miércoles, 25 de septiembre de 2013

Fotopapeletas y la reacción ciudadana


Escribe: Dante Bobadilla Ramírez

El negociado de las fotopapeletas ha salido a la luz gracias a la acción decidida de los propios ciudadanos y la atención de los medios. Esto deja mal parada a toda esa lista de entidades parásitas e inútiles que, como la Defensoría del Pueblo, se crean alegremente con supuestos fines de protección de los ciudadanos y que a la larga no son más que jarrones decorativos en el salón del Estado. Hace tiempo ya que los ciudadanos somos esquilmados por las autoridades municipales que han visto en las multas de tránsito una fuente de ingresos muy rentable. Es obvio que no les interesa el ordenamiento del tránsito sino la recaudación.

El problema comienza en la época de Alan García y su ministro de transportes Enrique Cornejo, quien al mejor estilo de todo político incapaz, no tuvo mejor idea que "combatir" la ola de accidentes de tránsito con un nuevo reglamento de tránsito que subía astronómicamente las multas, además de crear multas para los peatones y el novedoso sistema de puntos para los conductores. La reacción inmediata de todos los incapaces que están al frente de una función es tratar de resolverlo todo con un nuevo reglamento. El hecho real es que nada cambió en el tránsito pero sí en las arcas municipales.

Por supuesto que la Defensoría del Pueblo no dijo ni una palabra frente al despropósito de las multas fijadas, muchas de las cuales incluso supera el sueldo mínimo vital. Todas están por encima de los 440 soles. Algo que no resiste el menor análisis, pues ni las costumbres ciudadanas ni el caos del tránsito van a cambiar con esa clase de medidas. Todo lo que consiguen es aumentar la corrupción en todos los niveles.

Los primeros en aprovechar estas multas desmedidas fueron los del Callao. Hubo denuncias respecto de un negociado entre el alcalde Félix Moreno y la empresa Consorcio Tránsito Ciudadano para hacerse cargo del curioso negocio de vigilar las calles e imponer multas mediante aparatos fotográficos hábilmente escondidos. Claro que la medida se encubre perfectamente como medida de seguridad. Y de hecho disminuyeron los accidentes en el Callao, pero también disminuyeron los visitantes porque ningún taxi se atrevía ir al Callao. De paso se incrementaron notablemente las deudas por multas impagas, lo que a su vez dio paso al gran negociado de las cobranzas coactivas. Trantándose de montos tan elevados, alcanza para todo.

Las denuncias sobre los viajecitos de Félix Moreno al Brasil, por cuenta de la empresa CTC no prosperaron. Nadie las recogió. La Fiscalía y la Contraloría ya tienen suficiente trabajo con otros casos. Y de la Defensoría del Pueblo francamente no cabe esperar nada. Es solo una agencia de parásitos. Así que el negociado continuó con el nuevo alcalde del Callao Juan Sotomayor. Pero no pasó mucho tiempo para que el ejemplo fuera copiado por la Municipalidad Metropolitana de Lima. Ya sin el ingreso de los peajes, parece que decidieron abrir el caño de las fotopapeletas.

La escena es típica de un montaje delictivo. Se ha visto por TV camiones del municipio retirando señales de tránsito ubicadas arbitrariamente en cualquier esquina, además de una plaga de policías diligentes manipulando cámaras novedosas, recién adquiridas para tal infame propósito, apuntando hacia vehículos particulares en zonas residenciales donde ni siquiera hay alta siniestralidad, como en la vía expresa de Javier Prado. Esto configura claramente una maniobra delictiva. Y es todo lo que se consigue con multas elevadas.

Si la MML estuviera realmente preocupada por el tránsito debería empezar concediendo el servicio de taxis solo a verdaderas empresas de taxi, y no a un cuarto de millón de vehículos particulares, como ha hecho. También podría dejar de vender "taxis metropolitanos" a través de la Caja Municipal. Tendría que haber retirado ya, hace rato, las combis de la ciudad, relegándolas hacia la periferia, que es donde deberían operar. Ya debería haber sacado de circulación a las unidades de transporte público con más de diez años de antigüedad, que andan destartaladas por toda la ciudad humeando y envenenando a la gente. Ya tendría que haber dispuesto operativos del SAT y la PNP para detener a los conductores sin brevete y a los que coleccionan multas por docenas, llevádose las unidades al depósito. Pero nada de esto se ha hecho.

Una vez más, somos los propios ciudadanos los que debemos defendernos por nuestros propios medios y salir al frente de estas autoridades que tratan de aprovecharse de nuestros bolsillos. Una vez más debemos comprobar que muchas de las entidades llamadas a protegernos no son más que rótulos de cartón sin mayor utilidad ni función. No debemos descansar hasta que el Ministerio de Trasportes rectifique esa abusiva escala de multas que solo ha servido para incrementar la corrupción.