El Estado creador de contenidos

 

Erick Yonatan Flores Serrano

Instituto Amagi - Huánuco

El parlamentario Wilson Soto, perteneciente a la bancada de Acción Popular, uno de los partidos más longevos de nuestra historia, ha presentado un proyecto de ley con el que busca regular la actividad de los creadores de contenido. Específicamente, a través del Proyecto de Ley N° 13313, les exigen a los famosos “influencers”, que deben contar con un título profesional que certifique su conocimiento cuando hablan de temas relacionados a la salud, la educación, la seguridad o el patrimonio.

Entre sanciones que van desde multas que superan los 20 mil soles, hasta la suspensión definitiva de su actividad, esta iniciativa legislativa termina siendo -como la gran mayoría de propuestas que buscan “proteger” de alguna manera a las personas- no sólo siendo un atentado contra la libertad que tienen las personas de decir lo que quieran en cualquier plataforma, sino que genera muchos más problemas de los que pretende resolver.

Con la excusa de evitar la “desinformación”, el aparato del Estado pretende perseguir a cualquier persona que difunda contenidos distintos a los que el Estado defina como verificados, oficiales, verídicos. El problema con esto es que el Estado no es una entelequia que está por encima del ser humano y tenga la capacidad de resolver los principales problemas de la raza humana, son un grupo de personas tan imperfectas y falibles como los somos todos. Incluso presumiendo que este grupo de personas sí tengan la sana intención de hacer el bien, no olvidemos que el camino hacia el infierno está empedrado de buenas intenciones.

Se trata de la arrogancia del legislador que se cree con potestad de exigirle un título profesional a una persona cuando habla de un tema en específico, cuando a este nadie le exige ningún conocimiento especializado en materia legislativa, en filosofía política, en derecho; ni siquiera un título profesional técnico, tampoco haber culminado estudios primarios ni secundarios. En otras palabras, tanto el legislador como el creador de contenido, parecen tener muchas más cosas en común que lo que aparentan a simple vista.

El internet y las redes sociales en general, pueden ser una valiosa herramienta para cualquier fin. De la misma forma en que la hoja afilada de un cuchillo puede servir para hacer un corte perfecto en 400 gramos de lomo fino, también puede ser un arma para arrebatar la vida de una persona en un asalto en la calle; un camión es un medio para trasladar carga en una mudanza, pero en 2016, en Niza, se usó para perpetrar un atentado terrorista cortesía del Estado Islámico; el hacha le sirve al leñador de la misma forma en que le sirve a un asesino serial. En todos estos ejemplos, lo último que uno esperaría ver es una ley que prohíba el uso de cuchillos, camiones o hachas.

Por más desagradable que sea el contenido que ofrece el Diario de Curwen, sería inmoral celebrar su censura; y pese a que quizá Víctor Caballero no tendría esa consideración con los que estamos en las antípodas de su pensamiento, eso no significa que su libertad de expresarse sea negociable. Luchar contra la desinformación va más por el lado de ofrecer alternativas para contrastar los contenidos, que por el de usar la maquinaria represiva del Estado para perseguir y castigar al disidente.

Por último, no es sólo la defensa de la libertad de expresión lo que debe motivar el rechazo a esta ley, sino también el hecho de que sería el Estado a través de sus “brillantes” representantes, los únicos que definan lo que debe de circular en las redes. Ya no basta con que el Estado defina lo que es la educación en los colegios (porque define la currícula y los contenidos de la misma), ahora pretende colonizar un espacio donde todavía tenemos la libertad de escoger de qué fuente queremos beber.

Es el famoso Estado terapéutico en su más básica expresión. Esa idea insana que considera al individuo como un ser sin voluntad, sin capacidad de discernir; una criatura indefensa que hay que proteger de las maldades del mundo; del pecado, del deseo, o como bien se dice en esta ocasión, de la “desinformación”. Y si algunos congresistas consideran peligrosos los contenidos que los influencers le ofrecen a su público; con mucha más razón y preocupación debemos decir que hay mucho más peligro en los contenidos que estos congresistas le ofrecen a los peruanos.

La Generación Z y el cálculo de la izquierda

 

Erick Yonatan Flores Serrano
Instituto Amagi - Huánuco

Es evidente que en nuestra sociedad hay algo podrido desde hace mucho tiempo. La experiencia no ha dejado de enseñarnos las lecciones políticas que deberían de bastar para comenzar a hacer las cosas bien o -por lo menos- no seguir tomando malas decisiones; pero la realidad supera cualquier relato.

Las marchas de la tristemente célebre “Generación Z”, por ejemplo, se siguen convocando y por más que algunas de sus voces más sensatas han tratado de marcar distancia de algunos personajes cuestionables lamentablemente no han tenido éxito. Uno debe de preguntarse por qué los jóvenes siguen marchando al lado de gente como Verónica Mendoza, Sigrid Bazán, acompañados del grupete de actores amigos íntimos de la corrupción de la ex alcaldesa de Lima Susana Villarán, gente sin la más básica noción de lo que significa la moral y principios. Porque no puedes pegar el grito al cielo contra la corrupción y caminar al lado de Mónica Sánchez, quien salió en los medios lavando la bandera al lado de Susana Villarán.

No puedes secuestrar las calles de la ciudad para exigirle al Estado que haga algo contra la criminalidad y simpatizar con Susel Paredes, personaje que votó en contra de la ley contra la extorsión y el sicariato, propuesta presentada por el ejecutivo y finalmente aprobada por el congreso a fines del mes pasado. No te puede indignar la muerte de más de un centenar de peruanos en lo que va del año y caminar de la mano de la congresista que votó en contra de declarar al Tren de Aragua como una organización criminal. Sencillamente no es coherente.

En la misma línea, Rosa María Palacios no puede ser tu vaca sagrada cuando hoy se indigna por Betsy Chávez y advierte calamidades si es que el Estado peruano no entrega el salvoconducto de su asilo, cuando ayer levantaba su voz en contra cuando Alan García solicitaba el mismo beneficio al Estado uruguayo. Y en este punto nadie está hablando de la legitimidad del mecanismo sino de su instrumentalización política para darle forma a un relato donde el Estado mafioso persigue a los luchadores sociales que sólo buscan el “bienestar del pueblo”.

Por otro lado, durante las manifestaciones, también vemos que los jóvenes gritan ardorosos: “¡Cambio de constitución!”, “¡Fujimori nunca más!”, etc.; sin comprender en lo más mínimo que si en la historia no hubiera existido un Alberto Fujimori (con aciertos y desaciertos), seguramente estos muchachos no estarían usando su hashtag para publicar su desacuerdo con el gobierno, sus estrés porque la vida no es justa, sus crisis existenciales posmodernas, etc.; mucho menos estarían en las calles porque no hay que ser adivinos para entender lo que hubiera pasado con el país si Sendero y la izquierda hubieran tomado el poder en los 90´s.

Y así como estos casos, ejemplos de la hipocresía y doble moral de la clase dirigente de izquierda, hay muchos. Es una pena que -una vez más- la juventud de nuestro país termine siendo usada como carne cañón y meros instrumentos de gente de la peor calaña. Los jóvenes pueden tener la intención de generar cambios a partir de su lucha, nadie podría cuestionar la indignación que se ha generalizado producto de la inutilidad del gobierno para resguardar la vida, la libertad y la propiedad de las personas de bien frente al crimen; pero no nos engañemos, los vicios inherentes de la izquierda hacen que se pierda todo el sentido.

A gente como Raúl Noblecilla o Guido Bellido no les duele que un manifestante haya fallecido producto de los enfrentamientos con la policía, les duele que haya sido sólo uno. Es un imperativo moral dejar en evidencia las formas en las que procede esta clase de gente. Ellos no calculan el éxito de una protesta en la medida en que su voz llegue o no a los espacios de decisión, sino en función de la cantidad de violencia necesaria para desestabilizar al enemigo. Su lucha de contrarios está por encima de la vida de las personas, agudizar las contradicciones es más importante que la sangre de los peruanos; el buen salvaje que marcha termina siendo el alimento del revolucionario ideal, ese que no tira una piedras ni carga carteles.