Por Dardo López Dolz
El DS 006-2013 y la Ley 29954, sobre posesión legal de armas de fuego, deben ser derogados de inmediato por inconstitucionales. Violan el derecho a propiedad disponiendo la incautación de las armas con licencia, de ciudadanos honestos, hasta la venta obligada o la incautación definitiva en 180 días de aquellas que excedan el limite de 2 que la misma norma fija. En el caso de las 9mm, la infracción constitucional es mas grave aún, al disponer que debe vendérsela a militares o policías. O sea, como obligarlo a quien tiene más de un auto a entregarlo gratis al Estado hasta que un militar o policía se lo compre en el precio que le dé la gana o lo pierde. Eso es robo de propiedad registrada mediante un DS.
Esto viola el derecho a la libre asociación, obligando al deportista a federarse para renovar su licencia. Como obligar a asociarse a un club federado (y pagar la cuota mensual) si desea jugar fútbol en una cancha o el Estado le robe sus chimpunes. Ya era grave que la ley prohibiera el ejercicio del derecho de propiedad de las armas calibre 9mm y que el TUPA encareciera los costos de renovación hasta el 20% o 30% anual del valor del arma, disparando la no renovación, el mayor problema que hereda la SUCAMEC.
Pero el ejercicio de estupidez normativa no acaba allí. Se incluye en el control de la hace años colapsada SUCAMEC las carabinas de balines, los sprays de gas pimienta, los "Stun guns" eléctricos, las que lanzan proyectiles de goma, los juguetes de airsoft (pelotitas de plástico) y paintball (pelotitas de pintura); de libre importación y comercialización en todo el mundo.
En claro afán de proteger la integridad de los pobrecitos delincuentes de los efectos de la autodefensa del ciudadano honesto, pretenden también restringir el libre acceso las armas no letales para su defensa, por no mencionar la ridiculez de incluir las armas de juguete. Menos mal que olvidaron el cuchillo de cocina, el palo de amasar, las hondas, trompos y huaracas. En política se asumen costos, cuando se solucionan problemas, en democracia se hace sin violar la ley ni la Constitución.
Pero las recientes modificaciones legales en materia de armas no solucionan la inseguridad, la agravan, empujando gran cantidad de armas legales hacia la informalidad y el mercado negro, limitando las posibilidades del tirador y cazador deportivos, quebrando las empresas de seguridad y facilitando el trabajo de los delincuentes. Cuando es reiterado el "error" del funcionario, sabio es desconfiar de sus reales intenciones.
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