La izquierda hace su negocio

Escribe: Dante Bobadilla Ramírez

Toda la izquierda anda feliz por estos días al ver en la televisión las imágenes del caos que sus hordas salvajes están provocando en Arequipa. Deben sonreír por cada piedra que ven cruzando el cielo con rumbo a los policías, deben saborear la sangre que cubre el rostro de los agentes del orden, deben exitarse cuando un policía es cargado a la ambulancia, deben, al fin, sucumbir ante el orgasmo cuando escuchan que Tia María es inviable.

Sin duda evocarán los heroicos días de Conga, cuando la turba se apoderó de la ciudad impidiendo que la gente desarrolle libremente sus actividades, tal como ocurre hoy en Arequipa, donde nadie puede abrir una tienda o salir a trabajar a riesgo de ser apedreado por una gavilla de enardecidos salvajes que dicen defender al pueblo. Y los jóvenes universitarios, como siempre, eternos tontos útiles de la izquierda, en su natural inmadurez mental, presos de su inevitable estupidez juvenil, inflamados por su elevada carga de testosterona, se han sumado a la barbarie con el rostro cubierto cual cobardes delincuentes. Es el reflejo del valor de las ideas en un país donde las universidades sirvieron de refugio y matriz para el terrorismo.

La verdad es que toda esta plaga de desadaptados y cobardes tirapedreros no representa a nadie. Son una minoría. Siempre lo fueron. Por eso nunca ganan las elecciones. De allí su frustración permanente y sus formas demenciales de protestar tratando de imponerse por la fuerza. Lamentablemente lo logran porque una minoría salvaje es suficiente para causar estragos fatales en una sociedad. Ocurrió en Cajamarca en los días en que 130 españoles a caballo se impusieron a punta de mosquete y sable a 8 mil incas, y ocurre hoy cuando una miserable plaga de langostas de izquierda semi terrorista, escudada en el discurso ambiental, se apodera de los pueblos y los valles a huaracasos, bombas incendiarias con el accionar típico de hordas salvajes que intimidan a la población.

Aprovechando la ocasión, los diferentes frentes de la izquierda cavernaria como el SUTEP, la CGTP y Construcción Civil, entre otros, se han sumado a la carga con sus respectivas movilizaciones. Tal parece que le quieren cobrar la factura a Ollanta Humala por haberlos dejado tirando cintura luego del apoyo que el rojerío en pleno le brindó para subirse a la presidencia. Hoy sacan los videos en que Ollanta y su caterva de trepadores fanfarroneaban con su apoyo a las protestas. Allí se ve a Ana María Solórzano, pedicurista de Nadine que hoy ejerce la presidencia de un Congreso que tocó fondo desde la llegada del nacionalismo. Se ve también a Ollanta Humala con el típico discurso barato de un predicador de la izquierda agitadora, gritando maldiciones contra la gran empresa y prometiendo oír la voz del pueblo. Hay que recordar a la vicepresidenta Marisol Espinoza azuzando a los nativos en Bagua con la mentira de que les iban a quitar sus tierras. Nada es más fácil que engañar a la gente, crearles miedo y odio. Ese es el negocio de la izquierda. 

No hay ninguna duda de que Marco Arana, el eterno agitador antiminero, parásito vividor del ambientalismo oenegiento que pasó de ser predicador bíblico a experto en ecosistemas, sueña también con llegar a la presidencia con el mismo discurso y estrategia. Está rodeado de media docena de apóstoles que fungen de técnicos especialistas en medio ambiente y desarrollo sostenible, pero tienen un discurso gastado que se remonta a los años 60 en que ya se proponía la diversificación productiva, pero nunca pasó de ser más que un lindo discurso político inviable. Se trata de otro cuento infantil destinado a mentes jóvenes que ignoran el fracaso de estas ideas en el pasado. No tienen nada que ofrecer sino idealismo infantil y más fracasos, que luego encubrirán, como siempre, con su ya tradicional disculpa de las buenas intenciones. 

Así las cosas el gobierno del pelele puede terminar en el naufragio. La izquierda es muy capaz de incendiarle la pradera porque para eso viven. Es un sector de enfermos mentales que creen tener la fórmula del paraíso perfecto, el cual pretenden imponer a sangre y fuego aniquilando a todos los que se opongan. Lo han hecho siempre, acá y en todo lugar donde existen estas alimañas. Ya los conocemos. Son los mismos aunque ahora tengan un discurso ecologista y hablen de DDHH. Lo que no han cambiado es su estrategia violentista y su odio al progreso, a la ley y al Estado de derecho.

El verdadero rostro de la izquierda

Escribe: Dante Bobadilla Ramírez

El Perú está literalmente a merced de una plaga de antimineros que actúa impunemente en todas las regiones generando el caos, sin que nadie vaya preso. ¿Dónde estamos? Somos un país sin ley ni autoridad. Realmente patético. Nadie tiene los pantalones para imponer el orden. Desde que Alejandro Toledo asumió el poder se desató la ola de levantamientos regionales que no ha cesado hasta la fecha, dejando un saldo lamentable de muertos, heridos y millones en pérdidas. ¿Hasta cuándo tenemos que tolerar a estos desadaptados que se sienten dueños del país?

No nos dejemos engañar con el discurso de la izquierda. Acá no se trata del pueblo ni de campesinos sino de auténticos agitadores profesionales que están muy bien organizados y financiados. El rollo es exactamente el mismo en todos lados: no a la mina. Pero a la gran minería, no a la otra, la que de verdad destruye y contamina. Esa puede seguir depredando los bosques, envenenando los ríos, invadiendo las reservas naturales, pisoteando los santuarios arqueológicos, generando otras mafias, corrompiendo políticos y prostituyendo niñas. Contra ellos nadie se levanta. ¡No! Ellos son intocables.

La bronca de los valientes antimineros es sólo contra las grandes empresas mineras transnacionales que invierten miles de millones tras largos y complicados trámites, estrechamente vigilados por diferentes sectores del Estado. La pelea es contra las grandes empresas que utilizan las más avanzadas tecnologías con mayor cuidado ambiental, que más empleo formal producen, más tecnología desarrollan, más requerimientos locales y dinamismo económico regional provocan, los que más impuestos pagan dejando grandes sumas de canon y obras de infraestructura pública, y que además sostienen fundaciones de apoyo social. Contra ellos es la pelea. Una lucha que está plagada de mentiras, engaños y manipulación por parte de predicadores del mal.

Todo el rollo antiminero de disfraz ambientalista proviene de dos clases de parásitos sociales que conviven en las izquierdas. Por un lado están los farsantes que solo buscan el provecho personal para posicionarse políticamente o simplemente para extorsionar a la empresa minera con millones. Esos son los Aduviri, los Chavarría, los Pepe Julios y otros. Luego están los fanáticos del ecocomunismo que solo odian el capitalismo y están empeñados en imponer a toda costa su propia visión de desarrollo. Entre esta lacra están iluminados del terrorismo ambientalista y los promotores del socialismo verde financiados por ONGs que rinden cuentas de sus actividades de sabotaje a sus promotores extranjeros. Además hay congresistas que en medio de su absoluta ignorancia repentinamente se han convertirdo en líderes ambientales, buscando sobrevivir luego de su período legislativo. Todos ellos se movilizan con gran agilidad para predicar el miedo entre los pobladores. Son expertos promotores del odio y el miedo, la fórmula infalible de la izquierda, y cuentan con el apoyo irresponsable de medios de comunicación, especialmente emisoras de radio desde donde se propalan los más disparatados y violentos mensajes.

Por último está la población engañada, la carne de cañón, los tontos útiles que creen que se oponen al apocalipsis minero ambiental. Entre ellos aparece siempre el lumpen social, los delincuentes que ven la ocasión de dar rienda suelta a su salvajismo. Y frente a todo esto hay un Estado pasmado, cobarde, incapaz de imponer el orden, que se limita a enviar policías inermes a sufrir los embates de la turba. No tienen estrategia antimotines, no tienen tecnología y ni siquiera tienen leyes que los amparen. La policía es la primera víctima atrapada entre un Estado timorato, manejado por políticos improvisados que se orinan de miedo, y de una turba salvaje que no teme nada porque sabe perfectamente que no les dispararán y -es más- ni siquiera irán presos, hagan lo que hagan.

El espectáculo patético de un Estado y un país jaqueados por el lumpen antiminero, dirigido por alimañas de izquierda ecocomunista y viles agitadores delincuenciales, se ha vuelto usual en nuestra realidad. En 15 años de descontrol social no hay un solo preso. ¿No es hora de hacer una ley especial para regular lo que cándidamente llaman "conflicto social"? Un término muy elegante y light usado por el establishment sociológico y político de la izquierda para denominar al caos social promovido por los extremistas, similar al de "conflicto armado interno" con que designaron al terrorismo de la izquierda maoista y castrista. Ya es tiempo de tomar el toro por las astas. En un país donde se hace una estúpida ley por cada cojudez como la comida chatarra o los piropos, ¿nadie puede hacer una ley especial para controlar a las turbas, a los agitadores extremistas, a los predicadores del mal, a los que se enfrentan a la ley, al Estado y a las fuerzas del orden? 

Estos problemas no se arreglan con mesas de diálogo ni oficinas de diálogo. Ya está probado que eso no funciona. El diálogo con extremistas es inútil. Necesitamos una ley que permita procesar rápidamente a los cabecillas y autores mediatos del caos metiéndolos presos por diez años, que proteja a los policías y no los criminalice por cumplir su función, que les permita el uso de sus armas en casos de necesidad extrema porque no se les puede enviar a morir, que facilite declarar el Estado de emergencia bajo control militar, etc. Ya estamos hartos de esta situación. Ya basta.

La crisis laboral del Perú

Escribe: Dante Bobadilla Ramírez

Cualquiera que mire las cifras laborales en el Perú tiene que espantarse. La informalidad y el subempleo van desde el 65% a más del 80% en diferentes sectores, para no hablar del desempleo o la precariedad del empleo. Pero estos son solo algunos de los terroríficos indicadores que luce nuestro mercado laboral. La mayoría de la gente lo sabe en carne propia porque está subempleada, bajo contratos de plazo fijo, sabe que será despedido sin remedio al cuarto año, o solo labora medio turno porque así la empresa evita pagarle CTS. En suma, son variadas las experiencias que la gente padece hoy gracias a las absurdas leyes laborales que rigen en el país, pero que muchos consideran maravillosas porque viven convencidos de que protegen al trabajador. Es otro acto de fe en contra de todas las evidencias de la realidad.

Todo esto sucede no por maldad de las empresas sino por la estupidez generalizada de quienes creen que las leyes sirven para proteger y derramar dicha y felicidad sobre la gente. Tenemos una gran secta fanática de creyentes en las bondades milagrosas de la ley. Son quienes hacen toda clase de leyes protectoras para un mundo feliz, los demagogos y charlatanes, los sindicalistas parásitos que defienden sus gollerías y la izquierda lunática que vive siempre en lucha contra al empresa privada y en busca de su utopía de la vida fácil. Nuestra penosa realidad laboral se debe a la pérdida de la realidad y la imposición de conceptos líricos como la estabilidad laboral, el derecho al trabajo, beneficios sociales, derechos adquiridos, sueldo mínimo, entre otros muchos conceptos sagrados que se lucen como iconos en el altar de la esquizofrenia laboral. Y todavía hay quienes se lamentan de que no se termine la "Ley General del Trabajo", verdadero monumento a la estupidez en la plaza mayor de Macondo. Si esta ley no se ha terminado tras 20 años de discusiones inútiles es precisamente por su imposibilidad real. 

La base de nuestro ridículo esquema laboral fue el absurdo "derecho al trabajo" establecido en la velasquista constitución de 1979, que le asignaba todo un capítulo al trabajo. Allí decía que el trabajo es "un derecho y un deber" pero lo cierto es que no es ni derecho ni deber, es simplemente una actividad más del ser humano libre que, bajo cierto punto de vista, puede asumir la forma de un trabajo pero sin que eso le otorgue categoría de derecho o deber. Sostener eso es tan absurdo como decir que ser artista, deportista o político es un derecho y un deber. Es demagogia y nada más. No hay necesidad de rodear al "trabajo" con una aureola especial a menos que se pretenda manipularlo políticamente. Y eso es lo que hizo el comunismo desde los escritos de Marx: utilizar al trabajador como detonante político. El trabajador del campo y de la ciudad (obreros y campesinos) estaban llamados a realizar la revolución. Pero al final toda clase de demagogos populistas han terminado por prostituir el campo laboral.

Para el comunismo en boga en los 70 el trabajo era un deber porque se basaba en la esclavitud laboral de los ciudadanos explotados por el Estado. Para las izquierdas en los países no comunistas el trabajo era un "derecho" que la empresa no podía tocar. De este modo se sacralizó el concepto aberrante de "estabilidad laboral" que la Constitución del 79 prácticamente consagra al decir que un trabajador solo puede ser despedido "por causa justa señalada en la ley y debidamente comprobada". El trámite era tan engorroso que ninguna empresa lo intentaba ya que además estaba destinado a perderlo. Así fue como el puesto laboral le fue enajenado o expropiado a sus creadores y dueños, los empresarios, y pasó a ser propiedad del trabajador pero administrado por los sindicatos, los que finalmente se convirtieron en mafias de extorsión.

El velascato alimentó el sindicalismo que luego nos sacó los ojos en los 70 y 80 con huelgas que duraban meses paralizando la economía, especialmente en el sector bancario dominado por el Estado, así como en la educación, puertos y demás sectores estatales. El reinado de estos dinosaurios acabó con las reformas de los 90, pero poco o nada se hizo por remediar el caos en el sector privado, donde la legislación seguía defendiendo  viejos conceptos retrógrados que minaban las libertades. Mientras la moderna estructura económica liberalizaba el mercado eliminando los controles de precios y otras regulaciones y sobrecostos, el ambiente laboral permaneció prácticamente intacto. Peor aun, se inventó la CTS como una suerte de seguro de desempleo a cargo del empleador y acabó siendo un sobrecosto absurdo.Ya antes la demagogia de Alan García había institucionalizado la gratificación de julio y diciembre como una obligación laboral más, que se sumó a la larga lista de beneficios sociales pagados por la empresa como si fuera una beneficencia pública.

El Perú tiene los más altos sobrecostos laborales de la Alianza del Pacífico. La empresa formal debe asumir el 60% adicional del sueldo de cada empleado. Es decir, por cada 100 soles pagados al trabajador, la empresa debe abonar 60 soles más de sobrecostos, mal llamados "derechos". Y para colmo el empleador ni siquiera tiene libertad para reducir personal o despedir trabajadores cuando la coyuntura lo exige o el trabajador no es competente. Evidentemente hay razones de sobra para que el empleo en el Perú esté en la condición de informalidad y precariedad en que está hoy, pues nadie es tonto para perder dinero de ese modo ni arriesgarlo ni dejarse timar por el Estado. Y lo peor es que ni el Estado cumple con estas gollerías laborales ya que tiene una gran cantidad de regímenes laborales, que buscan básicamente eludir las obligaciones laborales y reducir los presupuestos. También se han tenido que crear algunos regímenes especiales para el sector privado, con lo que el sistema laboral es una verdadera maraña legal aberrante.

Entre las cosas que el Perú necesita resolver urgentemente es la tantas veces mentada reforma del Estado y la reforma laboral, que es básicamente desregularlo, otorgando libertad absoluta de contratación y despido, así como eliminando gollerías y sobrecostos que encarecen el empleo. Que sea el mismo trabajador quien pague sus seguros, pensiones y todo lo que quiera pagar para su beneficio y el de su familia, pero que lo haga de su propio dinero. La empresa no es una beneficencia y el Estado tampoco. De paso hay que liberalizar el seguro médico y las pensiones. El trabajo debe ser remunerado de acuerdo al costo del mercado y al valor personal de cada trabajador. La empresa debe garantizar buen trato y ambiente seguro, todo lo demás debe ser materia de la libre negociación y la realidad del mercado. Por último deberían desaparecer ese concepto mítico y absurdo del "sueldo mínimo vital" que solo sirve para discutir por tonterías. La pregunta es si alguien tiene cojones para hacer todos estos cambios. De lo contrario permaneceremos en el limbo laboral que hoy nos asfixia. O pisamos tierra asumiendo la realidad sin miedo o seguimos engañándonos con la fantasía de las maravillosas leyes laborales, los supuestos beneficios sociales y los cándidos derechos laborales. ¿Lo aceptarán quienes cacarean por el cambio?