viernes, 14 de noviembre de 2014

Los padres de la corrupción


Escribe: Dante Bobadilla Ramírez

Corrupción es la palabra más repetida en el Perú en los últimos 15 años. Con el cuento de la "lucha contra la corrupción" se han trepado al poder toda clase de delincuentes de cuello blanco. Hasta los charlatanes de la izquierda han perdido ya su eterna pose de guardianes de la moral. Hoy no quedan payasos vinculando la corrupción con el fujimorismo porque el petardo que acostumbraban arrojar les ha estallado en la cara. La corrupción está en todos lados, no solo en la política. Peor aun, está en las instituciones encargadas de luchar contra la corrupción, como la policía, la Fiscalía de la Nación, donde manejan el arte de archivar y seguir cobrando, y en el Poder Judicial.

Pero además de corrupción, lo que nos asfixia es la incapacidad de estos políticos de pacotilla que no atan ni desatan. Se han dedicado a perseguir a los corruptos montando espectáculos diarios, pero no son capaces de cambiar las raíces del mal. Esto es como quejarse de las pulgas, matar unas cuantas pero seguir viviendo en un chiquero. Lo máximo que se les ocurre es prohibir la reelección de alcaldes y presidentes regionales. Lo único que han hecho es dar oportunidad a más corruptos, pero cambios, ninguno. 

La corrupción es consecuencia de las condiciones creadas por el propio Estado. La cosa es simple. Todo empieza cuando a un genio de la demagogia se le ocurre crear un control. A todos los políticos les fascina la idea del control. Es su fantasía. Sueñan con un mundo regulado y perfecto. Quieren controlarlo todo. Entonces dan una ley y crean un ente de control. Allí comienza toda la historia de la corrupción. 

Los ciudadanos empiezan poco a poco a depender más de un burócrata que debe autorizar sus proyectos. El típico burócrata peruano es un sujeto que apenas tiene un cargo se cree il capo di tutti capi. Es insensible, descuidado, irresponsable y conchudo. Su frase preferida es "no se puede". No quiere moverse de su escritorio. Ni siquiera le da la gana de usar la red del Estado para obtener la información que necesita sino que le exige al ciudadano que se pasee por toda la ciudad recogiendo papeles y certificados para armar su expediente completo. Pero da la casualidad que siempre falta algo. Mientras tanto los meses pasan. 

El ciudadano común y corriente generalmente resuelve olvidarse de la ley y convertirse en un informal apenas puede. Si aun necesita la autorización tiene dos caminos: corromper al funcionario para que le pase su expediente o contratar a un tramitador experto. Todo esto encarece sus costos y detiene el flujo de la economía porque nada se mueve mientras el burócrata no de el pase. Para las empresas grandes es difícil pagar coimas porque no les dan factura. En realidad eso es todo lo que las detiene. Entonces lo que hacen es contratar lobistas, que son una especie de tramitadores de alto vuelo que si dan factura. Un lobista es entonces el artífice que logra los permisos, entre otras cosas. ¿Es el enemigo público? No. El verdadero enemigo público es el político demagogo que inventa los permisos y las trabas entregándole el poder a un burócrata a quien nada le interesa sino coimear. 

Hay muchos otros mecanismos de regulación que podrían funcionar con mayor eficiencia si los políticos usaran el cerebro para pensar y no para memorizar clichés. Por ejemplo, podrían promover empresas privadas de auditoría pública, obligar a las entidades públicas a compartir información por la red y prohibir que exijan a los ciudadanos documentos que el propio Estado maneja, establecer plazos máximos y luego liberar a los ciudadanos, etc. O pueden dejar el asunto sin regular, en particular si la regulación ha sido contraproducente, y casi siempre lo es. Bastaría con exigir reportes mensuales a las empresas y supervisarlas aleatoriamente, por ejemplo.

Por desgracia la gran mayoría de nuestros políticos vive con las típicas taras mentales contra la empresa privada, una patética actitud anti lucro y chapotean en la tradicional costumbre de inventar "derechos sociales", o sea pasarle la cuenta al Estado de cualquier cosa que se les ocurra. No tienen otra fórmula en el cerebro más que utilizar al Estado para amenazar a la empresa privada, pese a que son estas las que generan el desarrollo. El Estado solo se esmera en frenarlas, regularlas, clavarles los mayores impuestos, y encima ni siquiera garantiza la ley ni la seguridad.

La crisis de corrupción es consecuencia del modelo de Estado, controlista, interventor y regulador en extremo. Hace poco nos enteramos de que el gasoducto sur requiere la aprobación de 4,102 permisos antes de empezar a construirse. Ese es el monstruo que han creado. La plaga de entidades que meten su cuchara en la regulación de las actividades económicas es un freno para el desarrollo y una fuente de corrupción. El congresista Daniel Abugattás grita maldiciones contra los lobistas y quiere meterlos presos pero quienes deberían ir presos son los políticos que inventaron esta situación absurda. Abugattás está como Nicolás Maduro quien acusa a las empresas privadas de hacerle "guerra económica". Pero quien inventó el control de divisas y el control de precios fue Hugo Chávez, y Maduro las profundizó. Entonces ¿por qué se queja de las empresas?

En resumen, luchar contra la corrupción no pasa por montar circos patéticos de comisiones en el Congreso, ni prohibir la reelección, ni aumentar penas ni meter preso a todos. La verdadera lucha contra la corrupción es desmontar todo este aparato perverso del Estado controlista, intervencionista y regulador. Si quieren regular que lo hagan post factum o que acompañen el proceso pero que no se planten como un burro en medio del camino. En este momento el Estado es el principal enemigo del desarrollo, el causante de los sobrecostos y del tiempo perdido. Estamos en la cola de los países en el ranking de competitividad y clima de negocios. En los últimos 5 años, desde la creación de esos monstruos burocráticos que son los ministerios del Ambiente y de Cultura, solo hemos retrocedido en las dos escalas. O sea estamos peor que antes en todo. Y nadie habla de cambiar este modelo. Al contrario, piden más regulación, más permisos y hasta una ridícula "licencia social". 

Matamos pulgas pero seguimos felices en nuestro chiquero estatista. Se habla de eliminar la tramitología pero no de eliminar ministerios o entidades reguladoras. Es como prometer menos ladridos pero mantener a los perros. Lo que se requiere es un cambio de visión. O como dicen algunos, un cambio de paradigma. Hay que torcer el timón a la derecha. No hay otro camino.