Tanto el gobierno como la derecha tradicional se han dejado atarantar y arrinconar por la izquierda. Si uno mira el panorama político encuentra que la izquierda siempre tiene la delantera y está en permanente movilización. El repertorio de la izquierda es muy amplio. Va desde las asonadas violentistas vandálicas con ribetes de terrorismo urbano, hasta las arremetidas jurídicas organizadas por las oenegés de DDHH, pasando por las campañas mediáticas a las que se suman una buena colección de candelejones de la prensa nacional que siempre están tirando hacia la izquierda.
Pero lo más patético es comprobar que ni el gobierno ni la derecha tienen los reflejos ni la capacidad para ir al debate ideológico a desmentir o desvirtuar las afirmaciones de la izquierda. Muy por el contrario, tienen la tentación de la pose correcta y salen a confirmar el mensaje de la izquierda con frases como "respetamos el derecho a la protesta" o lo más aberrante: "la protesta es un derecho constitucional", algo que es completamente falso. En la Constitución no hay ningún "derecho a la protesta" ni lo hay en la carta interamericana de los DDHH. Tampoco allí existe tal derecho. Lo que hay es literatura izquierdista que pretende amparar las protestas haciéndolas pasar como un "derecho fundamental".
Ni siquiera los congresistas han tenido el tino de hacer una ley que regule las protestas, como hay en otros países. Una ley que empiece por definir qué es una protesta válida y cuáles son las formas y etapas válidas de protestar para exigir derechos. Porque la única forma de protesta que puede admitirse en una democracia es aquella que está destinada a reclamar derechos conculcados. Y toda protesta debe empezar con un oficio escrito que detalla las demandas, enumerando los derechos conculcados, y presentado a las autoridades competentes, además de la Defensoría del Pueblo, con un plazo para ser atendidos antes de pasar a la siguiente etapa de la protesta que puede ser una movilización pacífica, un plantón, una vigilia, etc. Pero en ningún caso la violencia. Y toda forma de protesta debe tener responsables identificados.
¿Cómo es posible que se considere "protesta" a que una plaga de ignorantes arreados por dirigentes politizados y extremistas, salga a exigir el cierre del Congreso, la liberación de Pedro Castillo y su reposición en el poder, la convocatoria a una Asamblea Constituyente? Eso no es una "protesta" en ninguna parte. Eso es una "agenda política" y no se puede admitir que nadie imponga su agenda política mediante la violencia. Eso debería estar penado en cualquier democracia decente y todo partido o movimiento que apele a esa estrategia debería ser proscrito. Así de simple.
Todo acto de violencia política debe ser castigado, aun cuando se desarrolle en el marco de una protesta. Los responsables de la protesta responderán por cualquier acto de violencia que se cometa en el desarrollo de su protesta, salvo que entregue al autor. Las protestas deben acatar las disposiciones de la autoridad y no enfrentarse a ellas. Cualquier acto de violencia masiva contra las fuerzas del orden autoriza a estas a actuar en consecuencia.
En fin, esta es la clase de normas que existen en cualquier país civilizado. ¿Por qué no se hacen acá? Por dos razones: 1) a la izquierda no le interesa ni le conviene tenerlas. Siempre se han opuesto con el argumento de que se quiere "criminalizar las protestas", como si estas no fueran criminales cuando asaltan aeropuertos, incendian locales públicos y privados, bloquean carreteras y apedrean a la policía o la atacan con bombardas dejándolos heridos y hasta muertos. 2) A la derecha se le pasea el alma y siempre deja a la izquierda con las manos libres. Como resultado, la izquierda es dueña del escenario. Crea conflictos y sabe que tarde o temprano ganará.
Con el apoyo de las oenegés nacionales e internacionales la izquierda apabulla al gobierno y crea presión para que los cobardes de la fiscalía empiecen a abrir instrucción contra los miembros policiales, militares y hasta contra las autoridades políticas. Al final los terroristas andan libres, los muertos son condecorados como mártires y sus familiares resarcidos económicamente por el Estado al que atacaron. Pero lo peor es que ponen una espada de Damocles sobre las cabezas de las autoridades políticas, policiales y militares que ya no estarán dispuestas a enfrentar las próximas asonadas terroristas de la izquierda porque no hay leyes ni autoridades que los defiendan.
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