lunes, 12 de agosto de 2013

El fin del canon minero


Por: Cecilia Blume

Una de las figuras más perniciosas de la legislación peruana es el canon minero. Reclamado por muchos como una reivindicación de las zonas productoras de mineral frente al resto del país y considerado una especie de derecho de propiedad sobre el recurso natural, el canon es y será un problema nacional del que recién nos estamos ocupando.

La Constitución de 1979 crea el "canon" y lo desarrolla legalmente como un porcentaje del Impuesto a la Renta que pagan las empresas que explotan recursos naturales que regresa a la zona productora del mineral. Este artículo se contrapone con aquel de la propia Constitución, donde se señala que los recursos naturales son de la nación, entendiéndose nación como un territorio con sus habitantes. Así en este país unitario, donde el presupuesto público es uno, solo e indivisible, existe por excepción esta figura, que hace a unos más ricos que a otros, en virtud, no del esfuerzo, sino de la ubicación del mineral.

Dicen que el canon se originó para devolver recursos en obras para las zonas productoras del mineral, allí de donde no había infraestructura básica. En sus inicios, el canon fue el 25% del Impuesto a la Renta, cifra que por los bajos precios de los minerales y por la poca explotación de los recursos no alcanzaba para cubrir las necesidades de infraestructura. Por ley se modificó y hoy el canon minero es el 50% del Impuesto a la Renta. A la luz de la evidencia, se trata de una cifra inmensa que, en la mayoría de los casos, no se llega a utilizar o, lo que es aún peor, se malgasta.

El canon es un problema. Divide a regiones pobres de ricas (por eso la unión de dos regiones es una ilusión); deja sin recursos a aquellos que lo necesitan más; hay elevada probabilidad de que se gaste mal; el excedente no revierte al presupuesto como sí sucede con el resto de recursos y su poco control hace que sea fuente de corrupción.

Hoy, la caída de los precios de los minerales, el aumento de los costos de producción, la reducción de explotación minera por los problemas del Perú y el impacto del impuesto extraordinario minero que reduce el Impuesto a la Renta, hacen que tengamos 51% menos de canon minero respecto al año pasado. La protesta de los gobiernos subnacionales no se ha hecho esperar.

Lo más preocupante es que los destinatarios del canon no saben que este tiene relación con la renta minera y hoy le piden al gobierno que les "cubra" lo que tenían pensado gastar este año. Así hemos vivido como si la bonanza de los minerales fuese infinita.

Hubiera sido mejor repartir los recursos del canon entre todo el país en base a las necesidades insatisfechas o poblaciones vulnerables: hubiéramos evitado que unos pocos recibieran demasiado y logrado que muchos estuvieran mejor. Esperemos que los que reciben el canon minero se den cuenta finalmente de la relación de este con la producción y el precio de los minerales y que quede claro que para que haya canon las empresas tienen que invertir, producir y tener renta pues el canon minero no es más que una parte de la misma.