La libertad de Ollanta y Nadine

Escribe: Dante Bobadilla Ramírez

La sentencia del Tribunal Constitucional que deja sin efecto la prisión preventiva de Ollanta Humala y Nadine Heredia, ha demostrado que la gente confunde la justicia jurídica con la justicia popular, que es una forma de linchamiento o lapidación del acusado, sin que medie juicio alguno. 

Hace tiempo que en el Perú se viene abusando de la figura de la prisión preventiva, en especial desde que le otorgaron súper poderes a la Fiscalía. Han habido varios casos clamorosos de abuso fiscal y desidia judicial, de personas que han pasado años en cárcel sin un juicio, como fue el caso del general Walter Chacón, o acusados absurdamente durante la cacería de brujas montada por las oenegés caviares contra todos los que tuvieran algo que ver con Alberto Fujimori o Vladimiro Montesinos. Bastaba haber ejercido un cargo en los 90 para ser implicado a una acusación fiscal y pasarse 17 años en el Poder Judicial. 

En los últimos tiempos se pusieron de moda las prisiones preventivas, tanto por el abuso de poder de los fiscales que hoy en día se sienten dioses, como por la complicidad de jueces carceleros y figuretis, como el famoso Richard Concepción Carhuancho, que le dice "sí" a todo lo que le piden los fiscales. Hemos visto el circo de la "lucha anticorrupción" con la única función de ver a un fiscal prepotente pidiendo la prisión preventiva de alguien a quien quiere investigar, y a un juez mamerto accediendo sin cumplir su rol de proteger los derechos de los ciudadanos. También hemos visto la complacencia judicial para que ciertos fiscales, tan figuretis como histéricos, vayan a a montar el show mediático de los allanamientos de locales para meterse hasta a los baños, para luego filtrar videos y fotos a sus medios afines.

Hay que recordar el patético accionar de la fiscalía en el caso de Alejandro Toledo, a quien luego de investigar por casi tres años no fueron capaces de presentar un expediente decente al Poder Judicial, al punto en que les fue devuelto hasta dos veces por el juez Elio Concha, debido a que "no se había realizado las imputaciones necesarias contra cada uno de los denunciados". Luego el fiscal Hamilton Castro abre una investigación por el caso Odebrecht, y lo primero que hace es pedir la prisión preventiva de Alejandro Toledo sabiendo que vive y se encuentra en los EEUU. Y, para variar, el juez admitió la prisión preventiva iniciando un largo, engorroso y costoso trámite internacional que probablemente sea desestimado por los EEUU.

¿Pero acaso hace falta meter preso a Alejandro Toledo para que el fiscal lo investigue? ¿Es que luego de tantos años investigándolo por el caso Ecoteva no pueden abrirle ya un juicio y darle una citación formal para que asista a su defensa? Realmente es muy difícil entender el proceder de la Fiscalía y del Poder Judicial. Al parecer tratan de cubrir su incapacidad para procesar los delitos de corrupción con el circo de las prisiones preventivas, y mucha gente se compra el show creyendo que ya se hizo justicia. 

No hay que confundirnos. Las prisiones preventivas no son una medida de justicia sino de show, de impacto mediático y de prepotencia fiscal. Se ha llegado al extremo de meter a prisión a Jéssica Tejada por el hecho de ser pareja de un funcionario implicado en un caso de soborno. Y lo más grave de este caso es que ambos estaban en el extranjero cuando se conoció el caso pero de inmediato vinieron a ponerse a derecho. Sin embargo, lo primero que hizo el fiscal fue pedir prisión preventiva para ambos. Y el juez, una vez más, accedió. Y todavía siguen presos sin que haya una acusación. La fiscalía aun está en proceso de investigación mientras Jéssica Tejada sigue presa hace año y medio.

Por todo esto, me alegro de que el TC haya dictado una sentencia que trata de poner orden en este caos de las prisiones preventivas. No ha dicho que Ollanta y Nadine sean inocentes. No ha dicho que ya no se les juzgue. Lo que ha dicho es que no tienen por qué estar presos mientras la Fiscalía investiga y arma un caso. Si quieren hacer justicia de la buena, lo que debemos exigir es que el Ministerio Público haga bien su trabajo, que se aboque a investigar con prontitud y que arme un caso bien sustentado para presentar la acusación ante el Poder Judicial lo más rápido posible. Luego se tendrá que juzgar y, finalmente, sentenciar. Y, si son culpables, pues allí si tendrán que cumplir su sentencia en cárcel. Así es como funciona la justicia en un país decente, donde hay leyes, derechos y jueces probos.

El Perú debe ser el único país donde primiero te meten preso, luego te investigan para ver de qué te acusan, luego te juzgan para ver si eres culpable, y al final te sentencian. Y si resulta que eres inocente, igual ya pasaste tres años de cárcel o más. ¿Y quién te devuelve el tiempo perdido? Este no es un cuento inverosímil. Lo que acabo de describir es lo que le ha pasado a mucha gente, como por ejemplo al ex ministro Rómulo León, quien pasó tres años preso en "prisión preventiva" y luego en prisión domiciliaria, hasta que el Poder Judicial lo declaró inocente varios años después. Y como este hay muchos casos.

Por todo esto celebro que el TC haya dictado jurisprudencia para las prisiones preventivas y le haya llamado la atención, de paso, al Ministerio Público y al Poder Judicial. Basta ya del circo de las prisiones preventivas. ¿Quieren luchar contra la corrupción? Pues aceleren las investigaciones y no pierdan tiempo en tonterías, como andar resucitando refritos del pasado como El Frontón o las esterilizaciones. El Ministerio Público tiene amplios poderes para poder investigar sin que nadie perturbe su trabajo. No necesita andar metiendo presa a la gente. Pueden dictar impedimento de salida del país, inmovilizar cuentas bancarias, levantar secretos bancarios, allanar domicilios, etc. Con todos esos poderes a su disposición es realmente vergonzoso y abusivo que lo primero que haga siempre es pedir que metan presa a todos los que investiga. Es el colmo. Esto debe acabar.

La justicia y el feminicidio

Por: Erick Yonatan Flores Serrano

        Coordinador General del Instituto Amagi

El execrable delito contra Eyvi Agreda Marchena, una joven de 22 años, ha copado las portadas de la mayoría de medios escritos y no hay programa televisivo que no dedique su tiempo a comentar el hecho. El presunto agresor ha sido capturado pero la indignación que ha generado la agresión, pone de manifiesto que la oleada de violencia en nuestro país viene en aumento y que los esfuerzos por tratar de contenerla no vienen surtiendo efecto. Y como resultado conocido, un gran número de personas han salido a decir que nuestro país es una vergüenza, que nuestra sociedad cada vez está peor, que somos un país de “feminicidas” y “violadores”, y un largo etcétera que seguramente será la comidilla de los medios durante algunos días más.

Si revisamos las cifras, es evidente que existe razón suficiente para alarmarse por todo lo que viene ocurriendo; sin embargo, la generalización termina siendo un error porque sabemos que las culpas de unos pocos no las podemos cargar todos. Si una mujer mata a un hombre, no podríamos decir que nuestro país está lleno de asesinas. Pero lo más sorprendente de todo este asunto, es el hecho de que no se hable de otra cosa que no sea el sexo de la víctima, como si su condición de mujer terminase siendo un aspecto relevante para la justicia. De la misma forma en que se hace hincapié en el sexo de la víctima, que el agresor sea hombre tampoco escapa a las furibundas manifestaciones. Son detalles que no debemos perder de vista porque, aunque no lo quieran reconocer o lo desconozcan por completo, forman parte de un libreto político que viene esparciéndose por todos lados.

El feminicidio, en medio de este contexto, no es más que una de las conquistas que el feminismo ha conseguido en materia legal. Cualquier persona pensaría que se trata de un avance en la lucha contra el machismo, el patriarcado y todos los monstruos que hoy justifican este tipo de desvaríos jurídicos; sin embargo, su implementación no sólo no ha conseguido frenar las agresiones en contra de las mujeres, sino que la tendencia parece ir en alza. Incluso en la implementación de este tipo penal, existe un gran vacío que termina favoreciendo a los culpables por una sencilla razón, y es que para que un delito se configure como feminicidio, el móvil del mismo debe ser la condición de mujer de la víctima. En buen cristiano, un feminicida es aquella persona que asesina a una mujer por el solo hecho de ser mujer; y como todos entenderemos que esto es prácticamente imposible, jamás se encuentran los medios probatorios suficientes para condenar a alguien por feminicidio; lo que termina en la liberación de los agresores.

La administración de justicia, en nuestro país y en cualquier país del mundo, no debe obedecer ninguna agenda política como viene ocurriendo actualmente. Es una pena que la sociedad termine comprando este lamentable hecho como un crimen de odio contra las mujeres, el sexo es en lo último que deberíamos fijarnos al momento de manifestar nuestros juicios morales ante casos como estos. Todos estaremos de acuerdo en que el agresor debe ser procesado, juzgado y sentenciado por el delito que ha cometido; todos debemos rechazar este tipo de actos por el solo hecho de tratarse de una manifestación violenta de una persona contra otra. Tan culpable y miserable es el hombre que le quema el rostro a su pareja por celos, como la mujer que le mutila los genitales a su pareja por celos. No podemos juzgar los delitos en función del sexo de los protagonistas, hacerlo implicaría acabar con la igualdad ante la ley y con el mismo sentido de justicia.

El Estado y la corrupción

Por: Erick Yonatan Flores Serrano

Coordinador General Instituto Amagi - Huánuco

Odebrecht y el escándalo de corrupción más grande de América Latina en lo que va del siglo, nos ha permitido comprender que la corrupción es una enfermedad que no distingue derechas de izquierdas. En esta parte de la región, los abanderados de la lucha contra la corrupción, aquellos “indignados” que convocaban a movilizaciones y lavaban las banderas en las plazas, también han sido alcanzados por esta enfermedad; así que no se trata de un fenómeno exclusivo de un solo sector político, sino más bien de una práctica que se ha ido generalizando, al margen del espectro político que gobierne, en todo el sistema.

Como todos estaremos de acuerdo en que la corrupción es uno de los principales problemas que aqueja a nuestra región, creo que lo más importante es comprender cómo es que este tipo de males se desarrolla y cuál es la forma más efectiva para poder hacerle frente. Y lo primero que tenemos que entender sobre este tema, es que la corrupción no es otra cosa que el mal uso del poder político [Estado] para conseguir un beneficio particular, ya sea para uno mismo o para un tercero. De esta definición -que es clásica y compartida por la mayoría de entendidos en la materia- podemos inferir que el Estado termina siendo la condición de posibilidad para que la corrupción aflore en una sociedad; lo cual no es un detalle menor porque a partir de esta idea, es que podemos comenzar a pensar en las posibles soluciones que el problema requiere.

Lord Acton, famoso historiador y político inglés, decía que el poder tendía a corromper y que el poder absoluto corrompía absolutamente. Lo que nos trataba de advertir Acton era que a medida que el poder político -hoy materializado a través del Estado- crecía, las posibilidades de corrupción crecían también. Y en la sentencia no sólo encontramos una advertencia, sino que también el principio que debe regir la lucha contra la corrupción en cualquier parte del mundo. Cuando se tiene un Estado que concentra mucho poder político, los incentivos para la corrupción se incrementan en forma exponencial; por el contrario, si el Estado tiene un límite en su tamaño y en el poder que concentra, los incentivos para la corrupción disminuyen. No es una casualidad que Nueva Zelanda, un país con un Estado pequeño, lidere el ranking de países con menos percepción de la corrupción según el último informe de Transparencia Internacional; y Corea del Norte y Venezuela estén entre los últimos, sólo superando a los países de oriente medio donde las condiciones políticas son desastrosas.

Resulta evidente que el hilo conductor de la lucha contra la corrupción se encuentra en la disminución del tamaño del Estado, paradójicamente parece que en la región no existe claridad en este asunto porque todos los esfuerzos destinados para luchar contra la corrupción, están dedicados a fortalecer el aparato del Estado en todos los sentidos posibles. Todo esto puede reflejar dos cosas en nuestra sociedad: o no terminamos de entender la naturaleza del problema, o simplemente no tenemos la intención de solucionarlo. Y en cualquier caso, la sociedad civil es la que termina siendo la gran perjudicada en todo este asunto.

Mientras la clase política dirigente siga concentrando el poder que tiene para otorgar privilegios a sus amigos, la lucha contra la corrupción seguirá siendo sólo una bonita intención. El único horizonte posible en esta lucha es reducir el tamaño y el poder del Estado, mientras las reformas no apunten a esto, es difícil pensar en que nuestra sociedad pueda superar este problema. A final de cuentas, lo que todos debemos comprender es que el Estado no puede luchar contra la corrupción porque el Estado es la corrupción.