sábado, 18 de noviembre de 2017

La mermelada debe terminar definitivamente


Escribe: Dante Bobadilla Ramírez

Al fin tenemos un proyecto de ley dirigido al propio Estado y no a la sociedad, como es ya costumbre de nuestros políticos. El proyecto de ley presentado por Mauricio Múlder que pretende prohibir la publicidad del Estado en medios privados, es una gran novedad legislativa que puede tener un gran impacto en nuestra realidad sociopolítca. 

Desde luego que estamos completamente a favor del proyecto de Mulder. Es bueno desde todo punto de vista. En primer lugar es bueno porque evita despilfarrar fondos públicos es publicidad. ¿Para qué necesita publicidad el Estado? Ese es el primer punto a debatir. 

La publicidad está destinada a promover el consumo y dar a conocer algún nuevo producto o servicio con los mismos fines de consumo. En tal sentido, no hace ninguna falta que el Estado haga publicidad pues no vende nada y sus servicios son obligatorios y monopólícos, como es el caso las licencias y documentos, o son alternativas voluntarias, como en la salud y educación. No tiene pues sentido que el Estado haga publicidad. 

Es inmoral gastar el dinero de los contribuyentes en una publicidad insulsa destinada únicamente a recordarle a la gente que tal Ministerio existe. Todos hemos sido testigos de la ociosa publicidad estatal que se oye en las radios, destinada a recordarnos que existe un Ministerio de la Mujer o del Ambiente, por ejemplo, pues no hay otra forma de que la población se entere.

Pero más allá de la inmoralidad del gasto insulso de fondos públicos, está la abierta manipulación de la prensa a través de la compra de sus favores mediante la publicidad estatal. Es un hecho notorio que varias dependencias del Estado se han dedicado a repartirle dinero a manos llenas a los medios de comunicación para favorecer determinadas políticas. Tal fue el caso del Ministerio de Educación durante la gestión del maravilloso Jaime Saavedra. 

La compra de medios por parte del Estado a través de la publicidad, se ha convertido en los últimos gobiernos en una práctica mafiosa. Especialmente durante el gobierno de Ollanta Humala. Hoy la publicidad del Estado es una parte importante de los ingresos de los medios de prensa, tan venidos a menos por la aparición de la Internet, pero fundamentalmente por la penosa mediocridad en la que han caído todos, en particular el decano de la prensa peruana. Es sabido que medios como La República solo viven de la publicidad del Estado y poco más. 

En consecuencia, es momento de ponerle fin a la publicidad del Estado, no solo porque no la necesita sino porque es el vehículo perfecto de la corrupción. Los gobiernos se siente blindados por la prensa gracias al chantaje de su publicidad. Los ministros pueden disfrutar de fama y despertar cariño popular gracias a la publicidad con que riegan a los medios de prensa y a ciertos periodistas. Esto no puede seguir siendo parte del escenario político. Debe terminar.

Pero hay que dar la batalla porque los medios mafiosos no se quedarán callados. La República ya salió a engañar con falsos titulares que hablan de "atentado a la libertad de prensa". Hay que poner las cosas en claro. Este proyecto de ley no es una "ley de medios" como la están llamado mañosamente en la prensa mermelera. Es una ley de publicidad estatal. No restringe ninguna libertad, ni de prensa ni de expresión. Los medios pueden seguir publicando la misma basura de siempre, pero ya no lo harán financiados por dinero público. Esa será toda la diferencia. Así que su libertad de prensa y de expresión están garantizadas.

El Estado, como cualquier otro anunciante, es libre y tiene todo el derecho de determinar dónde y cómo coloca su publicidad, si es que la necesita. Si el Estado decide usar solo globos aerostáticos y paneles en las carreteras, nadie le puede reclamar. Es ridículo, desde todo punto de vista, que los medios salgan a llorar porque el Estado ya no les da su mermelada. Es penoso, además.

Lo mejor que le puede ocurrir al país es que al cortar la mermelada que el Estado les reparte a los medios en forma de publicidad, estos van a tener que ponerse a trabajar de verdad, tendrán que hacer verdadero periodismo y competir para ganarse el favor de la gente y de sus anunciantes. Por otro lado, el Estado ahorrará varios millones que pueden ser más útiles en la compra de medicamentos y equipos para los hospitales.

En resumen, aplaudimos el proyecto de ley de publicidad estatal presentado por Mauricio Múlder y esperamos que la bancada mayoritaria le de todo su apoyo. Es positivo para el país desde todo punto de vista.

El Perú en manos de la mafia del siglo XXI


Escribe: Dante Bobadilla Ramírez

La corrupción y la mafia tienen muchas formas. En los últimos 16 años el Perú cayó en la más sofisticada mafia de su historia, con las más variadas formas de corrupción. Se ha consolidado un modelo perfecto, que combina no solo el poder político sino que tiene su propia ideología y programa de acción. Por eso se hace tan difícil de combatir: se ha mimetizado en el Estado y hasta en la mente de los ciudadanos. Es decir, los corruptos nos roban mientras nos hacen creer que luchan contra la corrupción.

El inicio de la podredumbre fue el derrumbe de los partidos políticos y el surgimiento de una nueva clase dirigente compuesta de puros saltimbanquis, improvisados y trepadores sin escrúpulos, que ambicionaban el poder y la gloria para sí mismos. No tenían nadie a quien responder, carecían de estructura partidaria. El partido fue cambiado por un club de amigos o algo peor que eso: un clan de chupamedias.

El primer espécimen de este tipo fue Alberto Fujimori. Nunca quiso tener un partido y su única doctrina fue luchar contra el terrorismo. El mayor problema para Alberto Fujimori fue que al remediar rápidamente el desastre económico del país y derrotar al terrorismo, se quedó sin excusas para continuar en el poder. Si la gente siguió votando por él fue porque además de gratitud carecían de alternativas más seguras. Hasta allí solo quedaba una competencia entre personas. Y en esa competencia Fujimori arrasaba electoralmente. La corrupción de su régimen estaba orientada básicamente a mantenerse en el poder, no en enriquecerse. El Estado no estaba rebosante de recursos, como sí lo estaría en el nuevo milenio.

Tras la caída de Fujimori, emerge un nuevo escenario. Ya no había que luchar contra la inflación ni contra el terrorismo. ¿Cuál sería el fantasma al que habría que combatir? ¿A qué enemigo tendrían que enfrentar los políticos del nuevo milenio para motivar el apoyo del pueblo? Allí es cuando a Alejandro Toledo se le ocurrió que el nuevo enemigo sería el fujimorismo y que la nueva doctrina política sería el antifujimorismo. Ahora la tarea política se reducía a mantener la economía en piloto automático y luchar contra el fujimorismo. Eso era todo. Pan comido. La fórmula funcionó mejor cuando el Estado empezó a llenarse de recursos con el alza de los minerales. 

Toledo convirtió la política en un circo permanente con la captura de fujimoristas como una limpieza étnica; luego el juicio a Fujimori se transmitió como una gesta patriótica. La CVR oficializó el antifujimorismo como doctrina, la izquierda creó el circo callejero antifujimorista y luego usaron las redes sociales con éxito para regar su basura antifujimorista a los jóvenes. La arremetida fue total y una nueva realidad se instaló.

Mientras tanto, la mafia caviar se estableció con todo su poder extendiendo sus tentáculos a lo amplio del Estado. La crisis de partidos se consolidó con una de las más absurdas reformas electorales que le abrió las puertas a las mafias locales a lo largo y ancho del país, con el cuento de la descentralización. Mientras tanto la izquierda se extendía por toda Latinoamérica, desde Cuba y Venezuela hasta Argentina y Uruguay, pasando por el poderoso Brasil. No tardaron en sentar sus bases en el Perú, donde la izquierda ya se había encaramado en el poder. 

Mientras entretenían al pueblo con el circo callejero del antifujimorismo y los mitos de horror sobre los 90, la mafia establecía un nuevo modelo de corrupción en el Perú, más sofisticado y amplio, pues iba desde los megacontratos multimillonarios del Estado en obras que en, muchos casos, carecían de sentido y relevancia, como la carretera Interoceánica, la refinería de Talara o el gasoductor del sur, hasta una nueva modalidad de robo menor a gran escala compuesta por contratos de asesorías, estudios y consultorías. El dinero del Estado era usado para repartirlo entre los amigos del régimen de muchas maneras, incluyendo publicidad en medios de comunicación. 

Lo que hoy apreciamos con tristeza es que los peruanos fueron timados a lo largo de estos 16 años. Mientras les hacían creer que luchaban contra la corrupción montando el circo antifujimorista, en realidad extendían su propia red mafiosa instalando a sus compinches en cargos estratégicos, y utilizando los recursos del Estado para comprar los favores de la prensa y ciertas instituciones. Hoy es obvio que la mafia ha infiltrado instituciones y medios. Es público y notorio el descaro con que estos encubren a ciertos personajes, enredando los procesos y buscando formas de trabar la justicia.

Es hora de reconocer que estamos en manos de la mafia, que la mafia controla los resortes de varias entidades, que dirige medios de prensa y TV, y que no está muy dispuesta a dejarse derrotar. Todavía siguen empleando el show del antifujimorismo con absoluto descaro. No quieren hablar de los actos de corrupción de su propia gente. Se pasan la vida investigando los cocteles de Keiko mientras ocultan bajo siete llaves los fondos que financiaron la millonaria campaña de Susana Villarán, tanto en la revocatoria como en su intento de reelección. De eso no dicen una palabra. 

La “lucha anticorrupción” es un show dirigido básicamente a fustigar a los mismos personajes de siempre, mientras los corruptos del nuevo milenio siguen encubiertos y protegidos, sin ser siquiera mencionados por la prensa, y sin que ningún opinólogo se digne a dedicarles una sola columna. Andan muy entretenidos arrojando humo. Ya ni siquiera quieren ser investigados por el Congreso. En este nuevo escenario, el Congreso ha dejado de ser el primer poder del Estado para ser convertido en enemigo del Estado de derecho. La mafia se resiste a ser cuestionada. Los mismos que ayer montaban comisiones para investigar a sus enemigos, hoy exigen que el Congreso no investigue a la mafia instalada en el Estado.

viernes, 17 de noviembre de 2017

La inmunidad de la izquierda para insultar


Escribe: Dante Bobadilla Ramírez

Ya estamos acostumbrados a los excesos de la izquierda. Los rojos son un sector de perturbados que creen que el fin justifica los medios. Por eso se sienten con libertad y hasta con derecho para apelar a toda forma de acción política, desde los insultos hasta las marchas violentistas, para no mencionar el terrorismo. Y para colmo se sienten plenamente justificados para actuar como lo hacen. Ellos siempre son los buenos de la película, los luchadores sociales que buscan la justicia.

Como parte de ese padecimiento mental, a la congresista izquierdista Indira Huilca no se le ocurrió mejor idea que inventar la estrambótica y deningrante frase "Perú, país de violadores", como parte de su indignación y activismo social en contra de las violaciones. Digamos que el exabrupto puede quedar allí y se entiende como una reacción no muy razonada. Sin embargo, en vez de pasarlo por alto y dejarlo en el olvido, los psicópatas de izquierda lo convirtieron en lema de campaña. 

Obviamente allí las cosas cambian. Hay que ser un verdadero pirañita para emplear semejante frase como un lema oficial de campaña, siendo tan brutal y ofensiva. Son muchos los peruanos que se sintieron ofendidos y protestaron por semejante atrevimiento. Pero, para variar, los angelitos del progresismo salieron en defensa de la barbaridad. Y es que los rojos son así. Ellos nunca se equivocan. Siempre harán frente común para defenderse como una jauría de hienas asustadas. 

Tanto la congresista Huilca como su colega Marisa Glave, persisteron en emplear esta frase como lema de campaña, pese a las críticas. Como consecuencia, han sido acusadas ante la Comisión de Ética del Congreso. Claro que esto ha indignado a la progrería en pleno. Ya salieron en manada a condenar la medida con los tradicionales argumentos de "atentado a la libertad de expresión" y "abuso del fujimorismo". Eso les indigna pero no la frase que ofende a los peruanos y denigra al país. Hasta El Comercio ha sacado un editorial en defensa de las agresoras progresistas.

El problema es que las congresistas no son como cualquier persona de la calle que puede dedicarse al vandalismo en las redes sociales. Como congresistas están sujetas a un código de ética. Ser parte de una institución ciertamente limita las libertades porque hay que sujetarse a los requerimientos que el cargo o la membresía exigen. Toda libertad se ejerce bajo responsabilidad. No existe ninguna libertad que sea total y desenfrenada. Las libertades tienen un límite, y es que ninguna libertad puede afectar los derechos de los demás. Nadie es libre para insultar a otro y menos para denigrar la imagen de nuestro país. Esto es lo que tienen que tener en claro las congresistas antes de ponerse a tuitear frases ofensivas y denigrantes.

Que ahora vengan a decirnos que su intención no era ofender sino "visibilizar el problema" carece de sentido. Es como arrojarle una pedrada a alguien con la excusa de llamar su atención. Los padres de la patria no pueden ofender a los peruanos. Deben tener una conducta mesurada y alturada, o serán sometidos a la disciplina de la institución. Así de simple. Hasta en un club de barrio hay normas que respetar. Con mayor razón en el Congreso de la República ejerciendo la representación nacional.

En lugar de salir a cacarear en defensa de las cuestionadas congresistas, harían bien los progres y caviares en reconocer que fue un exceso pregonar una frase tan infeliz. Estas congresistas por lo menos deberían reconocer su error y pedir disculpas. Pero eso es pedir peras al olmo cuando se trata de personajes de la izquierda esquizofrénica. Ellos jamás reconocerán un error. Lo que debe hacer la Comisión de Ética es suspender a esas congresistas aunque sea por 30 días para que aprendan a comportarse con sensatez y respeto a los demás.