Escribe: Dante Bobadilla Ramírez
Un nuevo escándalo conmociona a la ciudad, las redes sociales y medios de prensa. Una vez más el fiscal Pérez hizo otra de sus típicas jugadas antes de que el TC vea el caso de Keiko y filtró información a sus amigos de la prensa: el BCP había aportado a Fuerza Popular US$ 3.5 millones de dólares en la campaña del 2011. Enseguida tuvimos que aguantar el clásico y patético espectáculo de “indignados” lloriqueando y maldiciendo al BCP, cortando sus tarjetas de crédito y amenazando con retirar sus CTS.
Pero con todo y eso, hasta ahora no han logrado probar absolutamente nada contra Keiko Fujimori. Todo lo que tienen es solo humo y floro para convencernos de que todo cuanto rodea a Keiko es criminal. Es el mito que el progresismo se esfuerza en contarnos todos los días. A nadie le interesa ya la verdad. Lo que quieren es linchar a Keiko y desaparecer al fujimorismo. Periodistas de características de prensa chicha prefieren posar como indignados y proferir sospechas anti Keiko para ganarse al público en vez de ejercer su profesión con dignidad y valor, aclarándoles cómo son las cosas en realidad.
Sería muy simple de explicar que en todas las campañas electorales existen donantes privados, entre ciudadanos y empresas, que tienen todo el derecho a mantener en reserva sus nombres, si así lo desean. Así es como funciona la democracia en cualquier país civilizado y a nadie le escandaliza. Pero en vez de decir algo tan simple como esto, periodistas que no merecen este título, prefieren darle basura a su público y alimentar los odios mediante la sospecha malintencionada y la pose del “indignado”.
Casi no hay un periodista con algo de dignidad que se alce por encima de toda esa basura antifujimorista con que nos cubre la maquinaria mafiosa, repitiendo el mito ridículo de la “organización criminal” con que se acusa a Fuerza Popular. Se sospecha de todo cuando se trata de Fuerza Popular pero nunca sospechan del fiscal de la mafia que filtra sus datos en los momentos precisos para perjudicar a Keiko cada vez que otras instancias están por analizar su libertad. Allí nadie sospecha del fiscal ni de sus testigos ni de sus amigos de la prensa. Todos los sabios del periodismo son ciegos para ver los movimientos mafiosos de este fiscal, a pesar de que casi siempre se trata de un “testigo” que declara sin aportar una sola prueba. Nadie se percata de la maquinaria mafiosa que se mueve desde IDL, La República, Canal N y América TV, entre otros.
Y al final resulta que hasta ahora el fiscal de la mafia caviar no tiene absolutamente nada concreto contra Keiko. Pero nadie se atreve a analizar el caso con frialdad y objetividad. Tampoco invitan a los expertos que tienen una opinión distinta al fiscal Pérez y a la linea del antifujimorismo patológico en que se adoctrina a la población. Una gran irresponsabilidad de la prensa para quienes la verdad ha dejado de ser un valor hace tiempo. Para ellos es mejor caerle bien a la mafia y sumarse al cargamontón anti Keiko que pide la proscripción del fujimorismo, objetivo que la mafia caviar persigue obsesivamente como parte de su programa político.
Los expertos han dicho miles de veces que los aportes de campaña no constituyen delito y menos lo eran en el 2011. Nada de eso cae en la figura del lavado de activos. El caso del fiscal Pérez es una farsa que se vendría abajo en un juicio. El pitufeo, los aportantes fantasmas y hasta las firmas falsas son vicios procesales y permanentes de casi todos los partidos políticos en todas las campañas. Nunca se usaron para armar un caso penal contra nadie. La mafia caviar ha usado todo eso inventando una serie de cargos ridículos y maniobras sucias para mantener presa a Keiko, sacarla del escenario político y desmantelar a la principal fuerza política de oposición. Eso es todo lo que persigue la mafia. Hay que decirlo con claridad.
La mafia caviar ha actuado con la complicidad de una prensa prostituida y de funcionarios corruptos. Para eso anularon la Ley Mulder, para poder seguir comprando a la prensa. Luego armaron la feroz campaña contra Chávarry para mantener el control del Ministerio Público. Hasta dieron el golpe de Estado para mantener el control del Tribunal Constitucional. Y ningún periodista parece darse cuenta de que vivimos en manos de una gran mafia que hace lo que quiere con el país.
La mafia caviar ha actuado con la complicidad de una prensa prostituida y de funcionarios corruptos. Para eso anularon la Ley Mulder, para poder seguir comprando a la prensa. Luego armaron la feroz campaña contra Chávarry para mantener el control del Ministerio Público. Hasta dieron el golpe de Estado para mantener el control del Tribunal Constitucional. Y ningún periodista parece darse cuenta de que vivimos en manos de una gran mafia que hace lo que quiere con el país.
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