Escribe: Dante Bobadilla Ramírez
Hace unos meses tuve un intercambio de ideas con Alfredo Bullard sobre el origen de la justicia. Alfredo sostenía, a través de un experimento con monos, que la justicia tenía un origen biológico porque un mono se enojaba al ver que otros se alimentaban más que él. Le retruqué diciéndole que yo solo veía una reacción originada en la envidia, una emoción primitiva contracara del egoísmo que mueve a los animales y a cualquier ser vivo. El altruismo es más bien una rareza. Pero en todo caso no es justicia, ya que este deriva de un tratamiento cultural de la conducta humana y una evaluación racional de las circunstancias. Lo que es justo en una cultura puede no serlo en otra.
Aquella discusión motivó la reacción escandalizada del progresismo de grancomboclub que no tardó en publicar sendos artículos llorando porque habíamos reducido la justicia social a la envidia, cosa que no era exactamente lo que se decía aunque esto tampoco es del todo falso. En muchos aspectos lo que se llama "justicia social" no es más que la elaboración cognitiva y teórica de profundas emociones de envidia y hasta de odio contra ciertos grupos humanos diferentes a uno como los ricos, empresarios, militares, ciertas razas, pueblos, géneros etc. Ya Freud había descubierto la gran influencia de la "racionalización" en las elaboraciones teóricas de los hombres para justificar sus emociones y su conducta egoísta y predadora. Lo importante es remarcar que la justicia es un concepto cultural, y como tal debe estar adecuándose a la época, tanto por las nuevas formas de conducta que se presentan como por los nuevos conceptos y conocimientos que se alcanzan, así como por el inevitable fenómeno de la globalización que también afecta nuestras nociones de justicia.
Diego García-Sayán acaba de declarar en Colombia, en su papel de presidente de la CIDH y a propósito de los diálogos de paz, que el ordenamiento jurídico debe adecuarse para que no sea un impedimento en los procesos de paz. En pocas palabras lo que ha querido decir es que la justicia no debería estorbar para el logro de la paz. En buena cuenta, que el ordenamiento jurídico debe responder a las circunstancias especiales de cada realidad a fin de poder superarlas y conseguir que la sociedad en pleno pase a otra etapa. Esto es lo que llaman "justicia transicional" que el progresismo regional está desarrollando afanosamente para permitir que los terroristas de las FARC salgan casi indemnes de la justicia y logren finalmente insertarse en la sociedad y la política colombiana. Esta novedosa forma de justicia progresista está recubierta de mucha parafernalia, como las consabidas comisiones de la verdad, reparaciones, museos de la memoria y otras cosas ya conocidas por nosotros. Lo hemos visto todo pero sin el novedoso concepto de "justicia transicional", y menos bajo el amparo de su paraguas teórico según el cual no hay que juzgar todos los casos sino solo algunos cuantos de los más emblemáticos y echarle tierra al resto. Acá se ha procedido exactamente al revés, se desentierran todos los casos y se juzga a todos. Y cuando digo "todos" me refiero a todos los militares. Nada más. Y es por eso que acá nunca hemos podido pasar a otra etapa. Seguimos patinando en el fango de los 80.
Nuestro país no ha conocido una justicia que se adecue a la realidad especial que vivimos en los 80 y parte de los 90, es decir, una guerra interna. La que se elaboró en los 90 para enfrentar al terrorismo fue tirada al tacho por la CIDH sin más consideraciones. El Perú fue víctima del alevoso ataque terrorista de dos grupos de izquierda (contando con la complicidad y apoyo de toda la izquierda, incluyendo la infiltrada dentro del Estado), y la respuesta de las fuerzas del orden no fue menos brutal. Por más de una década vivimos circunstancias excepcionales en las que todos estábamos en riesgo. En cualquier momento explotaba un coche bomba en algún lugar de la ciudad. En el interior del país los grupos armados de izquierda asesinaban a mansalva a poblaciones enteras, incluyendo tropas militares, además de los secuestros y asesinatos selectivos. Por su parte las tropas de las FFAA procedieron sin control ni respeto mínimo al derecho de los civiles pues todos eran sospechosos. En suma esa fue una época que puede definirse perfectamente como una circunstancia extrema y excepcional de la historia, y merece, por tanto, un tratamiento especial, adecuado.
Lo que me sorprende es por qué los sucesos de aquella época patológica son juzgados hoy con la mirada y el criterio de una justicia ordinaria. Y lo que más sorprende es que solo se juzga a militares. Es obvio que solo un lado de los participantes son obsesivamente perseguidos por una justicia que se sustenta en un ordenamiento jurídico tradicional. Mientras el progresismo se empeña en echarle a las FARC el salvavidas de la "justicia transicional" acá se persigue a los militares con justicia ordinaria. ¿Es lícito juzgar los hechos ocurridos en situaciones de guerra, donde los estados jurídicos ya habían sido alterados y hasta los estados mentales estaban perturbados por el instinto de supervivencia? A simple vista parece un despropósito. ¿Por qué no vemos el mismo afán de generar una adecuada forma de justicia en el Perú mientras el progresismo se afana tanto por crearlo en Colombia?
La red de ONGs del progresismo a nivel latinoamericano vinculado a la justicia (del cual es parte el propio Diego García Sayán y otros ex CVR como Eduardo González) son especialistas en enjuiciar a los militares en el Perú usando justicia ordinaria para sucesos extraordinarios mediante sus ONGs judiciales, como IDL, mientras por otro lado hacen increíbles esfuerzos por aplicar sus nuevas formas de justicia en Colombia. ¿Alguien puede creer en la justicia en manos del progresismo? Una justicia a cargo de verdaderas hienas especializadas en perseguir militares para llevarlos a una justicia ordinaria, por situaciones ocurridas cuando la vida era una apuesta diaria, no me parece justicia. Y menos cuando una de las partes -los terroristas- resultan favorecidos por esos curiosos criterios de justicia.
En el caso del general Urresti, por ejemplo, vemos un horrible crimen y nada más. Pero el muerto era un periodista que estaba identificando mandos militares en una Zona de Emergencia contraviniendo disposiciones y advertencias de los militares y poniendo en riesgo directo sus vidas. Habría que preguntar a los abogados qué implicancias jurídicas conlleva una "Zona de Emergencia" y una situación de guerra y defensa de vidas ante grave riesgo, pues tal parece que ninguna. Todo se juzga como si el crimen hubiera ocurrido ayer en una calle del centro, casi como un alevoso crimen pasional. La verdad es que esta justicia más se parece a un circo romano y apesta. Como siempre se cubre al muerto con un manto de santidad y a los militares se los enfoca con un estigma de maldad. No hay nada que juzgar. Yo todo está definido por la justicia progresista. Ahora resulta que los terroristas de las FARC serán mejor tratados por la justicia progresista que los militares peruanos que nos libraron del terrorismo de izquierda.
Así pues,mi estimado Alfredo, te demuestro una vez más que la justicia no es biológica sino toda una elaboración mental orientada por una cultura imperante. Pero claro que eso ya lo sabía el progresismo.
