Los partidos amenazados

Escribe: Dante Bobadilla Ramírez

Solo un profundo grado de confusión social puede hacer posible que exista una ley de partidos políticos. Supongo que se debe básicamente a la alianza del estatismo popular (esa oculta pasión por un socialismo regulador e intervencionista) y la inquina general hacia la clase política y, en especial, a los partidos políticos. De otro modo no me explico cómo se puede apoyar una ley que faculta al Estado a inmiscuirse en los asuntos internos de estas instituciones sociales y políticas, que son y deben ser el fundamento de la democracia y de las ideas. Por ello mismo, si hay algo en donde el Estado no debería meter sus narices es en los partidos políticos. 

Estamos en un país que sufre una enfermiza pasión por las leyes y la regulación estatal. Una lacra mental herencia del estatismo setentero y ochentero del siglo pasado. La Ley de Partidos Políticos se promulgó a fines del 2003, bajo el régimen de Toledo, en medio de otras leyes iguales de intervencionistas e inútiles, como la Ley de la Igualdad de Oportunidades o la Ley de Cuotas Electorales. Todas ellas diseñadas con una misma visión totalitarista e iluminada que cree en el diseño social mediante la coacción burocrática. Al cabo de más de una década podemos advertir claramente el fracaso de esta clase de leyes basura, muchas veces imposibles de cumplir en los hechos. Los partidos políticos no han mejorado pero si se han perjudicado con el surgimiento de los movimientos regionales que la misma ley cobija en su articulado.

Pero lejos de rendirse y derogar la inútil ley, los iluminados del JNE (y otros gurús que se ufanan de expertos en la materia cuando nunca han pisado un partido político) insisten en modificaciones, jurando que esta vez si funcionará. Todos ellos son meros teóricos que jamás han militado ni hecho vida partidaria. Lo único que tienen son lindas imágenes en la cabeza. Se han molestado porque el Congreso hizo caso omiso de sus recomendaciones y claman por la afrenta, como si hubieran cometido traición a la patria. No lo creo así.

Me parece bien lo hecho por el Congreso, o sea, elevar la valla para la formación de nuevos partidos. ¿Para qué queremos más partidos? ¿Para que cada loco tenga su propio partido? En los hechos cada loco puede tener su propio partido. No necesita inscribirlo en el JNE. ¿Para que inscribirse? Otra de las manías del pensamiento estatista es tener a todos registrados en un padrón. Solo el que quiera participar en elecciones debería inscribirse en el proceso. Más nada. La gente debe ser libre de organizar sus partidos y llevar la vida política según sus propios pareceres.

Ahora resulta que el Estado quiere meterse a determinar por ley los fines y objetivos de los partidos, como deben organizarse, pretenden vigilar su financiamiento, etc. El Estado quiere organizar sus elecciones internas, subvencionarlos y obligarlos a elegir sus candidatos. Es decir, es el totalitarismo intervencionista más abyecto que podamos soñar. Y lo más curioso es que la gente anda feliz con esta nefasta ley. Y los políticos no han tenido el valor para frenarla ni derogarla.

El Frente Amplio de izquierda ya demostró que no requiere del Estado para organizar elecciones internas cuando quiere. El APRA ha demostrado que puede mearse en la ley y nominar a Alan García como su candidato, aunque tenga que pasar por la ridiculez de un proceso interno para cumplir la estúpida ley. Y pese a que la ley establece que el Estado debe financiar a los partidos, ninguno ha sucumbido a la estulticia de estirar la mano. Lo cual me parece meritorio. Los partidos deben ser transparentes en su financiamiento por su propia cuenta y responsabilidad. Aunque luego sean estigmatizados, como hace la izquierda cada vez que encuentran una empresa financiando políticos. Hay que aplaudir que las empresas apoyen a los partidos y no criticarlos.

Prefiero las reformas del Congreso a la de los iluminados teóricos. Son los propios políticos los que saben como es un partido y no los burócratas y gurús mediáticos. Me parece bien que se eleve el porcentaje de invitados a las listas de candidatos del 20% al 25% aunque chille el Sr. Távara. Estamos en un país poco partidarizado y es justo y conveniente que los partidos amplíen la cobertura de sus listas hacía la sociedad no partidarizada. Pero claro, yo preferiría que no exista ninguna valla y que cada partido haga lo que se le canta en gana. Después de todo, es la gente la que tiene que elegir y juzgar. Y eso es lo que más vale en una democracia sustentada en la sociedad y no en la clase burocrática. La política debe ser democrática y no burocrática.

El fetichismo ideológico

Escribe: Dante Bobadilla Ramírez
Fuente: El Montonero

Gran parte del debate político es francamente irrelevante. Si dejamos de lado la crítica personal y la cacería de brujas, lo poco que queda gira alrededor de espejismos ideológicos alejados de la realidad y centrados en ideales absurdos, aunque muy cautivadores, reducidos a una frase o concepto cliché desprovisto de todo sentido racional, como inclusión social, sueldo mínimo vital, redistribución equitativa de la riqueza, justicia social o derechos. La lista sigue y es casi interminable. Pero nada de eso pertenece al mundo real.

La realidad es ajena a las tribulaciones mentales de los seres humanos. Mientras estos discuten sobre igualdades y derechos, la sociedad transcurre por sus propios cauces naturales, sorteando los obstáculos que se le interponen para llegar al objetivo del bienestar individual mediante el menor costo. Lamentablemente los políticos son víctimas de las ilusiones que nacen del discurso y la utopía acerca de un mundo controlado y guiado desde el poder, como si fueran dioses que dictaminan el curso de la realidad. Vanas ilusiones. Ni siquiera el fracaso reiterado les permite corregir su forma de pensar y actuar. Y es que la utopía social es un mal general desde que hace un par de siglos empezó a hablarse de ideales sociales. A mi modo de ver, se trata solo de una nueva forma de locura colectiva. Veamos algunos ejemplos.

¿Qué sentido tiene discutir sobre un sueldo mínimo vital? Los expertos coinciden en que tiene más efectos nocivos que favorables y que su efecto se reduce a un porcentaje insignificante de la población laboral. Pero el SMV es un fetiche ideológico intocable al que se le rinde culto. Lo mismo ocurre con la fallida Ley de Partidos Políticos afanosamente discutida como la gran solución para, supuestamente, “fortalecer la institucionalidad de los partidos y la democracia”. Burdas ilusiones. Ridículos afanes que jamás sirvieron para nada. Sin embargo, hoy, lejos de simplemente derogar esa inútil ley, se insiste en rectificarla con mágicas modificaciones. Todas estas quimeras no son más que reflejo de la estupidez humana. Las instituciones sociales no nacen ni se “fortalecen” mediante leyes. El Estado solo debe legislar sobre las elecciones que convoca y realiza, señalando las condiciones para participar. No hace falta más nada.

El ilusionismo general acerca del poder de las leyes como instrumentos del cambio social hace que vivamos sometidos a interminables discusiones estériles y a verdaderos diluvios legales. En el colmo, establecen competencias de “eficiencia legislativa” según el número de leyes dadas. Los candidatos prometen más leyes. Ahora se promete una ley para cada enfermedad, y muchas veces con un organismo público a cargo de la implementación del sueño. Estamos hasta el cuello de ese tipo de leyes e instituciones burocráticas que responden al delirio legislativo basado en la utopía social del bien mediante la acción burocrática. Un evidente mal del pensamiento político contemporáneo que hay que corregir.

Donde quiera que se mire el fracaso de este proceder es evidente. El afán por plasmar en leyes las quimeras ideológicas solo nos hace perder tiempo y dinero. Imponer una ley a la fuerza nos lleva a la ilusión y a la informalidad para acabar en una realidad falsa y precaria. El escenario laboral es un claro y patético ejemplo de cómo un mundo repleto de leyes soñadoras que giran alrededor de fetiches ideológicos como los “derechos laborales”, acaba en la más absoluta precariedad. Es una especie de Venezuela a menor escala, donde el delirio político de los mitos sociales pisotea la realidad y la convierte en un manicomio general sin cura, salvo el castigo.

La receta de don Cucho

Escribe: Dante Bobadilla Ramírez

La gente tiende a preferir las explicaciones simples y, por ello mismo, a proponer soluciones simples para problemas complejos. Problemas que son poco entendidos porque son culturales y multifactoriales, donde intervienen a un mismo tiempo procesos y factores invisibles y que, para mayor desgracia, están ocultos fuera de nuestros alcances y posibilidades humanas. La gente solo percibe un malestar y luego cree que es posible cambiar ese estado con una simple medida como dar una ley. 

Pero la triste verdad es que las leyes no cambian la realidad. Un país no se vuelve industrializado porque una ley lo ordena o lo "promueve". El acoso escolar no desaparece por una ley "antibullying". Las armas de los delincuentes no desaparecen porque una ley los prohíbe creando engorrosos trámites que solo fastidian a la gente decente. Del mismo modo ninguna ley es capaz de crear "institucionalidad" en ningún lado. Y menos en la política.

Digo todo esto porque nuevamente se anuncia la segunda edición de la famosa "ley de partidos políticos" cuya primera versión se lanzó hace más de una década con la ridícula idea de que la realidad política del país se iba a arreglar. Por supuesto que no se arregló. Peor aun: empeoró. ¿Por qué entonces ahora se insiste en otra nueva ley de partidos políticos? Solamente porque la mula tiende a ir al trigo. 

El señor Mariano Cucho, jefe del ONPE, quiere que el Congreso apruebe su nueva ley de partidos políticos porque asegura que es "absolutamente indispensable para la institucionalidad democrática". Está convencido de que con esta dichosa ley se "fortalecerán los partidos políticos". Pero lo más sorprendente es que "este proyecto de Ley de Partidos establece el financiamiento público directo para que estas organizaciones puedan desarrollar una vida partidaria y no dependan de recursos externos". 

¿Puede haber mayor estupidez que regalarles dinero público a estas organizaciones mafiosas que solo se arman para asaltar el poder en cada elección? Escucho genios opinólogos que dicen que así se impediría que el narcotráfico llegue a los partidos. Así de simple y elemental es la lógica de nuestros genios opinólogos. Es decir que el narcotráfico se va a detener simplemente porque el Estado financia a los partidos. ja ja ja Esto es como creer que si les aumentamos el sueldo a todos los burócratas acabaremos con la corrupción. Creo que ni un niño creería eso. Una cosa no tiene que ver con la otra, aunque el simplismo lógico lo pinte así.

El pensamiento barato de nuestros burócratas no solo lleva a creer en la magia de las leyes sino en que el Estado puede arreglar todo si le arroja dinero al problema. Así se piensa que si el Estado le regala dinero a estas mafias políticas de trepadores y asaltantes del poder, la "institucionalidad política y democrática se fortalece". Y para sellar su argumentación nunca falta el progre que te dice "en otros países existe". Claro que en todos los países existen idiotas. No tenemos el monopolio. Por el contrario, los de acá no hacen más que copiar todo lo que ven afuera, aunque nuestra realidad sociocultural sea completamente diferente.

Regalarle dinero a los mal llamados "partidos políticos" solo incrementará los problemas. Donde hay dinero hay corrupción. Ya tenemos esta feria de vientres de alquiler montadas solo para vender inscripciones, como la que le ofreció la oportunidad de candidatear a Ollanta en el 2006 sin ser nadie. Lo único que hará la ley es extender el negocio político. En lugar de 30 agrupaciones llegaremos a superar el centenar. ¿Qué importa si no tienes dinero para la campaña? ¡El Estado te la financia! Y siempre te sobrará alguito. ¡Negocio redondo!

Por supuesto que esta ley será aprobada de un solo carpetazo. ¿Acaso algún partido se opondrá? Solo queda mostrar la indignación ciudadana ante este mamarracho legal que busca regalar el dinero de todos a las mafias de la política. Los partidos deben aprender a subsistir de sus afiliados, tal como lo hacen las numerosas iglesias que existen. Para las campañas reciben apoyos y estos deben ser transparentes. Si hay sospechas sobre su procedencia pues que el Estado investigue y punto. Para eso ya hay leyes y harta burocracia. Que hagan su trabajo. Ya basta de derrochar dinero público alegremente con ilusas intenciones.