sábado, 25 de agosto de 2012

Terrorismo y negacionismo

Tarata: recuerdo de la demencia de un grupo de izquierda


El Ejecutivo ha aprobado un proyecto de ley llamado "Ley del Negacionismo" que pretende penalizar a quienes nieguen que hubo terrorismo en el Perú. Es todo lo que se sabe por ahora. Seguramente durante su debate en el Congreso saldrán más luces acerca de su contenido. En principio parece positivo la idea de proteger a la juventud de los farsantes que se escudan en la tesis de que "hay varias formas de entender la historia" para mentir a la juventud. Sin embargo, desde ya es necesario advertir las posibles consecuencias en ese debate, conociendo la mentalidad torcida de la izquierda peruana y de la caviarada que aplaudió el informe final de la CVR. 

Ya hemos escuchado opiniones afiebradas de progresistas insistiendo en que se incluya como terrorismo a las acciones que realizó el Estado peruano en respuesta al accionar de Sendero Luminoso. No nos sorprende, pues la estrategia de la izquierda peruana es equiparar a Sendero Luminoso con las FFAA en un mismo plano, tratándolas como "fuerzas beligerantes", y darles el mismo tratamiento en tanto actores de un "conflicto armado interno". Esa es la estrategia caviar. Cuidado. No nos vayan a vender otra CVR. Hay que estar atentos.

La estrategia de los señoritos caviares y los confusos miembros de la progresía local es harto conocida. Es más o menos como sigue. En principio se irán por las ramas de la teoría sociopolítica pretendiendo establecer una definición capciosa del concepto "terrorismo" para que en ella quepan las acciones de las FFAA. Es maniqueismo puro. Así que vamos a centrarnos en la definición de terrorismo.

Muchos países han sufrido el terror de distinta forma y han establecido definiciones en sus leyes acorde con su propia realidad, las que seguramente no reflejan la realidad sino las intenciones de sus legisladores, como es posible que ocurra acá. Pero la definición de terrorismo es muy simple: se trata del empleo del terror como arma política para desestabilizar a un régimen y, eventualmente, derrotarlo o forzarlo a adoptar las medidas políticas esperadas. El terror empleado tiene características precisas: se basa en el empleo sistemático de la violencia indiscriminada, incluyendo asesinatos a objetivos civiles, sin que medie necesariamente un control selectivo de sus víctimas. Estas acciones de terror son dirigidas por una organización que las reivindica y se encuadran claramente dentro de su ideología y programa de acción política.

Esta definición, que es sumamente clara, describe a plenitud lo que fueron Sendero Luminoso y el MRTA, organizaciones políticas que planificaban las acciones de terror como parte de su metodología, destinada a amedrentar a la población, obtener cupos o armas, doblegar al gobierno, desmoralizar a las FFAA y PN, y crear las circunstancias propicias para la toma del poder mediante las armas. Todo lo cual estaba además escrito como parte de sus programas o de su ideología marxista, leninista, maoista y otros ismos.

No hay pues manera de incorporar en esa definición la respuesta del Estado, aun tratándose de acciones ilícitas como las emprendidas por el grupo Colina o los actos de barbarie bélica cometidas por determinados oficiales, como parte de la confrontación o la persecución de los terroristas. Como en todo escenario bélico, existen acciones aisladas fuera de control, ya sea a cargo de un oficial o incluso de un grupo de oficiales que deciden organizarse para confrontar al enemigo por sus propios medios. 

Lo que anhelan progres y caviares es imponer la tesis de que existía una organización en el Estado, dirigida desde el más alto nivel, es decir, desde la presidencia, que planificó acciones sistemáticas de terror, lo cual es falso, o por lo menos imposible de probar. Esta es la tesis que han buscado afanosamente para condenar a Fujimori aduciendo que él dirigía al Grupo Colina. Pero aún cuando esta disparatada tesis fuera cierta, tales acciones no califican como terrorismo ni, mucho menos, como delitos de lesa humanidad. No lo son porque las acciones del grupo Colina se dirigían a objetivos precisos identificados como terroristas, como lo fueron los caídos en la pollada de Barrios Altos y en La Cantuta, salvo bajas colaterales como las de un niño. Pero en ningún caso fueron pues acciones de terror indiscrminado a blancos "civiles" es decir, no beligerantes e inocentes de polvo y paja. 

No hay pues manera alguna de equiparar las acciones salvajes de terror cometidas por Sendero Luminoso desde su origen siniestro en las universidades y el magisterio nacional, con el expreso propósito de matar por matar en busca del poder. La respuesta del Estado, por brutal que hubiese sido en algunos casos, nunca se encuadrará dentro de la definición de terrorismo. El concepto importado de "terrorismo de Estado" no es aplicable a nuestra realidad concreta, pues acá no hubo esa especie de "limpieza étnica" que trataba de eliminar a los miembros de una colectividad política, mediante actos generalizados de secuestro y tortura de simples sospechosos, barriendo calles, casas y locales con arrestos indiscriminados de la población. Eso es el "terrorismo de Estado" y es algo que jamás existió en el Perú. Eso fue propio de países gobernados por dictaduras militares siniestras.

No nos dejemos engañar. Nosotros sufrimos la violencia terrorista de la izquierda en plena vigencia de la democracia y del Estado de Derecho, con plena libertad de expresión y de prensa. Que la izquierda no venga a vendernos nuevamente sus cuentos de la CVR. Hay que estar atentos esta vez.

En consecuencia, debemos esperar que este debate se inicie en el Congreso y advertir desde ahora que las intenciones de los rojos, progres y caviares será torcer las definiciones para que nos hagan creer en lo que la CVR nos contó con harta candidez: que en el Perú hubo un conflicto armado interno, entre dos estamentos iguales que actuaron igual, y que hoy debemos reconciliarnos con los terroristas de Sendero Luminoso porque solo buscaban la justicia social, y que hubo un terrorismo de Estado a cargo de Fujimori. 


DBR