El Estado creador de contenidos

 

Erick Yonatan Flores Serrano

Instituto Amagi - Huánuco

El parlamentario Wilson Soto, perteneciente a la bancada de Acción Popular, uno de los partidos más longevos de nuestra historia, ha presentado un proyecto de ley con el que busca regular la actividad de los creadores de contenido. Específicamente, a través del Proyecto de Ley N° 13313, les exigen a los famosos “influencers”, que deben contar con un título profesional que certifique su conocimiento cuando hablan de temas relacionados a la salud, la educación, la seguridad o el patrimonio.

Entre sanciones que van desde multas que superan los 20 mil soles, hasta la suspensión definitiva de su actividad, esta iniciativa legislativa termina siendo -como la gran mayoría de propuestas que buscan “proteger” de alguna manera a las personas- no sólo siendo un atentado contra la libertad que tienen las personas de decir lo que quieran en cualquier plataforma, sino que genera muchos más problemas de los que pretende resolver.

Con la excusa de evitar la “desinformación”, el aparato del Estado pretende perseguir a cualquier persona que difunda contenidos distintos a los que el Estado defina como verificados, oficiales, verídicos. El problema con esto es que el Estado no es una entelequia que está por encima del ser humano y tenga la capacidad de resolver los principales problemas de la raza humana, son un grupo de personas tan imperfectas y falibles como los somos todos. Incluso presumiendo que este grupo de personas sí tengan la sana intención de hacer el bien, no olvidemos que el camino hacia el infierno está empedrado de buenas intenciones.

Se trata de la arrogancia del legislador que se cree con potestad de exigirle un título profesional a una persona cuando habla de un tema en específico, cuando a este nadie le exige ningún conocimiento especializado en materia legislativa, en filosofía política, en derecho; ni siquiera un título profesional técnico, tampoco haber culminado estudios primarios ni secundarios. En otras palabras, tanto el legislador como el creador de contenido, parecen tener muchas más cosas en común que lo que aparentan a simple vista.

El internet y las redes sociales en general, pueden ser una valiosa herramienta para cualquier fin. De la misma forma en que la hoja afilada de un cuchillo puede servir para hacer un corte perfecto en 400 gramos de lomo fino, también puede ser un arma para arrebatar la vida de una persona en un asalto en la calle; un camión es un medio para trasladar carga en una mudanza, pero en 2016, en Niza, se usó para perpetrar un atentado terrorista cortesía del Estado Islámico; el hacha le sirve al leñador de la misma forma en que le sirve a un asesino serial. En todos estos ejemplos, lo último que uno esperaría ver es una ley que prohíba el uso de cuchillos, camiones o hachas.

Por más desagradable que sea el contenido que ofrece el Diario de Curwen, sería inmoral celebrar su censura; y pese a que quizá Víctor Caballero no tendría esa consideración con los que estamos en las antípodas de su pensamiento, eso no significa que su libertad de expresarse sea negociable. Luchar contra la desinformación va más por el lado de ofrecer alternativas para contrastar los contenidos, que por el de usar la maquinaria represiva del Estado para perseguir y castigar al disidente.

Por último, no es sólo la defensa de la libertad de expresión lo que debe motivar el rechazo a esta ley, sino también el hecho de que sería el Estado a través de sus “brillantes” representantes, los únicos que definan lo que debe de circular en las redes. Ya no basta con que el Estado defina lo que es la educación en los colegios (porque define la currícula y los contenidos de la misma), ahora pretende colonizar un espacio donde todavía tenemos la libertad de escoger de qué fuente queremos beber.

Es el famoso Estado terapéutico en su más básica expresión. Esa idea insana que considera al individuo como un ser sin voluntad, sin capacidad de discernir; una criatura indefensa que hay que proteger de las maldades del mundo; del pecado, del deseo, o como bien se dice en esta ocasión, de la “desinformación”. Y si algunos congresistas consideran peligrosos los contenidos que los influencers le ofrecen a su público; con mucha más razón y preocupación debemos decir que hay mucho más peligro en los contenidos que estos congresistas le ofrecen a los peruanos.