Perfil de un fraude chavista

Lo que viene ocurriendo en Venezuela es el clímax de una segunda fase de dictaduras latinoamericanas que ya no surgen de la personalidad aventurera de algún general sino de los civiles. El siglo XX se caracterizó por las típicas dictaduras militares en toda la región, herencia de la creación militar e improvisada de nuestras repúblicas en el siglo XIX, cuando no existían instituciones democráticas. Si bien los militares llenaron por necesidad el vacío de institucionalidad democrática, acabaron convertidos en una institución política que durante el siglo XX tomaba el poder por la fuerza con total naturalidad. Se sentían salvadores de la patria que se veían obligados a intervenir cuando los incapaces civiles no podían conducir el país.

Durante la segunda mitad del siglo XX vivimos la etapa final de estas dictaduras militares que encontraron otra escusa para tomar el poder ante las amenazas comunistas. Luego de este período los militares acabaron denunciados, enjuiciados y en muchos casos encarcelados, tras un largo proceso que aún no ha concluido. El escenario mundial había cambiado después la Segunda Guerra Mundial y la creación de la OEA con sus infinitas entidades satélites, las que empezaron a tomar el control burocrático de esta parte del mundo. La justicia supranacional se encargó de las dictaduras militares dejando de lado a guerrilleros y terroristas, los que acabaron convertidos en víctimas. La nueva era de los DDHH en este siglo se caracterizó por los juicios y el desprestigio institucional de las FFAA. Todo esto mantuvo a los militares relegados en sus cuarteles.

Al empezar el siglo XXI la institucionalidad democrática seguía siendo precaria en Latinoamérica. Con los militares fuera del juego, emergieron nuevos líderes civiles con las mismas viejas tradiciones totalitarias. Es inevitable que los gobiernos acaben en dictaduras cuando no existen instituciones democráticas y cuando todo lo que hay no pasan de ser fachadas de cartón, escenografías legalistas donde las entidades son solo piezas de utilería constitucional, cascarones sin contenido a cargo de funcionarios mediocres que ni siquiera tienen claro sus fines institucionales. Los gobiernos civiles siguieron en la tendencia dictatorial con mayor fuerza, ya sin el riesgo de los militares, a los que más bien se los manipulaba. Las dictaduras civiles supieron ocultarse muy bien detrás de la fachada democrática que proporcionan los procesos electorales. Se instauró así la era de las dictaduras civiles de perfil electoral.

Las dictaduras civiles de hoy se sustentan en un empleo muy hábil de los medios de comunicación modernos y en un nuevo formato de comunicación con la gente, mucho más informal y constante. La vieja estrategia de pan y circo ha sido intensamente utilizada junto a un ingenioso manejo retórico de ciertos valores y del patriotismo. Paralelamente se procede a la penetración de las instituciones de utilería mediante el nombramiento directo o indirecto de adictos al régimen. Al final el país termina bajo el control de una plaga de incompetentes que solo tienen en común su fidelidad al dictador, en medio de un régimen que destila corrupción por todos lados. Maniobras típicas son la reforma de la Constitución, los referendos, los apoyos sociales y el enfrentamiento con los grupos de poder económico y mediático cuando no quieren someterse a la dictadura. La Iglesia Católica tampoco se salva.

Las dictaduras civiles permiten el afloramiento de una casta de políticos mediocres, cuya única utilidad es ser adulones permanentes del régimen y aplaudir y apoyar todos sus dictados. Para ellos la única institución de la patria es la voluntad del dictador. Todos los que se oponen a él son traidores a la patria, reprimidos con dureza y sancionados de alguna forma oscura.

Este escenario lo hemos visto en Venezuela en la última década, y lo estamos viendo en Argentina, así como en Ecuador y Bolivia. Es un fenómeno continental propio de estos países con debilidad institucional endémica. También lo vivimos en el Perú en la época de Fujimori y estamos en grave riesgo de revivirlo con este régimen nacionalista con aroma de chavismo, a pesar de sus desodorantes democráticos. El caso de Venezuela donde se ha instalado una dictadura que acaba de asegurar su permanencia por veinte años, es solo un botón de muestra. Pero se torna más importante por ser la cuna del chavismo continental, una novedosa forma de dictadura civil electoral disfrazada de socialismo barrial, pero con pretensiones de ser un imperialismo. La muerte de Chávez no ha detenido los delirios de ese régimen corrupto y repleto de incompetentes que maneja todos los resortes del país. Las recientes elecciones han sido una muestra clara del control que ejerce el régimen en las instituciones a su servicio: el CNE y el TSJ.

Las damas que presiden el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela nos traen el nítido recuerdo de Blanca Nélida Colán Maguiña, Fiscal de la Nación en los días de Fujimori, quien solía ser implacable con los opositores, mientras que se tornaba en una madre protectora cuando se trataba de Vladmiro Montesinos. Hoy vemos exactamente el mismo descaro en estas funcionarias de Venezuela. Las elecciones han evidenciado el fraude desde su convocatoria. El manejo de los medios del Estado por parte de Maduro ha sido escandaloso. Mientras que a Capriles le permitían cortísimas apariciones, la pantalla era ocupada por el candidato oficial permanentemente. La campaña del chavismo ha sido solventada abiertamente con fondos públicos y se ha manoseado el nombre de Chávez hasta la náusea.

Otro elemento descarado del fraude fue la papeleta de votación donde el rostro de maduro aparecía 14 veces. Ese solo detalle era suficiente para invalidar el proceso. Aun así, las elecciones parecían ganadas por Capriles según muchas estadísticas a boca de urna. Los resultados concretos de muchas mesas se dieron a conocer por las redes y todos eran favorables a Capriles. Sin embargo, el CNE apareció a pocas horas de concluidas las votaciones para anunciar como ganador a Maduro, sin haber recabado las actas del exterior, aduciendo que el resultado era ya irreversible, cuando la diferencia es de solo 230 mil votos. Un apresuramiento nada serio y muy sospechoso. Lo cierto es que en menos de 24 horas el candidato Maduro fue proclamado oficialmente ganador por el CNE. Una celeridad nunca vista en ningún lado. Ahora solo han cedido a "auditar" el proceso, pero el fraude ya se consolidó en Lima.

La señora Tibisay Lucena ha desoído las denuncias y evidencias presentadas que llegan a más de 3 mil. Se han visto videos donde comandos chavistas acompañan a los electores a las cámaras de votación. Se han encontrado papeletas marcadas en varios puntos de la ciudad. El chavismo ha incendiado su propio local para acusar cobardemente a la oposición y el propio Maduro califica de fascistas a sus opositores. Nunca se podría avalar un proceso electoral tan irregular si se actúa con decencia. Sin embargo, las instituciones de cartón como la OEA y varios países débiles institucionalmente y donde la democracia sigue siendo una quimera, gobernados además por simpatizantes de la ola dictatorial de moda en la región, no han dudado en reconocer el triunfo de Maduro. 

El resultado de la reunión de UNASUR era bastante previsible. No es más que un circo chavista donde se le echará la bendición al nuevo socio del club de dictadores civiles electorales de la región. Son mayoría. La reacción de la izquierda también era previsible. Su apoyo al fraude chavista y a la nueva dictadura a cargo de Maduro solo deja claro -una vez más- que al progresismo nunca le ha interesado la democracia. Todo lo que persiguen es el poder a cualquier costo y por cualquier medio. Sus discursos a favor de la democracia no se los cree nadie. Su inspiración es la dictadura del proletariado que hoy es la de una boliburguesía corrupta que alimenta el odio al imperialismo norteamericano. Con eso toda la izquierda se satisface. Esta es una ocasión más para ver la verdadera moral de la izquierda peruana. Esos que ayer se rasgaban las vestiduras por la democracia cuando se trataba de combatir a Fujimori, hoy hunden el pico para no decir nada sobre la dictadura chavista. Al contrario, son los que aplauden la dictadura.

La eterna estupidez en el control de armas

Por Dardo López Dolz

El DS 006-2013 y la Ley 29954, sobre posesión legal de armas de fuego, deben ser derogados de inmediato por inconstitucionales. Violan el derecho a propiedad disponiendo la incautación de las armas con licencia, de ciudadanos honestos, hasta la venta obligada o la incautación definitiva en 180 días de aquellas que excedan el limite de 2 que la misma norma fija. En el caso de las 9mm, la infracción constitucional es mas grave aún, al disponer que debe vendérsela a militares o policías. O sea, como obligarlo a quien tiene más de un auto a entregarlo gratis al Estado hasta que un militar o policía se lo compre en el precio que le dé la gana o lo pierde. Eso es robo de propiedad registrada mediante un DS.

Esto viola el derecho a la libre asociación, obligando al deportista a federarse para renovar su licencia. Como obligar a asociarse a un club federado (y pagar la cuota mensual) si desea jugar fútbol en una cancha o el Estado le robe sus chimpunes. Ya era grave que la ley prohibiera el ejercicio del derecho de propiedad de las armas calibre 9mm y que el TUPA encareciera los costos de renovación hasta el 20% o 30% anual del valor del arma, disparando la no renovación, el mayor problema que hereda la SUCAMEC.

Pero el ejercicio de estupidez normativa no acaba allí. Se incluye en el control de la hace años colapsada SUCAMEC las carabinas de balines, los sprays de gas pimienta, los "Stun guns" eléctricos, las que lanzan proyectiles de goma, los juguetes de airsoft (pelotitas de plástico) y paintball (pelotitas de pintura); de libre importación y comercialización en todo el mundo.

En claro afán de proteger la integridad de los pobrecitos delincuentes de los efectos de la autodefensa del ciudadano honesto, pretenden también restringir el libre acceso las armas no letales para su defensa, por no mencionar la ridiculez de incluir las armas de juguete. Menos mal que olvidaron el cuchillo de cocina, el palo de amasar, las hondas, trompos y huaracas. En política se asumen costos, cuando se solucionan problemas, en democracia se hace sin violar la ley ni la Constitución.

Pero las recientes modificaciones legales en materia de armas no solucionan la inseguridad, la agravan, empujando gran cantidad de armas legales hacia la informalidad y el mercado negro, limitando las posibilidades del tirador y cazador deportivos, quebrando las empresas de seguridad y facilitando el trabajo de los delincuentes. Cuando es reiterado el "error" del funcionario, sabio es desconfiar de sus reales intenciones.

El quijote constitucional

Una de las características más notables de los políticos mediocres (y de la gente estúpida en general) es su dedicación a las discusiones bizantinas, es decir, a ocuparse de temas triviales y estériles. Precisamente una inequívoca señal de estupidez es la incapacidad para hallar el orden correcto de las prioridades en función de la circunstancia, así como la tendencia hacía la sobrevaloración de lo fatuo y banal. La tan citada frase "discusión bizantina" proviene del siglo XV cuando los bizantinos se ocupaban de discutir sobre el sexo de los ángeles en momentos en que los turcos otomanos los cercaban con sus tropas. Pero de esos casos hoy tenemos hartos ejemplos en el Perú.

Hoy se produce algo muy similar por parte de una selecta casta de políticos mediocres, fracasados y, sin duda, estúpidos. Están empeñados en abrir un gaseoso debate para restituir la Constitución de 1979, como si fuera posible hacer un viaje en el tiempo hacía el pasado. Algo que solo cabe en una mente desquiciada. Semejante proyecto no pretende traer mayor prosperidad al país, no busca atraer más inversiones y generar más empleo, no intenta mejorar las condiciones de la educación pública ni ninguna otra posibilidad sensata para un cambio tan importante. No. Absolutamente nada de eso. Todo este disparatado proyecto se funda única y exclusivamente en una enfermedad mental o espiritual que se conoce como odio y resentimiento.

Los afiebrados promotores del retorno a la C-79 están sustentados tan solo en su odio fanático a Alberto Fujimori. Su verdadera intención es eliminar de la historia y de la faz de la Tierra todo rastro que recuerde a Alberto Fujimori, a quien ansían ver morir en prisión. Eso es todo el trasfondo de este proyecto. En buena cuenta. el Sr. Alberto Borea Odría pretende someter al país entero al absurdo de volver al pasado para satisfacer sus odios personales y su sentimiento de frustración personal. Y es que el golpe del 5 de abril de 1992, así como el triunfo de Fujimori en el 90, dejó una logia de resentidos y perturbados que no tiene paralelo en la historia, salvo en la Guerra del Pacífico que dejó un profundo sentimiento antichileno. Más o menos así es el resentimiento antifujimorista de estos políticos frustrados que hoy son encabezados por el Nobel MVLL.

Existe pues dos clases de antifujimorismo. El de los derrotados terroristas y sus amigos de izquierda, y el de los frustrados liberales que nunca pudieron ver su sueño realizado por la aparición de Alberto Fujimori. Ambos constituyen hoy el frente común del odio antifujimorista que procura lavar sus penas y frustraciones viendo morir en prisión al causante de sus derrotas. Pero además, quieren eliminar la Constitución que produjo.

El principal promotor del proyecto restaurador del pasado es el señor Alberto Borea Odria, un personaje de sinuoso recorrido en la política nacional. Su existencia empieza en la agitación callejera allá por febrero de 1975, cuando el diario Expreso publicó una foto donde Alberto Borea aparecía encerrado en un círculo y señalado como el líder de una banda de agitadores apristas que dirigían a las turbas de asaltantes dedicadas al pillaje y los saqueos durante los luctuosos sucesos del 5 de febrero, un día en que Lima ardió. Luego se alejó del APRA y en el 85 apareció en el PPC para ser elegido diputado, y luego senador en el 90. Lástima que su proyecto político se vio truncado por el golpe del 5 de abril del 92. Algo que nunca perdonará. Su última aparición no fue muy feliz, pues tuvo el coraje de lanzarse como candidato a la presidencia en el 2006, cosechando apenas 24 mil votos, equivalentes al 0.2%. Eso debiera ser suficiente para que un político se dedique a otra cosa.

Alberto Borea pasó a ser un conspirador y estuvo involucrado en el intento de golpe contra Fujimori en noviembre del mismo año. Luego se retira del PPC sin formar parte del CCD que redactó nuestra actual Constitución. Años después este saltimbanqui aparecería formando parte de los cuadros que apoyaron al improvisado Alejandro Toledo. Como recompensa disfrutó de cómodos cargos diplomáticos. Más allá de eso no ha hecho más que ruido político en los últimos años. Hoy aparece con este mamarracho de proyecto que a decir verdad ni siquiera es suyo, para variar.

Los primeros que intentaron restituir la Constitución de 1979 fueron los apristas, como muestra de fidelidad a la Constitución firmada por Haya de la Torre. Así lo anunciaron a fines de los 90 y esa fue su posición retórica por varios años. Sin embargo cuando llegaron al poder en el 2006 no mencionaron el tema. Saben bien la diferencia entre la retórica y la realidad. El Perú estaba creciendo y había asuntos mucho más importantes que ponerse a discutir cuestiones quiméricas y sentimentales.

Como han advertido diversos analistas, no hay más que razones tontas o "románticas" para proponer algo tan dramático y radical como el retorno a la C-79. Ninguna de las razones expuestas por estos quijotes de la Constitución del 79 resultan válidas. Ni siquiera con la elocuencia de Borea es posible distinguir un halo de coherencia y sensatez en ese intento descabellado. Decir que la C-93 es espuria carece de fundamento real y de sustento jurídico. Esta Constitución fue redactada por un Congreso convocado y elegido libremente para dicho fin, y conformado por diversos partidos representativos de nuestra nación. Más tarde incluso la Constitución fue sometida a referéndum, como nunca había ocurrido antes en la historia.

Por su parte, la Constitución de 1979 podría ser más ilegítima y espuria debido a que fue convocada por una junta militar con el expreso propósito de consolidar las reformas impuestas manu militari durante la dictadura. Ese fue el encargo recibido desde el gobierno militar. La C-79 se hizo mirando una realidad que era radicalmente distinta en el Perú y el mundo. Obedeció a una mentalidad que la historia ha demostrado que estuvo equivocada: el estatismo socialista. Incluso podríamos decir que dicha Asamblea Constituyente no fue muy representativa debido a que Acción Popular no participó, siendo entonces una de las principales fuerzas políticas del país, pues fue expulsada del gobierno en 1968 y luego retornó en 1980. Hubo pues allí un vacío muy importante en la visión de país que se requería.

Al margen de aquellos detalles históricos, hoy diversos expertos han comparado ambas constituciones llegando a la conclusión que -objetivamente- la actual Constitución es muy superior. Y debe serlo porque en el momento de su redacción el Perú y el mundo ya eran radicalmente diferentes. La C-93 incorpora todo el aprendizaje de la experiencia nefasta que significaron las empresas estatales, es más realista al restituir al mercado y al sector privado como ejes rectores de la economía y darle al Estado un rol subsidiario. Por último, si comparamos los resultados del país bajo ambas constituciones, no cabe duda alguna que nos ha ido mejor bajo el imperio de la actual Constitución.

Solo nos queda detener pues las ridículas arremetidas quijotescas de estos saltimbanquis de la política que andan buscando protagonismo y titulares. En el Perú estamos hasta el cuello de estos políticos dementes que solo nos conducen al debate estéril y a la retórica vacía.