sábado, 1 de diciembre de 2012

La verdad sobre el cuento rojo de las esterilizaciones forzadas


Por María Cecilia Villegas
Fuente: Correo


Las mal llamadas "esterilizaciones forzadas" vuelven a escena con innegable carga política. Contribuyen opinólogos, activistas y periodistas que abordan el tema con absoluta desinformación y ligereza. Jorge Bruce ha sostenido: "Está demostrado fehacientemente que se trató de una política sistemática de esterilización forzada". ¿Alguna autoridad judicial lo ha declarado así? Monseñor Bambarén dijo recientemente :"En la selva desaparecieron etnias pequeñas a raíz de las esterilizaciones". ¿Qué etnia ha desaparecido? Quienes en la campaña del 2011 denunciaron "300,000 esterilizaciones forzadas", hoy sostienen que son 1500 y solo 150 probadas.

El MINSA implementó el Programa de Salud Reproductiva y Planificación Familiar entre 1996-2000. El programa proveía gratuitamente métodos anticonceptivos a 850,000 familias al año. En 1997 se realizaron 109,000 AQV (ligaduras), representando el 13% del total de métodos usados. El 33.6% de las mujeres atendidas usaba inyecciones Depo-Provera, 20% píldora, 16% DIU (TdeCobre) y 12% condones. En 1998 el uso de Depo-Provera aumentó a 40%, la píldora a 24%, y los condones a 14%, mientras que AQV cayó a 3% del total.

¿De qué "política pública de esterilización forzada" hablan si en el año que más AQV se realizaron estas representaron el 13% de todos los métodos elegidos por las mujeres? Más aun, de acuerdo con la ENDES 2000, el 81% de las mujeres que se sometieron a una AQV estaban satisfechas con su decisión. El 94.4% de la población rural declaró saber que era un método permanente.

El programa incrementó el acceso a los servicios de salud reproductiva. Como resultado, el uso de métodos modernos aumentó de 31% en 1992 a 51% en el 2000, la mortalidad materna se redujo de 265x100,000 en 1996 a 185 en 2000 y la mortalidad infantil de 43 x1000 en 1996 a 33 en 2000.

La Defensoría investigó el programa -emitiendo 4 informes- y encontró irregularidades en su implementación. Entre ellas, fallas de métodos anticonceptivos, consentimientos firmados en formato distinto al establecido por ley, ausencia del periodo de reflexión en AQV, maltrato del personal médico, fallecimiento y AQV sin consentimiento. El Informe 69 (2002) analizó 773 quejas, 35 por esterilizaciones sin consentimiento entre 1996-2000 (10 declaradas infundadas). Además, investigaron 26 quejas por esterilizaciones sin consentimiento ocurridas en el 2001 y 2002 después de cancelado el programa. ¿Esto significa que en el gobierno de Toledo también hubo una política pública de esterilización forzada?

El objetivo del programa fue mejorar las condiciones de salud en los segmentos marginados de la sociedad, dándosele énfasis a la población de la sierra por la desigualdad que existía en el acceso a los servicios de salud y en los indicadores. Ocurrieron 18 muertes y cerca de 150 casos donde médicos irresponsables realizaron AQV sin consentimiento. Estos representan el 0.05% del total de las AQV realizadas. Estos casos son inaceptables y los médicos responsables fueron llevados a la justicia. Ninguna mujer puede ser obligada a hacer nada contra su voluntad, ni a esterilizarse, ni a tener un hijo ni a abortar. Quien lo haga debe ser juzgado y condenado.

Aquí muestro evidencia de los resultados de una política pública. Es así como estas deben decidirse y evaluarse. Estamos plagados de mediocres opinólogos con ínfulas de experticia en políticas públicas, de políticos y activistas irresponsables que utilizan el dolor de las familias afectadas. Estamos acostumbrados a la mediocridad y la mentira, esa es la mayor lacra del Perú.