nada de nada. 

Los famosos "gastos de representación" son en realidad gastos de campaña para la reelección. He tenido ocasión de encontrarme varias veces con congresistas que acuden a las principales fiestas patronales de las provincias. Algunos no se pierden una. Llegan en su camioneta 4X4 rodeados de una corte de adulones. Anuncian su presencia para luego subir al estrado y coger el micrófono, cual estrellas de cine, para dar su saludo fraterno a la provincia, recordando que las puertas de su oficina están siempre abiertas cuando quieran. A continuación son agasajados y tratados como celebridades, ubicados en el "palco de honor", desde donde, con pose de emperador romano, aprecian la fiesta y la corrida de toros siempre protegidos por sus lentes oscuros de marca italiana. 

La información recogida por la prensa da cuenta de que en los gastos de representación se consignan juguetes para niños en navidad, obsequios por padrinazgos, donativos para una plaza, aportes para las ollas comunes de los manifestantes antimineros y cosas así. Además, claro, de boletas de gasolina, restaurantes, hoteles y otros. En buena cuenta, el pueblo peruano solventa con sus impuestos no solo la gran vida de estos parásitos incompetentes sino que además solventamos sus campañas y sus partidos. Peor aún: ¡a algunos se les paga para socavar el sistema democrático representativo!

Tenemos representantes de izquierda que, fieles a su mentalidad pervertida, aborrecen este tipo de representación y pugnan por implantar un sistema político de participación directa, mediante bases políticas, tal como ha ocurrido en Bolivia. Así que entre los rojos que no quieren democracia representativa y los ignorantes que ignoran lo que es representación política, la democracia peruana se va por el desagüe. Todo esto es consecuencia de que en la Constitución del 93 no se quiso discutir seriamente el sistema de representación política democrática del país. Por consiguiente no se dotó al país de un Congreso apropiado, que encarne un sistema claramente previsto y capaz de articularse con la población y con el Estado. El resultado fue el mamarracho parlamentario que hoy padecemos. Ya es hora de corregir esto.