Escribe: Dante Bobadilla Ramírez
A casi 35 años del inicio de la lucha contrasubversiva que nos defendió de la izquierda marxista genocida, vivimos una nueva etapa signada por la venganza de esa misma izquierda pero que hoy ha cambiado de fachada. Ahora se muestran como ángeles de la justicia cuando no son más que perros de caza. Los nuevos contingentes de la izquierda terrorista no vienen armados con fusiles sino con el Código Penal, no tienen células clandestinas sino organizaciones públicas legales cuyos fines son muy concretos: perseguir a los militares que derrotaron a la izquierda terrorista.
La estrategia de la izquierda marxista no fue solo tomar el poder por las armas sino además infiltrar el Estado para utilizar su aparato legal en favor de la revolución. Esa estrategia está escrita y publicada desde los años 70. Cualquiera con paciencia puede ubicarla. Por eso varios connotados líderes de izquierda formaron parte del Congreso desde 1980. Pero además tuvieron la astucia de crear en paralelo organizaciones (en eso son campeones) encargadas de defender a los militantes que iban cayendo en manos de las fuerzas del orden. Su labor específica era ejercer la defensa legal de esos presos. Más nada.
Diversas organizaciones legales empezaron a aparecer con la fachada de la defensa de los derechos humanos, desde la famosa Asociación de Abogados Democráticos de Sendero Luminoso, dirigida por la senderista Martha Huatay, hasta los hoy famosos y empoderados APRODEH (Asociación Pro Derechos Humanos) e IDL (Instituto de Defensa Legal) que tuvieron mayor recorrido y mejor fachada. APRODEH fue la organización creada por Javier Diez Canseco para defender a los militantes del MRTA. Existen documentos y discursos de JDC en el foro de Sao Paulo que revelan su vinculación al MRTA.
Todas estas organizaciones tuvieron mucha labor defendiendo a los detenidos por terrorismo y desde esas épocas iniciaron su cercanía al Poder Judicial, que también estaba plagada de jueces de izquierda (la mayoría abogados mediocres de San Marcos) que simpatizaban con la causa terrorista. Así fue como los detenidos por terrorismo entraban y salían de la cárcel y el Poder Judicial se convirtió en una coladera de terroristas que hacía fracasar toda la lucha antisubversiva.
Esta situación llevó al presidente Alberto Fujimori a tomar medidas drásticas. Resumiendo, trasladó los juicios al fuero militar y creó los jueces sin rostro. Esto le quitó la mamadera a los abogados de las organizaciones de izquierda y la fiesta de los terroristas en el PJ terminó. Solo así se pudo empezar a luchar con eficacia contra el terrorismo. El resto lo hizo la policía. De este modo se pudo derrotar a la izquierda y el terrorismo en todos los frentes, y así fue como Alberto Fujimori pasó a ser el cuco de la izquierda.
Tras la caida de Fujimori empezó la venganza de la izquierda. El primer acto fue crear la Santa Inquisición, es decir, la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR). Su informe vomita todo su odio contra Alberto Fujimori desde la primera página. La misión de la CVR fue buscar responsables militares de la derrota del terrorismo en todo el territorio. Por eso fue la comisión de la verdad más numerosa de todas las que se han creado en el mundo. La jauría de sabuesos que soltó la CVR solo tenía como meta recopilar denuncias contra las FFAA. No importa si fuera inconsistente y basada en una memoria borrosa. La CVR se encargaría luego de afinar los detalles.
El trabajo post-CVR (asi es como lo llaman) está a cargo de organizaciones que tras la fachada de los DDHH se encargan de la venganza de izquierda. Organizaciones como APRODEH, IDL y la CNDDHH tomaron el informe de la CVR y rebuscaron entre sus páginas todos los testimonios que acusan a efectivos militares y armaron las causas legales. Hace una década que no descansan en su labor de persecución y venganza. No solo llevan las causas sino que hacen lobby en el Poder Judicial para anular cualquier fallo a favor de los militares.
Hay varios militares encarcelados insulsamente y sin condena, como el general Juan Rivera Lazo. Las últimas perlas conocidas de esta jauría legal son la anulación del fallo que exculpa al hoy alcalde de San Borja Marco Álvarez, la reapertura de juicio al hoy ministro del Interior Daniel Urresti y el reciente encarcelamiento abusivo y absurdo del coronel Frank Keskleich Cappelletti, denunciado por los abogados de IDL con sustento en el informe de la CVR que se basa en el testimonio de un testigo que no tiene prueba alguna de nada. Lo que han hecho los abogados de IDL es investigar para averiguar el nombre de los miembros del destacamento de esa época y denunciarlos a todos.
Así es como la izquierda viene operando en nuestro país sin que nadie tenga el valor de detenerlos ni hacer nada ni decir nada. Utilizan las leyes y nuestro aparato legal para montar la más perversa y ruin campaña de venganza política, sin importarles la destrucción de honras ni de familias. No solo hay que repudiarlos sino denunciarlos públicamente como las hienas que son.