La infernal burocracia peruana

Por: Gonzalo Prialé

Ahora que los lobbies están en el tapete, la ironía es que si alguna inversión obtiene un permiso en tiempo razonable, se torna sospechosa de corrupción de funcionarios, peor aún si se trata de una gran inversión. Y si logra destrabar algún permiso detenido por largo tiempo, se dice que la empresa resultó "beneficiada" con el dichoso permiso, lo que otra vez resulta sospechoso, y según algunos políticos amerita ser investigado.

Estamos ante el mundo al revés. Los trámites laberínticos, repetitivos, interminables, caprichosos generan la corrupción. A quien debiera investigarse es a las dependencias gubernamentales que frenan los permisos, el inicio de obras y su continuidad. Lo que debiera investigarse es cómo simplificar los procedimientos sin perder el debido control.

Lastimosamente no ocurre así. Al contrario, se sospecha de la empresa que logra avanzar sus trámites porque debe haber hecho algo "indebido", sino cómo se explica que mientras otros demoran años, alguien supere los inconvenientes. Si un ministro se empeña en identificar las trabas y actúa ejecutivamente para superarlas, lo llaman al Congreso a que explique por qué tanto empeño.

Esta situación ha alcanzado ribetes impensados en los últimos días. Y puede impactar en los funcionarios, empeorando la situación. Difícilmente se van a atrever, en este contexto enrarecido, a darle la razón a alguna empresa y atender sus pedidos.

Para salir del análisis y entrar al mundo de los hechos, veamos el espeluznante caso de la permisología para iniciar las obras del Gasoducto Sur Peruano.

Según reportes del Concesionario, se requieren nada menos que ¡4102 permisos! Cuesta trabajo creerlo. Veamos el detalle de los permisos por temas o por sectores. Permisos del ducto 195. Por alimentos 98. Bienes fiscalizados 6. Certificación ambiental 10. Electricidad 10. Uso de explosivos 100. Hidrocarburos 147. Patrimonio cultural 25. Uso de radiactivos 200. Recursos hídricos 793. Recursos naturales 1028. Salud 184. Seguridad 191. Telecomunicaciones 263. Transporte 852. Total estimado 4102 permisos.

Es un estimado porque hay cantidad de permisos sujetos a confirmación, que recién se podrán cuantificar una vez se conozca la zona que será afectada, o cuando los trámites lleguen a la fase correspondiente.

El GSP se desarrollará por tramos, se buscará lograr todos los permisos de cada tramo para poder comenzar. Aun así la montaña de trámites sigue siendo inmensa.

Se construirán 49 campamentos. Cada campamento es independiente y requiere sus propios permisos. En promedio, para instalar un campamento se requieren unos 6 meses de trámites.

La mayoría de permisos no pueden tramitarse en simultáneo, siguen un orden. Así, antes de iniciar cualquier obra relacionada al ducto, se debe tener culminado el respectivo campamento. Recién después se podría iniciar el trámite de autorización de uso de las canteras, luego el de uso de agua, etc.

Los permisos ambientales son los que más demoran. Solo para el EIA intervienen el MTC, MEM, Minam, Minag, Minsa, MVC. Otros intervinientes son IPEN, Minedu, DICAPI, y municipalidades e Indeci para licencias de construcción.

Los permisos de recursos hídricos a cargo de la Autoridad Nacional del Agua (ANA) son los que toman más tiempo. Le siguen los permisos de uso de canteras. Todos los permisos se encuentran vinculados, existe una frondosa superposición de permisos.

La maraña es total, las direcciones de una misma entidad no tienen conocimiento de lo que otra dirección está evaluando; es como si cada una estuviera a cargo de un proyecto distinto. Peor aún entre direcciones de diferentes entidades.

Una vez aprobado el EIA, no termina sirviendo de mucho, pese a ser una herramienta que contiene mucha información. Por ejemplo, el EIA contiene los planes de uso de agua y de canteras de manera detallada. Pero una vez aprobado el EIA, igual se debe buscar, una por una, la autorización de uso de cada cantera, así como presentar nuevamente estudios individuales de uso de agua por cada fuente para que se autorice su uso. Si el EIA implicase aprobaciones tipo sabana, genéricas, se podría directamente usar las canteras o las fuentes de agua que se indicaron en el estudio.

Es un infierno. Si en el EIA aprobado se estipuló el uso de las canteras A, B, y C, pero luego de la ingeniería de detalle resulta que hay que usar las canteras B, C y D, no basta tramitar la aprobación solo de la cantera D. Actualmente, se tienen que aprobar todas de nuevo, volver a realizar estudios, solicitar de nuevo la aprobación etc. El año y medio promedio requerido para aprobar un EIA detallado al final sirve de poco porque casi todo tiene que verificarse y aprobarse de nuevo, por partes. Un desastre.

Esto jamás se va a arreglar solo. Si no hay una radical decisión política para simplificar procesos y establecer protocolos que permitan simultaneidad en los trámites y la emisión de permisos genéricos, no hay esperanza alguna.

El fracaso de la SUTRAN

Escribe: Dante Bobadilla Ramírez

Los accidentes de tránsito están nuevamente en las portadas siendo ya un tema recurrente desde hace varios años. Alan García se sintió obligado a hacer algo frente a la oleada de accidentes que conmovió al público durante su gestión. Pero la reacción de su gobierno no pudo ser más patética, pues se redujo a la misma pose demagógica que caracteriza a la burocracia cuando no sabe cómo manejar un problema: creó un nuevo organismo público de nombrecito pomposo: Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (SUTRAN).

Si alguien pensó que mediante la creación de un nuevo adefesio burocrático las cosas iban a cambiar pues se equivocó. La realidad es inmune a estos mamarrachos burocráticos que los políticos suelen inventar como mecanismo de evasión y único recurso mental. Para colmo no tuvieron mejor idea que nombrar como conductora de ese paquidermo a la señora Elvira Moscoso, quien ya había demostrado ampliamente su incapacidad al frente del transporte de Lima durante las dos gestiones del alcalde Alberto Andrade. 

Los resultados del fracaso de la SUTRAN no pueden ser más evidentes. Desde el año de su creación no ha logrado reducir un ápice la siniestralidad en las carreteras. Si consideramos solo choques y volcaduras el  2009 acabó con 53,000 eventos, el 2010 con 53,400; el 2011 con 54,300; el 2012 con 60,000 y en lo que va de este año se va a alcanzar un nuevo record. O sea, la aparición de la SUTRAN con toda su parafernalia de GPS y aparatosas campañas de inspección en los terminales no ha servido para nada. De hecho, esa no es la forma de reducir los accidentes de tránsito.

El Perú es un país que incrementa cada año el número de vehículos y de viajes interprovinciales, no solo por el crecimiento de la economía sino de la población. Esto quiere decir que cada año hay mayor densidad en el tránsito de las carreteras. Sin embargo, el estado de las mismas no responde al incremento vehicular. La infraestructura vial del Perú es de las peores de Latinoamérica. La principal carretera del país, la Panamericana, en sus 2,500 kilómetros apenas cuenta con 500 Kms de autopista. El resto es una franja estrecha donde los vehículos deben invadir el carril contrario para adelantar. Y no hablemos del resto de las vías. La carretera central sigue siendo un pasaje a la muerte.

La reducción de los accidentes de tránsito depende básicamente del estado de las carreteras. Comprobar esto es muy simple. Cuando se construyó la variante de Pasamayo pasaron a la historia los permanentes y clásicos accidentes que se producían en el serpentín, y que llegaron a inspirar la letra de varias canciones, incluyendo una famosa de los "No sé quién y los no sé cuántos". La variante redujo drásticamente esos accidentes y hoy son muy esporádicos y raros. No hay prueba más contundente.

De manera pues que esa nefasta costumbre política de responder a todos los problemas con nuevas leyes, reglamentos o entidades públicas no es más que evasión y una declaración de incapacidad, como la que vemos en estos tiempos en Venezuela. Ahora Nicolás Maduro está pidiendo una ley habilitante para dedicarse a hacer más leyes como respuesta a los graves problemas que hunden a su país. No hay que hacer más leyes ni crear más monstruos burocráticos. Hay que ponerse a trabajar y a construir en los hechos. A veces lo que se necesita es más bien eliminar burocracia. Cualquiera que proponga más ministerios y nuevos reglamentos no pasa de ser un demagogo y un incapaz.

La publicidad del Estado

Acaban de promulgar con bombos y platillos una ley que pretende promocionar la alimentación saludable restringiendo la publicidad de lo que se llama "comida chatarra". Son las dictaduras de izquierda y las democracias de tinte socialista las que siempre andan preocupadas de lo que la gente debe hacer, ver, leer, comer, tomar, fumar y pensar. Andan siempre obsesionados por el diseño social y la construcción de una sociedad perfecta a base de prohibiciones y promociones. Por eso viven empeñados en formar una "conciencia social" y unos hábitos sociales que vayan de acuerdo con sus elevados criterios éticos, morales y políticos. Para ello no solo restringen la publicidad sino que también la emplean.

El uso de publicidad es parte de la manipulación social de los gobiernos que empezó disfrazada de acto de transparencia y de orientación al público, pero terminó convertida en simple propaganda política sin descaro ni control. Hoy se usa como propaganda electoral camuflada y como medio de manipulación mediática. La "publicidad engañosa" que tanto parece preocupar a algunos políticos no solo es de las empresas; también le corresponde a los gobiernos de todo nivel. Ayer hubo un escándalo en la Municipalidad Metropolitana de Lima al aprobarse un plan de medios, que no es otra cosa que publicidad. Una publicidad que fundamentalmente está orientada a camuflar la incapacidad de la gestión de la alcaldesa Susana Villarán. No hay otros fines.

Hace mucho ya que los gobiernos municipales recurren a la publicidad para cubrir su ineficiencia. Empezó con la creación de las hoy famosas y muy difundidas oficinas de "imagen institucional", que en buena cuenta es la central de prensa y propaganda del alcalde, y la encargada de revestir la incapacidad con publicidad. Son los que publican la revista institucional donde la imagen del alcalde aparece en cada página a todo color durante mil eventos, y los que saturan la ciudad con paneles y hasta los postes con carteles.

Sin duda el alcalde Luis Castañeda tiene el record de utilización de recursos municipales para propaganda. En su gestión Lima fue asfixiada con carteles y no se salvó ni un poste a lo largo de las avenidas que tenían una obra. Cada puente era rodeado por una docena de carteles que lo señalaban como obra de Castañeda y cada grada de sus escaleras llevaba su nombre. Las avenidas fueron cambiada sutilmente de nombre en los paneles de señalización, donde hasta hoy se lee "Nueva Av. Canadá", cuando en realidad se llama Av. Canadá. Pero hoy ese abominable ejemplo está siendo copiado por la alcaldesa Susana Villarán, convencida de que la gente la desaprueba por falta de propaganda.

¿Por qué nuestros políticos andan tan preocupados por la publicidad en supuesta defensa de la salud y no se ocupan de frenar estas malas prácticas institucionalizadas en municipios y ministerios? ¿La publicidad engañosa es solo condenable de parte de las empresas pero no por los gobiernos? ¿La utilización de fondos públicos para promocionar gestiones mediante publicidad no es condenable? Gracias a la desidia de estos políticos los gobiernos municipales incrementan sin control sus partidas para publicidad, las que hoy llegan a ser millonarias. En el caso del Estado peruano constituye un claro foco de corrupción y manipulación de medios. Esa publicidad no tiene ningún otro sentido que el de manipular a los medios. Más allá de eso no sirve absolutamente para nada.