Derechos humanos para los humanos derechos

 

Erick Yonatan Flores Serrano*

Instituto Amagi - Huánuco

De cara a los comicios de abril del 2026, uno de los aspectos más tratados en campaña seguramente será el de la seguridad; y no sólo por el hecho de que fue uno de los temas para pedir la cabeza de la ex presidente Dina Boluarte y varios ministros, sino que en las últimas horas, Rafael Belaunde, pre-candidato por Libertad Popular, sufrió un atentado mientras realizaba una rutina de supervisión en un negocio; por otro lado, el último fin de semana, en Piura, un candidato a diputado por el Partido Juntos por el Perú, fue acribillado mientras circulaba por las afueras de la ciudad.

Los detalles importan y seguramente definirán el futuro de las investigaciones. Lo que sí es una preocupación latente, es el hecho de que ningún esfuerzo por parte del gobierno, ni siquiera al mando de Jeri que había comenzado con la mejor actitud, parece surtir efecto en la realidad. Los comerciantes, los transportistas y ahora los políticos; se trata de un problema que viene creciendo sin freno. Incluso pareciera que mientras más se esfuerza el gobierno por contener la criminalidad, esta recrudece y aumenta su grado de violencia.

Si bien es cierto que no estamos hablando -necesariamente- de una relación de causalidad, sí existe un contexto que podría explicar que toda acción del gobierno está destinada a fracasar. Y es que no se puede poner la carreta delante de los caballos. Toda reforma en materia de seguridad en nuestro país no tendrá jamás buen puerto porque es el sistema de administración de justicia el que termina tirando por la borda cualquier intención. Se pueden invertir millones en logística, tecnología operativa, equipamiento e inteligencia; podemos tener las mejores fuerzas del orden del mundo, pero esto no sirve de nada si es que quien juzga el delito, no tiene la firmeza necesaria.

Se puede hablar de corrupción de funcionarios en el sistema de administración de justicia, claro que sí; pero existe un problema mucho mayor y es la absoluta sumisión de nuestra justicia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, organismo internacional encargado de proteger y promover los Derechos Humanos entre los países miembros pero que no ha hecho otra cosa que servir como punta de lanza de las ONG´s que viven por y para defender a terroristas y delincuentes, enjuiciando al Estado peruano en cada oportunidad que se presente. Mientras que la justicia peruana esté bajo la sombra de la CIDH, toda iniciativa será inútil.

¿Qué es lo que se necesita para resolver el problema? Pues sólo decisión política. Por muy impopular que sea para el consenso social-demócrata, el ejemplo de El Salvador es aleccionador en este tema. Bukele puede caer mal por muchas cosas, pero la efectividad que ha tenido para frenar a las maras y la delincuencia doméstica, es incuestionable. El presidente se muestra firme y poco le importa seguir en tensiones con la Corte mientras que la gente en las calles le da su respaldo total.

Luchar en contra de la criminalidad, en primer lugar y antes que nada, pasa por tener las cosas claras. Una persona que decide atentar en contra de la vida, la libertad o la propiedad de otra persona, está renunciando a sus derechos y no puede ser tratado entre algodones. Y aquí no debería de existir ninguna media tinta, el robo no deja de ser robo porque lo cometa Jesús, o porque se haga en nombre del señor. La naturaleza de la acción no cambia según la persona que actúa, tampoco en función de la motivación.

Y este es el razonamiento medular detrás del éxito de Bukele. Reconocer y distinguir a víctimas de victimarios, llevar hasta sus consecuencias naturales la idea de que los derechos humanos sólo son para los humanos derechos, aquellos que incluso teniendo la posibilidad de actuar como salvajes y usar la fuerza para atentar contra la vida, la libertad y la propiedad de sus semejantes, no lo hacen; es a estos a los que el gobierno debe de proteger del crimen, y no ceder ante las presiones de los “defensores” de los Derechos Humanos. Como bien dice el presidente salvadoreño, la sociedad debe entender que tanto la Corte y el lobby de los derechos humanos, tienen un objetivo y una agenda muy bien marcados, y que el bienestar y la seguridad de las personas de bien, no está dentro de ellos.

(*) Sociólogo sobreviviente a la sociología tradicional. Conservador entre libertarios y libertario entre conservadores. Políticamente incorrecto y de derecha mientras no haya mejor opción, jamás de izquierda