viernes, 2 de mayo de 2014

Los derechos adquiridos


Por: Paul Laurent

La filosofía de los derechos adquiridos es propia de una concepción delincuencial. Así es, estamos ante la justificante de un robo. En esa medida, no podemos estar ante un derecho.

Quien exige como suyo lo que no le pertenece jamás podrá argumentar jurídicamente su pretensión. Ello sólo podrá ser posible a través de la política, la moral torcida y la sinvergüencería. La mal llamada “legislación social” proviene de estos antros.

Por intermedio de estos soportes el estado ha pasado a comportarse como un Canebo regalón (Robin Hood es muy inglés para nuestro gusto). Claro, que lo “obsequiado” tiene dueño, y ese dueño no es el estado. Pero a él no le importa, como tampoco le importa cuál fue el origen de esa aberración jurídica llamada “doctrina de los derechos adquiridos”.

Al respecto, hay que recordar que el padre de esta criatura fue Ferdinand Lassalle (1825-1864), el precursor del Partido Socialdemócrata alemán. Este colaborador de Marx y Engels fue el que blandió estos argumentos a través de su libro El sistema de derechos adquiridos(1861). Su objetivo era puntual: había que minar al capitalismo.

Tal es como se concibió que el estado debía de abocarse a “restablecer” un orden justo vía el poder político. Se optaba por lo político porque sólo así se podía esquivar el imperio del derecho y de la propiedad. Prefiriose la pura arbitrariedad, la mera fuerza bruta.

A partir de entonces se empezó a subvertir el mismo sentido común. Lo mío no necesariamente sería ahora “lo mío”, sino también “lo tuyo”, “lo de ellos”, “lo de los demás”. Totalmente disparatado. Acaso como el discurso de un timador, bajo este sortilegio se asume que todo es replanteable desde la ley, esa ley que nace de la pluma de plagiadores, irresponsables, bobitos y bobazos que habitan en el parlamento.

Palmariamente, cada proceder de estos especímenes no tiene ninguna relación con el viejo principio del derecho romano suum cuique, dejar a cada uno lo suyo. Imposible que lo tenga, no hay manera que desde el derecho se acepte tamaño latrocinio. Solamente desde égida de lo político esto es dable.

He aquí un producto de los que ansían vivir de lo ajeno. Ello es lo que es ese bufalesco instrumento de “caridad” que bajo el nombre de cédula viva (la tristemente célebre ley 20530) no hace sino llevarnos hacia esa lógica criolla y latinoamericana que desde el viejo tango nos advierte que el que no afana es un gil.

A ello saben nuestras constituciones, códigos y leyes. Redactados desde la noción de unos “derechos” que no son nada derechos. Innegablemente, estamos totalmente insertos ante una legalidad de dudosos principios éticos y jurídicos.

Ese es el legado de los que en su rarísimo apego por lo social fundaron una vocación por la igualdad tan conmovedora como corrupta. Tal es la causa que nuestra legalidad carezca de peso y relevancia. Las consecuencias por olvidar que el estado no respira por sí mismo están ahí.

Un esquema ingenuamente nacido para castigar al gran burgués y al comerciante lo único que ha sabido hacer entre nosotros es radicalizar nuestro tercermundismo. Esa es la verdadera obra de los que baten el cada vez más bufo rollo de los “derechos adquiridos”, directos vástagos de una justicia social que sólo nos ha condenado al atraso y la miseria.

(Publicado en el diario Expreso, Lima, 21 de abril de 2004)