jueves, 31 de marzo de 2016

Santas intromisiones de la Iglesia



Por: Dante Bobadilla Ramírez

Fuente: El Montonero

El arzobispo de Arequipa, Javier del Río, aleccionó a sus fieles diciéndoles por quién no votar, pues cometerían pecado. No, no es un chiste. Ocurrió realmente, y hay quienes dicen que es su derecho de ciudadano; pero lo dudo. Estaba ejerciendo el sacerdocio y es obvio que fue mucho más allá de su función como sacerdote. No opinó en la calle sino al interior de una iglesia y en pleno acto litúrgico. Estoy seguro de que hasta el Derecho Canónico censura eso. En buena cuenta, engañó y mintió; es decir, fue más allá de la doctrina de la fe.

Por supuesto, la respuesta no tardó en llegar por parte de la propia Iglesia Católica. Alfredo Barnechea apareció dos días más tarde paseando con el obispo emérito de Chimbote, Luis Bambarén, voz más autorizada aún, quien no tuvo reparos en mostrar su apoyo a uno de los candidatos del “pecado”. Desde luego, criticó al arzobispo de Arequipa: “El que haya señalado con nombre propio por quién no se debe votar es un exceso: eso fue una posición personal, no de la Iglesia”, dijo Bambarén. Sí claro, pero las posiciones personales no se expresan con la casulla, la mitra y el báculo dentro de un templo ni en un acto litúrgico. Eso lo sabe Bambarén, quien además dijo que jamás votaría por Keiko Fujimori. Ese si es su derecho, pues habló en términos personales.

Esto refleja que en la Iglesia Católica hay de todo, como en botica. Hay progresistas, socialistas y conservadores de cuño medieval, incapaces de consensuar con los tiempos modernos. Por desgracia, estos últimos parecen detentar mayor poder e influencia sobre nuestra cucufata sociedad.

Lo que más molesta es que con todo esto queda la impresión de que solo la izquierda defiende cuestiones tan elementales como la despenalización del aborto y el matrimonio gay, lo cual es un error. En la derecha tenemos posiciones muy sólidas respecto a estos temas y no pasan por someterse a la visión colonial y dogmática de la religión. Nos bastan los principios de la libertad individual. Desde luego, el Estado puede y debe garantizar los derechos de las parejas que se unen, sin importar su sexo. Eso en nada afecta a los demás.

Los debates se tornan imposibles cuando los sectores del ala más conservadora de la Iglesia desnaturalizan los temas, estigmatizando a quienes simplemente defendemos la libertad como premisa. Mienten, engañan, manipulan en una campaña histérica y llena de odio homofóbico, promoviendo la idolatría del “no nacido” y presentando todo eso como una “defensa de la vida y la familia”. Mentira. Desde el liberalismo jamás apoyaremos decisiones de masa que anulen la libertad del individuo a tomar sus propias decisiones.

Tampoco podemos apoyar totalitarismos iluminados que pretenden inculcar una única forma de vida para toda la sociedad. Tan nefasto es que un partido político en el poder se tome la atribución de imponer el socialismo a todo un pueblo, como lo es que una Iglesia pretenda regir la vida de todos mediante la ley hecha según sus pautas morales y sus concepciones de la vida y la familia. Eso es simplemente totalitarismo estatista puro y duro, y lo rechazamos venga de donde venga; así esté envuelto en empaques primorosos de buena voluntad.

No se puede debatir con estos sectores fanatizados, pues tergiversan el sentido de las cosas. Nos llaman “abortistas” por defender la libertad de las mujeres a decidir, y luego dicen que tienen moral. Toda esta discusión está perturbada por el activismo histérico y la manipulación de imágenes, conceptos y falsos valores. Desde la absurda pregunta “¿Usted está de acuerdo con el aborto?”, como si alguien en su sano juicio pudiera estar de acuerdo con el aborto. Esa no es la cuestión, ni es el punto. El aborto es un hecho cotidiano, nos guste o no. La cuestión es tratarlo del modo más conveniente. Las posiciones moralistas, jurídicas y hasta cientificistas para oponerse están demás. Las mujeres que quieren abortar no preguntan qué dice la ley o qué opinan el cura y los vecinos. Hay que enfrentar los hechos y ayudar a las mujeres a superar los problemas reales que enfrentan. El resto es ceguera ideológica que no ayuda absolutamente en nada.

domingo, 27 de marzo de 2016

Tipología de las izquierdas


Por: Dante Bobadilla Ramírez

¿No les parece sospechoso que todo el mundo quiera ser de izquierda desde que nace? Calabacitas de la TV afirman que ser de izquierda es "querer el bien para todos". Hasta el cocinero Gastón Acurio dice que "ser de izquierda es un deber moral". Algo pasa que la gente cree que ser de izquierda es la posición correcta en la vida, lo más cool, la pose encantadora. Parece que las mamás ya no les dicen a sus hijos que sean buenos chicos sino que sean de izquierda. Más o menos esta es la idea que prima en un gran sector de nuestra chibolería. Resulta que en la izquierda encontramos una galería de lunáticos que van desde Abimael Guzmán hasta las candorosas niñas anti Kekiko que marchan por causas que ellas misma no entienden ni conocen bien.

La izquierda es como un manicomio en donde cada quien padece su propio trastorno mental. Hay de todo. Así que para tratar de ubicarnos en ese terreno haremos una especie de guía. Puede servirle a la gente que dice ser de izquierda para ubicarse en alguna de estas categorías, aunque algunas ya se están extinguiendo:

a) La izquierda romántica y cojuda.- Creen que si sienten pena por los pobres ya son de izquierda; si le gustan los animales creen que son de izquierda, si les preocupa el planeta están convencidos de que son de izquierda. Si están a favor de causas lindas como la justicia, los derechos, la igualdad, en contra de la discriminación y creen que la política debe consistir en ayudar a los más pobres, entonces ya ni hablar, definitivamente sienten que deben ser de izquierda. La verdad es que no les gusta ni les interesa la política, sobre política no saben absolutamente nada, pero se declaran de izquierda.

Son amantes de los lindos pensamientos y frases cursis que publican en su Facebook. Creen que pueden resolver todos los problemas con una marcha, una caminata, una maratón, una bicicleteada o un apagón de una hora, mientras se toman selfies.

Les encanta marchar con sus polos especialmente diseñados para la ocasión de la protesta. Son pacifistas inocentones que creen en el arrepentimiento de los terroristas y que la violencia del terrorismo fue por causa de la pobreza.

b) La izquierda caviar y snob.- Creen que la izquierda es una pose intelectual, que declararse de izquierda les otorga caché y los convierte en "progresistas". Conocidos también como "progres", están en contra de toda sombra y gesto de discriminación social y viven atentos a todo acto sospechoso de discriminación para montar una telenovela de varios días.

Son limeños blanquiñosos, originalmente miraflorinos, hoy expandidos por Surco y La Molina, conocen la sierra por turismo y a los cholos por foto, pero escriben libros enteros acerca del cholo. Apoyan todas las causas que signifiquen odio al sistema y sus nombres aparecen en cuanto comunicado se publica para apoyar causas nobles o rechazar atentados a la ética.

Son apitucados, hijitos e hijitas de papá y mamá, niños bien, estudiantes cumplidores y casi todos profesionales de buena universidad, ricachones intelectualoides con sentimientos de culpa y traumas sociales, que tratan de expiar sus pecados veniales mediante la prédica social, generalmente a través de artículos en sus columnas o entregados al activismo social.

En general los caviares son de buenos gustos y de buena vida, habitúes de los cafés más fichos de Lima. Se les ve siempre posando con un libro reciente sobre la mesa o sobre el asiento del auto. Muchos han ejercido alguna función pública o están permanentemente dispuestos a ofrecerse como ministros. Mientras tanto, adoptan el papel de tribunos, dueños de la conciencia social del país desde la comodidad de su oficina, escritorio, buffete o buró. Algunos son consumados blogueros o tuitean obsesivamente desde sus smartphones.

c) La izquierda ignorante y placera.- Estos ni siquiera saben a qué lado está la izquierda. Socialmente son el reverso de los caviares. Pertenecen a una sufrida clase media, emergente y rencorosa y se han creído todos los cuentos de los agitadores políticos marxistas. Creen que el hecho de ser trabajadores asalariados los hace seres explotados y, por ende, de izquierda, y que para ejercer su derecho al reclamo tienen que militar en la izquierda radical.

Son la clientela predilecta de los predicadores marxistas. Desconfían de los caviares porque no los entienden ni los leen. Prefieren creerle a los agitadores sociales que los llenan de consignas y de mentiras, guiándolos por el camino de la subversión. Sueñan con llegar a la política mediante la acción sindical. Su manera de hacerse notar es apelando a la violencia en sus marchas ruidosas. Conciben que su única posibilidad de reivindicación es la lucha callejera y cuanto más violenta mejor.

Son pendencieros, manipuladores, oportunistas y corruptos, saltimbanquis, tránsfugas, mataperros y trepadores, capaces de cualquier fechoría cojuda por ganarse alguito. A falta de argumentos y de versación intelectual, prefieren las acciones directas. Se manejan a base de consignas, clichés y fórmulas conceptuales que les sirven como todo sustento de raciocinio.

d) La vieja izquierda intelectual.- Ancianos víctimas de su época. Educados en la escuela marxista, dominante en todas las ciencias sociales durante el siglo XX. Preocupados por explicar la realidad nacional desde la perspectiva del materialismo histórico, la mayoría de ellos cayó en la tentación de apegarse al simplismo de las fórmulas marxistas, propias de la Era Industrial del siglo XIX, cuando el Perú nunca tuvo una Era Industrial.

Concibieron el escenario político nacional como si se tratara de una novela de Ian Flemming, manejada por los oscuros intereses de un Poder Mundial, cuyos torcidos y caprichosos designios son los únicos causantes de la situación de pobreza y postergación de los indios, y del Perú en general. Con esta tesis alimentaron a través de sus libros y teorías el ambiente académico.

Sirvieron como referentes para algunos gobiernos, sobre todo el de Velasco Alvarado, y para toda la generación de izquierda de los 70 y 80 incluyendo Sendero Luminoso. Hoy se mantienen calladitos, pero de cuando en cuando aparecen con sus pergaminos desenrollados para dictar cátedra, como cuando intentaron servir de asesores a Ollanta Humala o cuando escriben algún artículo que resalta como el medallón de la abuela en el fondo del baúl para defender a la CVR.

e) La izquierda delirante.- Dementes alienados con ideología anti. Alucinados que conciben toda la realidad como nefasta. Viven todavía detrás de la cortina de hierro. Están cargados de odio de clase. Repiten como loros sus doctrinas políticas que memorizan como una oración para cacarearlas de memoria.

Se organizan en agrupaciones que conservan un rígido esquema, incluyendo uniformes, consignas, himnos y rituales donde predomina un abominable color rojo. Consideran que todos los demás están equivocados, que son pecadores, infieles y dignos de castigo.

En su empeño por conseguir el pensamiento marxista más puro, llegan a dividirse en facciones incontables, acusándose mutuamente de revisionistas o desviacionistas. Su símbolo sigue siendo la hoz y el martillo, y sus banderas todavía muestran a Marx y al Che. Flamean sus banderas rojas indiferentes al fracaso mundial del comunismo.

Suelen salir de sus cavernas con sus banderas rojas cada vez que se presenta la ocasión, como cuando la izquierda convoca a sus insufribles marchas. Allí flamean sus banderas rojas y otras con el rostro del Che.

f) La izquierda asolapada.- Extremistas del ayer, fracasados, arrepentidos y frustrados, que hoy viven como asesores y consultores, defensores de algo. Son oenegientos, derechohumanistas, ambientalistas y otros ismos de moda.

Incluso son ahora expertos senderólogos que se prestan como opinantes ante los medios. Sobrevivientes del cataclismo mundial de la izquierda, luego de la caída del Muro de Berlín, hoy reptan camuflados en una nueva actividad aparentemente no política. Ocultan su pasado como si fuera un tatuaje de la hoz y el martillo en la palma de la mano donde reciben sus cheques.

Algunos llegaron tarde a la política y se quedaron con las ganas, pues el comunismo mundial se derrumbó antes de que pudieran hacerse famosos. Ahora se consuelan defendiendo a la dictadura cubana y simpatizando con todos los extremistas mundiales, desde Noam Chokmsky hasta Naomi Klein. Difunden los ideales bolivarianos de Hugo Chávez y las ideas de Paul Krugman. Han transformado el activismo político en activismo social a través de lo que llaman candorosamente "la sociedad civil". Hacen política sin caer en la política porque se disfrazan de académicos opinantes. Su emblema puede ser una flor, un planeta, un sol radiante. Sus organizaciones tienen nombres de nido, como "mundo feliz" o Frente Amplio "por la justicia, la vida y la libertad".

Están atentos a lo que ocurre con los presos por terrorismo y claman venganza contra los militares y fujimoristas, pero siempre bajo la mascarada de los DDHH y la reconciliación nacional.

Utilice esta guía para ubicar a cualquier izquierdista que salga por ahí con sus escritos o consignas. Si usted se siente de izquierda, ya puede elegir a qué clase pertenece. Lo mejor sería exorcizar a la sociedad peruana. Por lo menos vacune a sus hijos contra la fiebre de estupidez izquierdista. Los libros son una buena cura.

sábado, 26 de marzo de 2016

El Poder Judicial y las ONG marxistas en el Perú


Por: Jorge Serrano Torres


Mientras el Poder Judicial peruano atraviesa por una grave crisis y anuncia una nueva reorganización tras descubrirse un caso de corrupción cometido por un Vocal Supremo Provisional que terminó en la cárcel, es necesario conocer las redes de influencia y a sus operadores que acaparan una ingente cooperación internacional destinada al fortalecimiento de la vapuleada justicia peruana. Entonces, saldrá a la luz un entramado de ONGs neomarxistas o de “izquierda caviar”, que buscan hacer prevalecer su sesgada visión ideológica en áreas tan sensibles como la administración de justicia, derechos humanos, defensa nacional y seguridad ciudadana.

Los orígenes y mutaciones
Para comprender los hechos del presente hay que adentrarse en la historia que nos ayudará a desentrañar el accionar de un sector izquierdista metamorfoseado en las instituciones democráticas de la actualidad, con el fin de alcanzar sus objetivos estratégicos en función de su orientación ideológica y política, que incluye la desarticulación de organismos claves para la estabilidad y gobernabilidad del Perú.
Una comunidad ideológica neomarxista fue acogida por el gobierno de transición de Valentín Paniagua en el 2001, tras la caída de la administración Fujimori. Este grupo se caracteriza por haber militado en tres agrupaciones de extrema izquierda en los años sesenta y setenta: Vanguardia Revolucionaria (VR), el Partido Comunista Revolucionario (PCR) y el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). A ellos se han sumado algunos ex dirigentes del Partido Comunista pro moscovita.
La mayoría de estos personajes se identifican por que en sus años de formación universitaria fueron fervorosos propulsores de la lucha armada para destruir el orden establecido, incluso los tres primeros grupos (VR, PCR y MIR), abrazaron públicamente el maoísmo clásico de la República Popular China, durante los años de la cruenta revolución cultural de Mao Tse Tung.
Por consiguiente, han sido enemigos de la democracia representativa, a la que tildaban de “democracia formal” y radicales antagonistas de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, a las que denostaban como “guardianes reaccionarios del orden establecido” y mera “prolongación represiva de los intereses del imperialismo estadounidense y de sus amaestradas burguesías criollas”.
Aquella Vanguardia Revolucionaria (VR), tuvo como primer secretario general a Ricardo Napurí y los demás líderes fundadores fueron Ricardo Letts Colmenares, César Benavides, Edmundo Murrugarra Florián y Jorge Villarán. Una de las iniciales tareas de su proyecto fue captar a estudiantes de la Pontificia Universidad Católica, la Universidad Mayor de San Marcos, la Universidad Nacional de Ingeniería y la Universidad Agraria de La Molina principalmente, usando en muchos casos como cantera de reclutamiento a la Unión Nacional de Estudiantes Católicos (UNEC), un movimiento universitario católico fundado en 1941, afiliado al Movimiento Internacional de Estudiantes Católicos (MIEC), ambos reconocidos por la Santa Sede, pero que en aquellos tiempos era aprovechado como centro de congregación de algunos que se consideraban futuros “brazos intelectuales de la revolución”.
En ese contexto serían ganados Javier Diez Canseco, Oscar Dancourt Masías, Agustín Haya de la Torre, Eduardo Figari, Juan Sánchez Barba, Víctor Torres, Alfredo Stecher, Alberto Gonzáles, Sinesio López y Julio César Mezzich, quien años más tarde se integraría a las huestes terroristas de Sendero Luminoso, a la cabeza de la facción Vanguardia Revolucionaria - Político Militar (VR- PM).
Gran parte de ellos apoyaron las guerrillas iniciadas durante 1965 en el Perú, por el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN). VR respaldó a los sediciosos y tuvo contacto con los dirigentes del MIR y del ELN. A tal punto llegaron sus lazos con la subversión marxista guevarista, que uno de los dirigentes de VR fue invitado por Luis de la Puente Uceda a “conferenciar” sobre la lucha armada a la base guerrillera de Mesa Pelada (Cusco).

Las esquirlas de los grupos marxistas
Para tener una idea más clara sobre las coordenadas ideológicas y la estratagema violentista de estos grupos, basta recordar que ante el fracaso del proceso subversivo del MIR, VR sentenció lo siguiente: “Las guerrillas del MIR parecen no haber explotado correctamente el instrumento fundamental con el cual deben enfrentarse a las Fuerzas Armadas del poder burgués: el arma subjetiva, desmoralizarlos, cansarlos, no presentar frente, darles tiempo para que se corroan, ganarles la moral, descomponerlos internamente, esperar a que se pudran desde adentro”.
Antes de continuar, una referencia importante: años más tarde, cuando estos grupos marxistas ya habían mutado, el periodista peruano Herbert Mujica Rojas, los calificó con acierto, aunque solitariamente al principio, como “izquierda caviar” en el Perú, recordando la expresión formulada por el periodista francés Daniel Benoits, respecto al sinuoso proceder de la clase política izquierdista en Francia, hace unos 20 años.
Siguiendo el relato, de VR-PM se desprendió el Partido Comunista Revolucionario (PCR), liderado por Manuel Dammert Ego-Aguirre. A fines de los años setenta, en VR (y por extensión el PCR y el MIR) se fijan como objetivo “ante la crisis política de situación pre-insurreccional”, formar varios frentes que los diferencien de Sendero Luminoso y posteriormente del MRTA que empezarían a comienzos de la década de los ochenta su accionar terrorista. El frente de la lucha legal, electoral, parlamentaria, municipal y en los medios de comunicación; el frente de la lucha de las masas populares organizadas y el frente de la lucha armada.
En los años setenta además, VR se integra al frente Unidad Democrática Popular (UDP) y publica el semanario Amauta, codirigido por Oscar Dancourt y Fernando Rospigliosi; después ante la inviabilidad de la lucha armada de SL, participan en las elecciones de la Asamblea Constituyente que redactará la Carta Magna de 1979, aunque VR luego la negó. Mientras, otros buscaron reciclarse en el régimen democrático, como el PCR de Manuel Dammert y la vertiente del MIR, base de operaciones de los futuros componentes de la denominada Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR): Carlos Tapia y Javier Ciurlizza, y del ex ministro de Justicia del Gobierno de transición de Paniagua, Diego García-Sayán.

La danza con lobos
En 1986, las páginas de la revista “Cambio”, vocero del grupo terrorista MRTA, acoge la siguiente propuesta de Francisco Soberón a favor de un diálogo con los senderistas: “Hay violencia por parte de Sendero, pero se deben buscar los canales necesarios de diálogo para que haya la paz con justicia social que todos deseamos”.
Se trata del mismo Soberón de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh) y que antes fuera miembro del comité central de Vanguardia Revolucionaria (VR), así como agitador de movimientos campesinos en la época de la reforma agraria del gobierno militar izquierdista del general Juan Velasco Alvarado en los años setenta, ubicándosele luego en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados en el gobierno de Belaunde.
En realidad, desde 1983 el sociólogo Francisco Soberón empezó a trabajar con Aprodeh, junto a un equipo de su misma tendencia ideológica marxista, compuesto por Martha Giraldo, Fernando Rospigliosi (a quien conocía desde la universidad), Manuel Piqueras y Liliana Panizo.
A tal punto llega la confianza y empatía entre ellos, que incluso durante el gobierno de Toledo en el 2001, la Revista Ideele de la ONG Instituto de Defensa Legal (IDL) se preguntaba: ¿Pero por qué si está Diego García Sayán de ministro de Relaciones Exteriores y Fernando Rospigliosi en el Ministerio del Interior, deben haber organismos de derechos humanos?
Pero la mutación no se detuvo: en la temática de los derechos humanos del mismo modo aterrizaron otros neomarxistas como Sofía Macher Batanero (llegó a ser Directora de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos e integrante de la CVR) y su esposo Hans Landolt Pardo, ex integrante del Partido Comunista Revolucionario y actual conductor de un programa de entrevistas y reportajes en Televisión por Cable, financiado por la ONG IDL, donde él mismo es director.
Recapitulemos: a inicios de los ochenta, los camaradas de Vanguardia Revolucionaria (VR), del Partido Comunista Revolucionario (PCR) y del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) ya no veían a Sendero Luminoso (SL) como el aliado del “campo popular”, sino que empezaban a tomar distancia, sobre todo cuando en la década crítica de los ochenta y principios de los noventa el violento accionar terrorista mediante coches-bomba, asesinatos selectivos de militares y civiles, destrucción de infraestructura y apagones, alcanzaron a varios dirigentes de la izquierda.
Pese a que muchos tomaron distancia de la crueldad criminal de SL dirigido por Abimael Guzmán, no lo enfrentaron como era debido y tuvieron un discurso ambiguo respecto al fenómeno terrorista, posiblemente debido a que les provocaba sentimientos encontrados, ya que SL, en parte llevaba a la práctica lo que ex camaradas como Diego García-Sayán y Carlos Tapia (ambos del MIR) o Ronald Gamarra, entre otros, habrían proclamado en los claustros universitarios y las movilizaciones callejeras.

ONGs: Caballo de Troya en el Poder Judicial
Mas bien estos dirigentes y militantes de izquierda afianzaron su visión y actitud negativa respecto a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, luego de haber sido cómodos y vacilantes espectadores de la batalla que se dio en el terreno de las armas entre el Estado peruano y las hordas senderistas.
Este es el momento del recodo y viraje estratégico. En efecto, un grupo se introducirá en el tema de los derechos humanos, con la misión de enfrentar a las Fuerzas Armadas en el nuevo escenario de conflicto (el terreno legal), para lo cual controlarán la Defensoría del Pueblo, en especial durante la precaria (no fue ratificado por el Congreso, ni renunció), pero extensa etapa de Walter Albán, también de procedencia marxista.
Completando la tenaza, operadores políticos vinculados a la ahora, izquierda neomarxista o izquierda caviar, que venían actuando desde ONGs dedicadas a la promoción de los derechos humanos, asumieron posiciones de poder en el Gobierno de Transición 2000-2001 y paralelamente, lograron copar la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR).
A consecuencia de estos hechos, el Estado peruano se allanó al mandato de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de realizar nuevos juicios penales a los cabecillas y militantes terroristas previamente sentenciados y ya en prisión, al tiempo que representantes de la CVR realizaban discretas conversaciones (que luego fueron conocidas por la opinión pública) con la cúpula de Sendero Luminoso encarcelada en el penal de la Base Naval del Callao (Lima), concertando facilidades para materializar el nuevo escenario judicial.
Esto fue posible gracias a que durante la gestión transitoria del presidente Valentín Paniagua Corazao, lograron el manejo del Ministerio de Justicia con Diego García-Sayán (Noviembre 2000-julio 2001), el cual después extendió su poder al llegar a ser Ministro de Relaciones Exteriores en el régimen de Toledo (Julio 2001-julio 2002) con el secreto pero decisivo apoyo de Eliane Karp de Toledo y el contexto generado para sostener la feroz persecución política y la justicia jacobina contra los adversarios del toledismo, militares y policías que combatieron a SL y el MRTA, junto a ex integrantes del gobierno de Fujimori, tanto culpables como inocentes.
Desde esta posición de fuerza política, García-Sayán forjó sólidos nexos con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos de San José de Costa Rica, facilitando el allanamiento del Estado peruano frente a los numerosos casos abiertos ante dichos foros internacionales en base a pruebas contradictorias y endebles, por presuntas violaciones de los derechos humanos, a cargo del mismo Estado peruano o “sus agentes” en las Fuerzas Armadas y policiales. Aunque se debe reconocer que varios casos llevados ante esa instancia supranacional eran verdaderos abusos contra ciudadanos peruanos.
Resalta un hecho escandaloso: el de la ex agente de inteligencia peruana, Leonor La Rosa Bustamante, que fue indemnizada con 120 mil dólares por el presidente Toledo, en base a supuestas torturas que denunció haber sufrido en el Servicio de Inteligencia del Ejército, no obstante que luego surgieron evidencias que la desmintieron a nivel judicial. Miguel Jugo Vieira y Heriberto Benítez Rivas, en representación de la Asociación Pro Derechos Humanos, presentaron el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el cual luego fue avalado por los ministros Diego García-Sayán y Fernando Olivera.
A continuación, como era de esperarse, una vez alejado de sus funciones gubernamentales, García-Sayán fue nombrado Juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para el período 2004-2009, sin dejar su cargo como Director General de la Comisión Andina de Juristas (CAJ).
En este panorama, los neomarxistas de la izquierda caviar no dejaron de reforzar ONGs como el Instituto de Defensa Legal (IDL), de donde procede Ronald Gamarra; la misma Comisión Andina de Juristas, de García-Sayán (MIR) y Enrique Bernales Ballesteros (ex Partido Socialista Revolucionario). Luego aparecerá, para completar el círculo, una extensión del IDL: el consorcio Justicia Viva, y un tercer grupo se situará en el tema de la descentralización, a la cabeza de Manuel Dammert Ego-Aguirre, Carlos Barnechea Lercari y Rudecindo Vega Zavaleta (quien después fue ministro de Vivienda y Construcción en el gobierno de Toledo).
Otros primos hermanos ideológicos se instalarán en los temas de la seguridad ciudadana y defensa nacional, tras ser nombrados para dirigir el Ministerio del Interior y el Consejo Nacional de Inteligencia en el gobierno de Toledo (Fernando Rospigliosi, Carlos Basombrío, Gino Costa y Wilfredo Pedraza, como jefe del INPE, entre otros). Pero varias de sus ONGs fueron muy “pragmáticas”. Por ejemplo, la Comisión Andina de Juristas de Diego García-Sayán, trabajó con el gobierno de Alberto Fujimori, particularmente en el ámbito de la reforma de la administración de justicia y la Academia de la Magistratura, como parte de un convenio con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) suscrito en 1998.
A su turno, Abraham Siles Vallejos, de IDL-Justicia Viva, ha sido un funcionario en el PNUD y laboró en el llamado proceso de Modernización y Reforma del Poder Judicial los años 1997, 1998 y 1999. Pero tras el derrumbe del régimen de Fujimori y la instauración del gobierno de transición visualizó junto a sus pares, un nuevo campo de acción: el control del Ministerio de Justicia y del aparato judicial, a través de procuradores Ad Hoc y una red de fiscales y jueces, aunado al copamiento de la millonaria cooperación internacional.

¿Tontos útiles o cómplices?
Como se mencionó, el entramado judicial dominado por estas redes de neomarxistas reciclados, empieza allí. Coincidiendo con el liderazgo de Diego García-Sayán, quien al asumir el cargo de Ministro de Justicia en noviembre del 2000, firma dos resoluciones con carácter de “estrictamente secreto” (no publicadas en el diario oficial El Peruano), sobre conmutación de penas y rebajas de sentencias para liberar a dos terroristas de la cárcel.
Una semana después firmará otras once resoluciones supremas, éstas sí publicadas el 2 de diciembre del 2000 en la gaceta oficial, para beneficio de indultos y a los tres días, se publicarían otras 8 resoluciones otorgando perdón a igual número de terroristas sentenciados. Y el 10 de diciembre del 2000 salen a luz otras 10 normas de indulto a condenados por “traición a la patria”. Es decir, en 15 días Diego García-Sayán indultó a 31 sentenciados por terrorismo. Este fue apenas el inicio de su política de “humanización” de los establecimientos penales, de flexibilización carcelaria, es decir, de liberación de cientos de terroristas sentenciados.
Al respecto, según cifras publicadas sobre los últimos tres años del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) por el diario Peru 21 en octubre de 2006, hasta el año 2003 había en las cárceles peruanas 1.064 subversivos, pero hoy sólo permanecen 290, ya que el Poder Judicial sigue liberando masivamente a terroristas de SL y del MRTA, al declararles fundados sus pedidos de semilibertad o de liberación por exceso de carcelería.
Es más, a la fecha existe un grupo de 547 personas acusadas de terrorismo pero que no han sido sentenciadas, es decir, que sus procesos continúan en la Sala Nacional para Casos de Terrorismo, que preside el vocal superior Pablo Talavera, quien ha sido denunciado por una fiscal y el procurador para casos de terrorismo Guillermo Cabala, de ser muy “condescendiente” con los acusados.
¿Y los terroristas libres donde están? Nadie lo sabe con certeza, por que favoreciendo la estratagema pro-terrorista, durante el gobierno de Toledo destruyeron lo que quedaba del sistema de inteligencia nacional con el falaz argumento de que estaba totalmente contaminado por la corrupción de la década pasada y recortaron drásticamente el presupuesto del sector militar y policial.
Según inteligencia policial, una parte significativa, si no mayoritaria, de los senderistas excarcelados no había abandonado sus convicciones ideológicas ni su sujeción a Sendero Luminoso al momento de salir de los establecimientos penales; por lo que se infiere que estarían en posición de reintegrarse a dicha organización criminal a fin de contribuir decisivamente a restaurar las estructuras y los aparatos partidarios a nivel nacional.
Por otra parte, cuando fuera titular de Justicia, García-Sayán mantuvo a los procuradores Ad Hoc del caso Montesinos contratados por Alberto Fujimori, es decir, José Ugaz de la ONG Proética y a su socio Luis Vargas Valdivia. Pero antes de incorporar a Ronald Gamarra (de la ONG Instituto de Defensa Legal) a la procuraduría en asuntos de derechos humanos, convocó a Javier Ciurlizza Contreras como jefe del gabinete de asesores del Ministerio de Justicia y el 16 de enero del 2001, lo nombró presidente de la Comisión de Indultos, Derecho de Gracia y Conmutación de Penas para los casos de terrorismo.
Quienes conocen el pasado de Ciurlizza afirman que militó en la filas del Partido Comunista Revolucionario y hace poco se hizo tristemente célebre cuando se difundieron unos audios donde se escucha a Ciurlizza, intercambiar ideas en la Base Naval con los cabecillas de Sendero Luminoso y del MRTA, sobre varios puntos de agenda, como la irresponsable flexibilización carcelaria y la misma composición de la Comisión de la Verdad (CV), mientras Abimael Guzmán exigía que lo trataran como “preso político”.
Acto seguido, Ciurlizza habría de ser secretario ejecutivo de la CV, para finalmente recalar en una dirección del Ministerio de Relaciones Exteriores. Por si fuera poco, en agosto de 2006, durante el gobierno de Alan García, se nombró como Vicepresidenta del INPE, a Susana Silva Hasembank, actual esposa de Javier Ciurlizza, quien ya se había desempeñado como Segunda Vicepresidenta del INPE entre marzo de 2004 y febrero de 2006; además, ha sido asesora jurídica del Comité Internacional de la Cruz Roja con sede en Lima, Perú.
Otro integrante del aparato neomarxista caviar en el sector justicia, ha sido Iván Bazán Chacón, de la ONG Fedepaz (Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz). Fue el primer secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos y Conmutación de Penas. En este esquema de infiltración, no llamó la atención que en la procuraduría Ad Hoc anticorrupción se incluyera a Ronald Gamarra, cuyo historial es bien conocido, no sólo en los claustros de la Universidad Mayor de San Marcos, sino como activista de “Pueblo en Marcha” (fundado en 1983), que junto a la Unidad Democrática Popular de Cecilia Oviedo, hoy exiliada en México, fungían como brazo legal del MRTA.
Debido a estos antecedentes, no extraña el fundamentalismo de Gamarra y su actitud carcelaria para con los militares y policías acusados de presuntas violaciones de derechos humanos. A la luz de estos sucesos, resulta condenable la indolencia y en muchos casos complicidad abierta del gobierno de Alejandro Toledo, quien alertado del juego propio en que estaban inmersos estos personajes que usaban sus cargos y la política anticorrupción para sus venganzas político-ideológicas, no hizo nada para impedirlo y únicamente procedió a remover a un sector de ellos, cuando comenzaron a investigar denuncias de corrupción que salpicaban al propio Toledo y a sus familiares.
Peor aún, al designar a un nuevo procurador anticorrupción, Toledo y sus asesores siguieron la misma tendencia: el elegido fue Antonio Maldonado, también ex militante del Partido Comunista Revolucionario (PCR).
Circunstancias similares se produjeron en el Ministerio Público, donde se encumbró en el poder el fiscal supremo Pablo Sánchez Velarde, que igualmente fuera del PCR en la Universidad Mayor de San Marcos. En el Poder Judicial el máximo exponente de la red neomarxista sería el vocal supremo César San Martín Castro, socio entre el 2000 y el 2004, del Estudio Benites de Las Casas, Forno & Ugaz Abogados. César San Martín es señalado por muchos como el teórico de gran parte de la legislación antigarantista y jacobina en materia judicial anticorrupción, aplicada desde el 2001 hasta la fecha.
Siempre con el obsesivo respaldo político y confabulaciones del entonces poderoso ministro de Justicia Fernando Olivera Vega, líder del FIM aliado del gobierno toledista, el vocal supremo César San Martín Castro, sería el creador de la figura jurídica de “complicidad en peculado” que habría servido para encarcelar a corruptos pero también a muchos enemigos políticos de la izquierda caviar.
Claramente, esta red neomarxista promovió el talionaje político y judicial atropellando principios básicos del Derecho, como la no retroactividad de las leyes; la preexistencia jurídica del delito a los hechos materia de acusación; la presunción de inocencia y el plazo perentorio de la detención sin sentencia, entre otros más; panorama que configura una violación sistemática del debido proceso en contra de los inculpados por la presunta comisión de actos de corrupción o violación de los derechos humanos, que fueron juzgados durante las administraciones de los presidentes Paniagua y Toledo.
El grupo reciclado de los camaradas tiene además sus tontos útiles y ejecutores en la Judicatura. Para algunos podría estar en la segunda categoría Juan Jiménez Mayor, ex viceministro de Justicia y Secretario Técnico de la Comisión Especial para la Reforma Integral de la Administración de Justicia” (Ceriajus), donde la izquierda caviar no dejó pasar la oportunidad para ubicar como “representante de la sociedad civil” a David Lobatón Palacios, activo operador de Instituto de Defensa Legal (IDL).
En este marco, el IDL y su hijo el consorcio Justicia Viva, habrían beneficiado mediante respaldo académico, social y de promoción mediática a varios magistrados anticorrupción: Inés Felipa Villa Bonilla, Inés Tello Valcárcel de Ñecco, Hilda Cecilia Piedra Rojas, Araceli Baca Cabrera, Susana Inés Castañeda Otsu, Carlos Ventura Cueva y Saúl Peña Farfán, entre otros.
En el área administrativa, durante el período en que fuera presidente de la Corte Suprema de Justicia, Hugo Sivina Hurtado, estuvo en la secretaría técnica del Poder Judicial la abogada Rosa Mavila León (Universidad Mayor de San Marcos y ex militante del PCR). Mavila León no niega su pasado radical y ha reconocido en una entrevista al diario El Comercio en agosto de 2006, que siendo abogada defendió a un acusado de terrorismo que luego habría sido absuelto por la Corte Suprema.
Además, ella ha sido una pieza clave: en la gestión de Toledo fue procuradora pública en asuntos judiciales y de terrorismo del Ministerio del Interior, así como asesora en el Acuerdo Nacional por la Justicia.
Pero su influencia llegaría lejos, Rosa Mavila también ha ejercido como secretaria general del Ministerio de Educación y Coordinadora de la Comisión de Reestructuración del Poder Judicial; docente del Programa de Capacitación para Fiscales y Vocales aspirantes a la Corte Suprema de la Academia de la Magistratura y antes integró el equipo técnico de la Iniciativa Nacional Anticorrupción que fuera encabezada por Monseñor Miguel Irízar, durante el Gobierno de Paniagua en el 2001. Como si fuera poco, en agosto de 2006, el Ministerio de Justicia, designó a Rosa Mavila, como jefa del Instituto Nacional Penitenciario (INPE).
Igualmente, en setiembre de 2006, surge otra muestra del poder de los lobbies de la izquierda caviar: la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) encargada de supervisar a las ONGs, nombró a Mariella Pinto Rocha, en el puesto de asesora principal de este organismo. Mariella Pinto es una profesional especializada en educación inicial, que ha trabajado desde el 2001 en el ministerio de Justicia a cargo del proyecto de reforma de los centros carcelarios y además estaría vinculada sentimentalmente a Diego García-Sayán.

El consorcio Justicia Viva
Por su condición de institución operativa del engranaje construido por la red neomarxista en el sector Justicia, es necesario conocer a la entidad “Justicia Viva” (JV): es un proyecto autodenominado “de participación y fiscalización ciudadana en la reforma judicial”, a cargo de un consorcio integrado por el Instituto de Defensa Legal (IDL), la Facultad y el Departamento Académico de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú junto a la Asociación de Jueces por la Justicia y Democracia, aunque este último grupo luego se apartó.
Con este proyecto, JV ganó en el área de justicia un concurso convocado por la USAID estadounidense y su “Oficina de Iniciativas Democráticas”, mediante el cual JV recibe apoyo económico y académico durante tres años.
Confirmando la sólida influencia de los neomarxistas en el consorcio JV, dicha institución tiene como actuales directivos y operadores a los siguientes personajes: Hans Landolt Pardo (Director General del IDL); Ernesto De la Jara Basombrío (Director General de Justicia Viva); Alfredo Villavicencio Ríos (Coordinador General); David Lovatón Palacios; Antonio Salazar García; Beatriz Santiváñez Arias; Javier La Rosa Calle; Juan Carlos Ruiz Molleda y por supuesto Ronald Gamarra Herrera.
Otra pieza de este grupo, es el sociólogo e historiador, Nelson Manrique Gálvez, ex asesor de la denominada Comisión de la Verdad y Reconciliación, y ahora columnista de IDL, Manrique Gálvez fue integrante del marxista Partido Unificado Mariateguista (PUM) y del grupo ultrarradical Márgenes, que en tiempos pasados llamaba “liberales” (Diario Amauta No 46), a otros camaradas que recusaban la violencia revolucionaria. Resulta que en octubre de 2006, a Nelson Manrique le habría salido su entraña marxista, al afirmar que las condenas penales benévolas aplicadas a los cabecillas del grupo terrorista MRTA eran “desproporcionadas”.

Antimilitarismo y direccionalidad ideológica
Como no podría ser de otra manera, considerando los antecedentes políticos y la orientación ideológica de quienes integran JV; sus trabajos evidencian una fuerte animadversión y desprecio hacia las Fuerzas Armadas y policiales, actitud que por extensión la proyectan a los ex funcionarios del régimen de Fujimori (inocentes y culpables); cayendo en una generalización y prejuicios incompatibles con una institución que opera en el Poder Judicial y ejerce una influencia en la opinión pública debido a sus amplios recursos económicos y mediáticos, a través de páginas Web, programas de televisión por cable, seminarios, becas, programas en radios de Lima y provincias, así como en revistas y boletines.
Esta postura reñida con la objetividad y contraria a la institucionalidad de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, se basa en temas como los derechos humanos y lucha anticorrupción, a partir de los casos de corrupción y violación de derechos humanos que perpetraron algunos miembros de dichas fuerzas del orden. Frente a lo cual, JV se dedica a estigmatizar, deslegitimar y desarticular a las instituciones militares y policiales en general, promoviendo el enjuiciamiento masivo de sus integrantes que participaron en la lucha antiterrorista contra Sendero Luminoso y el MRTA.
Bajo ese enfoque sesgado, entre las publicaciones de los operadores de JV encontramos textos como: “30 razones por la inconstitucionalidad de la ley de organización y funciones de la justicia militar”, de David Lovatón Palacios; “¿Hasta cuándo la curiosa justicia militar?” de Ronald Gamarra Herrera; “El ministerio de Defensa y su urgente compromiso con el post CVR”, por Antonio Salazar García; “La judicialización de crímenes contra los derechos humanos presentados por la CVR y asumidos por el IDL” y “El desafío de la justicia militar”, entre otros.
En un artículo adicional publicado por Ernesto de la Jara Basombrío, a propósito del discurso del Presidente Alan García Pérez el 28 de julio del 2006, se expresa lo siguiente: “En resumen: hasta ahora no hay nada para decir que en materia de justicia, Alan García volvió a las andadas, pero tampoco para decir que hay señales de cambio. Más de lo mismo: parece que continuará existiendo un sistema de justicia precario, en crisis permanente y sin reforma”.
A continuación añade “¿Y cómo interpretar el nombramiento de una magistrada del perfil de María Zavala, como Ministra de Justicia? Si bien ella no se ha caracterizado por ser parte del cada vez más reducido número de jueces comprometidos con la autocrítica y el cambio, ella como Ministra de Justicia tiene la posibilidad de hacer lo que objetivamente no hizo como magistrada: impulsar contra viento y marea la reforma del sistema de Justicia”.
En una línea antimilitarista y parcializada respecto a la lucha del Estado peruano contra el terrorismo de SL y el MRTA y olvidando que este caso ya sigue un curso legal, la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh) y el Instituto de Defensa Legal (IDL) declararon, según la agencia Notimex el 3 de agosto de 2006: “Que se investigue de manera profunda la masacre de 200 presos acusados de terrorismo que fueron ejecutados en tres penales en 1986”.
Asimismo, en pronunciamientos por separado, la Aprodeh y el IDL solicitaron a la justicia que “determine las responsabilidades políticas y penales de los responsables de las ejecuciones realizadas en el primer gobierno (1985-1990) del presidente Alan García”; puntualizando: “Aún quedan cuentas por rendir con el pasado”, en alusión a lo ocurrido hace más de 20 años en los penales peruanos de San Juan de Lurigancho, El Frontón y Santa Bárbara.
En esta misma senda y buscando mantener latente el proceso judicial, uno de los abogados del IDL-Justicia Viva, Carlos Rivera Paz, presentó en setiembre de 2006, una “queja de derecho” contra el último dictamen del fiscal Mario González, vale decir el tercero que éste emite y que exonera de responsabilidad a Alan García y a miembros de su Consejo de Ministros de 1987, respecto a los presuntos crímenes ocurridos en las prisiones peruanas.

Acaparando la cooperación internacional
Sobre la cooperación internacional que financia a las redes neomarxistas, es necesario conocer que según datos publicados por el diario Expreso, de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional, (APCI), sólo en el año 2004, tres ONG neomarxistas recibieron de la cooperación externa cuatro millones 221,353 dólares para operar en el país: el Instituto de Defensa Legal recibió dos millones 798,585 dólares para realizar su plan de “Consolidación de la Transición Democrática y de los Derechos Humanos en el Perú”, este dinero también sirvió para financiar los trabajos que desarrollaba la Comisión de la Verdad (CVR). Entre las principales fuentes de financiamiento del IDL, figuran la Open Society Institute, USAID, Fundación Ford, British Council y la Comisión Europea.
La Comisión Andina de Juristas (CAJ), habría recibido 957,669 dólares para realizar su “Plan Trienal 2004-2006”, ubicado en la temática de gobernabilidad, teniendo como sus principales fuentes de financiamiento a la Oficina de Cooperación Canadiense, Save The Children, la Cooperación Alemana al Desarrollo, la poderosa National Endowment for Democracy de EE.UU., la Corporación Andina de Fomento y la Fundación Ford, entre otras.
A su turno, la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh) recibió el 2004 para su “Proyecto Aprodeh 2004”, un total de 465,099 dólares para trabajos en Apurímac, Ayacucho y Huancavelica relacionados con la CVR. Entre los donantes figuran The Oxford Comitee for Famine Relief, la Fundación John Merck, The Ford Foundation, la holandesa ICCO y la francesa Secours Catholique, entre otros.
Un informe del Consejo por la Paz, entidad presidida por Francisco Diez Canseco, es más puntual y revela que entre los años 2004 y 2005, doce ONGs de la izquierda caviar recibieron unos 43 millones de dólares, significando estos montos entre el 20 y 30 por ciento del total de dinero obtenido por las diferentes ONGs, sólo referente a la cooperación internacional entregada por organismos extranjeros independientes a sus gobiernos. De todas, la ONG Instituto de Defensa Legal se adjudicó más de 5.5 millones de dólares en dicho período y la ONG Comisión Andina de Juristas 1.9 millones de dólares.
En otro plano, Diez Canseco Távara, está convencido que el lobby de las ONGs de izquierda caviar, con el poder político que les dio Alejandro Toledo, impuso el informe de la Comisión de la Verdad, como si fuese de cumplimiento obligatorio en el Poder Judicial y en el Ministerio Público. Simultáneamente, Diez Canseco Távara (al igual que otros), denuncia que es víctima del abuso de poder de los neomarxistas en la administración de justicia, y por ello enfrenta tres juicios después de haber criticado al ex ministro de Justicia Diego García-Sayán: dos querellas y una denuncia penal.

Las conexiones con Argentina y Chile
Las instituciones de la izquierda judicial del Cono Sur mantienen relaciones principalmente con cuatro instituciones peruanas: el Instituto de Defensa Legal (IDL); la Comisión Andina de Juristas (CAJ); la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y la Comisión Episcopal de Acción Social (CEAS).
Con respecto al IDL, las relaciones con entidades chilenas y argentinas vienen de años atrás, cuando el eje de su labor estaba centrado en la defensa de los derechos humanos, siendo más fuerte con el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) de Argentina y con la Corporación Chilena de Derechos Humanos. Cabe agregar que estos vínculos se ven reforzados a su vez por la presencia de la Fundación Ford, en tanto las tres constituyen socios estratégicos de ésta en sus respectivos países.
Recientemente, el IDL ha establecido relaciones con otras entidades de estos países sobre la base de sus nuevas líneas de acción, como son las de seguridad ciudadana y administración de justicia, vinculándose en el primer caso con el Centro de Estudios para el Desarrollo (CED) de Chile, dirigida por Hugo Frühling, sobre la base de un proyecto regional financiado por la Fundación Ford, y en el segundo caso con el Centro de Estudios de Justicia de las Américas, formando parte de la Red de Organizaciones de la Sociedad Civil en Materia de Justicia (Red OSC).
Los intereses de IDL parecen estar puestos más bien en la región andina, donde ha promovido una Red Andina de Justicia de Paz y Justicia Comunitaria con organismos de Ecuador (CIDES), Colombia (CEJ) y Venezuela (Consorcio Justicia) para fortalecer su posición en el tema de justicia de paz, con el apoyo de la Unión Europea.
En el caso de la CAJ, ella mantiene aún fuertes vínculos institucionales con diferentes organizaciones del Cono Sur, especialmente con el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) y CELS en Argentina, y el Centro de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Diego Portales y la Corporación Forja en Chile, mediante la participación constante de expertos de estas instituciones en sus cursos internacionales de derechos humanos.
En definitiva, puede señalarse que salvo por los contactos que mantiene el IDL, las relaciones entre las instituciones de la izquierda judicial del Cono Sur con sus pares peruanas no son tan estrechas como aparentan ser. Ello explica porqué instituciones de larga experiencia en procesos de reforma procesal penal, como INECIP, la Universidad Diego Portales o CEJA, no hayan logrado aún una presencia significativa en el espacio nacional. En el caso de INECIP, ésta intentó crear una Oficina Regional a nivel de los países andinos, encabezada por un peruano, la que sin embargo no prosperó por la falta de apoyo económico a esta iniciativa.

Denuncian a JV y a IDL
“La propuesta de eliminar el fuero judicial castrense podría desestabilizar las Fuerzas Armadas y el estado democrático”, afirmó el presidente del Consejo Supremo de Justicia Militar (CSJM), general Juan Pablo Ramos, en agosto del 2006; en su opinión, esto es lo que buscan las ONGs conformadas por el consorcio Justicia Viva y el Instituto de Defensa Legal (IDL). Tras señalar que la existencia de justicia militar está amparada la Constitución, el general Ramos, sostiene que suprimirla forma parte de una campaña sistemática que se inició desde el 2004 y ojalá no llegue a trascender.
Sobre el tema, cabe acotar que el Colegio de Abogados de Lima tiene más de 40 mil asociados, pese a ello, quien sostuvo la desaparición del fuero castrense fue el ex director de IDL e integrante de Justicia Viva, David Lobatón Palacios, y la demanda de inconstitucionalidad del Código de Justicia Militar, la sustentó el ex procurador Ronald Gamarra, también de Justicia Viva. En consecuencia, genera demasiadas suspicacias el desmedido interés de dichas instituciones de la izquierda caviar por arremeter contra la institucionalidad de las Fuerzas Armadas y la justicia militar.
En tal sentido, el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Walter Vásquez Vejarano, denunció en setiembre de 2006, que el consorcio “Justicia Viva” tiene la intención de manejar el Poder Judicial, con una injerencia tal, que quiere participar de la conformación de los órganos jurisdiccionales, y aseveró que ONGs similares están incrustadas en el Poder Judicial y aprovecharían el voto universal para elegir al nuevo presidente de la Corte Suprema (planteado por la ministra de Justicia, María Zavala), a fin de promover mediante los cursos de capacitación que dictan, a los candidatos que quisieran poner en la administración de justicia.
Adicionalmente, el Presidente del Poder Judicial agregó que “Justicia Viva” se encarga de capacitar a los magistrados sin la autorización expresa del Consejo Ejecutivo de la Corte Suprema, lo que demuestra un extraño interés en posicionarse dentro de la justicia peruana.
En relación a este hecho, se sabe que en anteriores “cursos de capacitación” a los que hizo referencia el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, se habría condicionado a los magistrados para que sean duros con los militares y blandos con los terroristas, y para que hagan tabla rasa del derecho a la presunción de inocencia en los procesos anticorrupción.
Pero al abordar el tema, el Presidente de la Comisión de Defensa y Orden Interno del Congreso, el oficialista Luis Gonzáles Posada (APRA), piensa que las ONGs deben ceñirse a un marco regulatorio. “Ni siquiera el Parlamento puede solicitar información o inmiscuirse en los procesos de selección de autoridades en las Cortes Superiores y menos en la Corte Suprema”, recordó.
Siendo más categórico aún, el Secretario General y congresista del APRA, Mauricio Mulder, expresa su alarma por el peligro proveniente de los sectores de la izquierda caviar, al considerar que tienen mucho poder extrapartidario, gracias a su manejo de ONGs y sus sólidos nexos con algunos medios de comunicación, lobbies de estudios de abogados y dinero que proviene de la cooperación internacional, sobre todo de EEUU, Canadá y Francia.
A la vez, confirmando una preponderante visión crítica en las altas esferas de la administración García sobre las ONGs de la izquierda caviar, Mulder no duda que estas instituciones están alrededor de los derechos humanos sirviendo de tontos útiles al terrorismo y en torno a la reforma del Poder Judicial (PJ), favoreciendo a quienes están en contra del PJ, buscando menoscabar su autonomía, “como la ONG IDL, que pretende inmiscuirse en la elección del presidente de la Corte Suprema”.
En esa misma línea de cuestionamiento contra ONGs y organismos integrantes de la izquierda caviar, durante la IV Conferencia Interreligiosa Peruana, en la Pontificia Universidad Católica, del 15 de agosto de 2006, el presidente del Consejo de Ministros (PCM), Jorge Del Castillo Gálvez, denunció que “sectores de izquierda se apropiaron de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) y excluyeron al APRA para presentarla como enemigo de aquella”. Pese a estas expresiones y en un giro inesperado, el premier luego nombró a Sofía Macher, como presidenta del Consejo de Reparaciones para las víctimas de la violencia terrorista, instalado en la PCM.
A su turno, el ahora vicepresidente de la República del gobierno de Alan García, Vicealmirante AP, Luis Giampietri Rojas, escribió el artículo: “El Reposo del Guerrero”, con ocasión del fallecimiento del general Clemente Noel Moral en mayo de 2005, donde entre otras cosas expresa lo siguiente:
“Mas de veinte años después y basándose en acusaciones no vinculantes de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, con la ayuda de ONGs y consorcios como Justicia Viva, el Instituto de Defensa Legal, la Comisión Andina de Juristas, Aprodeh, la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, la Defensoría del Pueblo, jugando en pared con la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos de Costa Rica a través de sentencias a la medida, y contando con el preocupante e insólito apoyo de tres millones de dólares del USAID del gobierno norteamericano; se ha iniciado una implacable persecución judicial sobre todos aquellos oficiales y personal subalterno que, obedeciendo órdenes de los jefes Supremos de las Fuerzas Armadas que los comandaron, lucharon y en muchos casos dieron la vida para lograr la paz de que gozamos, luego de transitar por épocas de inseguridad y muerte, que parece habríamos ya olvidado”.

Definen política de gobierno
Sobre el particular, el día del aniversario de las Fuerzas Armadas del Perú en setiembre de 2006, el Presidente Alan García Pérez anunció que la defensa judicial de los efectivos militares y policiales (en actividad y retiro) que vienen siendo procesados por la supuesta violación de derechos humanos mientras luchaban contra el terrorismo, entre 1980 y el 2000, será asumida por los ministerios de Defensa y del Interior; con la finalidad de “no dejar abandonados a miles de soldados y oficiales sobre los que recae siempre la sospecha de los que no pusieron nada por defender a la patria contra el terrorismo”, enfatizó el mandatario.
Según cálculos preliminares, serían unos 950 los militares enjuiciados, aunque las cifras continúan en estudio. Antes de este anuncio presidencial, el ministro de Defensa había declarado, que las recomendaciones y conclusiones del informe de la Comisión de la Verdad sobre la presunta culpabilidad de militares y policías en la lucha antisubversiva, no tienen carácter vinculante.

Reflexión final
Un análisis objetivo e integral sobre la actuación y el entramado de las ONGs neomarxistas o de la izquierda caviar en el Poder Judicial peruano, revela que nada en el rol de los agentes de la cooperación internacional debe incluir el fortalecimiento de ONGs locales como actores monopólicos que imponen sus puntos de vista y prejuicios ideológicos, sobre temas tan sensibles como la administración de justicia, las fuerzas armadas, la defensa nacional y la seguridad ciudadana.
Por último, nada justifica tampoco que se utilicen los fondos internacionales que son para la sociedad peruana, como recursos que alimentan el poder de ONGs, integrantes de una especie de logia mutante que busca enquistarse en el ámbito judicial y seguir entrometiéndose de manera hostil en el funcionamiento de las fuerzas armadas y policiales.
Frente a lo cual hay dos objetivos pendientes, uno: lograr que la cooperación internacional se pluralice y descentralice, y dos: afianzar una activa vigilancia ciudadana e institucional sobre el accionar pernicioso e infiltración de redes neomarxistas a través de ONGs que funcionan con ingentes cantidades de dinero que deberían destinarse a políticas públicas estatales en beneficio de los sectores más desposeídos de la población.

Lima, 1 de noviembre del 2006

jueves, 24 de marzo de 2016

Similitudes



Escrito por: Elvis Occ

Hace unos días me enfrasque en una ilustrativa discusión sobre las elecciones en nuestro país. En algun momento metimos a EEUU –esta vez no fue Chile- como punto de comparación. Los gringos, yanquis o el imperio, como deseen llamarlos, tienen una peculiar forma de elegir a su presidente. En esa parte del mundo el que gana el voto popular no necesariamente gana el voto electoral o en castellano castizo: el que tenga más votos no siempre llega a ser presidente. Ha sucedido cuatro veces ya en su historia. Siendo las elecciones del 2000 en que se enfrentaran Al Gore (demócrata) y George Bush (republicano) el más polémico y deliciosamente interesante.


En EEUU el voto popular no elige ni lleva a nadie a la Casa Blanca. Esa es responsabilidad de un colegio electoral compuesto por 538 electores provenientes de los 50 estados y el Distrito de Columbia (la capital) que depositan los votos por el candidato que haya vencido en su estado. El que obtenga  270 o más votos electorales, se hace con la presidencia. Y si todo eso no fuera marciano para nosotros, aún hay más. Supongamos que California tiene 20 votos electorales y 20 mil habitantes, si uno de los candidatos presidenciales gana por 11 mil votos contra 9 mil, la repartición no sería proporcional. El que gana así sea por un voto popular de diferencia, se queda con los 20 votos electorales.

Y así arribamos a las elecciones norteamericanas del 2000, donde Gore y Bush estaban virtualmente empatados en votos populares y con la tendencia en favor de Bush. Gore llevo el caso a la Corte de Florida para que se recuenten los votos incluyendo los “defectuosos” y la Corte dio el ok. Bush al ver que su contrincante sumaba “nuevos” votos, apelo a la máxima instancia jurídica: La Corte Suprema de los EEUU.  Este fue el principio de la discusión con mi interlocutor pues como recordaremos, la Corte Suprema en una decisión de 5 contra 4 fallo en favor de Bush y prácticamente le entrego Florida y la Casa Blanca. Sin embargo Al Gore tenía más votos populares directos. ¿Acaso el JNE no hace algo similar?

La mitad de los norteamericanos estaba convencida que la Corte Suprema de los EEUU eligió a Bush en las elecciones del 2000, por encima de sus votos. El JNE no ha suspendido un reconteo de votos pero a separado a dos candidatos con una cuota importante de votos, que ha pasado a favorecer a sus coleros, a sus Bushes. Lo peor es que parece que terminarían excluyendo un par de candidatos más. Independientemente de que se esté aplicando la letra negra de la ley o no, es preocupante que una institución cuya finalidad suprema –no única-  es garantizar el respeto a la voluntad ciudadana haga exactamente lo contrario. El JNE es un órgano colegiado de 9 miembros y no los 9 miembros de la Corte Suprema de EEUU. ¿Sera que nos estamos americanizando? Ja!

sábado, 19 de marzo de 2016

Atrapados en el pasado


Escribe: Dante Bobadilla Ramírez

El antifujimorismo ha vuelto a reactivarse como hace cinco años. Este es un movimiento esencialmente de izquierda y juvenil, y a veces hasta infantil. Los marchantes evidencian tal inmadurez que uno se pregunta de dónde han obtenido tanto odio y radicalismo sobre algo que no conocieron. Evidentemente han sido adoctrinados en el odio, que es la tarea principal de la izquierda en las universidades. A decir verdad la izquierda odia todo. Se sustenta en el odio. Detesta el mundo convencido de que todo está mal y plantean cambios radicales. Esta es obviamente una actitud que calza perfectamente en la mentalidad de los jóvenes. Por eso mismo suele afirmarse que ser de izquierda a los 20 es natural, pero serlo a los 40 es estúpido.

El antifujimorismo es parte esencial de la "izquierda moderna", es decir, de la izquierda pos terrorista, pos muro de Berlín y pos colapso del comunismo en el mundo. En buena cuenta lo que queda de la izquierda hoy es apenas algunas posiciones de reclamo social muy puntuales, donde se incluye el rechazo a la memoria del fujimorismo de los 90. El ecologismo es solo una fachada que les sirve para vivir mantenidos por ONGs ecologistas internacionales, en reemplazo de la URSS y otros países comunistas extintos que los financiaron para jugar a las guerrillas y el terrorismo desde los 60 hasta fines de los 80. Hoy las ONGs ecologistas internacionales financian a los grupos antmiineros y sus movilizaciones a nivel nacional. Eso es todo lo que queda de la izquierda. Ya ni ideología tienen.

El antifujimorismo es algo que le da sentido a la existencia de estos grupitos de exaltados progres juveniles, apoyados por adultos que se quedaron en el retraso mental del izquierdismo, a los que se suman periodistas y opinólogos que gustan posar como defensores de la democracia y la moral. La pregunta es si tiene sentido oponerse hoy a Keiko Fujimori con el argumento del pasado. 

¿Por qué no condenamos a la Iglesia Católica por todos los crímenes de la Santa Inquisición? ¿Por qué no condenamos a la Iglesia Católica por oscurantista y anticientífica debido a los crímenes que cometió contra Giordano Bruno y su abuso contra Galileo? ¿Por qué no condenamos a la Iglesia Católica por apoyar el aborto hace solo un siglo, cuando lo justificaba si la mujer había concebido fuera de la gracia del matrimonio, y preservar el honor de la familia era lo más importante? En fin, podemos sacar muchos ejemplos más. Habría que condenar también al APRA por haber sido un grupo terrorista en el pasado, con crímenes políticos como el asesinato del presidente Sánchez Cerro y el director del diario El Comercio y su esposa, así como el ataque a cuarteles militares. ¿Y por qué no condenar a Alan García, quien sigue ostentando el título del peor presidente de la historia y autor mediato de crímenes de lesa humanidad, como la masacre de El Frontón, además de numerosos casos de corrupción que nunca fueron juzgados? 

Evidentemente quedarse en el pasado es propio de estúpidos. Carece de sentido. No se puede vivir mirando atrás y revivir odios como si fueran del presente. Seguramente me dirán que no podemos condenar a la Iglesia Católica por todas esas situaciones del pasado porque eran otras circunstancias. Y tienen toda la razón. Lo mismo podríamos decir de los 90, una época de transición en que el Perú se recuperaba del desastre absoluto de la crisis económica y del acoso criminal de los terroristas de izquierda, que habían hecho colapsar no solo la economía sino todas las instituciones del Estado, principalmente el sistema judicial y carcelario. En los 90 pudimos reconstruir el país de las cenizas. Y todavía bajo el fuego del terrorismo, pues el último ataque del MRTA fue en 1997. El Perú no era un país normal. Estábamos saliendo del Apocalipsis para ir hacia la normalidad de un país moderno, con un nuevo Estado y nuevas instituciones. No era pues ni de lejos el país que somos ahora. Y por eso mismo es absurdo juzgar esa época con la mentalidad del presente.

Han pasado 15 años de la caída del fujimorismo con todos sus aciertos y errores. El país que tenemos hoy es fruto de esos años y de esa Constitución. Habría que preguntarse si tiene algún sentido racional estigmatizar a Keiko por lo malo ocurrido en los 90, pero aumentado y falseado. No se puede engañar a la gente con cuentos como las "300 mil esterilizaciones forzadas". En ese solo caso hay tal distorsión de la verdad que asombra la estupidez de quienes creen en ese cuento. Harían bien en estudiar ese caso para que dejen de cacarear mitos. Hay varias fuentes en la web si quieren educarse y conocer el tema. Pero como ese, el movimiento antifujimorista pulpín está lleno de mitos en los que creen ciegamente en medio de su ignorancia. El odio de la izquierda al fujimorismo es un rencor histórico por haberlos derrotado, especialmente por haber aniquilado al MRTA, el movimiento cercano al Partido Socialista de Javier Diez Canseco y otros grupos. Nunca le perdonarán a Fujimori haber masacrado su grupito terrorista y haberse paseado por encima de sus cadáveres.

Lo más grave del asunto son los medios, es decir, periodistas y opinólogos que creen que es sensato oponerse a Keiko fundados en las imágenes míticas de los 90. Es decir, están presos en el pasado. ¿Acaso es posible repetir las condiciones históricas en que gobernó Fujimori? Es un disparate. No es posible posar como inteligentes asumiendo posturas tan absurdas. Todo lo que buscan es ganarse un falso perfil de defensores de la democracia. La democracia no es vivir mirando el pasado y evocando fantasmas. El país necesita de líderes que aterricen en el presente y vean hacia el futuro. Solo los traumados y pobres de mentalidad se quedan enfocados en el pasado. Hay que superarlo.

martes, 15 de marzo de 2016

El antifujimorismo pulpín


Escribe: Dante Bobadilla Ramírez

La historia está llena de mitos. Es diferente de la Historia, con mayúscula, que es una ciencia donde se investiga sin apasionamientos y se exhiben los hechos tal cuales. Lo que tenemos en el Perú es apenas historia, es decir, un conjunto de relatos que pretenden explicar una época con un determinado propósito. Así es como nos cuentan que la Colonia fue opresión y esclavitud, que la “gesta de la independencia” fue heroica y que la patria es fruto de héroes visionarios. Pero nada de eso es cierto. Son cuentos inventados para justificar la República y crear un ánimo patriótico en la sociedad, capaz de sostener un país creado sin ton ni son.

Pero de todas las historias, ninguna tiene tantos mitos como la del fujimorismo. El relato que construye la izquierda tiene como propósito desvirtuar esa época y aniquilar todo vestigio de fujimorismo. Ese es el fin supremo del informe final de la CVR desde su primera página. Su propósito nunca fue generar condiciones para la reconciliación nacional, como lo ordenaba el Decreto Supremo de su creación, el cual ignoraron. La CVR construyó un relato destinado a destruir la imagen de Alberto Fujimori y lavarle la cara a la izquierda, al margen de la Historia. 

Toda esta jauría de hienas juveniles que sale en marcha contra el fujimorismo solo conoce la historia contada por la izquierda. No es mentira que Fujimori contrató como asesor principal a un delincuente de apellido Montesinos, y le dio tanto poder que manejaba prácticamente todo el país. A nadie le ha interesado descubrir la verdad de ese vínculo perverso. Pero esa no es toda la historia del fujimorismo de los 90. Habría que empezar reconociendo que Fujimori salvó al Perú del naufragio, que encontró un país en quiebra, sin dinero, sin crédito, convertido en paria mundial, con un híper Estado que cargaba una planilla que era imposible pagar, con cientos de empresas estatales quebradas, con el terrorismo en las calles de Lima, etc. Esa fue la situación que tuvo que enfrentar Fujimori, y encima tenía un Congreso de oposición que tramaba sacarlo del poder. Ya habían aprobado una ley para regular los actos del presidente. De manera que si Fujimori quería gobernar y dar solución pronta a los graves y múltiples problemas del país, no tenía más opción que cerrar ese Congreso. 

Cerrar el Congreso no es una medida antidemocrática. Es una facultad presidencial prevista en la Constitución. El problema es que la Constitución no preveía las condiciones que afrontó el presidente Fujimori. De hecho, Fujimori tuvo que salirse de la Constitución. Pero lo hizo por un corto período, pues convocó de inmediato a elecciones para elegir un nuevo Congreso, el cual se encargaría de elaborar una nueva Constitución, acorde a los tiempos. Luego de instalado el nuevo Congreso no se puede decir que el gobierno de Fujimori fue una dictadura. Llamarlo dictadura es parte del mito antifujimorista. 

Además de solucionar la gravísima crisis económica y derrotar al terrorismo, cabe añadir que Fujimori le hizo frente al peor fenómeno del Niño de todo el siglo, tan grande que convirtió el desierto de Sechura en laguna. Luego, Fujimori tuvo que hacerle frente a la guerra con el Ecuador, el cual culminó con un acuerdo satisfactorio para los intereses del Perú. Fujimori colocó al Perú en la mira del mundo y reactivó la economía permitiendo el despegue del país. El esquema económico definido en los 90 es el que actualmente se mantiene y ha permitido seguir creciendo al Perú a pesar de los diferentes gobiernos. Gracias a los proyectos mineros que se iniciaron en los 90, la pobreza se ha reducido en niveles antes nunca vistos. 

Ahora bien, si las generaciones actuales creen que lo más importante del fujimorismo es que hubo corrupción, habría que decirles que corrupción hubo en todos los gobiernos. Toda la diferencia que hace al fujimorismo es que la corrupción fue filmada y difundida por medios que eran libres. Nunca hubo censura de medios durante el fujimorismo. Algunos directores de medios se vendieron, como lo han hecho siempre a lo largo de la historia, y como lo vienen haciendo ahora mismo, por unos dólares más o menos, en efectivo o en publicidad. En eso no hay ninguna novedad. La hipocresía de la izquierda radica en ocultar todos los logros del fujimorismo y en resaltar solo la corrupción, achacándole además los asesinatos del grupo Colina, que fue el mayor logro de la caviarada judicial dirigida por César San Martín, gracias al truco mágico de la teoría del autor mediato. 

La “pedagogía de la memoria” que predica la izquierda, es solo el adoctrinamiento en el odio de clase, como lo han hecho siempre. Solo que ahora esa “clase” es el fujimorismo. A falta de argumentos para convencer, la izquierda echa mano del odio, un sentimiento que siempre es muy fácil de activar, especialmente entre los jóvenes que ignoran toda la historia.