En el limbo electoral

Escribe: Dante Bobadilla Ramírez

El panorama electoral es un desastre. Parece que hubiera sido afectado por el fenómeno del Niño, pero no, en realidad es un desastre en el que varios tienen la culpa: el Congreso por demorar las reformas y darlas a última hora, el gobierno por tardar en la convocatoria de elecciones, los partidos por presentarse en masa el último día del plazo y, por último, las autoridades electorales que se han visto rebasadas en su labor, pero también por su falta de decisión jurídica oportuna y firme. Es claro que les ha temblado la mano para adoptar una decisión dura y atípica. Por ahora seguimos en el limbo electoral y con candidatos macerándose en salmuera. ¿Qué hacer?

Lo primero es dejar de decir estupideces, como que hay un fraude en ciernes. Nadie se ha inventado las faltas del señor Julio Guzmán y su partido fantasma. Son ellos mismos los que cometieron la imprudencia de modificar sus estatutos a la última hora y hacerlo mal. También se han tomado sus tiempos en cada etapa de la gestión desde que el ROP les hizo las observaciones a principios de diciembre, mucho antes de que Guzmán apareciera en las encuestas. O sea, el problema es real. Nadie lo ha inventado. Acá no hay fraude, no hay mano negra, solo mano temblorosa. No hay veto alguno, como sostienen con audacia pero con gran irresponsabilidad distinguidos opinólogos.

Otra actitud bastante infantil es opinar que deberían dejarlos participar a Guzmán y Acuña para que les ganen en la cancha. Es decir, la criollada: dejemos de lado la ley. ¿Qué es eso de andar fijándose en los reglamentos? El psicoanalista Jorge Bruce lo ha llamado "fetichismo legal". Puede que ellos tengan esa actitud personal pero no se le puede exigir eso a las instituciones encargadas de aplicar la ley y hacer respetar las normas. Realistamente, no podemos salirnos del marco de la ley. Así que esa clase de opiniones también resultan bastante inapropiadas.

Hay otro grupo de opinantes intermedios que pretenden esquivar la ley disimuladamente, dicen que se debe ver más allá de la ley, interpretar el espíritu de la ley, apoyarnos en el mandato constitucional. Esta puede ser una opción jurídica válida, dentro del relativismo legal que caracteriza a cierto tipo de magistrados, como los que apelaron a la "autoría mediata" para clavarle 25 años a Fujimori. Tal vez al final tengamos esa extraña solución.

También deberíamos ver más allá del proceso electoral. Hay que mirar la institucionalidad democrática del país y los riesgos que corremos al abrirles paso a aventureros. La idea general que ha venido primando hace diez años es precisamente reforzar la institucionalidad de la democracia fortaleciendo los partidos y regulando la participación electoral con más cuidado. De eso se trata finalmente. Acá no hay candidatos vetados sino faltas al debido proceso. El señor Julio Guzmán es un hombre joven que puede volver a postular 6 veces más hasta alcanzar la edad de PPK. Nadie lo ha vetado como candidato. Su proceso de inscripción está viciado. Eso es lo que pasa.

Incluso en un campeonato de barrio existen normas. Los equipos para competir tienen que presentarse completos y bien uniformados. Si el árbitro le saca tarjeta roja a un jugador, hay que acatar la decisión. Así son las reglas del juego y todos debemos cumplirlas. Con mayor razón si se trata de un proceso electoral para elegir a las máximas autoridades del país. Esperemos que la cordura primer entre los magistrados y también entre los participantes, si es que finalmente son retirados. No necesitamos enturbiar más este proceso con marchistas de protesta ni acusaciones de fraude, ni mucho menos anunciando falta de legalidad al próximo gobierno, que es el mayor disparate que he leído. Tienen que tomarse su valeriana varios, incluyendo periodistas.

Esto es todo amigos

Escribe: Dante Bobadilla Ramírez

Al fin ocurrió lo que legalmente tenía que ocurrir: excluyeron a Julio Guzmán del proceso electoral, aunque esta medida está aun por confirmarse, y, si es que no hemos retrocedido a la categoría de república bananera, el fallo debería confirmarse. No hay de otra legalmente hablando. Lo demás son tinterilladas y charlatanería seudojurídica acerca de valores supremos y derechos que no vienen al caso invocar. La ley es la ley y se aplica a todos igual, y si no las eliminamos y pasamos a ser un país de salvajes que arreglan sus diferencias a pedradas y balazos con marchas y bandas.

El problema del JEE y JNE es que, como toda burocracia, se toman demasiado tiempo. Por lo menos el fallo del JEE contra Julio Guzmán ha sido por unanimidad, rectificándose de la barbaridad que hicieron antes al concederles un plazo para "regularizar" una cosa que no tenía forma de arreglar. El único culpable de todo esto es el mismo Sr. Julio Guzmán y la tira de ineptos que lo asesora o lo rodea, pues no han sabido hacer las cosas debidamente. 

Dirán que nadie se quejó de lo que hacían en la sala Guzmán y sus cuatro amigos, que no dañaron a nadie, etc. Si pues, pero las leyes se han dado también para detectar a estos clubes de Toby que no son partidos sino bandas organizadas a última hora para meterse a la política sin tener ideas ni cuadros. Ya es hora de ponerles freno a estos saltimbanquis. No queremos más Ollantas ni partidos nadinistas. ¿Ya ven en qué quedó el supuesto Partido Nacionalista de los Humala-Heredia? Esas asociaciones políticas para delinquir deberían tipificarse ya en el Código Penal.

Si lo que queremos es fortalecer los partidos políticos y la institucionalidad democrática, pues que nadie se queje de los resultados de aplicar las leyes que se han hecho con ese expreso propósito. Es ridículo que se pidan leyes y luego se pida que no se apliquen porque no nos gustan los resultados. Así no es. Dura lex sed lex. (la ley es dura, pero es la ley). Algo que le resulta muy difícil asimilar a las sociedades informales y subdesarrolladas acostumbradas a hacer las cosas a la criollada.

Para terminar, la reacción de Julio Guzmán ha sido la más infantil que cabía. Se despintó totalmente como líder político. Apeló a la burda tesis del complot y del fraude, achacándole responsabilidad a los demás partidos y, para variar, se fue contra el Apra y el fujimorismo, un lugar común de los sectores más cavernarios de la política peruana. Convocó a una concentración contra el fraude en la Plaza San Martín y solo hizo el ridículo al reunir unas trecientas personas, sin contar el numeroso séquito de seguridad pagada y uniformada con que se moviliza a todos lados oliendo a Yambal. 

Fraude sería que al final de sus apelaciones el JNE le permita entrar en la campaña. No solo sería una clara evidencia de fraude, ya que estaría contraviniendo expresamente las leyes, sino que nos degradaría como país, ya que toda seguridad jurídica se vendría por los suelos. Habría que derogar en el mismo acto todas las leyes electorales, pues ya carecerían de sentido. Esperemos pues que la ley sea respetada sin tinterilladas.

Los refritos de la campaña electoral

Por Dante Bobadilla Ramírez

Fuente: El Montonero

¿Cuál es la principal idea que se discute en esta campaña? La renegociación de los contratos de gas, que es básicamente una tesis reivindicativa patriotera de cuño nacionalista, como la que levantaba Ollanta Humala frente al triángulo terrestre y, más atrás, Velasco Alvarado frente a Brea y Pariñas. En buena cuenta, no es una idea sino un refrito de campaña. Una posición política a la que se han ido sumando otros, uno por uno, para no quedarse atrás. Y esto es lo más lamentable de esta campaña: ningún candidato tiene identidad propia. Se acomodan a las ideas que más o menos van tomando fuerza en el ambiente. Hasta se reclaman la autoría.

El mismo PPK que inicialmente ridiculizó la tesis de renegociar los contratos, reculó. Otra vez, volvemos a ser un país impredecible, donde los contratos del Estado son revisados cada vez que entra un nuevo gobierno. ¿Qué pasó con la actitud anterior de “vamos a respetar los contratos firmados” que se escuchó desde tiempos de Toledo? Vamos de mal en peor.

Todos los candidatos proponen estatismo progresista y populismo regalón. La verdad es que necesitamos un verdadero antisistema, alguien que vaya en contra del actual modelo que ya no tiene nada que ver con el “neoliberalismo” pues solo es un estatismo refinado. El Estado se ha metido hasta en la sopa regulando los más inesperados escenarios y creando monstruos como la SUNAFIL, con una labor de acoso y abuso contra las empresas. Ya no solo se trata de la SUNAT. Hemos llegado al colmo de regular incluso un escenario que casi no existe: el del trabajo en casa vía internet. Siempre con el refrito de “proteger al trabajador”.

¿Todavía podemos hablar de “libre mercado” en el Perú? Los “defensores del consumidor” se han encargado de atosigar a las empresas logrando que ya no se den ofertas o impidiendo la venta de ciertos productos en colegios y alrededores para “proteger la salud”. Exigiendo etiquetados especiales (como si alguien leyera las etiquetas) para “garantizar la información”. Se obliga a las instituciones educativas a brindar el servicio, aunque los padres no paguen, para “defender el derecho a la educación”. ¿No sería mejor que sean los padres quienes evalúen la prioridad de sus gastos en lugar de una manga de congresistas irresponsables y poseros, dados a defender sectores, derechos e ideales a costa de la empresa, el mercado y la libertad?

Podemos mencionar una retahíla de leyes atroces que han acabado con el libre mercado y la libertad del ciudadano a tomar sus propias decisiones y prioridades y correr sus riesgos. El progresismo y su obsesión por la regulación ha puesto en jaque el libre mercado hace rato, y no es que estemos mejor que antes sino todo lo contrario.

Y no hablemos del mercado laboral. Acá no hay libre mercado por ningún lado. Anda tan regulado en busca de proteger y defender los sacrosantos derechos laborales que el 70% de los trabajadores son informales. Sin embargo nadie quiere ponerle el cascabel al gato. Todos prefieren seguir en el delirio de “defender los derechos del trabajador” antes que pisar tierra. Peor aún, continúan creando “derechos” a costa de la empresa. Hoy la empresa es casi una beneficencia. Le han impuesto cuotas de discapacitados y la obligación de hacer lactarios para madres trabajadoras, entre otras medidas. Este tipo de “derechos” solo conduce a evitar la contratación o a bajar los sueldos. En general, todos los falsos derechos creados alegremente por la demagogia política a costa de la libre empresa, conducen a la precarización del empleo. Lo curioso de todo esto es que el Estado cuenta con regímenes especiales que les permite tener trabajadores sin derechos, exigibles solo a las empresas privadas.

Mientras todos prefieran seguir posando en la defensa de derechos y nadie tenga el valor de discutir las cosas que están mal, planteando soluciones realistas y asumiendo una identidad política propia, solo nos queda navegar por este mar de la mediocridad que nos ofrecen la docena y media de candidatos, hasta encallar y empezar a hundirnos, si es que ya no hemos empezado hace cinco años. ¿O alguien cree que vamos mejor?