LO QUE NO TE CONTARON DE BARRIOS ALTOS

Escrito por: Elvis Occ

En otro aniversario más de la eliminacion de 15 individuos en Barrios Altos, es menester tomar en cuenta las declaraciónes del agente de inteligencia que infiltro la célula terrorista. Douglas Arteaga Pascual logro infiltrarse en Sendero Luminoso después de un paciente trabajo de varios años, haciéndose pasar por un vendedor ambulante. Increíblemente, fue sometido a un absurdo juicio por violación a los derechos humanos en el 2005 y eso a pesar que nunca integro el Grupo Colina.

En actas judiciales que registran los testimonios que brinda Arteaga a la 1ra Sala Penal Especial que en ese entonces presidia la vocal Inés Villa Bonilla, el agente declara que vivió tres años (1989-1991) en el solar del Jr. Huanta en Barrios Altos. Sendero Luminoso tenía su base en esa vieja quinta. Arteaga declara que su misión tenía por objetivo recoger información sobre la penetración terrorista en las ONGes y los partidos de izquierda, entre ellas el PUM de Javier Diez Canseco y Patria Roja.

En otra parte de sus declaraciones el agente de inteligencia Arteaga relata que Sendero Luminoso estableció una base en el Jr. Huanta para asesinar al vicepresidente de la república y presidente del Congreso, Máximo San Román. El plan era accionar una bomba a control remoto y volarlo en pedazos, aprovechando el hecho que siempre solía pasar por esa calle en un carro negro. La célula de Barrios Altos ya había usado la misma bomba a base de anfo contra el autobús que transportaba a los Húsares de Junín en 1989, donde hubo 6 muertos entre ellos un policía. Esto nunca fue aclarado.

En el ajusticiamiento de Barrios Altos, sobrevivió el senderista Tomas Libias Ortega, declaro el agente de inteligencia Arteaga, pero las ONGes defensoras de los DDHH lo presentaron como víctima inocente. Inclusive, dicho individuo participo como testigo de cargo en el juicio contra el expresidente Alberto Fujimori por los casos de la Cantuta y Barrios Altos. Curiosamnte y a pesar de las declaraciones del agente de inteligencia que infiltro a la célula senderista de Barrios Altos. La Sala Penal Suprema integrada entre ellos por Cesar San Martin, absolvió de toda sospecha de terrorismo a los implicados.

Como podemos ver, los ajusticiados en la quinta del Jr Huanta en Barrios Altos, eran integrantes de una celula terrorista entrenada para asesinar sin miramientos. Los Husares de Junin fueron sus victimas en 1989 y planeaban matar al vicepresidente de la republica. Un agente los infiltro y obtuvo informacion que hasta el dia de hoy las ONGes evitan contrastar y prefieren ensalzar a los terroristas como indefensos e inocentes victimas para provecho propio. Hoy no hay mucho que celebrar pero si harto que sincerar. Como dijera el autor de la nota "La historia secreta de la matanza de Barrios Altos": …han ocultado este tema, cubriéndolo con un manto de silencio cómplice e injusto. Si pues, es lo que no te contaron de Barrios Altos.

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*https://victorrobles.wordpress.com/2009/10/13/la-historia-secreta-de-la-matanza-de-barrios-altos/

El papel de César San Martín como juez

Por: Daphne de Bichonville 

César San Martín fue el juez del caso contra Alberto Fujimori Fujimori en el que fue acusado a 25 años de prición. Ahora se descubre que Gonzalo del Río Labarthe fue solicitado por San Martín para discutir el caso en Alicante con Juan Carlos Sandoval Coronado, (un abogado de práctica privada en España, posiblemente de origen ayacuchano) antes del juicio. Los abogados españoles nombrados por del Río en su correo de 17 de abril del 2008 son Mar Carrasco y Carmen Juanatey, los que también fueron involucrados. 

Juez en busca de ayuda

Un juez aplica la ley del país, y la ley se encuentra en sus textos. Esto se aplica tanto a las cuestiones de procedimiento como a las cuestiones materiales. La legislación española no se aplica en el Perú.

El juez puede, sin embargo, consultar la doctrina -libros escritos por destacados profesores de derecho. Las partes, y en algunos casos insólitos el juez, pueden apelar a la doctrina llamando expertos o proporcionando a la corte declaraciones juradas de los mismos. Un juez no puede consultar a un extraño en secreto. Las partes deben tener en este caso una oportunidad de interrogar al experto o presentar las defensas en contra de una declaración escrita.

Curiosamente San Martín, mientras se desempeñaba como juez, escribía a Gonzalo del Río a través de su correo de La Católica y no desde su correo oficial en la corte. Obviamente, había una razón para esto. 

La identidad del Juez 

Un caso es juzgado por un juez o un jurado. La identidad de los jueces es, en ambos casos, conocido. No había ninguna razón en el caso Fujimori para mantener la identidad de un juez secreto, sin embargo, San Martín permitió que Gonzalo del Río, entre bastidores, actuara efectivamente como juez al discutir con él cómo se debía manejar el caso. 

Abogados asistiendo a los Jueces 

La opinión de los abogados y juristas, por sabios que sean, no son una fuente de Derecho. Se supone que los abogados deben defender a una de las partes en un caso y por lo tanto son considerados como parciales. Los mensajes revelados en el 2010 sugieren el siguiente escenario:

CSM : ¿Qué piensa usted de los cargos?

GdR : Tengo dudas que se sostengan. 

CSM : ¿Cómo se puede hacer que los cargos se mantengan?

GdR : Cambie los cargos y asegúrese de que no se necesite ninguna evidencia.

Gonzalo del Río da clases en La Católica y tomó su doctorado en la Universidad de Alicante en España en el 2006. Él hace practicas en Loli & García Cavero desde el 2010. 

Efectos sobre la imparcialidad de la Corte 

La Declaración Universal de Derechos Humanos establece que cada sospechoso tiene derecho a un juicio objetivo e imparcial. César San Martín está actuando parcialmente cuando ajusta los cargos de la acusación. La ley requiere que un fiscal tenga una fuerte evidencia a fin de obtener una condena debido a la máxima de que cada persona acusada es inocente mientras no se pruebe su culpabilidad fuera de toda duda. 

Esto es necesario porque las acusaciones de complicidad de otro modo podrían ser llevados en contra de cualquiera con una conexión social o profesional con el sospechoso. 

Del Rio sugirió que no se necesitarían evidencias 

Lo que Gonzalo del Río sugirió y lo que San Martín utilizó fue la suposición de que un jefe de Estado, debido a su posición, es responsable de todo lo que ocurre dentro de cualquiera de todos los órganos del Estado ya sea que esté dentro de su descripción de trabajo o no, un punto que es, por supuesto, inaceptable, especialmente en su forma actual, ya que se opone tanto a las exigencias de la ley de la intención criminal como a la máxima más importante de la ley: la igualdad de trato.

Gonzalo del Río sostuvo el 17 de abril del 2008, que Fujimori debía ser condenado sin necesidad de evidencia de algún conocimiento de algún plan para cometer algún crimen, porque él era presidente en ese momento.

Tanto Belaunde como García nunca fueron juzgados, a pesar de las muy graves infracciones del derecho por parte de sus fuerzas armadas. 

Ningún presidente ha gobernado alguna vez un Estado sin uno u otro tipo de abuso. Sentenciar a uno solo basado en esos principios es simplemente injusto. 

Redefiniendo las acusaciones 

En el caso de Fujimori no es la fiscalía quien redefine las acusaciones. Es el propio juez quien cambia los cargos de complicidad a instigación. Pero, ¿eso debería hacer la diferencia?

La exigencia de evidencia es la misma si una persona es el autor o si ha instigado el crimen. Un hombre es sorprendido robando el banco. Su vecino y propietario es acusado de instigar el crimen solo porque él es el propietario. Ningún tribunal puede condenar a nadie basado en esa acusación. Sin embargo, este fue el argumento de Gonzalo del Río, aceptado y aplicado por César San Martín. 

La objetividad y el manejo de la evidencia 

Para que una persona sea condenada por instigación de un delito, tiene que haber pruebas claras e inequívocas de que esa persona ha hablado del crimen, y planeado con los autores materiales con la intención de cometer dicho crimen. En el caso de Fujimori no había nada. Absolutamente nada.

No podemos condenar a una persona con suposiciones de que él debería haberlo sabido de antemano y debía de haberlo aprobado por el mero hecho de que era el jefe del Estado. Nunca se ha demostrado que los dos ataques habrían sido planeados en la sede del SIN, aunque se asumió de nuevo, sin evidencia, que todo habría sido planeado allí.

Es la función del juez el desestimar los cargos si no concuerdan. No puede ajustar los cargos a fin de obtener una excusa para una condena. El problema se agrava aún más por la enemistad que San Martín tiene en contra de Fujimori.

César San Martín y su crónica de una sentencia anunciada

Escribe: Dante Bobadilla Ramírez

Bochornosa, por decir lo menos, es la situación del juez César San Martín, luego de que divulgaran los correos que intercambió con sus amigos españoles pidiéndoles ayuda para preparar la sentencia de Alberto Fujimori. De la lectura de estos correos queda claro que la sentencia estaba decidida de antemano, mucho antes de todo el proceso judicial, que finalmente acabó siendo pura pantomima jurídica. Lo segundo es que todo el interés de este juez era darle forma jurídica aceptable a su sentencia. Es decir, que parezca un fallo razonable y hasta digno de un tratado de legisprudencia, para lo cual recurrió a la engorrosa palabrería jurídica bajo la forma de "teoría del autor mediato", fórmula mágica que justifica la acusación a la máxima pena sin necesidad de prueba alguna.

Lo más vergonzante de este juez CSM es que ni siquiera fue capaz de elaborar por sí mismo el sustento jurídico de su propia sentencia sino que la mandó a preparar a sus amigos. Este mamarracho de juez solo tenía la sentencia que quería dar, pero no el fundamento jurídico, y esto es lo que el incapaz buscaba. Solo necesitaba los argumentos, cualquiera que sea. Como todo mal estudiante de esos que se van a Azángaro a falsear una tesis, este juez CSM se fue al correo electrónico a mandar hacer la base jurídica de su sentencia en España. Los correos dejan clara constancia de que el juez requería a sus amigotes que se ocuparan no solo de la teoría sino que la acomodaran a la acusación fiscal, que le dieran forma jurídica a la felonía que quería cometer.

El Perú está notificado, una vez más, de la forma vil en que se ejerce la justicia en este país. Ya está claro que el juicio a Alberto Fujimori no fue más que una pantomima, un circo. Acá no se trata de defender a Fujimori sino de defender la verdad y desenmascarar a los corruptos del sistema judicial, a los agentes de la red de ONGs de izquierda, expresión moderna del nefasto marxismo que nos llevó al baño de sangre de los 80. Los mismos viejos partidos de izquierda del ayer hoy continúan su lucha contra el pueblo peruano bajo la mascarada de ONGs. Su primera misión en el nuevo siglo es redimir a sus combatientes terroristas, para lo cual utilizan el sistema legal nacional e internacional, y cobrar venganza contra sus enemigos, empezando por Alberto Fujimori.

Personalmente jamás fui fujimorista y no lo soy. Pero no puedo dejar de indignarme por la forma en que la izquierda, el rojerío, la progresia y la caviarada tratan de cambiar la historia del Perú reivindicando a los terroristas de izquierda y condenando al Estado peruano y sus instituciones tutelares, es decir, las FFAA. El primer gran intento fue el informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, que debería ser colgado en los baños de todas las instituciones educativas como papel higiénico. Lo segundo fue la vergonzosa condena de Alberto Fujimori a 25 años cargándole gratuitamente la responsabilidad de las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta. 

Una vez logrados estos propósitos, a continuación vino la andanada de medios de izquierda y el activismo de la CNDDHH repitiendo todos los días el sambenito de "Fujimori asesino" y organizando movimientos como "Fujimori nunca más", "No a Keiko" y esa porquería mayor llamada "Víctimas de La Cantuta", liderada nada menos que por la senderista Gisela Ortiz. La cantaleta diaria acabó engañando a los jóvenes que hoy repiten idioteces sobre Fujimori sin saber nada sobre la verdad y la realidad. 

Es nuestro deber combatir esta campaña de mentiras y enfrentar esta organización mafiosa de las izquierdas vinculadas al terrorismo y a los grupos de izquierda que desarrollaron la guerra popular en el Perú. Hay que desenmascarar a sus infiltrados en el Poder Judicial y sus campañas de mentiras en los medios.

El dogma jurídico de la condena sin pruebas

...tambien Cesar San Martin tiene Doctorado "bamba"?

La Primera 12-09-12. No sólo Azángaro falsifica títulos. En una universidad con historia, como la San Agustín de Arequipa, un rector de pocos escrúpulos creó un cuestionado sistema para el doctorado instantáneo.

Aproximadamente 400 doctores en derecho, medicina, biología, psicología, comunicaciones, etc., ejercen sus profesiones en el país con títulos a nombre de la nación que carecen de validez porque se emitieron violando lo dispuesto por la ley universitaria 23733 y los estándares internacionales de certificación.

Este ilícito otorgamiento de títulos ocurrió en la Universidad Nacional de San Agustín en Arequipa, UNSA, desde el año 2001, cuando el Consejo Universitario de esa casa de estudios, a instancias del rector Rolando Cornejo Cuervo, decidió ampararse en un ley derogada (Ley 13417, vigente hasta 1969) para aprobar un supuesto Reglamento Transitorio para el otorgamiento del grado académico de Doctor en Medicina que le permitiera completar el número de profesionales de ese nivel requerido y mantener así en funcionamiento la Facultad de Medicina Humana de la UNSA.

El requisito que se estableció en el Reglamento, era el de contar con el grado de bachiller y haber acumulado 20 años de experiencia profesional. Sin embargo, estos requerimientos pasaban por encima de la ley universitaria 23733, dictada en 1983. Este dispositivo precisa que se debe cumplir obligatoriamente la secuencia que va desde bachillerato a maestría, y a doctorado, siendo necesario realizar estudios de cuatro semestres y dominar por lo menos un idioma adicional al materno para optar el grado de maestro, y cuatro semestres adicionales y dos idiomas extranjeros, para el de doctor.

En una interpretación capciosa, la universidad mistiana excluía del alcance de la ley a los bachilleres que hubiesen concluido sus estudios regulares antes de la vigencia de la nueva ley. Pero ahí no acaban las irregularidades. Desde el año 2003, los títulos de doctor se extendieron a otras profesiones que ni siquiera tenían el pretexto de que tenían que cubrir plazas de emergencia. Se otorgaron así a bachilleres que provenían de otras universidades, seguramente enterados de la buena nueva de la existencia de una vía rápida y expeditiva para alcanzar el más alto rango profesional.

A favor de la nulidad

La opinión de la Oficina de Asesoría Jurídica y de la Dirección de Desarrollo Académico de la UNSA fue claramente desfavorable al Reglamento Transitorio, aprobado por el Consejo Universitario. La Asamblea Nacional de Rectores se pronunció en varias resoluciones por la nulidad de los títulos otorgados contraviniendo la ley 23733.

Asimismo, la Comisión de Educación del Congreso requirió a la universidad para que explique sus fundamentos y se pronunció finalmente por la nulidad del Reglamento y de todos los actos que se deriven de su aplicación.

Únicamente el Consejo de la Magistratura tuvo una voz discordante. Al tener que definir sobre la validez de los titulos de doctor de los magistrados de la Suprema, Victor Lucas Ticona Postigo y Cesar San Martin Castro, que fueron obtenidos en uso del reglamento cuestionado, el Consejo asume que habiéndose regido esos títulos en un reglamento aprobado por el Consejo Universitario, no serían objetables.

Obviamente, el CNM quería evitar una contradicción abierta con la Corte Suprema y eludir la anulación de los puntajes recibidos por los magistrados durante su postulación para dicho organismo, lo que podría hacerles perder el cargo. Pero más allá de lo personal, está la cuestión de fondo del mercantilismo de las autoridades universitarias que ofertan vías para violar la ley.

Rector se ampara en la autonomía

En respuesta al congresista Pedro Santos Carpio, presidente de la Comisión de Educación y representante por Arequipa, el rector Rolando Cornejo Cuervo señala que la Universidad Nacional de San Agustín otorga y siempre ha otorgado los grados académicos y títulos profesionales “conforme a la autonomía universitaria que garantiza el artículo 18º de la Constitución Política y en concordancia con la Ley Universitaria vigente y su propio régimen normativo, también garantizado por la Carta Magna”.

Lo que realmente debía responder Cornejo es que los límites de la autonomía son los que fija la ley, y que igualmente la normativa interna debe adecuarse al régimen general. En otras palabras, que no puede existir una isla universitaria que pueda decidir sobre títulos que no corresponden a los requisitos de ley, mientras el resto se ajusta al sistema existente. La autonomía no es una patente de corso para hacer lo que le da la gana en la universidad.

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