jueves, 18 de julio de 2013

La mediocridad instalada


Escribe: El Comercio (editorial)

Mientras se escribe este editorial se escuchan, a unas pocas cuadras del edificio del Diario, las pifias al Congreso coreadas por la manifestación que se organizó con motivo de los nombramientos realizados ayer por el Parlamento.

Razones para estas pifias no faltaron. Para empezar, mientras que tres de los vocales nombrados para el Tribunal Constitucional (TC) –los señores Eguiguren, Blume y Sardón– son reputados constitucionalistas con una importante trayectoria académica, los otros tres parecen deberle su nombramiento solo al hecho de ser muy útiles para los partidos que los propusieron.

El señor Víctor Mayorga (popularmente conocido como el congresista ‘planchacamisas’) es un miembro del ala radical del Partido Nacionalista que en el 2011 permitió el acceso al Congreso al brazo político del MRTA para que lanzara una perorata en nombre de Néstor Cerpa Cartolini. ¿Podremos esperar la misma amabilidad de parte del señor Mayorga con los enemigos de la paz cuando le toque decidir sobre ellos desde el TC? Al Congreso, por lo menos, no le preocupa este tema.

Tampoco le preocupó al Parlamento designar como vocal al señor Rolando Sousa, un abogado que defendió el régimen fujimontesinista. Régimen que, entre otras cosas, atropelló sin asco al TC. ¿No debería ser requisito para ser vocal de esta importante institución haberle guardado respeto en el pasado? Por lo visto, no para el Congreso.

Los cuestionamientos al señor Sousa, además, no terminan ahí. Su estudio de abogados es conocido por haber defendido a diversos condenados por delitos de corrupción, violaciones de los derechos humanos; a acusados de narcotráfico y lavado de activos. Un currículo difícilmente compatible con un puesto que encarna la defensa de la Constitución y las libertades.

Asimismo, tenemos como nuevo vocal al ex congresista Cayo Galindo Sandoval, un señor que no tiene ninguna experiencia profesional en temas constitucionales que resaltar y que, lamentablemente, solo es conocido por dos hechos. Primero, porque en el 2009 fue suspendido 120 días del Congreso por realizar una protesta en sus instalaciones (lo que él cuestionó a través de una acción de amparo pendiente de verse, para su suerte, en el TC del que ahora él es parte). Segundo, por haber sido acusado de haber influido en la entrega ilegal de permisos de pesca por 1.440 toneladas mientras fue jefe del gabinete de asesores del Ministerio de la Producción.

Por otro lado, con la misma falta de seriedad con la que el Congreso realizó estas tres designaciones nombró además a la defensora del Pueblo. La señora Pilar Freitas ha sido cuestionada por su actuación como procuradora del gobierno de Fujimori, al haber defendido a los jueces que fallaron en contra de Susana Higuchi (caso que según Montesinos habría sido arreglado) y al haber perseguido al señor Baruch Ivcher. También ha sido cuestionada por haber sido destituida del cargo de superintendenta nacional de Registros Públicos, por haber tenido un aparente conflicto de intereses para ser designada presidenta de la Fundación Canevaro en el gobierno de Toledo, entre otras cosas. La señora Freitas se ha defendido de sus críticas con diversas explicaciones aún en discusión. No obstante, para no permitir que se debilite de partida una institución tan importante como la defensoría, bien pudo el Congreso buscar un candidato incuestionable, como lo fueron los antecesores de la señora Freitas.

Estas decisiones, además, se produjeron un día después de que se difundieran audios que mostraban a las bancadas, escandalosamente, repartiéndose por pedazos los nombramientos como quien se reparte una torta. Y todo esto a vista y paciencia del país entero, mostrando que si algo le falta al Congreso es sangre en la cara.

Pero nada de esto importó. Tanto así que Jaime Delgado, vocero de Gana Perú, no tuvo empacho en pedir que cesen los cuestionamientos porque fue “una votación complicada y difícil”. Alguien debería explicarle al congresista que más complicado y difícil es para los ciudadanos aceptar que tenemos que vivir con el Congreso del que él forma parte.